martes, 13 de enero de 2009

De la Torre ve un "agravio" el traslado de la Cuenca Mediterránea (El País)

Al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), poco le importa que Manuel Chaves no haya contestado aún a su última carta, fechada el pasado diciembre. El regidor recurrió de nuevo ayer a su género favorito, el epistolar, para reprochar al presidente de la Junta "el agravio a Málaga" que, en su opinión, supone la supresión de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA), con sede en la capital malagueña, y el traslado a Sevilla de las competencias sobre la política hidráulica de la antigua Confederación Hidrográfica del Sur.

La polémica surgió la semana pasada cuando el todavía director gerente de la CMA, el socialista Antonio Rodríguez Leal, anunció la supresión del organismo y criticó la "centralización" de la gestión en la Agencia Andaluza del Agua, en Sevilla. Este anuncio, unido al debate sobre la hipotética sede de la caja única, ha reavivado en Málaga el sentimiento -siempre latente- de agravio hacia la capital de Andalucía.

Para De la Torre, el traslado de las competencias de la CMA es "un error político tremendo y un distanciamiento de la gente de Málaga con respecto a la autonomía andaluza". El alcalde malagueño alabó "la libertad de expresión" que ha demostrado Rodríguez Leal, quien ha rechazado un puesto de director general en el futuro organigrama hidráulico y regresará a su puesto de funcionario en Fuengirola.

Mientras tanto, el secretario general del PSOE malagueño, Miguel Angel Heredia, contradijo a Rodríguez Leal y aseguró que el Distrito Hidrográfico del Mediterráneo, nuevo nombre de la sentenciada CMA, conservará sus competencias, sede y empleo

Los parques naturales dejarán pequeñas edificaciones sin licencia ambiental (El País)

Medio Ambiente reducirá a la mitad el papeleo en los espacios protegidos

La Consejería de Medio Ambiente quiere acortar los trámites para determinadas intervenciones privadas en los parques naturales. Los propietarios de las fincas ubicadas en los espacios protegidos podrán llevar a cabo algunas actuaciones sin que se les tenga que conceder una compleja autorización medioambiental como hasta ahora. "Sólo se deberá comunicar la actuación", señala el viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez. Dentro de esta nueva figura se incluirán las construcciones de cabañas de aperos de labranza de hasta 40 metros cuadrados en fincas de más de dos hectáreas de superficie, que se podrán levantar sin que Medio Ambiente realice un informe vinculante como en este momento.

Se podrán levantar sin autorización ambiental obras de hasta 40 metros
El departamento que dirige Cinta Castillo está preparando el borrador del decreto que modificará los trámites medioambientales que se deben seguir en los espacios protegidos. Según el viceconsejero, el texto estará aprobado en el primer semestre de 2009. Todas las intervenciones que se quieran llevar a cabo en los parques ahora requieren un informe de la Consejería de Medio Ambiente, además de la necesaria licencia municipal.

El nuevo decreto incluirá dos nuevas figuras para aligerar la burocracia en estas zonas. Determinadas actuaciones -como la construcción de casas de aperos, la instalación de cercados, el arreglo de caminos o las obras de conservación de infraestructuras- sólo tendrán que ser comunicadas a Medio Ambiente. "Los 1.200 agentes se encargarán luego de inspeccionar las obras", señala Jiménez. Lo que se creará serán unos "reglamentos genéricos" a los que los propietarios se tendrán que ajustar a la hora de llevar a cabo esas actuaciones, con lo que se elimina el visto bueno de Medio Ambiente.

La segunda figura que se incluirá en el nuevo decreto será la respuesta en 72 horas, por la que la Consejería de Medio Ambiente se compromete a tener lista una resolución favorable o negativa en el plazo de tres días. Se trataría de actuaciones relacionadas con los usos públicos como los cinegéticos, la utilización de senderos o la práctica de determinados deportes de naturaleza. El resto de grandes intervenciones -como la construcción de una nueva vivienda- tendrán que seguir como hasta ahora los trámites fijados. "Estas medidas no supondrán una rebaja del nivel de protección", sostiene Jiménez.

La Junta también pretende simplificar los trámites para aquellas actividades que se puedan ver afectadas por varias normativas, como las relacionadas con los aprovechamientos forestales. Se eliminarán las duplicidades y se reducirán a la mitad los trámites y procedimientos en los espacios protegidos, que se quedarán en medio centenar para las actividades más comunes, según la consejería.

Lo que busca Medio Ambiente es "quitar las trabas" y que los habitantes de los parques naturales "se sientan cómplices" y "no sea un suplicio su relación con la Administración". Algunos alcaldes del parque natural de los Alcornocales se quejaron hace unos meses por las trabas que la burocracia ponía al desarrollo económico de esta zona. La Junta de Andalucía se comprometió entonces a modificar y aunar las normas que se aplican en los espacios protegidos para ganar agilidad.

