lunes, 28 de febrero de 2011

Piden cárcel para el dueño de Mirador por quedarse el dinero de unas casas que no construyó (SUR)

Doce compradores afectados reclaman una media de 34.000 euros al propietario de este grupo y solicitan siete años de prisión
28.02.2011 -
MONTSE MARTÍN
MÁLAGA.

La Audiencia Provincial de Málaga juzgará al dueño del grupo Mirador, Enrique Faura, por un delito de apropiación indebida. El constructor está acusado de quedarse, presuntamente, con las cantidades entregadas a cuenta por los compradores de unas viviendas en Vélez-Málaga que no llegó a edificar. El fiscal solicita una pena de siete años de cárcel para el promotor y para su hermano, como apoderado de la empresa, que también está procesado. La acusación particular eleva a ocho la pena de prisión.

Enrique y Leopoldo Faura, como administrador único y apoderado, respectivamente, vendieron durante los años 2004 y 2005 en la promoción Mirador de la Fortaleza, en Vélez-Málaga, una docena de viviendas y aparcamientos, sin afianzar las cantidades entregadas a cuenta por los compradores como obliga la ley. Las obras de la promoción no llegaron a comenzar y solo se ejecutaron tareas de limpieza y allanamiento del terreno.
Sus responsables no pidieron siquiera la correspondiente licencia de edificación. En noviembre de 2008 los acusados vendieron las fincas sobre las que se habían proyectado las viviendas sin devolver las cantidades entregas a cuenta por los compradores, que suman en total más de 400.000 euros. En este caso hay doce personas afectadas que entregaron una media de 34.000 euros. El Ministerio Público considera a los acusados responsables de un delito continuado de apropiación indebida.

Pagarés impagados
Los compradores intentaron por todos los medios recuperar el dinero sin conseguirlo, según explica la abogada que los representa, Patricia Morales. Tres afectados lograron que los acusados se comprometieran a reintegrarles las cantidades entregadas a cuenta, pero los pagarés que les pasaron resultaron impagados.

Para la letrada esta manera de actuar «viene a confirmar la falta de escrúpulos y respeto a la ley y los derechos de los compradores de los acusados». En ese sentido afirma que «se aprovechan» de la cobertura del entramado de sociedades del grupo Mirador para «recibir y retener cantidades de particulares sin avalar ni garantizar, sin devolverlas a los compradores ni construir las viviendas».

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