lunes, 28 de febrero de 2011

Piden que la Junta paralice los proyectos urbanísticos de Gadafi en Benahavís (Málaga Hoy)


En la localidad malagueña se "prevé construir 1.915 viviendas adosadas, un campo de golf y un palacio de congresos en una superficie de quinientas hectáreas"

EP | ACTUALIZADO 28.02.2011 - 13:56


La candidatura Iniciativa Marbella San Pedro (IMA+S) ha pedido hoy a la Junta de Andalucía que congele los proyectos del líder libio, Muamar el Gadafi, en Benahavís (Málaga), donde "prevé construir 1.915 viviendas adosadas, un campo de golf y un palacio de congresos en una superficie de quinientas hectáreas".

Esta formación ha informado en un comunicado de que Gadafi posee en total 6.500 hectáreas que abarcan también los municipios de Pujerra y Júzcar, y que sus proyectos "sortean" el planeamiento de Benahavís y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) "mediante la introducción de la figura de campo de golf de interés turístico especial".

IMA+S ha reclamado además que la congelación se haga extensible a las viviendas que posee en Marbella la familia Gadafi, que utilizan como residencia sus hijos Aisha y Seif el Islam.

También ha solicitado que el Banco de España "haga uso de sus atribuciones" para el control y congelación de las cuentas y de los movimientos que realizan las entidades Aresbank y Libyan Foreign Bank, igualmente en poder de la familia Gadafi.

Costas valora en 19.945 euros el rescate de astilleros Nereo (Málaga Hoy)

La resolución del organismo estatal ha sido recurrida por los concesionarios, que se muestran contrarios al proceso, y a los que aún restan siete años de concesión

SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 28.02.2011 - 01:00
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Vista de los astilleros Nereo.

La Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ya ha puesto números a su deseo de rescatar la concesión de los Astilleros Nereo para afrontar el desbloqueo del proyecto de regeneración de los Baños del Carmen. Los responsables del organismo estatal remitieron a finales del año pasado a los actuales titulares de las instalaciones un informe en el que se valoraba el mencionado rescate en 19.945,29 euros, cifra con la que la Administración central vendría a indemnizarles por los siete años que aún restan para el vencimiento de la concesión que en 1970 se acordó en favor de Juan Antonio Sánchez Guitard.

El paso adoptado por la Administración central, que ha sido recurrida por los titulares de los antiguos talleres, cuya actividad fue preservada culturalmente por la Junta de Andalucía, tiene lugar después de que se haya prolongado durante más de dos décadas el proyecto de mejora de los Baños del Carmen, que incluye la prolongación de los paseos marítimos Pablo Ruiz Picasso y de Pedregalejo. Es aquí donde, según Costas, el mantenimiento de las instalaciones de los astilleros supone un obstáculo, por lo que es necesario su traslado o derribo para dar continuidad al frente litoral.

Por este motivo, si bien se ha venido anunciando durante años, no fue hasta el pasado 29 de diciembre cuando el jefe de la Demarcación de Costas en la provincia, Francisco Javier Hermoso, firmó la providencia de incoación del mencionado rescate. En el citado documento se declara "de utilidad pública el rescate de la parcela de 1.175 metros cuadrados de la zona marítimo terrestre de la playa del Carmen, así como de las obras construidas consistentes en un astillero". En el informe se justifica dicha actuación en que la disponibilidad de este espacio es "necesaria" para la ejecución del proyecto de regeneración, aprobado definitivamente por el subsecretario de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino el 27 de mayo de 2010.

Una fecha más en la alargada y dilatada tramitación de un proyecto del que se viene hablando en la capital de la Costa del Sol desde los años 80. De hecho, esta aprobación definitiva del proyecto se produjo algo más de dos años después de que la Dirección General de Costas diese luz verde al texto refundido. El gran escollo con el que se han topado los diversos responsables de Costas ha sido precisamente el de las concesiones que se mantienen activas a día de hoy, en especial, la de los astilleros.