Esta modificación de los trámites en los parques naturales se inscribe dentro de la estrategia de agilización general de todos los procesos ambientales que está llevando a cabo la Junta. Cinta Castillo pretende reducir un 85% los trámites de su consejería. Actualmente existen 789 procedimientos medioambientales distintos. Cuando se remate este proceso se quedarán en sólo unos 130, según informa Jiménez.

Impagados de Aifos, Dico, DHO y Obrum solicitan sendos concursos de acreedores (El Mundo)


Aifos, una de las primeras promotoras andalucías, es a su vez acreedor de Tremón
El concurso necesario difiere del voluntario en la garantía de cobro de los acreedores
Numerosos proveedores han solicitado concurso necesario de acreedores para la inmobiliaria Aifos y las constructoras Dico Obras y Construcciones, DHO Infraestructuras y Obrum, tras acumular varios meses de impagos por parte de estas firmas, según Iure Abogados, el despacho que representa a los demandantes.
En el caso de Aifos, el concurso se ha instado ante el Juzgado de lo Mercantil de Málaga y se solicita semanas después de que el juez no admitiera a trámite otra demanda de insolvencia anterior, también interpuesta por un proveedor.
Si el juzgado admitiera esta segunda demanda (presentada por un acreedor al que la inmobiliaria adeuda unos 500.000 euros), la eventual suspensión de pagos de Aifos sería así una de las mayores del sector en España, junto a las declaradas en Martinsa Fadesa, Habitat y Tremón.
Se da la circunstancia de que Aifos es a su vez acreedor de Tremón. Esta última inmobiliaria en concurso compró hace unos años a Aifos unos suelos en la Costa de Sol. La operación se pagó una parte en efectivo, otra con subrogación hipotecaria y una tercera mediante la entrega de pagarés.
Aifos, una de las primeras promotoras de Andalucía, es propiedad de Jesús Ruiz Casado, uno de los imputados por la 'Operación Malaya' que investiga una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.
Constructoras
En cuanto a las constructoras, la solicitud de concurso necesario se ha presentado en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, según las mismas fuentes.
En el caso de Dico Obras y Construcciones, la solicitud de concurso ha sido presentada por varios proveedores a los que la firma adeuda, en algunos casos, hasta más de 400.000 euros, lo mismo que DHO, donde hay acreedores con facturas sin pagar por más de 100.000 euros.
Respecto a Obrum, la solicitud proviene de dos proveedores impagados, a unos de los cuales adeuda unos 40.000 euros.
El concurso necesario de acreedores (aquel que solicita un acreedor impagado) presenta, según la ley, mayores garantías para los acreedores y más dificultades para la sociedad concursada. Una de las diferencias con el concurso voluntario es que los acreedores instantes del procedimiento (quienes lo solicitan al juez) tienen un privilegio de cobro del 25% de su crédito.

La Costa del Sol ya no tiene tirón (El Mundo)

La crisis y la falta de compradores provoca el parón del sector inmobiliario malagueño
En 2008, descendió un 50% el número de proyectos visados en la provincia andaluza

Durante años, la Costa del Sol encarnó la versión española del paraíso vacacional de Miami, un vergel inmobiliario donde el sector crecía sin freno. A lo largo del año pasado, la crisis se ha instalado firme y progresivamente hasta casi paralizar el sector por completo.

La corrupción en los municipios de Marbella y Estepona, la desaparición de los turistas británicos y alemanes y, finalmente, la crisis financiera mundial han acabado con el esplendor constructor del litoral malagueño que, no obstante, mantiene las esperanzas de recuperarse a medio plazo.

Sin duda, habrá que esperar para ver de nuevo las grúas en la costa malagueña, puesto que en 2008 el número de viviendas visadas, que indica el volumen de actividad constructiva para los próximos meses, descendió un 51,4% con respecto a los datos de 2007.

El bajón es aún más grande en la Costa del Sol, un 60% menos que hace dos años, según los datos del Colegio de Arquitectos de Málaga. El municipio de Mijas, por ejemplo, registra una bajada del 81%, aunque Marbella, aún sufriendo los vapuleos derivados de la corrupción, no sólo ha caído un 27%.

Estas cifras sólo reflejan una realidad: no se visan nuevos proyectos porque no se venden los que ya están terminados. Según el presidente del Colegio Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Cayetano Rengel, quedan unas 25.000 viviendas en 'stock' en la provincia de Málaga, sobre todo, en el segmento de segunda residencia.

"No hay ventas porque se ha actuado con irresponsabilidad y la gente no se fía", asegura Rengel, refiriéndose a la huida de los compradores europeos tras los casos de corrupción y los anuncios por parte de las administraciones de que se iban a demoler las viviendas ilegales de la zona. A esto, según el presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, hay que unir la crisis económica.

