El fiscal cree que hay más «concienciación» sobre estos delitos, pues hace poco sólo Málaga y Vélez colaboraban con la Justicia
Vista panorámica de varias viviendas rústicas de la Axarquía. Fran Extremera
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Sólo 15 ayuntamientos de los 101 que hay en la provincia denunciaron alguna irregularidad urbanística ante la Fiscalía de Medio Ambiente durante 2009. En concreto se presentaron 142 denuncias. A pesar de su escaso número, el cambio de tendencia es evidente, pues hasta hace poco sólo Vélez y Málaga capital colaboraban con regularidad en la represión de estos delitos. Juan Calvo-Rubio, coordinador de la especialidad, prefiere ver el vaso medio lleno, después de ejercicios con escasísima aportación de los consistorios, algunos de ellos sin medios para controlar el urbanismo local.
«Hay una mayor concienciación sobre estos delitos en las administraciones públicas, incluidas las locales, porque existen más denuncias de los ayuntamientos y, hasta ahora, manteníamos que, salvo Málaga y Vélez, el resto brillaba por su ausencia. Se rompe la tendencia», reflexiona.
Las dos capitales siguen ganando por goleada, según la memoria del área de Medio Ambiente: la de la Costa del Sol interpuso 60 denuncias ante la Fiscalía que sirvieron para incoar las correspondientes diligencias de investigación; la segunda, 53. Sube con fuerza en este ranking Alhaurín de la Torre, de cuyo Ayuntamiento dice Calvo-Rubio: «La secretaría del Consistorio está dando un gran impulso a la ordenación en materia de expedientes de disciplina urbanística».
Lo mismo ocurre con Antequera (3 denuncias), Álora (4) y Alhaurín el Grande (3), que «poco a poco» van poniendo en orden el urbanismo de su término municipal. Algarrobo interpuso dos denuncias, al igual que Villanueva de la Concepción. Otros ayuntamientos presentaron nueve en total.
Aunque ayudan más, en la memoria Calvo-Rubio sí se queja de escasa colaboración en algunos momentos puntuales. «Debido al volumen de trabajo que maneja la sección, tanto para los fiscales como para el personal auxiliar, en ocasiones, y ante la escasa colaboración, algunas veces, de la administración local» transcurren los seis meses que pueden estar abiertas las diligencias de investigación, por lo que las mismas se remiten a los juzgados sin formular denuncia. «A veces, por no haber podido concretar los hechos denunciados, por no haberse contestado los oficios enviados», señala. Eso sí, se trata de una situación excepcional.
Sin embargo, las consejerías de la Junta de Andalucía implicadas en este tipo de asuntos (Medio Ambiente, Cultura, Gobernación y Ordenación del Territorio) presentaron 128 denuncias en 2009. El fiscal tilda de «espectacular» el volumen promovido por Medio Ambiente (62), gracias a los agentes especializados, en contra de la colaboración concreta, más bien escasa, que había mostrado este departamento del Gobierno andaluz. El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) y los equipos urbanísticos de la Guardia Civil presentaron 108, frente a las 43 de particulares.
En concreto, la Fiscalía abrió un total de 438 diligencias de investigación, 277 relacionadas con delitos contra la ordenación del territorio; 42 por ilícitos contra el Medio Ambiente; 94 por incendios; 4 relacionadas con el patrimonio histórico y 21 contra la flora y la fauna. Del total, 190 fueron archivadas, 133 acabaron en denuncia o querella ante los correspondientes juzgados, y 115 continúan tramitándose.
Asimismo, los juzgados dictaron 69 sentencias relativas a este área, 59 de ellas por delitos contra la ordenación del territorio, 31 condenatorias –en casi una tercera parte de éstas se ordenó la demolición de las viviendas– y 11 absolutorias. Éstas versaban sobre construcciones ilegales. Asimismo, los jueces emitieron 17 fallos sobre delitos de prevaricación, 16 condenatorios.
En cuanto al derribo de casas, explica Calvo-Rubio que «parece haberse acogido con más claridad que en años anteriores un criterio favorable al mismo».
En relación a las diligencias judiciales (investigadas por los jueces de instrucción), se abrieron 338, 275 relacionadas por ilícitos contra la ordenación del territorio, sobre todo en Málaga capital (175), aunque los municipios del interior (65) y la Costa del Sol (35) tampoco se quedan atrás.
El coordinador de la sección también habló, flanqueado por el fiscal jefe, Antonio Morales, y el teniente fiscal, Manuel Villén, muy claro sobre la escasez de medios que arrastra el área, formada por tres acusadores y sólo dos funcionarios, que, para colmo, no se dedican en exclusiva a la especialidad. «Realmente es como si tuviéramos uno», indica.
«Siempre que hay que hacer la memoria, se atrasan las diligencias de investigación en la Fiscalía dos y tres meses: hacen falta más fiscales, más funcionarios y más estructura informática», concluye el acusador público.
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