El plan que deberá ver la luz una vez solventados los últimos pasos administrativos es el que consensuaron en 2006 el Gobierno y el Ayuntamiento de la ciudad, que contempla una inversión de unos 13 millones de euros. El mismo prevé la de la playa, la construcción de dos espigones transversales, un pie de playa y dos pequeños espigones de apoyo y la regeneración mediante el vertido de 90.000 metros cúbicos de arena.

Unicaja estudia sacar 1.100 viviendas para alquiler (La Opinión)

La caja malagueña mantiene negociaciones con la Sociedad Pública de Alquiler para dar salida a su stock


EP La Sociedad Pública de Alquiler (SPA), adscrita al Ministerio de Fomento, mantiene negociaciones con Unicaja, Novacaixagalicia, Cimenata-2-Cajamar, el Grupo Cajas Rurales del Mediterráneo y Unnim para dar salida a través del alquiler a parte del stock de viviendas de estas entidades, que actualmente comercializan casi 9.000 inmuebles, de los que alrededor de 1.100 los oferta Unicaja a través de su web, fusionada con Caja Jaén, y unos 1.150, la sección inmobiliaria de Cajamar.

Otras cinco entidades (Santander, La Caixa, CAM, Bancaja y Caja Madrid) ya han dado el paso de buscar la colaboración con la SPA para drenar sus inmuebles y han cedido a la sociedad presidida por Nieves Huertas unas 8.000 viviendas.

Fuentes de Fomento indicaron que el acuerdo está bastante «próximo» con tres de las cinco entidades con las que mantiene conversaciones, mientras que en el caso de las otras dos se están desarrollando los «primeros contactos».

Según precisó, la SPA «no acepta cualquier vivienda», por lo que las partes están poniendo sobre la mesa en estos momentos cuestiones como el número de viviendas aptas para el alquiler o las rentas a las que se podrían sacar al mercado. Antes de que se perfilen todos los acuerdos y se fijen los paquetes de viviendas a gestionar por parte de la SPA, los datos publicados en los portales inmobiliarios de estas entidades arrojan un stock potencial de casi 9.000 viviendas entre compra, alquiler y alquiler con opción a compra.

Para las entidades financieras, la absorción de su stock es una cuestión fundamental en la defensa de su solvencia, más aún para las cajas, inmersas durante el pasado año en procesos de integración y que en 2011 afrontarán en muchos casos su conversión en bancos a través de procesos de recapitalización.

La mayor oferta de inmuebles es la del Grupo de Cajas Rurales del Mediterráneo, con unas 4.100 viviendas, que se suman a las 1.270 de la unión de Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu.

´Demoler la Casa de la Cultura fue una decisión acertada´ (La Opinión)

Figura clave de la cultura en Málaga, ordenó demoler, pese a las críticas, el edificio que nos descubrió el Teatro Romano.


Fernando Arcas.
Fernando Arcas. Arciniega

MARINA FERNÁNDEZ Hace no mucho asumió la vicepresidencia del Ateneo de Málaga, donde es vocal de Historia, Memoria y Patrimonio. Hábleme de su papel en la institución y de cómo ve a la ciudad.
En el Ateneo constituimos el único foro abierto por la capitalidad cultural de 2016. Con ello cumplimos con el espíritu de la institución, un lugar donde hablar con total libertad de todo. Me hice socio cuando era estudiante y he sido directivo antes. Me gusta promover el debate crítico siempre desde el punto de vista progresista. Con respecto a la situación de la cultura en Málaga diré que la ciudad hoy es distinta a la de hace treinta años. Tiene posibilidades extraordinarias, como sus infraestructuras, creadores, escritores, instituciones, editoriales...no es como cuando se creó el Ateneo. Desde el punto de vista institucional y creativo, indica que ha habido un cambio. Quizás haga falta un impulso en la política municipal para tener una cultura más ambiciosa y crítica con respeto a las tradiciones. Tengo la sensación de que hay que recuperar la cultura laica y progresista, se ha perdido respecto a otras. Hace falta recuperar esa llamada cultura republicana.

