MÁLAGA El PGOU se enturbia. (SUR)

LAS POSTURAS

FRANCISCO DE LA TORREALCALDE DE MÁLAGA

«Vamos a seguir adelante con nuestro planteamiento porque es equilibrado y constructivo»

EDUARDO TAMARITSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN

«Pedimos al Ayuntamiento lealtad institucional y que no nos saquen más conejos de la chistera»

No pudo ser. La tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga vuelve a enturbiarse por la falta de entendimiento entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento justo en el momento en el que este último pretende desatascarlo y darle una nueva aprobación este mismo mes, adaptado a las exigencias del Gobierno andaluz, incluida la obtención de los suelos de Arraijanal para el parque metropolitano proyectado por la Consejería de Obras Públicas. Sin embargo, un último cambio efectuado por el Consistorio a raíz de introducir la citada parcela de Guadalmar como zona a compensar con derechos edificatorios en otros puntos de la ciudad no ha sentado nada bien al Gobierno andaluz. Se trata, como ayer adelantó este periódico, de que la Junta se haga cargo de obtener los suelos para el parque fluvial que ella misma dibuja en su plan urbanístico del área metropolitana junto al cauce del río Guadalhorce y parte de los de otro parque en Campanillas. De este modo, el equipo de gobierno municipal trata de que no recaigan en el PGOU los esfuerzos para obtener todos los suelos de los parques que el citado plan metropolitano regional traza en el municipio.

El Consistorio sustenta su tesis en que ya hace un considerable esfuerzo contemplando los derechos urbanísticos necesarios para comprar los suelos de Arraijanal y ofrecérselos a la Junta como para tener también que hacer lo propio con los de los parques fluviales planteados junto a los ríos Guadalhorce y Campanillas. Además, en este último, según pudo conocer este periódico, el Ayuntamiento va a facilitar a la Junta que pueda hacerse con una gran parte de los terrenos necesarios para el proyecto -394.817 metros cuadrados en concreto- igual que hace con la parcela de Arraijanal. Eso sí, deja para que los expropie la Administración regional aquellos suelos más próximos al cauce del río (504.046 metros cuadrados) y que forman parte del proyecto que ella misma diseñó en su momento para su encauzamiento.

Así, la diatriba se centra fundamentalmente en los terrenos del parque fluvial del Guadalhorce. Se trata de 287.577 metros cuadrados que hasta ahora habían figurado en el documento del PGOU como unos suelos a obtener por el municipio y que ahora se plasman de tal forma que es la Junta la que tendrá que expropiarlos en su momento. Según las leyes urbanísticas, tendrá que hacerlo antes de que transcurran cuatro años desde la entrada en vigor del PGOU.

Aunque el Ayuntamiento está capacitado legalmente para hacerlo, este cambio no ha caído nada bien en la consejería. Su secretario general de Planificación, Ordenación Territorial, Infraestructura y Movilidad Sostenible, Eduardo Tamarit, se mostró ayer muy molesto porque SUR desvelara las intenciones del alcalde a cerca de estos suelos para cerrar de esta forma el acuerdo global con la Junta sobre el plan. «Es algo que nos ha sorprendido en el último momento y que nos hace dudar de si el Ayuntamiento quiere realmente sacar el PGOU adelante. El alcalde sabe que no nos cerramos a nada y que en este asunto del Plan General tiene nuestra mejor disposición e interés para que pueda estar listo lo más rápido posible, pero no puede estar sacando conejos de la chistera a cada minuto», argumentó Tamarit, quien no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre si le parece bien o mal que el Gobierno andaluz tenga que expropiar el suelo para el parque fluvial del Guadalhorce, porque espera «una comunicación oficial de esa propuesta». «Todavía no hemos entrado a analizarla», dijo.

