LAS POSTURAS
FRANCISCO DE LA TORREALCALDE DE MÁLAGA
«Vamos a seguir adelante con nuestro planteamiento porque es equilibrado y constructivo»
EDUARDO TAMARITSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN
«Pedimos al Ayuntamiento lealtad institucional y que no nos saquen más conejos de la chistera»
No pudo ser. La tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga vuelve a enturbiarse por la falta de entendimiento entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento justo en el momento en el que este último pretende desatascarlo y darle una nueva aprobación este mismo mes, adaptado a las exigencias del Gobierno andaluz, incluida la obtención de los suelos de Arraijanal para el parque metropolitano proyectado por la Consejería de Obras Públicas. Sin embargo, un último cambio efectuado por el Consistorio a raíz de introducir la citada parcela de Guadalmar como zona a compensar con derechos edificatorios en otros puntos de la ciudad no ha sentado nada bien al Gobierno andaluz. Se trata, como ayer adelantó este periódico, de que la Junta se haga cargo de obtener los suelos para el parque fluvial que ella misma dibuja en su plan urbanístico del área metropolitana junto al cauce del río Guadalhorce y parte de los de otro parque en Campanillas. De este modo, el equipo de gobierno municipal trata de que no recaigan en el PGOU los esfuerzos para obtener todos los suelos de los parques que el citado plan metropolitano regional traza en el municipio.
El Consistorio sustenta su tesis en que ya hace un considerable esfuerzo contemplando los derechos urbanísticos necesarios para comprar los suelos de Arraijanal y ofrecérselos a la Junta como para tener también que hacer lo propio con los de los parques fluviales planteados junto a los ríos Guadalhorce y Campanillas. Además, en este último, según pudo conocer este periódico, el Ayuntamiento va a facilitar a la Junta que pueda hacerse con una gran parte de los terrenos necesarios para el proyecto -394.817 metros cuadrados en concreto- igual que hace con la parcela de Arraijanal. Eso sí, deja para que los expropie la Administración regional aquellos suelos más próximos al cauce del río (504.046 metros cuadrados) y que forman parte del proyecto que ella misma diseñó en su momento para su encauzamiento.
Así, la diatriba se centra fundamentalmente en los terrenos del parque fluvial del Guadalhorce. Se trata de 287.577 metros cuadrados que hasta ahora habían figurado en el documento del PGOU como unos suelos a obtener por el municipio y que ahora se plasman de tal forma que es la Junta la que tendrá que expropiarlos en su momento. Según las leyes urbanísticas, tendrá que hacerlo antes de que transcurran cuatro años desde la entrada en vigor del PGOU.
Aunque el Ayuntamiento está capacitado legalmente para hacerlo, este cambio no ha caído nada bien en la consejería. Su secretario general de Planificación, Ordenación Territorial, Infraestructura y Movilidad Sostenible, Eduardo Tamarit, se mostró ayer muy molesto porque SUR desvelara las intenciones del alcalde a cerca de estos suelos para cerrar de esta forma el acuerdo global con la Junta sobre el plan. «Es algo que nos ha sorprendido en el último momento y que nos hace dudar de si el Ayuntamiento quiere realmente sacar el PGOU adelante. El alcalde sabe que no nos cerramos a nada y que en este asunto del Plan General tiene nuestra mejor disposición e interés para que pueda estar listo lo más rápido posible, pero no puede estar sacando conejos de la chistera a cada minuto», argumentó Tamarit, quien no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre si le parece bien o mal que el Gobierno andaluz tenga que expropiar el suelo para el parque fluvial del Guadalhorce, porque espera «una comunicación oficial de esa propuesta». «Todavía no hemos entrado a analizarla», dijo.
Desalojo de los técnicos
No obstante, según dio a conocer anoche el Ayuntamiento por medio de un comunicado, todo lo relativo a la gestión del suelo de los parques fluviales fue expuesto ayer a los responsables de la Consejería de Obras Públicas por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, que acudieron a Sevilla a la que parecía ser la última reunión sobre el PGOU previa a su próxima aprobación por el pleno municipal en este mes. Tras las explicaciones, la viceconsejera, María Felicidad Montero, se presentó en la reunión, la dio por terminada e invitó a los técnicos de Urbanismo a abandonar la sala y marcharse, indignada por la información que ayer publicó SUR y de la que, según fuentes municipales, la Junta ya tuvo conocimiento en los días previos.
Sin embargo, Eduardo Tamarit aseguró que la primera noticia la tuvieron ayer y que, por lo tanto, no han tenido tiempo de analizar el asunto. Con todo, el alcalde, Francisco de la Torre, que se mostró muy molesto por la actitud de la viceconsejera al expulsar a los técnicos municipales de la reunión, dijo estar convencido de llegar a un punto de acuerdo con la Junta y mostró su intención de seguir adelante con los planes de dar una nueva aprobación al PGOU en este mes. «Vamos a seguir con nuestro planteamiento porque es equilibrado y constructivo», dijo. Tamarit por su parte fue claro al señalar que cualquier documento sobre el que exista un consenso previo «saldrá adelante con más tranquilidad» que otro que no lo tenga.
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