En su etapa como delegado de cultura de la Junta de Andalucía en Málaga potenció proyectos como la restauración del conjunto municipal de la Alcazaba-Gibralfaro, así como el Teatro Romano. El candidato de IU a la alcaldía, Pedro Moreno Brenes ha denunciado en numerosas ocasiones la situación del monumento. ¿Cómo lo ve usted?
Procuro visitarlo todo lo que puedo, y en los últimos años lo he hecho en distintas ocasiones. La verdad es que habría que cuidar más esas visitas que se hacen, mejorar la puesta en escena. La Alcazaba es ahora mucho mejor (tras su restauración), porque gracias a ello se ha integrado en la ciudad. La visión que hoy tenemos del Teatro Romano es para sentirse orgulloso. Antes de la Casa de la Cultura, que me tocó demoler, mis compañeros de la facultad no lo tenían claro. Hoy es cuando se aprecia que fue una decisión acertada. A ver si se pone pronto en funcionamiento.

Año y medio de retrasos en Soliva (La Opinión)

Los vecinos de una promoción de VPO llevan desde 2009 esperando que se termine su bloque de viviendas



ALFONSO VÁZQUEZ Vecinos de una promoción de VPO del Instituto Municipal de la Vivienda en la calle Escritor Antonio Soler llevan desde el verano de 2009 aguardando la terminación de un bloque de 98 viviendas. El IMV les comunicó en febrero de 2010 que las obras estarían listas al final del pasado verano, después de cerca de 18 meses de paralización, al entrar en concurso de acreedores una primera constructora

«Iba a ser la primera promoción que se entregara en Soliva. El piso nos tocó en sorteo en diciembre de 2006», recuerda José Campos, uno de los futuros vecinos del número 11 de la calle Escritor Antonio Soler, en el nuevo barrio de Soliva. De hecho, las condiciones de financiación de esta promoción municipal de VPO?en propiedad se habían adaptado a la inminencia de su construcción:?«Lo daban tan rápido, que en un año teníamos que pagar lo que debíamos pagar en dos, con letras de 954 euros durante un año y una entrada 6.600 euros», explica, Rosa Campos, otra vecina.

Pero las prisas no se tradujeron en la conclusión del edificio. La constructora Begar entró en concurso de acreedores en junio de 2009 y finalmente, sería la constructora Jarquil Andalucía la que continuara la obra, aunque como recuerdan los vecinos, «de la primera a la segunda constructora ha pasado año y medio en que esto ha estado abandonado»; y con el abandono, llegaron intentos de robo y rotura de sanitarios, «porque cualquier persona podía entrar», destaca Mari Carmen Palomo, novia de Francisco Campos con quien prepara una boda sin saber cuándo contarán con el piso que debía estar listo en el verano de 2009. La última notificación del Instituto Municipal de la Vivienda, en febrero de 2010, les comunicaba que al final del verano de 2010 tendrían listos sus pisos.

Han pasado 6 meses desde esta última fecha y los 98 propietarios siguen sin ver listos sus pisos. «El jardín lo han levantado porque hay filtraciones de agua en los garajes, ese es el último problema», explica José Campos, que ha podido ver la huella del agua («más de un metro»), y menciona además varias reparaciones por grietas en los bajos.

El retraso también causa importantes problemas económicos. Es el caso de Analía Eusebio, que vive de alquiler en un piso «que está en venta y me lo alquilaron por cuatro meses porque ya me iba». Por suerte, Analía, que vive en el Centro, no matriculó a su hijo en un colegio próximo a Soliva cuando la construcción del bloque iba a ser inminente.

En el último año también han cambiado y mucho las condiciones para conseguir una hipoteca. «Cuando presenté todos los papeles hace año y medio en La Caixa me dijeron que no hacía falta aval y ahora me dicen que están todos los papeles pero que sin aval no hay casa», lamenta Amalia.

Los vecinos se han organizado en un foro en internet para coordinar sus reivindicaciones. Mari Carmen Palomo critica que lo peor «es la falta de información, el Ayuntamiento ya no se quiere pillar los dedos y no quiere darnos una fecha».