Desalojo de los técnicos

No obstante, según dio a conocer anoche el Ayuntamiento por medio de un comunicado, todo lo relativo a la gestión del suelo de los parques fluviales fue expuesto ayer a los responsables de la Consejería de Obras Públicas por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, que acudieron a Sevilla a la que parecía ser la última reunión sobre el PGOU previa a su próxima aprobación por el pleno municipal en este mes. Tras las explicaciones, la viceconsejera, María Felicidad Montero, se presentó en la reunión, la dio por terminada e invitó a los técnicos de Urbanismo a abandonar la sala y marcharse, indignada por la información que ayer publicó SUR y de la que, según fuentes municipales, la Junta ya tuvo conocimiento en los días previos.

Sin embargo, Eduardo Tamarit aseguró que la primera noticia la tuvieron ayer y que, por lo tanto, no han tenido tiempo de analizar el asunto. Con todo, el alcalde, Francisco de la Torre, que se mostró muy molesto por la actitud de la viceconsejera al expulsar a los técnicos municipales de la reunión, dijo estar convencido de llegar a un punto de acuerdo con la Junta y mostró su intención de seguir adelante con los planes de dar una nueva aprobación al PGOU en este mes. «Vamos a seguir con nuestro planteamiento porque es equilibrado y constructivo», dijo. Tamarit por su parte fue claro al señalar que cualquier documento sobre el que exista un consenso previo «saldrá adelante con más tranquilidad» que otro que no lo tenga.

.La Fiscalía advierte del endurecimiento de las penas para los delitos urbanísticos. (SUR)

El Código Penal castigará con hasta cuatro años de cárcel a las autoridades que contravengan el planeamiento

02.07.10 - 01:54 -

MONTSE MARTÍN | MÁLAGA.

LOS DATOS

Diligencias de investigación: En 2009 fueron 438. En 2008 se incoaron 360.

Delitos urbanísticos. Fueron investigados 277 (276 en 2008)

Denuncias y querellas. De las 438 diligencias abiertas por la Fiscalía de Medio Ambiente, 123 (90 en 2008) acabaron en denuncias y querellas en los juzgados. Cerca de doscientas fueron archivadas al no constituir delito (146 en 2008).

Denunciantes. La mayoría de las denuncias que llegaron a la Fiscalía en 2009 procedieron de la Guardia Civil, un total de 108 (51 en 2008); 128 de las distintas consejerías de la Junta de Andalucía (82 en 2008); Ayuntamiento de Málaga, 54 (65 en el ejercicio anterior); Ayuntamiento de Vélez-Málaga, 53 (22 en 2008) y Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que presentó 12, frente a ninguna del año anterior.

La Fiscalía de Málaga despejó ayer las dudas sobre la idoneidad de la vía penal para perseguir las irregularidades urbanísticas que han puesto sobre el tapete algunos representantes políticos e incluso judiciales. El fiscal delegado de Medio Ambiente, Juan Calvo Rubio, recordó ayer en la presentación de la memoria de 2009 que a final de este año entrará en vigor una reforma del Código Penal que endurecerá las penas para los delitos urbanísticos que cometan las autoridades o funcionarios públicos, que se castigarán con año y medio a cuatro años de cárcel (actualmente es de seis meses a dos años).

Calvo Rubio dijo no haberse sentido presionado por los movimientos que abogan por la vía administrativa para dilucidar las irregularidades del planeamiento en las que incurran los cargos públicos, como el que lidera el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, y los alcaldes de la Axarquía.

«Presión ninguna», contestó fiscal, quien añadió que «el legislador está haciendo todo lo contrario de lo que se está pidiendo», en referencia al endurecimiento del Código Penal. Es más, subrayó incluso que la reforma recogerá «expresamente» el delito de prevaricación omisiva (cuando los cargos públicos no actúan contra la ilegalidad), «por la que yo ya he formulado denuncia y acusación y ha habido sentencia condenatoria», añadió.

En 2009 la Fiscalía de Medio Ambiente investigó un total 438 denuncias (frente a las 360 de 2008), de las que más de la mitad, en concreto 277, estaban relacionadas con supuestos delitos contra la ordenación del territorio. De ellas, 123 acabaron en denuncias y querellas en los juzgados de instrucción y otra buena parte (190) fueron archivadas. Juan Calvo Rubio destacó la «mayor concienciación» sobre este tipo de delitos de todas las administraciones públicas, incluidos las locales, que años atrás «parecían más reticentes a la hora denunciar». En ese sentido destacó como «los más colaboradores» los ayuntamientos de Málaga y Vélez-Málaga, aunque también mencionó los de Alhaurín de la Torre, Antequera, Álora y Alhaurín el Grande. También resaltó el aumento de las denuncias formuladas por la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda y Ordenación del Territorio.