"A la falta de compradores que llevábamos notando desde hace dos años se le ha unido la crisis financiera que ha terminado por hundir el sector", comenta Arranz, quien cree que las entidades financieras deben volver a aportar liquidez a promotores y clientes.

Según explica, aunque el mercado de viviendas de alto 'standing' parece mantenerse a flote, "no es algo significativo, porque vendiendo una villa de 10 millones de euros no se arregla el sector".

Este empresario también afirma que los promotores están inmersos en una búsqueda de nuevos inversores, sobre todo en Rusia y los Emiratos Árabes, ya que a los europeos la crisis también les afecta. Sin embargo, los resultados de esta búsqueda en el extranjero aún tardarán en verse.

"A estos nuevos financieros no se les puede ofrecer apartamentos y golf, hay que crear productos novedosos y grandes proyectos", indica Arranz, quien considera que esta crisis debe servir para "revolucionar" el mundo inmobiliario.

No obstante, el decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Francisco San Martín, cree que una de las claves para atraer capital es la bajada de los precios del suelo. "Los propietarios de los terrenos deben empezar a pensar que ya no es posible pagar los precios que se han estado ofertando hasta ahora", destaca. San Martín añade que los pronósticos para 2009 son muy negativos aunque todo puede cambiar si las administraciones ponen medidas que amortigüen la crisis.

El alcalde de Antequera afirma que el PGOU estará "listo" dentro de diez días (Málaga Hoy)

El documento dibuja un parque comercial en primera línea para empresas con escaparate

El Ayuntamiento de Antequera ambiciona por conseguir la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) antes de que finalice el mes de febrero. Y así lo hará aunque tenga que celebrar un pleno extraordinario si no estuviese listo para el pleno ordinario de febrero. Así lo dejó claro el alcalde de Antequera, Ricardo Millán, quien afirmó que tendrán "listo" el documento para dentro de diez días. "Conocemos las rectificaciones que hay que incorporar al documento para la aprobación inicial y éstas se realizarán esta semana", apuntó el primer edil.

De esta forma, Millán señaló que el Ayuntamiento sigue con los plazos previstos y "en 10 días tendremos el documento básico para dárselo a los grupos de la oposición para que puedan ver las modificaciones que se han hecho". El siguiente paso será la exposición pública durante un mes debido a los cambios en determinadas zonas que tienen que permitir las nuevas alegaciones, y luego la resolución de alegaciones, y remisión de las mismas a la delegación de provincial de Málaga de Ordenación y Territorio para que se apruebe definitivamente.

Entre los cambios que se han llevado a cabo en el plan, destaca la creación de una línea de suelo urbano comercial en la zona de El Romeral, puesto que en el antiguo documento estaba previsto un número de viviendas que han desaparecido tras adaptar el PGOU al informe de incidencia territorial. El resto de suelo quedará como no sectorizado para uso residencial y zonas verdes.

El regidor explicó que la nueva área comercial estará dedicada a empresas con escaparate como concesionarios de vehículos o sanitarios. Este nuevo parque ocupará la primera línea de los terrenos e irá frente al parque empresarial Negocity desde el centro de Alzheimer hasta la última rotonda dirección a Málaga.

Ávila Rojas presenta un expediente de demolición de una estructura. Marbella (Málaga Hoy)

El promotor inmobiliario se encuentra actualmente procesado en el caso Malaya

El promotor inmobiliario José Ávila Rojas, procesado por el caso Malaya, ha presentado el expediente de demolición de una estructura levantada en Río Real, en Las Chapas, situada en la localidad malagueña de Marbella, que se encuentra en situación irregular.

Del mismo modo, la promotora Provasi ha hecho lo propio con otra edificación situada en la zona de Lindavista Alta, en la localidad de San Pedro Alcántara, según ha explicado a Efe el portavoz del Ejecutivo local del Ayuntamiento marbellí, Félix Romero.

El Ayuntamiento de Marbella acordó el pasado 9 de septiembre en Junta de Gobierno Local la demolición de sendas estructuras, que no están habitadas, tal y como ya explicó la alcaldesa, Ángeles Muñoz. Romero, que ha recordado que las órdenes de demolición fueron fruto de dos procedimientos disciplinarios del Consistorio, ha concretado que en el caso de la promotora de Ávila Rojas, Naviro Inmobiliaria SL, el expediente para la demolición se presentó a finales de diciembre pasado.

Las obras de San Telmo no se inician pese a la primera piedra (La Opinión)

La rehabilitación del acueducto de San Telmo sigue acumulando retrasos a pesar de que hace seis años el Ayuntamiento se comprometió a su arreglo y a pesar de que hace dos meses el alcalde puso la primera piedra de la esperada obra de reforma.
Dicha primera piedra para la reforma del Puente Quintana, el mayor del acueducto, fue colocada el pasado 22 de noviembre por el alcalde, pero desde entonces no se ha puesto ninguna más, de manera inexplicable.
Este retraso menor se une al más considerable que acumula el acueducto desde el año 2003. Entonces el Ayuntamiento de Málaga comprometió 601.000 euros en sus presupuestos para financiar las obras de rehabilitación del acueducto.
Las obras no se iniciaron, ni tampoco en los años sucesivos en los que el Ayuntamiento siguió aprobando la misma cantidad junto al compromiso incumplido de inicio de las obras.

