lunes, 30 de abril de 2012

Ayuntamiento rehabilitará un edificio de Cáritas, que se destinará a viviendas tuteladas para personas mayores (SUR)


El Ayuntamiento de Málaga se encargará de la rehabilitación de un edificio protegido de Cáritas Diocesana, situado en la zona de la Victoria, que se destinará a viviendas tuteladas para alojar a personas mayores, según se establece en el convenio de colaboración firmado este lunes por el alcalde, Francisco de la Torre, y el director provincial de esta entidad, Francisco José Sánchez Heras.
Así, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) se encargará de recuperar este inmueble, que fue donado por un particular a Cáritas y que se sitúa en los números 4 y 5 de la plaza Alfonso XII, junto a la iglesia de la Victoria. Por su parte, esta entidad de la Iglesia Católica se encargará del equipamiento de ocho apartamentos, en los que se alojarán 16 ancianos, y de su posterior mantenimiento.
Este convenio surgió a petición de la entidad Cáritas. Una vez estudiado y visto el inmueble, el IMV adoptó conceder una subvención por un importe de 500.000 euros entre 2012 y 2013 para ejecutar la rehabilitación de este edificio, catalogado por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) Centro como de protección arquitectónica de grado I.
Tras la firma del convenio, el Instituto Municipal de la Vivienda procederá a iniciar el trámite de contratación de las obras, estimándose que éstas puedan iniciarse en el último trimestre del año. No obstante, De la Torre ha señalado que "el ideal" sería que estuvieran acabadas para la Navidad de 2013.
El proyecto de este edificio, realizado por el arquitecto Demófilo Peláez Postigo, contempla la rehabilitación del inmueble, de tres plantas sobre rasante, con una superficie construida total de 468 metros cuadrados.
En cuanto al perfil de las personas que ocuparán estas viviendas, el director provincial de Cáritas ha explicado que serán mayores con autonomía, con recursos económicos escasos y que viven en situaciones muy precarias, no sólo por cuestiones de habitabilidad, sino también de soledad, y sin relaciones familiares o escasas.
Esta iniciativa, que tiene un antecedente en los apartamentos tutelados por Cáritas Diocesana en Tomás de Cózar, suele permitir restablecer las relaciones familiares, según ha asegurado el representante de esta organización.
El alcalde de Málaga ha destacado la colaboración que el Ayuntamiento mantiene con Cáritas a través del desarrollo de diferentes proyectos y ha recordado la partida de 250.000 euros dada en 2011 en la campaña extraordinaria impulsada por esta entidad para hacer frente a los efectos de la crisis y ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social.
En este punto, el regidor se ha comprometido a colaborar este año en esta misma línea para que "Cáritas pueda llegar más lejos y a más gente en la actual situación de crisis". "Su esfuerzo de solidaridad merece que estemos apoyando lo más que podamos", ha apuntado.

domingo, 29 de abril de 2012

Absuelven al dueño del grupo Mirador de fraude a la Seguridad Social (SUR)


La juez considera que el constructor no tuvo ánimo de engañar ni de ocultar bienes para no pagar una deuda de 2,4 millones de euros
29.04.2012 - 
MONTSE MARTÍN
 
MÁLAGA.