De las 59 sentencias por delitos urbanísticos dictadas el año pasado, 47 fueron condenatorias y doce, absolutorias. Además los juzgados resolvieron otros diez procesos judiciales relacionados con la flora y fauna, el patrimonio histórico e incendios forestales, de los que nueve acabaron en condena.

MALAGA. La Junta pospone el pacto final para el PGOU por «deslealtad» del alcalde. (LAOPINION)

La reunión técnica que decía cerrar el acuerdo quedó suspendida ayer al poco de iniciarse

Hace un año el alcalde y la consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, se reunieron por primera vez para ver el PGOU. Gregorio Torres

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA La que se presumía iba a ser la última reunión entre responsables técnicos de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para cerrar un acuerdo definitivo para el Plan General de Ordenación Urbana de la capital (PGOU) quedó frustrada por el malestar de los responsables de la Consejería de Obras Públicas por lo que calificaron como «deslealtad institucional del alcalde», por llevar los técnicos municipales a la reunión una enésima propuesta y por permitir además que ésta se hubiese filtrado desde el propio Ayuntamiento a los medios de comunicación.

La reunión era en Sevilla. Por parte de la Gerencia de Urbanismo acudieron el gerente, Javier Gutiérrez Sordo, y otros responsables técnicos. El equipo de la Consejería de Obras Públicas estaba encabezado por Daniel Fernández Navarro, director general de Urbanismo. Estaba programada, a petición del Ayuntamiento, desde el pasado lunes con el guión previo de «pulir los últimos detalles» y dejar el documento del PGOU técnicamente listo para su posterior aprobación en un pleno municipal.

Los responsables de Urbanismo se presentaron con una «última» propuesta. Esto, según fuentes de la Junta de Andalucía, descolocó a los representantes de la consejería de Obras Públicas, que consultaron personalmente con Rosa Aguilar y la consejera decidió suspender la reunión.

El encuentro duró apenas unos minutos, por lo que la reunión prácticamente no se celebró.

La causa fue el malestar de los responsables de la Consejería por lo que consideran una «deslealtad institucional del alcalde», que cuando ya estaría todo acordado «rompe» el acuerdo con una «última» propuesta y por filtrarla previamente a los medios de comunicación «para presionar».

Oficialmente todo ha quedado más diplomático y la reunión «se ha suspendido» para analizar la nueva propuesta del Ayuntamiento y ver si encaja en el rompecabezas del PGOU.

La propuesta del Ayuntamiento plantea que, para compensar los derechos urbanísticos que habrá que ofrecer a los dueños de Arraijanal, la Junta adquiera a su vez los suelos privados donde irán los parques del Guadalhorce y de Campanillas.

Sólo15 municipios acudieron a la Fiscalía para poner denuncias urbanísticas en 2009. (LAOPINION)

El fiscal cree que hay más «concienciación» sobre estos delitos, pues hace poco sólo Málaga y Vélez colaboraban con la Justicia

Vista panorámica de varias viviendas rústicas de la Axarquía. Fran Extremera

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Sólo 15 ayuntamientos de los 101 que hay en la provincia denunciaron alguna irregularidad urbanística ante la Fiscalía de Medio Ambiente durante 2009. En concreto se presentaron 142 denuncias. A pesar de su escaso número, el cambio de tendencia es evidente, pues hasta hace poco sólo Vélez y Málaga capital colaboraban con regularidad en la represión de estos delitos. Juan Calvo-Rubio, coordinador de la especialidad, prefiere ver el vaso medio lleno, después de ejercicios con escasísima aportación de los consistorios, algunos de ellos sin medios para controlar el urbanismo local.