El bloque será entregado «en unas semanas»

El concejal de Vivienda, Diego Maldonado, explicó a Línea Directa que el número 11 de la calle Escritor Antonio Soler, en Soliva, está «pendiente de la licencia de primera ocupación para ser entregado en unas semanas». Maldonado señaló que nada más escuchar que la primera constructora, Begar, iba a entrar en concurso de acreedores, «estuvimos pendientes para contactar con el auditor, no esperamos a que nos informaran». En este sentido, el concejal de Vivienda señaló que el IMV «ha acortado los plazos y gracias a su diligencia se evitó que los pisos hubieran sufrido un retraso mucho mayor». Con respecto al año y medio de parón, Diego Maldonado recordó que hasta que el auditor no autoriza la adjudicación a otra constructora, «no puedes hacer nada». «Lo que sí hicimos es acortar los plazos», subrayó. El concejal insistió en que las obras están ya «prácticamente terminadas».

Buscan apoyos para modificar la LOUA (SUR)

La Asociación Provincial de Viviendas Irregulares ha iniciado una ronda de reuniones con los ayuntamientos de los municipios malagueños de más de 20.000 habitantes para que cada uno presente una moción en apoyo a la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que, según han afirmado, «tiene en vilo a miles de familias, con un futuro incierto y sin salida legal en la mayoría de los casos».

Piden cárcel para el dueño de Mirador por quedarse el dinero de unas casas que no construyó (SUR)

Doce compradores afectados reclaman una media de 34.000 euros al propietario de este grupo y solicitan siete años de prisión
28.02.2011 -
MONTSE MARTÍN
MÁLAGA.

La Audiencia Provincial de Málaga juzgará al dueño del grupo Mirador, Enrique Faura, por un delito de apropiación indebida. El constructor está acusado de quedarse, presuntamente, con las cantidades entregadas a cuenta por los compradores de unas viviendas en Vélez-Málaga que no llegó a edificar. El fiscal solicita una pena de siete años de cárcel para el promotor y para su hermano, como apoderado de la empresa, que también está procesado. La acusación particular eleva a ocho la pena de prisión.

Enrique y Leopoldo Faura, como administrador único y apoderado, respectivamente, vendieron durante los años 2004 y 2005 en la promoción Mirador de la Fortaleza, en Vélez-Málaga, una docena de viviendas y aparcamientos, sin afianzar las cantidades entregadas a cuenta por los compradores como obliga la ley. Las obras de la promoción no llegaron a comenzar y solo se ejecutaron tareas de limpieza y allanamiento del terreno.
Sus responsables no pidieron siquiera la correspondiente licencia de edificación. En noviembre de 2008 los acusados vendieron las fincas sobre las que se habían proyectado las viviendas sin devolver las cantidades entregas a cuenta por los compradores, que suman en total más de 400.000 euros. En este caso hay doce personas afectadas que entregaron una media de 34.000 euros. El Ministerio Público considera a los acusados responsables de un delito continuado de apropiación indebida.

Pagarés impagados
Los compradores intentaron por todos los medios recuperar el dinero sin conseguirlo, según explica la abogada que los representa, Patricia Morales. Tres afectados lograron que los acusados se comprometieran a reintegrarles las cantidades entregadas a cuenta, pero los pagarés que les pasaron resultaron impagados.

Para la letrada esta manera de actuar «viene a confirmar la falta de escrúpulos y respeto a la ley y los derechos de los compradores de los acusados». En ese sentido afirma que «se aprovechan» de la cobertura del entramado de sociedades del grupo Mirador para «recibir y retener cantidades de particulares sin avalar ni garantizar, sin devolverlas a los compradores ni construir las viviendas».

El alquiler con opción a compra gana terreno en las demandas de una VPO (SUR)

Siete de cada diez solicitantes de una vivienda protegida no la piden ya en venta al no poder obtener la hipoteca
28.02.2011 -
JESÚS HINOJOSA jhinojosa@diariosur.es
MÁLAGA.

