El equipo de gobierno del PP amenaza con recurrir a los tribunales si continúa «el bloqueo» de sus proyectos . La Administración regional critica la actuación del Consistorio y le acusa de buscar la confrontación y el discurso del agravio
LOS PROYECTOS DE LA DISCORDIA Y LAS RESPECTIVAS POSTURAS
Arraijanal
Ayuntamiento: Sostiene que esos suelos ya fueron evaluados medioambientalmente en el PGOU de 1997 y defiende que en ellos se pueden construir hoteles, edificios de uso empresarial y las 664 viviendas previstas en el documento.
Junta: Mantiene que la ordenación propuesta no es compatible con la conservación de las características ecológicas de la playa y el arenal.
Vega del río Campanillas
Ayuntamiento: Defiende la construcción de viviendas en ese entorno y recuerda que el Gobierno andaluz hizo un área de reserva de suelo para casas en ese entorno.
Junta: Considera que no son viables diversos sectores por su impacto negativo en la vega del río y sus valores ambientales así como por los riegos de inundación.
Maristas
Ayuntamiento: Defiende el traslado del colegio a un suelo al norte del sanatorio de San José y que el plan metropolitano había reservado para equipamiento.
Junta: Argumenta que esa parcela está protegida.
Maqueda
Ayuntamiento: Defiende una urbanización de dos mil viviendas.
Junta: No ve viable el proyecto por encontrarse cerca de una central de ciclo combinado.
Construir al norte de la ronda
Ayuntamiento: Defiende el proyecto Limonar Alto de 500 chalés.
Junta: Mantiene que esos suelos deben ser no urbanizables.
Otros asuntos
Ayuntamiento: Acusa a la Junta de «puentearle» en la ampliación del Centro de Transportes de Mercancías, de perseguir judicialmente planes especiales municipales, de no desarrollar el convenio de arroyos o bloquear proyectos como las torres de Repsol y Martiricos o de arquitectos como Moneo.La cuerda se tensa entre el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la capital y la Junta de Andalucía, gobernada por los socialistas. Las hostilidades se abrieron en la mañana de ayer cuando el concejal de Urbanismo amenazó con llevar a la Administración regional a los tribunales si continúa con su política de «bloqueo sistemático» de los proyectos municipales. La respuesta no se hizo esperar. La delegada del Ejecutivo andaluz en la provincia, María Gámez, lamentó la forma de actuar del Consistorio de la sexta ciudad del país y le acusó de buscar el enfrentamiento y recuperar el discurso del agravio entre andaluces.
La postura municipal quedará de manifiesto en una moción -cuyo texto no fue facilitado- que van a presentar en el pleno de mañana. Es la dura respuesta al reciente informe de impacto ambiental elaborado por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en el que se rechazan algunas de las principales iniciativas recogidas en la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
«Vamos a denunciar el bloqueo al desarrollo que la Junta nos está imponiendo, vamos a pedir la autonomía de competencia municipal porque todas esas actuaciones están consiguiendo ahuyentar a los inversores privados y que el capital inversor se vaya fuera porque la Junta está consiguiendo que Málaga sea un lugar con incertidumbre, inseguro y donde las grandes empresas no pueden invertir», aseguró Díaz.
Tras desear que el PGOU se apruebe «cuanto antes», el edil popular defendió la viabilidad técnica y jurídica de las actuaciones incluidas en el plan y sostuvo que las proyectos básicos, fundamentales y prioritarios se van a defender «hasta las últimas consecuencias y si hace falta se llegará hasta la justicia ordinaria». «No nos van a aburrir; al alcalde (Francisco de la Torre) y a mí no nos gana nadie en persistencia», aseveró.
Díaz manifestó que la Junta se contradice ya que se alcanzaron acuerdos en las mesas técnicas sobre aspectos del PGOU -a excepción de la construcción al norte de las rondas- y el informe de impacto ambiental «por sorpresa corta de raíz todos los proyectos que se intentaron consensuar».
A su juicio, el Gobierno regional actúa con «una doble vara de medir» en Andalucía que perjudica a Málaga ya que, según añadió, en ciudades como Sevilla, Almería, Córdoba o Huelva se aprueban proyectos que aquí se «tumban» o se «paralizan». Entre ellos, citó las construcciones en alturas que en esas capitales «se agilizan» y aquí se ponen trabas. Por ello exigió un trato igualitario. A la pregunta de si con esta actitud la Administración regional perjudica quiere perjudicar los intereses de Málaga, el edil respondió: «Hay hechos objetivos que lo demuestran».
María Gámez calificó de «desaforadas y fuera de lugar» estas críticas y sentenció que acusar al Gobierno regional de intentar bloquear y querer paralizar el futuro de Málaga es de «una magnitud y una gravedad» que supera cualquier listón en la crítica política.
Relaciones
«La Junta no va a contribuir con declaraciones gruesas como las que ha hecho el concejal a empobrecer y ensombrecer el panorama político de la ciudad en el que parece que lo único que se pretende es la búsqueda de una confrontación institucional estéril y además inexistente», indicó al tiempo que recordó que en la aprobación provisional del PGOU, el Consistorio ha mantenido los proyectos a los que ya se puso objeciones en el trámite procedimental previo.
Gámez afirmó que la Junta lidera y participa en los grandes proyectos de la ciudad (metro, auditorio, ampliación del campus universitario, el puerto o el aumento de plazas de guarderías). Una línea de actuación en la que, según mantuvo, van a continuar frente «al discurso del agravio y del enfrentamiento entre andaluces que no conduce más que a la desilusión y el agotamiento de los ciudadanos».