«Hay una mayor concienciación sobre estos delitos en las administraciones públicas, incluidas las locales, porque existen más denuncias de los ayuntamientos y, hasta ahora, manteníamos que, salvo Málaga y Vélez, el resto brillaba por su ausencia. Se rompe la tendencia», reflexiona.

Las dos capitales siguen ganando por goleada, según la memoria del área de Medio Ambiente: la de la Costa del Sol interpuso 60 denuncias ante la Fiscalía que sirvieron para incoar las correspondientes diligencias de investigación; la segunda, 53. Sube con fuerza en este ranking Alhaurín de la Torre, de cuyo Ayuntamiento dice Calvo-Rubio: «La secretaría del Consistorio está dando un gran impulso a la ordenación en materia de expedientes de disciplina urbanística».

Lo mismo ocurre con Antequera (3 denuncias), Álora (4) y Alhaurín el Grande (3), que «poco a poco» van poniendo en orden el urbanismo de su término municipal. Algarrobo interpuso dos denuncias, al igual que Villanueva de la Concepción. Otros ayuntamientos presentaron nueve en total.

Aunque ayudan más, en la memoria Calvo-Rubio sí se queja de escasa colaboración en algunos momentos puntuales. «Debido al volumen de trabajo que maneja la sección, tanto para los fiscales como para el personal auxiliar, en ocasiones, y ante la escasa colaboración, algunas veces, de la administración local» transcurren los seis meses que pueden estar abiertas las diligencias de investigación, por lo que las mismas se remiten a los juzgados sin formular denuncia. «A veces, por no haber podido concretar los hechos denunciados, por no haberse contestado los oficios enviados», señala. Eso sí, se trata de una situación excepcional.

Sin embargo, las consejerías de la Junta de Andalucía implicadas en este tipo de asuntos (Medio Ambiente, Cultura, Gobernación y Ordenación del Territorio) presentaron 128 denuncias en 2009. El fiscal tilda de «espectacular» el volumen promovido por Medio Ambiente (62), gracias a los agentes especializados, en contra de la colaboración concreta, más bien escasa, que había mostrado este departamento del Gobierno andaluz. El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) y los equipos urbanísticos de la Guardia Civil presentaron 108, frente a las 43 de particulares.

En concreto, la Fiscalía abrió un total de 438 diligencias de investigación, 277 relacionadas con delitos contra la ordenación del territorio; 42 por ilícitos contra el Medio Ambiente; 94 por incendios; 4 relacionadas con el patrimonio histórico y 21 contra la flora y la fauna. Del total, 190 fueron archivadas, 133 acabaron en denuncia o querella ante los correspondientes juzgados, y 115 continúan tramitándose.

Asimismo, los juzgados dictaron 69 sentencias relativas a este área, 59 de ellas por delitos contra la ordenación del territorio, 31 condenatorias –en casi una tercera parte de éstas se ordenó la demolición de las viviendas– y 11 absolutorias. Éstas versaban sobre construcciones ilegales. Asimismo, los jueces emitieron 17 fallos sobre delitos de prevaricación, 16 condenatorios.

En cuanto al derribo de casas, explica Calvo-Rubio que «parece haberse acogido con más claridad que en años anteriores un criterio favorable al mismo».

En relación a las diligencias judiciales (investigadas por los jueces de instrucción), se abrieron 338, 275 relacionadas por ilícitos contra la ordenación del territorio, sobre todo en Málaga capital (175), aunque los municipios del interior (65) y la Costa del Sol (35) tampoco se quedan atrás.

El coordinador de la sección también habló, flanqueado por el fiscal jefe, Antonio Morales, y el teniente fiscal, Manuel Villén, muy claro sobre la escasez de medios que arrastra el área, formada por tres acusadores y sólo dos funcionarios, que, para colmo, no se dedican en exclusiva a la especialidad. «Realmente es como si tuviéramos uno», indica.

«Siempre que hay que hacer la memoria, se atrasan las diligencias de investigación en la Fiscalía dos y tres meses: hacen falta más fiscales, más funcionarios y más estructura informática», concluye el acusador público.