Actuaciones. Las obras que deberían haber comenzado en noviembre habían sido adjudicadas meses antes a un consorcio de empresas formado por Coroyfer, Sondeos, Inyecciones y Trabajos Especiales por un importe de 665.644 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.
El proyecto consiste esencialmente en tareas de adecentamiento y reforma del Puente Quintana el de mayor longitud del acueducto y el mas representativo, con 180 metros de largo y 13 ojos. De manera más concreta, los trabajos tienen el objetivo de frenar el empuje del terreno sobre los pilares del puente mediante una pantalla de hormigón armado; la estabilización de las condiciones hidrológicas subterráneas mediante un drenaje; la eliminación del actual apuntalamiento, y la creación de aceras a ambos lados del puente.
Para la consolidación del puente, se proyecta la limpieza y erradicación de la vegetación que de manera parasitaria ha arraigado en los pilares, la eliminación de morteros no originales, así como la consolidación de los revestimientos y mampostería.
El grupo socialista ya ha reiterado su malestar por este nuevo retraso que se suma al acumulado en los últimos años. Los socialistas, según señaló su concejal Sergio Brenes, han venido presentando varias iniciativas plenarias para "obtener el compromiso del inicio de las obras, el último fue una moción aprobada en el pleno de julio último que instaba al comienzo de las obras a la mayor urgencia".
Los socialistas se quejan además de que las obras, si finalmente se inician, no contemplan actuaciones de mejora del entorno como la creación de una zona verde, parques infantiles y acabar con el "aspecto degradado de la zona" que está totalmente incluida en el tejido urbano al encontrarse junto al instituto de bachillerato Martín de Aldehuela.

UPyD presenta alegaciones al convenio con la familia real saudí. Estepona (SUR)

La agrupación de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Estepona presentó ayer alegaciones al convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento y una empresa vinculada con la Casa Real Saudí, que permitirá construir 1.400 viviendas de lujo en la zona de El Paraíso. UPyD establece que, según las certificaciones registrales, el promotor privado "aporta 497.595 metros cuadrados, a diferencia de los 590.625 metros cuadrados, propuestos por el propio promotor privado", por lo que la citada formación solicita que se aclaren cuáles son las superficies cedidas por la empresa.
Así, afirmaron desde la agrupación local, "mientras que en el primer caso, el promotor dispone de 165.375 metros cuadrados, en el segundo caso tiene un total de 139.236, lo que supone una diferencia a favor del promotor de 26.048 metros cuadrados, algo que, traducido a euros, podría llegar a cifras verdaderamente importantes, siempre a favor de la iniciativa privada".
Por otro lado, desde la formación política manifestaron que "se echa de menos en el convenio la aplicación de un régimen sancionador serio y severo, en el caso de que el promotor incumpla con sus compromisos".
Asimismo denuncian que no se ha cuantificado el aval bancario que tendría que depositar la empresa, y que cobraría el Ayuntamiento, si la empresa incumple el convenio. Desde UPyD también criticaron que no se haya detallado el número de VPO que se construirán.

Proyectan una franja de industrias escaparates frente a Negocity. Antequera (SUR)

La carretera de entrada a la ciudad por la A-45 se convertirá en una avenida comercial