LOS PROYECTOS DE LA DISCORDIA Y LAS RESPECTIVAS POSTURAS
Arraijanal
Ayuntamiento: Sostiene que esos suelos ya fueron evaluados medioambientalmente en el PGOU de 1997 y defiende que en ellos se pueden construir hoteles, edificios de uso empresarial y las 664 viviendas previstas en el documento.
Junta: Mantiene que la ordenación propuesta no es compatible con la conservación de las características ecológicas de la playa y el arenal.
Vega del río Campanillas
Ayuntamiento: Defiende la construcción de viviendas en ese entorno y recuerda que el Gobierno andaluz hizo un área de reserva de suelo para casas en ese entorno.
Junta: Considera que no son viables diversos sectores por su impacto negativo en la vega del río y sus valores ambientales así como por los riegos de inundación.
Maristas
Ayuntamiento: Defiende el traslado del colegio a un suelo al norte del sanatorio de San José y que el plan metropolitano había reservado para equipamiento.
Junta: Argumenta que esa parcela está protegida.
Maqueda
Ayuntamiento: Defiende una urbanización de dos mil viviendas.
Junta: No ve viable el proyecto por encontrarse cerca de una central de ciclo combinado.
Construir al norte de la ronda
Ayuntamiento: Defiende el proyecto Limonar Alto de 500 chalés.
Junta: Mantiene que esos suelos deben ser no urbanizables.
Otros asuntos
Ayuntamiento: Acusa a la Junta de «puentearle» en la ampliación del Centro de Transportes de Mercancías, de perseguir judicialmente planes especiales municipales, de no desarrollar el convenio de arroyos o bloquear proyectos como las torres de Repsol y Martiricos o de arquitectos como Moneo.La cuerda se tensa entre el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la capital y la Junta de Andalucía, gobernada por los socialistas. Las hostilidades se abrieron en la mañana de ayer cuando el concejal de Urbanismo amenazó con llevar a la Administración regional a los tribunales si continúa con su política de «bloqueo sistemático» de los proyectos municipales. La respuesta no se hizo esperar. La delegada del Ejecutivo andaluz en la provincia, María Gámez, lamentó la forma de actuar del Consistorio de la sexta ciudad del país y le acusó de buscar el enfrentamiento y recuperar el discurso del agravio entre andaluces.
La postura municipal quedará de manifiesto en una moción -cuyo texto no fue facilitado- que van a presentar en el pleno de mañana. Es la dura respuesta al reciente informe de impacto ambiental elaborado por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en el que se rechazan algunas de las principales iniciativas recogidas en la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
«Vamos a denunciar el bloqueo al desarrollo que la Junta nos está imponiendo, vamos a pedir la autonomía de competencia municipal porque todas esas actuaciones están consiguiendo ahuyentar a los inversores privados y que el capital inversor se vaya fuera porque la Junta está consiguiendo que Málaga sea un lugar con incertidumbre, inseguro y donde las grandes empresas no pueden invertir», aseguró Díaz.
Tras desear que el PGOU se apruebe «cuanto antes», el edil popular defendió la viabilidad técnica y jurídica de las actuaciones incluidas en el plan y sostuvo que las proyectos básicos, fundamentales y prioritarios se van a defender «hasta las últimas consecuencias y si hace falta se llegará hasta la justicia ordinaria». «No nos van a aburrir; al alcalde (Francisco de la Torre) y a mí no nos gana nadie en persistencia», aseveró.
Díaz manifestó que la Junta se contradice ya que se alcanzaron acuerdos en las mesas técnicas sobre aspectos del PGOU -a excepción de la construcción al norte de las rondas- y el informe de impacto ambiental «por sorpresa corta de raíz todos los proyectos que se intentaron consensuar».
A su juicio, el Gobierno regional actúa con «una doble vara de medir» en Andalucía que perjudica a Málaga ya que, según añadió, en ciudades como Sevilla, Almería, Córdoba o Huelva se aprueban proyectos que aquí se «tumban» o se «paralizan». Entre ellos, citó las construcciones en alturas que en esas capitales «se agilizan» y aquí se ponen trabas. Por ello exigió un trato igualitario. A la pregunta de si con esta actitud la Administración regional perjudica quiere perjudicar los intereses de Málaga, el edil respondió: «Hay hechos objetivos que lo demuestran».
María Gámez calificó de «desaforadas y fuera de lugar» estas críticas y sentenció que acusar al Gobierno regional de intentar bloquear y querer paralizar el futuro de Málaga es de «una magnitud y una gravedad» que supera cualquier listón en la crítica política.
Relaciones
«La Junta no va a contribuir con declaraciones gruesas como las que ha hecho el concejal a empobrecer y ensombrecer el panorama político de la ciudad en el que parece que lo único que se pretende es la búsqueda de una confrontación institucional estéril y además inexistente», indicó al tiempo que recordó que en la aprobación provisional del PGOU, el Consistorio ha mantenido los proyectos a los que ya se puso objeciones en el trámite procedimental previo.
Gámez afirmó que la Junta lidera y participa en los grandes proyectos de la ciudad (metro, auditorio, ampliación del campus universitario, el puerto o el aumento de plazas de guarderías). Una línea de actuación en la que, según mantuvo, van a continuar frente «al discurso del agravio y del enfrentamiento entre andaluces que no conduce más que a la desilusión y el agotamiento de los ciudadanos».
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