MALAGA. El promotor ruso rechaza derribar lo construido sin permiso en Pinares. (LAOPINION)

Ha recurrido las órdenes de demolición decretadas por Urbanismo y las cinco sanciones que acumula, por más de 247.000 euros

Aspecto de la vivienda que el promotor ha construido en Pinares de San Antón. La Opinión

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA Vladimir Davidovich Beniachvili, el promotor del polémico centro ruso que está construyendo sin permiso diversas instalaciones en su finca de Pinares de San Anton, no está dispuesto a acatar ni las órdenes de demolición que le ha enviado la Gerencia de Urbanismo ni a abonar las multas que acumula por construir ilegalmente.

El promotor, según señaló ayer un portavoz de la Gerencia de Urbanismo, ha recurrido ya cuatro de las cinco sanciones remitidas por Urbanismo contra sus actuaciones irregulares que suman 247.000 euros.

En concreto, se le han impuesto tres multas de ??.??? euros cada una, de carácter coercitivo, por haber construido ilegalmente sobre suelo no urbanizable y por no demoler lo levantado sin permiso.

A su vez se le han impuesto otras tres multas menores, de ?.??? euros cada una por no suspender los trabajos que realiza sin permiso y por no restituir a su estado original lo ejecutado ilegalmente.

En un principio, recurrió dos de ellas y ahora ha presentado recurso contra otras dos.

Orden judicial

Todo deviene porque el promotor ruso ha edificado una gran vivienda familiar con diversas instalaciones deportivas, jardines, piscina y otros espacios que en buena parte están levantados ilegalmente, por un lado porque no han contado con licencia de obras y , por otro, porque lo hacen sobre suelo agrícola protegido. Se trata de actuaciones que no son legalizables por lo que sólo cabe su demolición. Urbanismo calcula que son unos 6.o00 metros los construidos ilegalmente por el promotor.

Hasta la fecha, el Ayuntamiento le ha requerido en varias ocasiones reclamándole que elimine lo construido ilegalmente. El promotor no sólo se ha negado sino que ha respondido realizando nuevas actuaciones.

Consciente de la falta de colaboración del promotor, el Ayuntamiento remitió a primeros de junio un requerimiento al juzgado decano pidiéndole autorización para poder entrar en la finca del ruso y proceder a la demolición de lo construido ilegalmente.

El portavoz de Urbanismo señaló que en un primer cálculo la eliminación de lo construido ilegalmente costaría unos 150.000 euros que en un principio abonaría el Ayuntamiento al hacerlo de oficio, pero que posteriormente le exigiría su pago al promotor ruso, así como el resto de la cuantía económica de las sanciones impuestas hasta la fecha.

La polémica con este promotor se remonta doce años atrás cuando quiso levantar un centro ruso en Pinares de San Antón, que tuvo el visto bueno del Ayuntamiento pero que finalmente fue tumbado por la Junta de Andalucía. El promotor se refugió en su finca, donde ha construido una gran mansión y otras instalaciones, algunas de ellas sin permiso.

MALAGA. La modificación del Plan del Puerto 'esconde' el encaje del supermercado. (MALAGAHOY)

La variación, que autoriza elevar el edificio cultural por encima de la calle, concentra en la esquina más uso comercial, dando cabida al local de 2.000 metros de Carrefour

S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 02.07.2010 - 01:00

Recreación de los muelles 1 y 2 del puerto de Málaga.

La polémica reapertura del debate sobre el Plan Especial del Puerto y el impulso de una nueva modificación del documento para reordenar la esquina de oro ocultan un efecto colateral sobre el que hasta ahora no se había aportado luz: delimitar el espacio necesario para poder ubicar el supermercado de Carrefour. Esta es la letra pequeña sobre la que hasta ahora han pasado por alto los tres actores vinculados a la operación, Autoridad Portuaria, Ayuntamiento y la concesionaria del muelle 1, Iniciativas Marina de la Farola, quevendieron públicamente la opción de variar el planeamiento en la necesidad de revalorizar el equipamiento cultural proyectado en la conexión de los muelles 1 y 2, al elevarlo en altura 13 metros sobre la cota de la calle.