EL ROMERAL
PGOU inicial: Se fijó un crecimiento en la zona de El Romeral, llamado Ensanche Este, con 914 viviendas (304.856 metros cuadrados) para construir en suelo sectorizado.
PGOU provisional: El Ayuntamiento tiene que eliminar 930 viviendas del PGOU para adaptarse al POTA por lo que propone a los propietarios de El Romeral distribuir el suelo en tres usos: industrial, verde y residencial. Para cumplir con el informe de Incidencia Territorial que la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía ha realizado sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el Ayuntamiento de Antequera deberá eliminar aproximadamente 930 viviendas de las 7.161 que se preveían en suelo urbanizable, tanto ordenado, como sectorizado y no consolidado en el documento que fue aprobado de forma inicial.
Una de las soluciones más efectivas que ha planteado el equipo de gobierno pasaría por eliminar la zona de crecimiento residencia que se estableció en El Romeral, donde se reservaron 304.856 metros cuadrados de suelo sectorizado para edificar 914 viviendas. El alcalde de Antequera, Ricardo Millán (PSOE), explicó ayer que se ha propuesto a los propietarios del suelo, y que estos inicialmente habrían aceptado, cambiar parte del uso del terreno, dejando así una primera franja industrial a los pies de la carretera del Parque Empresarial, que recientemente se ha desdoblado, y una segunda franja de zona verde, mientras que en la parte más alta de los terrenos se establecería una zona residencial que aparecería en el PGOU como no sectorizada.
El primer edil argumentó que aún están por definirse los metros cuadrados que ocuparía esa primera franja que se destinaría a la construcción de industrias escaparate, aprovechando que en los terrenos de enfrente se está desarrollando Negocity, la segunda fase del Parque Empresarial de Antequera en la que se proyecta edificar un gran parque comercial de medianas superficies. De esta manera, la carretera de entrada a la ciudad desde la A-45 quedaría como una especie de avenida comercial que atravesaría primero la zona del parque empresarial y de estas industrias escaparate y posteriormente la zona del polígono, cuya comunidad de propietario estudia convertirlo en un área comercial abierta de grandes dimensiones para atraer a clientes de toda Andalucía.
Aprobación del PGOU
Tras la franja industrial se habilitaría una zona verde y, algo más alejada, se construiría la zona residencial, que estaría en altura aprovechando el desnivel del suelo. Esta nueva estructuración de la zona de El Romeral se recogerá en el PGOU durante estos días, fechas en las que también se están incorporando las recomendaciones de la Junta de Andalucía en materia de Medio Ambiente y Agua a la espera de que los informes de las consejerías competentes lleguen en esta semana.
La intención del alcalde de Antequera es que todas las modificaciones se realicen en los próximos días para tener un documento definitivo que se entregaría a los miembros de la oposición dentro de unos doce días aproximadamente. De cumplirse esto, el nuevo PGOU se llevaría al pleno ordinario de febrero para su aprobación provisional, aunque también se podría celebrar una sesión extraordinaria si hubiese algún retraso. Tras obtener el visto bueno del pleno, el documento estará en exposición pública durante un mes para que se pueda alegar sólo sobre las modificaciones realizadas con respecto al PGOU inicial.

La Junta alega que la adaptación del PGOU no puede incluir la ampliación del puerto. Vélez-Málaga (SUR)

La modificación del plan vigente podría retrasar la obra proyectada en el recinto portuario

La ampliación del puerto de Caleta de Vélez, valorada en más de 50 millones de euros, no podrá ser incluida en la adaptación del PGOU del municipio a la Ley de Suelo de Andalucía (LOUA). Al menos, así se desprende de la alegación presentada por la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio al documento de adaptación tramitado por el anterior gobierno del Ayuntamiento veleño, formado por PP y PA.
La alegación significa, según el actual edil de Urbanismo y portavoz de IU, Salvador Marín, que la actuación proyectada por la Empresa Publica de Puertos de Andalucía (EPPA) en Caleta deberá esperar necesariamente a la modificación del PGOU vigente de 1996.
Marín acusó ayer en rueda de prensa a PP y PA de «intentar colar en el expediente de adaptación la ampliación del puerto de Caleta de Vélez ocultándolo a la corporación. Mi grupo apoyó la adaptación, pero me habían asegurado que no se realizaba ninguna modificación», dijo.
El edil restó importancia al posible retraso que la modificación del PGOU puede representar para la realización del proyecto de ampliación del puerto, al asegurar que ello posibilitará que el Ayuntamiento pueda negociar con la EPPA la cesión de equipamientos al Consistorio. La Junta anunció en noviembre pasado su intención de licitar las obras en 2009.
Balance
Marín realizó estas declaraciones con motivo del balance de los 80 primeros días de gobierno en el Ayuntamiento ofrecido por el tripartito (PSOE, IU y GIPMTM), comparecencia a la que acudió junto con la alcaldesa, Salomé Arroyo y el edil torreño Manuel Rincón.
La regidora acusó al ex alcalde popular, Francisco Delgado, de haber hecho nada mientras estuvo en el gobierno municipal. «Presentaba tres dibujos y tres planos, decía que iba a hacer esto y lo otro y la realidad es que no ha hecho nada», declaró.
Arroyo acusó asimismo a Delegado de «haber vendido humo» en temas como el plan de aparcamientos, no haber avanzado en los proyectos del FOMIT y llevar a la ruina a la empresa municipal Emvipsa. «La dejamos con un superávit de un millón de euros y la hemos encontrado con una deuda de casi cuatro millones», manifestó.
En este sentido, Marín anunció la creación de una sociedad de servicios dentro de la empresa municipal de la Vivienda, Infraestructuras y Promoción de Vélez para no poner en peligro la estabilidad de Emvipsa. La nueva empresa se hará cargo del personal de servicios como el antiguo Patronato de Servicios Sociales y los monitores deportivos.
El teniente de alcalde de Torre del Mar, Manuel Rincón, aprovechó su intervención para reclamar una mayor esfuerzo por parte del equipo de gobierno y los funcionarios municipales para avanzar en la descentralización administrativa, dotando de más competencias a las tenencias de alcaldía.
Asimismo, anunció como edil de Participación Ciudadana la creación de un Consejo Municipal de Nacionalidades para mejorar la atención a los residentes.