El alquiler con opción a compra gana terreno en las demandas de una VPO
La inscripción en el Registro de Demandantes de VPO puede solicitarse tanto en el IMV como en las oficinas de atención al ciudadano de los distritos ::SALVADOR SALAS
El concejal de Vivienda, Diego Maldonado, no se equivocaba hace tres meses cuando, en una entrevista concedida a este periódico (ver SUR 15/11/2010), anunciaba que la política del Ayuntamiento en materia de vivienda protegida iba a dar un giro para centrarse mayoritariamente en la tipología del alquiler o el alquiler con opción a compra.
Los últimos datos del Registro de Demandantes de VPO, una oficina del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) que canaliza todas las peticiones para acceder a una casa protegida en la capital, no dejan lugar a dudas. Ambos tipos de vivienda, las de alquiler y las de alquiler con opción a compra, son las más demandadas con un total de 762 solicitudes en el primero de los casos, y 1.259 en el segundo. Por su parte, sólo 754 personas, de las 1.488 que ya están inscritas en el registro, están dispuestas a optar a una VPO en régimen de venta. Los peticionarios pueden marcar una tipología, dos o las tres. Es decir, que siete de cada diez solicitantes apuestan por el alquiler y no quieren el régimen de venta.
«Hoy por hoy, el alquiler con opción a compra es la mejor manera de garantizar el derecho a una vivienda, por eso vamos a procurar centrarnos en este régimen en las próximas promociones que pongamos en marcha, ya que las que ya están en tramitación no se pueden variar», explicó Maldonado.
Cuenta la mitad de lo pagado
El edil subrayó que la opción a comprar la vivienda -de cuyo precio se descuenta el 50% de las mensualidades abonadas desde que se reside en la casa- es «un mixto entre compra y alquiler, por lo que abarca las dos posibilidades para familias que en las actuales condiciones del mercado no puedan hacer frente a una hipoteca bancaria, pero sí puedan asumirla dentro de unos años».
Las viviendas de alquiler con opción a compra pueden ser adquiridas por sus moradores a los diez años de ocuparlas, o a los siete, en el caso de que sean para jóvenes. En ambos supuestos, el promotor -sea una administración pública o una empresa privada-, está obligado a ofrecer a los inquilinos la posibilidad de comprar el piso pasado ese tiempo. El Ayuntamiento también puede hacerlo con todas las viviendas públicas de alquiler que gestiona, pero a los 25 años.
No obstante, la opción más demandada por las personas que ya figuran en el Registro de Demandantes de VPO no se corresponde todavía con proyectos de viviendas que puedan ser materializados a corto plazo. Y es que las casas de alquiler con opción a compra que promueve el IMV se encuentran todavía en fase de proyecto o contratación de las obras. Algunas de las primeras en ponerse en marcha serán las que el Ayuntamiento levantará en solares de la zona de la Trinidad -unas 12 repartidas en pequeñas parcelas-, y también 346 que se construirán en los terrenos que actualmente se urbanizan al oeste de la ampliación del campus de Teatinos. Estas últimas serán promovidas por la nueva Sociedad Municipal de Viviendas que creó el equipo de gobierno municipal para evitar los límites gubernamentales que le impiden contraer más préstamos para inversiones.
Con todo, Diego Maldonado aseguró que esta será también la tipología mayoritaria de las promociones previstas para los próximos años, e incluidas ya en los presupuestos del IMV para 2011. No obstante, su realización se vislumbra todavía lejana debido a que la mayor parte de ellas está supeditada al cobro del dinero de los convenios urbanísticos del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), unos pagos que las promotoras quieren aplazar porque las actuales condiciones del mercado inmobiliario no les permiten hacer frente a cantidades millonarias que se pactaron hace cuatro o cinco años, cuando todavía no se veía la crisis de cerca.
Proyectos pendientes
En esa situación se encuentran 300 casas en alquiler para jóvenes en la zona de Bizcochero (en Teatinos), otras 200 en alquiler en Hacienda Cabello, 12 también para jóvenes en Carlinda, otras 51 en el Perchel, 25 en la Trinidad y 80 junto a la urbanización Barceló, en la avenida de Europa, para la protección de mujeres que hayan sido víctimas de malos tratos. En total, 668 casas que, de no cobrarse el dinero de los convenios, tendrán que ser financiadas con otros fondos del IMV -cuestión complicada toda vez que se encuentra con la imposibilidad de contraer nuevos préstamos por los límites gubernamentales para reducir la deuda de los municipios- o asumidas por la nueva Sociedad Municipal de Viviendas.