Sin embargo, el objetivo que buscaba la empresa responsable de la transformación de la dársena del Paseo de la Farola iba más allá. Fuentes próximas al proyecto admitieron que la modificación del plan, cuya aprobación inicial podría tener luz verde la próxima semana en Junta de Gobierno Local, posibilita aumentar sensiblemente la superficie comercial en la esquina de los muelles 1 y 2. De hecho, de los alrededor de 900 metros contemplados en el documento aún vigente para esta zona, se pasaría a unos 2.000, justo los reservados para el polémico supermercado. Esta cifra supone un 14% de los 14.000 metros cuadrados de techo que están autorizados para locales comerciales en el muelle 1 y la esquina.

Es decir, que de haberse mantenido intacto el documento actual, que aunó el consenso de todas las fuerzas políticas y del propio Puerto, la posibilidad de encajar este local en sus actuales parámetros era prácticamente nula. Esta idea fue respaldada ayer, además, por uno de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, vinculado a la revisión del plan especial, que admitió que el cambio al que ahora se quiere dar vía libre trae consigo una variación en la distribución de la superficie comercial autorizada para esta zona, dando cabida al supermercado.

Las dudas sobre el origen mismo del cambio de diseño de la esquina de oro fueron puesto sobre la mesa hace algunas semanas por el decano del Colegio de Arquitectos, Antonio Vargas, quien apuntó que esa acción traía consigo la necesidad de dar cabida al súper. "Con la modificación que se plantea no sólo se cambia el edificio sino también su encaje con el resto de la pieza, y en ello puede haber un cambio de volúmenes de los laterales que permitirá ubicar el supermercado en esa esquina", dijo en una entrevista publicada porMalaga Hoy, en la que agregaba: "Con el Plan Especial del Puerto tal y como está redactado no diré que es imposible pero sí muy complicado meter un supermercado en ese sitio".

Otras fuentes consultadas por este periódico abundaron en esta idea y recalcaron que sin el cambio que trae consigo que el equipamiento de la esquina rompa la cota de la calle no sería factible la implantación de un supermercado en la franja de suelo situada entre la esquina y el final del Palmeral de las Sorpresas, en el muelle 2.

Sobre este detalle, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, se limitó a indicar que el Ayuntamiento no entra en debatir sobre los posibles usos comerciales o espacios del muelle 1, al tiempo que defendió la opción de modificar el plan especial el puerto porque la propuesta presentada mejora la continuidad entre el Palmeral y las superficies de los usos comerciales.

MALAGA. La Junta 'levanta' una reunión sobre el PGOU por la "deslealtad" del Consistorio. (MALAGAHOY)

Malestar tras la filtración de la propuesta técnica que iba a ser analizada en Sevilla

S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 02.07.2010 - 01:00

Plano del Plan General.

Todo indicaba que la reunión que mantuvieron a mediodía de ayer técnicos de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Málaga para cerrar los últimos detalles del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) iba a servir para allanar el camino final del documento. Pero nuevamente las expectativas estuvieron por encima de la realidad. El encuentro, que se alargó unas dos horas, fue suspendido por la viceconsejera de Obras Públicas y Vivienda, Felicidad Montero, ante lo consideró una actitud desleal por parte del Consistorio, que el día antes filtró a un medio de comunicación la propuesta que ayer iba a ser objeto de análisis en la reunión celebrada en Sevilla.

Fuentes de la Administración autonómica confirmaron el "malestar" causado por la publicación de esta información antes de que, oficialmente, los responsables municipales la expusieran. La misma consiste en que sea la Junta la que adquiera los terrenos necesarios para desarrollar los parques que el Potaum dibuja en el río Guadalhorce y en la zona de Campanillas.

Por parte de Administración autonómica fue el secretario general de Planificación y Ordenación Territorial, Eduardo Tamarit, el que salió públicamente a dar explicaciones. En las mismas, reclamó al Ayuntamiento que "empuje en la misma dirección" que la Junta para que el PGOU goce de la aprobación de la Comisión de Ordenación del Territorio de Andalucía (Cotua). Por ello, pidió conocer "las propuestas de trabajo", sin rechazar el análisis de cualquier posibilidad.