Alejandro de Luna Oliver, abogado: «El PGOU supondrá una normalización del tema urbanístico». Marbella (SUR)

Alejandro de Luna es nieto de Luis Oliver, uno de los notarios más relevantes y respetados de Marbella. Este hecho hizo que, desde muy joven, De Luna supiera que su vida estaría ligada al Derecho. Ahora trabaja en su propio despacho junto a su hermana María.
Supongo que llevar el apellido Oliver en Marbella es una gran responsabilidad...
Por supuesto. Mi abuelo Luis fue una persona que hizo mucho por Marbella y fue muy querido, no sólo por su profesión de notario, que no eran muchos en los 50 cuando comenzó, sino también por su forma de ser. Por su notaría pasaron las grandes personalidades del momento. Es un orgullo y una responsabilidad llevar ese apellido.
¿Supo desde pequeño que lo suyo iba a ser la abogacía?
Desde bastante temprano me llamó la atención esta profesión. Estudié en un colegio alemán, junto a mi hermana María, para aprender idiomas. Después tuvimos un curso de Derecho en Alemania. Más tarde estudiamos en Granada y Madrid. Y ahora nuestras aspiraciones están viéndose realizadas.
¿Cree que con la aprobación del PGOU volverá la normalidad urbanística a la ciudad?
Sin lugar a dudas, el PGOU supone un paso adelante en la normalización del tema urbanístico en Marbella, puesto que ahora mismo sigue existiendo una inseguridad urbanística muy importante.
¿Qué opina de la situación que viven los compradores de buena fe que todavía no saben qué va a pasar con sus propiedades inmobiliarias?
Yo entiendo que no se puede cargar con lo que ha pasado en Marbella a los particulares que compraron su vivienda con unas licencias de obras y primera ocupación otorgadas por el Consistorio.

El Consistorio denuncia el retraso en resolver las ayudas para rehabilitar casas. Marbella (SUR)


La Delegación Municipal de Bienestar Social ha salido al paso de las críticas de los socialistas respecto a su esfuerzo presupuestario en política social. En un comunicado, la concejala del ramo, Mariana Álvarez, asegura que el Ayuntamiento solicitó que Marbella se incluyera en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012. En este sentido, lamentó el retraso por parte de la Junta en resolver estas ayudas destinadas a familias con menor poder adquisitivo. Álvarez indicó que el año pasado, se registraron 18 solicitudes para remozar inmuebles que «aún no han recibido respuesta alguna de la Junta». «En 2007, de las 21, tan sólo se han aprobado 13 subvenciones que aún no han recibido los beneficiarios», abundó.

Cilniana reclama que se respete la herencia arquitectónica del Trapiche. Marbella (SUR)

Esta entidad cultural quiere que se preserve este inmueble, que acogerá un geriátrico

PROYECTO MUNICIPAL
Primer geriátrico público
Ubicación: En la finca del Trapiche del Prado, ubicada en la zona norte de Marbella.
Uso: Residencia con capacidad para 150 plazas y un centro de día. El reciente anuncio por parte del equipo de gobierno municipal de que en un mes quedará finalmente desbloqueado el proyecto de construcción del primer geriátrico público de la ciudad en el Trapiche del Prado no ha dejado indiferente a la Asociación Cilniana, que ha exigido que se respete la singularidad de este señero edificio. Desde este colectivo en defensa del patrimonio histórico local, denuncian que llevan desde hace cuatro meses esperando a que el Ayuntamiento le remita información sobre este proyecto, antes de que arranquen los trabajos, «teniendo en cuenta la singularidad del enclave así como su relevancia como edificio estrechamente vinculado a la economía marbellí durante un dilatado período de su historia», según consta en el penúltimo escrito de 27 de septiembre pasado.
Nueva petición
Ayer, después de conocerse el ultimátum del Ayuntamiento a la veintena de cocheros de caballo para que en un mes desalojen la finca donde se proyecta la residencia de mayores, Cilniana presentó uno nuevo por registro de entrada para comprobar si, pese a las obras previstas a las que no se oponen, se respetarán las edificaciones históricas del Trapiche y también para conocer si se realizará un estudio arqueológico de la zona o si se contempla la posibilidad de mantener intacta la infraestructura del conjunto industrial formada por las acequias, los canales, los arcos o las fuentes, entre otros elementos.
Urbaneja recuerda al equipo de gobierno que este conjunto de edificios está protegido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, donde aparece calificado como edificación de interés por lo que, según explica Cilniana, se prohíbe su demolición total o parcial. Además, destaca, que para las posibles actuaciones se requiere de la preceptiva autorización de la Consejería andaluza de Cultura. Desde esta entidad cultural consideran compatible el uso social con la conservación tipológica del edificio histórico y sus estructuras auxiliares, así como de los canales, arcos, fuentes y pilas de agua de los que antaño se servía el trapiche.

