La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga inició en 2009 un total de 277 investigaciones por delitos contra la ordenación del territorio, materia que ocupa el primer lugar en cuanto al total de diligencias abiertas el pasado año en este área, que ascendieron a 438. Además, se dictaron 59 sentencias por este tipo delictivo, de las que 17 fueron por prevaricación.
Según la memoria de este área de la Fiscalía, presentada este jueves por el fiscal delegado Juan Calvo, a las diligencias por esos delitos, le siguen las incoadas por incendio, que fueron 94; las relativas a los delitos contra el medio ambiente, que fueron 42; contra la flora y la fauna, con 21; y por último los delitos contra el patrimonio histórico, con sólo cuatro diligencias iniciadas.
De las diligencias, 190 fueron archivadas por no ser los hechos denunciados constitutivos de delitos, se formularon 133 denuncias o querellas y 115 están pendientes de distintos trámites pedidos en su día. La mayoría de las denuncias, según los datos facilitados este jueves, procedió de consejerías de la Junta de Andalucía, en total 128, sobre todo de Medio Ambiente (62), Gobernación (42) y Vivienda (20).
Pero, además, también destacan las denuncias recibidas en la Fiscalía por el Seprona y el equipo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil, que suman un total de 108; y por una quincena de ayuntamientos de la provincia (142), entre los que destaca Málaga capital y Vélez-Málaga, aunque también están Alhaurín de la Torre, Álora, Antequera, Alhaurín el Grande o Algarrobo.
En este sentido, el fiscal delegado de Medio Ambiente subrayó el "aumento notable" que se experimentó en 2009 en cuanto a las denuncias presentadas por ayuntamientos "cumpliendo su deber" y también elincremento de denuncias de las consejerías, sobre todo la subida "espectacular" en lo que respecta a Medio Ambiente, en contra de lo ocurrido hasta ahora.
Sentencias
En cuanto a las sentencias, en total fueron 69, de las que 59 fueron pordelitos contra la ordenación del territorio. De éstas, 42 se trataron de resoluciones por construcciones ilegales -31 condenatorias y 11 absolutorias-. De las condenatorias, en 26 se declaró la demolición y en cinco no. Además, hubo 17 sentencias por el delito de prevaricación, 16 condenatorias y una absolutoria.
En este sentido, Calvo Rubio dijo que "presión ninguna", ya que, "el legislador está haciendo todo lo contrario de lo que se está pidiendo" en cuanto a los delitos urbanísticos por los que se acusa a los alcaldes y cargos públicos, ya que, según señaló, la modificación del Código Penal que entra en vigor este año supone "un aumento de las penas" en todos estos delitos.
Así, el fiscal concretó que en el caso del delito por el que se acusa a los cargos públicos, el 320 del Código Penal, pasa a estar penado entre un año y medio y cuatro años, además de que se recogerá "expresamente" la prevaricación omisiva por la que "yo ya he formulado denuncia y acusación y ha habido sentencia condenatoria". "Se está pidiendo que se rebaje la pena y lo que se hace es subirla", apostilló.
Falta de medios
El fiscal responsable de este área lamentó la situación informática que "no permite realizar un cómputo adecuado" de los procedimientos judiciales y aseguró que el aumento de diligencias de investigación en tramitación es "consecuencia de la falta de medios". En este punto, señaló la necesidad de más fiscales y más funcionarios.
Así, explicó que actualmente hay tres fiscales, incluido él, que no están en exclusiva dedicados a este área y que se encargan de las más de 400 diligencias iniciadas el pasado año. Además, dijo que sólo hay dos funcionarios, que también se dedican a otras tareas dentro de la Fiscalía, lo que provoca retrasos en las tramitaciones, sobre todo cuando hay que recopilar los datos para la memoria.
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