En sus declaraciones a Europa Press, fue claro al acusar al equipo de gobierno del PP de "estar mareando la perdiz" en materia de propuestas. Aunque "técnicamente, el nuevo PGOU está resuelto, un día sí y otro también, se reabren debates que no van a ningún lado". "Da a entender un cierto interés por no cerrar el asunto", añadió. Desde el Consistorio se confirmó la irrupción de la número dos de Obras Públicas en la reunión, "dándola por finalizada e invitando a los técnicos municipales a levantarse y abandonar la sala, manifestando su indignación por lo que un medio de comunicación publicaba".

Antes del levantamiento del encuentro, los técnicos municipales sí expusieron la alternativa barajada por el equipo de gobierno para la obtención de los sistemas generales del Guadalhorce y Campanillas, que suman más de 600.000 metros. En ambos casos, el planteamiento municipal es que sean adscritos a suelo no urbanizable, lo que haría que la propia Junta la que tendrá los expropiase.

MALAGA. El Ayuntamiento critica que Montero 'invitara' a sus técnicos a dejar la reunión del PGOU. (ELMUNDO)

Europa Press | Málaga

Actualizado viernes 02/07/2010 08:18 horas

El Ayuntamiento de Málaga ha criticado que, tras dos horas de reunión en Sevilla entre técnicos municipales y de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para abordar la tramitación final del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la viceconsejera, María Felicidad Montero, "se presentara en la sala dando por finalizado el encuentro e invitando a los representantes del Consistorio a levantarse e irse al mostrarse indignada por una información publicada en un medio".

Desde el Consistorio han indicado en un comunicado que durante este encuentro técnicos municipales explicaron su propuesta ante la petición del Gobierno andaluz de obtener la parcela de Arraijanal, de propiedad privada, y construir en ella un parque metropolitano.

Así, el Ayuntamiento propuso, para desbloquear ya el documento y que pueda ser aprobado definitivamente, contemplar en el PGOU que los suelos para los parques metropolitanos previstos por la Junta en los márgenes del cauce de los ríos Guadalhorce y Campanillas, también de propiedad privada, sean adquiridos por la Junta.

Según expusieron los técnicos municipales, se plantea que una parte del sistema general de interés territorial correspondiente al parque metropolitano asociado al río Campanillas, justo el correspondiente a los terrenos necesarios para ejecutar el proyecto de encauzamiento del mismo, según la actuación redactada por la Junta y de una superficie de 372.899 metros cuadrados, se adscriba al suelo no urbanizable, añadiéndose a los 131.147 metros cuadrados de la aprobación provisional y que deberían ser obtenidos también por la Junta. El Ayuntamiento conseguiría 394.817 metros cuadrados.

Sobre el hecho de añadir los 372.899 metros cuadrados a los suelos a obtener por la Junta, los representantes de esta última Administración dijeron, según el Ayuntamiento, que no se podían pronunciar en ese momento, aunque se les insistió en que la decisión sobre la proporción en la que se obtendrían los terrenos se dejaría a un convenio posterior "como siempre se ha hecho en las obras de encauzamiento de arroyos que se han llevado a cabo en la ciudad".

Asimismo, expusieron, en cuanto a la ampliación del actual parque fluvial del Guadalhorce, previsto e impuesto por el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum), que debía también adscribirse al suelo no urbanizable y ser obtenido por la Agencia Andaluza del Agua como administración competente. Este incremento, tras los acuerdos alcanzados con la Junta, supondría una superficie de 287.577 metros cuadrados.

Por su parte, el secretario general de Planificación y Ordenación Territorial de la Junta de Andalucía, Eduardo Tamarit, ha reclamado al Ayuntamiento que "empuje en la misma dirección" que la Administración autonómica para que el nuevo PGOU goce finalmente de la aprobación de la Comisión de Ordenación del Territorio de Andalucía (Cotua) y le ha criticado por "estar mareando la perdiz" en materia de propuestas y prioridades.