Endesa recibe suelo para realizar una estación eléctrica junto a la Ciudad de la Justicia (SUR)

El consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo que se celebra el próximo jueves aprobará una permuta de terrenos que permitirá a Endesa construir una subestación eléctrica en unos terrenos situados entre la Ciudad de la Justicia y la autovía de Campanillas. A cambio, el Ayuntamiento obtendrá un suelo ubicado en las proximidades del Palacio de Ferias y Congresos.
Asimismo, el consejo tiene previsto dar luz verde a un convenio urbanístico que permitirá a la empresa Caterpillar reformar sus instalaciones en la finca La Candelaria. A cambio, financiará un proyecto para crear una zona ajardinada en el entorno del centro de salud de Santa Rosalía.
Por otro lado, también autorizará un proyecto de Emasa para poner en marcha el tratamiento terciario de las aguas depuradas en la planta del Guadalhorce, lo que permitirá obtener un caudal de 400 litros por segundo que, en parte, se usará para regar campos de golf.

Urbanismo proyecta nuevos accesos al Palacio de Ferias por el norte y el sur (SUR)

El Ayuntamiento quiere poner en marcha este año nuevos accesos para el Palacio de Ferias de la ciudad que eviten pasar por el recinto ferial de Cortijo de Torres para acceder a sus instalaciones. Así, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha adjudicado al estudio de arquitectura de Ángel Asenjo y a la empresa Esteyco la redacción de los proyectos para los accesos sur y norte, respectivamente, por un importe global de 67.830 euros.
El acceso sur supondrá la creación de un bulevar y una glorieta alargada en el eje del camino de San Rafael que penetra hacia el real de la feria, donde se instala la portada efímera cada mes de agosto. De esa glorieta partirán viales hacia la zona de aparcamientos del Palacio y hacia su entrada principal. Además, estará conectada con un nuevo enlace procedente de la ronda oeste.
El acceso norte será una rotonda en la avenida de Ortega y Gasset. Ambas obras están presupuestadas en 3,2 y 1,6 millones, respectivamente.

La obra pública da un balón de oxígeno frente a la destrucción de empleo (SUR)

Los proyectos en ejecución por parte del Gobierno y la Junta crean 20.000 puestos de trabajo El aeropuerto es la principal infraestructura, con 2.300 profesionales implicados