A su juicio, aunque, "técnicamente, el nuevo Plan General está resuelto, un día sí y otro también, se reabren debates que no van a ningún lado". En ese sentido, ha manifestado que la situación "da a entender un cierto interés por no cerrar el asunto", extremo que ha atribuido al Ayuntamiento malagueño.

Inician 277 investigaciones por delitos contra la ordenación del territorio en 2009. (ELMUNDO)

Europa Press | Málaga

Actualizado jueves 01/07/2010 18:14 horas

La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga inició en 2009 un total de 277 investigaciones por delitos contra la ordenación del territorio, materia que ocupa el primer lugar en cuanto al total de diligencias abiertas el pasado año en este área, que ascendieron a 438. Además, se dictaron 59 sentencias por este tipo delictivo, de las que 17 fueron por prevaricación.

Según la memoria de este área de la Fiscalía, presentada este jueves por el fiscal delegado Juan Calvo, a las diligencias por esos delitos, le siguen las incoadas por incendio, que fueron 94; las relativas a los delitos contra el medio ambiente, que fueron 42; contra la flora y la fauna, con 21; y por último los delitos contra el patrimonio histórico, con sólo cuatro diligencias iniciadas.

De las diligencias, 190 fueron archivadas por no ser los hechos denunciados constitutivos de delitos, se formularon 133 denuncias o querellas y 115 están pendientes de distintos trámites pedidos en su día. La mayoría de las denuncias, según los datos facilitados este jueves, procedió de consejerías de la Junta de Andalucía, en total 128, sobre todo de Medio Ambiente (62), Gobernación (42) y Vivienda (20).

Pero, además, también destacan las denuncias recibidas en la Fiscalía por el Seprona y el equipo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil, que suman un total de 108; y por una quincena de ayuntamientos de la provincia (142), entre los que destaca Málaga capital y Vélez-Málaga, aunque también están Alhaurín de la Torre, Álora, Antequera, Alhaurín el Grande o Algarrobo.

En este sentido, el fiscal delegado de Medio Ambiente subrayó el "aumento notable" que se experimentó en 2009 en cuanto a las denuncias presentadas por ayuntamientos "cumpliendo su deber" y también elincremento de denuncias de las consejerías, sobre todo la subida "espectacular" en lo que respecta a Medio Ambiente, en contra de lo ocurrido hasta ahora.

Sentencias

En cuanto a las sentencias, en total fueron 69, de las que 59 fueron pordelitos contra la ordenación del territorio. De éstas, 42 se trataron de resoluciones por construcciones ilegales -31 condenatorias y 11 absolutorias-. De las condenatorias, en 26 se declaró la demolición y en cinco no. Además, hubo 17 sentencias por el delito de prevaricación, 16 condenatorias y una absolutoria.

En este sentido, Calvo Rubio dijo que "presión ninguna", ya que, "el legislador está haciendo todo lo contrario de lo que se está pidiendo" en cuanto a los delitos urbanísticos por los que se acusa a los alcaldes y cargos públicos, ya que, según señaló, la modificación del Código Penal que entra en vigor este año supone "un aumento de las penas" en todos estos delitos.

Así, el fiscal concretó que en el caso del delito por el que se acusa a los cargos públicos, el 320 del Código Penal, pasa a estar penado entre un año y medio y cuatro años, además de que se recogerá "expresamente" la prevaricación omisiva por la que "yo ya he formulado denuncia y acusación y ha habido sentencia condenatoria". "Se está pidiendo que se rebaje la pena y lo que se hace es subirla", apostilló.

Falta de medios

El fiscal responsable de este área lamentó la situación informática que "no permite realizar un cómputo adecuado" de los procedimientos judiciales y aseguró que el aumento de diligencias de investigación en tramitación es "consecuencia de la falta de medios". En este punto, señaló la necesidad de más fiscales y más funcionarios.

Así, explicó que actualmente hay tres fiscales, incluido él, que no están en exclusiva dedicados a este área y que se encargan de las más de 400 diligencias iniciadas el pasado año. Además, dijo que sólo hay dos funcionarios, que también se dedican a otras tareas dentro de la Fiscalía, lo que provoca retrasos en las tramitaciones, sobre todo cuando hay que recopilar los datos para la memoria.