FUENTES DE EMPLEO
Principales proyectos de obras públicas en la provincia:
Dependientes del Gobierno
Aeropuerto: Actualmente da trabajo a 2.300 personas. A partir de mediados de año, cuando concluya la nueva terminal, seguirán trabajando unos 1.500 profesionales en la segunda pista. También se trabaja en el acceso Sur a las terminales (desde la A-7) y en el soterramiento del tren de cercanías. Tendrá carga de trabajo hasta finales de 2010.
Segunda Ronda: Da empleo a un millar de personas hasta el 31 de diciembre de este año.
Autopista de Las Pedrizas: Emplea a un millar de personas. Finalizará el 31 de diciembre.
Otros proyectos en ejecución: Línea de alta velocidad Bobadilla-Granada; soterramiento del Cercanías y ampliación de la conexión entre la estación de Renfe y Correos; soterramiento de la travesía de San Pedro Alcántara; conducción de agua Aljaima-Atabal; estabilización de la playa de La Caleta; tercer carril de la Ronda Este.
Otros proyectos pendientes de inicio: Desaladora de Mijas y nueva cárcel en Archidona, entre otros.
Dependientes de la Junta
Metro: Genera un millar de puestos de trabajo. La línea 2 será la primera en terminar, a mediados del año que viene.
Otros proyectos en ejecución: Corredor de alta velocidad entre Málaga y Sevilla; extensión de la autovía del Guadalhorce (A-357).
Otros proyectos pendientes de inicio: Vial distribuidor del Guadalhorce (arrancará en el plazo de tres meses); mejora de los accesos en municipios como Ronda, Coín y Arriate. Generará 1.500 empleos directos y 1.150 indirectos.Son una necesidad social, por cuanto las nuevas carreteras, conexiones ferroviarias y aéreas contribuirán a mejorar la calidad de vida y la capacidad productiva de la provincia. Pero, en este momento de la historia, se han convertido además en un balón de oxígeno para el empleo, especialmente en el sector de la construcción, del que depende buena parte de la economía malagueña. Las obras públicas son el clavo ardiendo al que se aferran miles de profesionales frente al abismo del paro, al que ya se han precipitado 138.571 malagueños, según el último informe del Ministerio de Trabajo.
Sólo cuatro de los proyectos que están actualmente en ejecución -la Segunda Ronda, la autopista de Las Pedrizas, la ampliación del aeropuerto y el metro- tienen en plantilla a unos cinco mil trabajadores, y si se suman todas las iniciativas en marcha en la provincia el volumen ascendería a más de 20.000.
El Ministerio de Fomento es el responsable de la mayoría de las grandes obras en ejecución. La Hiperronda y la nueva autopista AP-46 (esta en forma de concesión privada) supondrán carga de trabajo al menos hasta el 31 de diciembre de este año, cuando el Gobierno y las empresas concesionarias se han comprometido a ponerlas en servicio.
Los trabajos de ampliación del aeropuerto son el mayor motor de empleo de la provincia, y actualmente ocupan a 2.300 personas (en algunos momentos se han rozado los 3.000). Esta cifra se mantendrá hasta que concluya la nueva terminal, algo que ocurrirá a mediados de este año.
El seguro del aeropuerto
A partir de este momento, se seguirá actuando en la segunda pista de despegue y aterrizaje y en los accesos, lo que requerirá el esfuerzo de unos 1.500 profesionales. El campo de vuelos se mantendrá en ejecución al menos hasta finales de 2010.
Otro proyecto vinculado al anterior es el soterramiento y ampliación de las líneas del tren de cercanías desde el polígono Guadalhorce hasta el aeródromo, que también está en ejecución. Y aún cabe uno más, sobre el que también se trabaja, como es el acceso Sur a las terminales, esto es, la conexión directa desde la A-7.
Otra iniciativa de Fomento, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), es el soterramiento de las líneas del Cercanías en el acceso a la capital y la ampliación del túnel desde la estación de Renfe hasta el apeadero de Correos, que mantendrá a un buen número de empleados en activo hasta el próximo mes de julio, cuando se prevé su conclusión.
Aunque estas son las más llamativas, de los Presupuestos Generales del Estado también dependen otras infraestructuras clave que ya están en ejecución, como son la conexión de alta velocidad entre Málaga y Granada, la ampliación a tres carriles de la Ronda Este, el soterramiento de la travesía de San Pedro Alcántara, la estabilización de la playa de La Caleta (dependiente de Costas) y la conducción Aljaima-Atabal (que impulsa la sociedad estatal Acuamed).
Al margen del plan de inversiones municipales contra la crisis, Madrid aportará a la provincia este año 1.100 millones de euros, de los que 870 millones corresponden a inversiones de Fomento, lo que supondrá el mayor despliegue de medios técnicos y humanos de la historia de la provincia.
Mano de obra en el metro
A mediados de año la desaladora de Mijas tomará el relevo de los proyectos finalizados. Lo ejecutará Acuamed y es una obra fundamental para garantizar el abastecimiento de agua potable a la Costa del Sol en épocas de sequía.
A la Junta de Andalucía le corresponde otro proyecto clave para la capital y una de las mayores fuentes de empleo, presente y futuro. Los tramos en ejecución de las líneas 1 y 2 del metro y los que comenzarán a finales de este mes supondrán carga de trabajo para un millar de personas al menos hasta 2010.
Además, la Consejería de Obras Públicas ha comprometido en sus presupuestos para este año iniciativas que darán trabajo a 1.500 personas de forma directa y a 1.150 de forma indirecta, como expuso la delegada en Málaga, Dolores Fernández. Ello permitirá continuar con el avance del corredor directo de alta velocidad entre Málaga y Sevilla e iniciar el vial distribuidor, que articulará el tráfico de la capital a través del Bajo Guadalhorce -principalmente entre la capital y Alhaurín de la Torre - y que está previsto que arranque en el plazo de tres meses.
A ello se añaden obras tales como la extensión de la autovía del Guadalhorce (A-357) y la mejora de accesos en municipios como Ronda y Coín. La inversión del Gobierno autonómico en este capítulo asciende a 154,4 millones.
Salvavidas empresarial
Y ello sin contar otro tipo de iniciativas, como la promoción de viviendas protegidas, que está llamada a paliar la caida en la construcción de las de renta libre.
El testimonio más ilustrativo de la actual coyuntura económica es el del secretario general de la Asociación de Empresarios de Transportes y Maquinaria Auxiliar, que agrupa a unas 350 sociedades de la provincia especializadas en movimiento de tierras. Para Juan Jesús Sánchez, la gran mayoría de la actividad de sus asociados se debe a las obras de infraestructuras. «La obra privada está estancada, las empresas viven gracias a la obra pública», expone.
Según sus cálculos, unos 2.000 trabajadores tienen su puesto de trabajo sólo en los movimiento de tierras del aeropuerto y de la segunda ronda. Entre las entidades asociadas se cuentan desde sociedades con más de 250 trabajadores hasta pequeñas subcontratas.
Las principales inversiones que están pendientes en la provincia verán la luz entre este año y el próximo. A partir de entonces, la iniciativa privada tendrá que recuperar el protagonismo en la generación de empleo.