Absuelven al dueño del grupo Mirador de fraude a la Seguridad Social
El dueño del grupo Mirador, Enrique Faura. ::SALVADOR SALAS
La juez del Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga ha decidido absolver al constructor Enrique Faura, dueño del grupo Mirador, y a su hermano Leopoldo, apoderado de la compañía, de simular insolvencia para no pagar una deuda de 2,4 millones de euros que tenían contraída sus empresas con la Seguridad Social. En su sentencia, la magistrada considera que en la conducta de los Faura no hubo ánimo de engañar ni de ocultar bienes con el objetivo de no pagar, por lo que no se puede tipificar como delictivo su comportamiento.
Enrique y Leopoldo Faura fueron juzgados el pasado mes de febrero por delitos contra la Seguridad Social y de insolvencia punibles de los que fueron acusados por la Fiscalía de Delitos Económicos, que solicitó seis años y medio de cárcel para cada uno.
El fiscal les acusó de simular la insolvencia de tres de sus empresas para no pagar la deuda de 2.674.978 euros que contrajo Mirador entre enero 2002 y junio de 2008 con la Seguridad Social. El Ministerio Público afirmaba que pese que todas las sociedades del grupo requerían de trabajadores, éstos sólo eran contratados por cuatro empresas sin que, por regla general, ingresaran la cuotas empresariales ni obreras. Asimismo, aseguraba que «de forma intencionada », los hermanos Faura dieron de alta a los trabajadores en las sociedades con un menor capital y que carecían de patrimonio y constituyeron otra empresa ocultando que ellos eran los titulares reales haciendo figurar como socios a empleados de otras empresas de Mirador, trasvasando los trabajadores de una empresa a otra.
La sentencia recoge que Enrique Faura reconoció durante el juicio la deuda contraída con la Seguridad Social por las empresas del grupo, que fueron acumulándose, según dijo, por «tensiones de tesorería». El dueño de Mirador dijo entonces que había colaborado con la Seguridad Social logrando aplazamientos de la deuda con avales hasta que en un momento determinado se le exigieron avales totales y no pudo saldarla.
Sanción administrativa
En ese sentido, la sentencia destaca que para se pueda condenar por el delito de fraude es imprescindible probar que existió ánimo defraudatorio. «El que simplemente no paga pero ha reconocido la deuda podría cometer una infracción administrativa, pero nunca un delito», afirma, y añade que «el ordenamiento jurídico cuenta con mecanismos ordinarios para reclamar y exigir el pago de las deudas sin recurrir a la sanción penal».
La sentencia destaca, además, que «no puede concluirse que las ventas de unas parcelas fueran encaminadas a dificultar el cobro» por parte de la Seguridad Social o a constituir la sociedad obligada en insolvencia y que la justificación de todos y cada uno de los pagos que pudieron haberse realizado «no son esenciales para determinar que existe el delito de alzamiento de bienes».
El fallo judicial se basa también en las manifestaciones de funcionarios de la Seguridad Social que declararon como testigos y de exempleados del Grupo Mirador. Así sobre el trasvase de empleados en distintas sociedades del grupo, la resolución argumenta que «no se puede afirmar que se realizara para generar una defraudación a la Seguridad Social en el sentido de que se daban de alta a los trabajadores en favor de las otras sociedades del grupo, ni que se sustituyeran unas a otras en la actividad constructora». Agrega que «no existe engaño por cuanto la Tesorería de la Seguridad Social conocía la deuda por los boletines de cotización».

viernes, 27 de abril de 2012

Grupos de inversores árabes y chinos se interesan por las torres de Repsol (Málaga Hoy)

El futuro de los antiguos suelos de Repsol, actualmente en manos de Novagalicia Banco, podría estar vinculado a inversores árabes o chinos. Según pudo saber este periódico de varias fuentes consultadas, vinculadas al sector inmobiliario, esta pastilla de terreno, donde el nuevo planeamiento de la ciudad permite la ejecución de cuatro grandes torres residenciales, es objeto de interés de varios grupos empresariales, algunos de ellos de Arabia Saudí, Kuwait y China. Un objeto de deseo que, según una de las fuentes, es reciente en el tiempo. Las fuentes justificaron esta atracción en los movimientos que grupos de diversa nacionalidad están realizando por diversos puntos de la provincia buscando terrenos en el presente momento de crisis. 

Pero en el caso de la pastilla de Repsol los pasos ganan en seriedad en los últimos meses. Las fuentes informaron de la existencia de contactos de los propietarios del suelo, la entidad gallega, con un grupo kuwaití relacionados bien con la posible venta de los aprovechamientos bien con la participación de la firma privada en la actuación hoy lastrada por el escenario económico. 

Conversaciones que tocan de lleno al Ayuntamiento de Málaga, dada la existencia de un convenio firmado en marzo de 2006 por el que el Consistorio, a cambio de triplicar la edificabilidad de la parcela, obtendría 82 millones de euros, de los que sólo se han abonado hasta ahora 12 millones. Tras un largo periodo de conversaciones entre las dos partes, y dada la imposibilidad que tiene la caja gallega para hacer frente a este compromiso, el acuerdo alcanzado, pendiente aún de formalizar negro sobre blanco, supondría que los 70 millones que restan por abonar se pagarían con dos tercios de los aprovechamientos urbanísticos de la parcela y no con dinero en metálico. 

Estos son los extremos de la renegociación formulada por el Ayuntamiento y la entidad bancaria, que ahora quedan en duda ante la aparición de este grupo extranjero. El nuevo convenio está pendiente de rúbrica desde hace varias semanas, según explicó el pasado miércoles el delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, por "problemas de agenda". El responsable municipal aclaró, en ese momento, que todos los aspectos del acuerdo estaban cerrados y consensuados. 

Otra fuente consultada, si bien admitió la existencia de interés por parte de inversores extranjeros en este espacio, advirtió sobre la complejidad de dar salida a una operación de este tipo debido, justamente, al convenio que pesa sobre el mismo y que se traduce en la necesidad de hacer frente a los mencionados 70 millones de euros a abonar al Ayuntamiento. 

Sea como fuere, la realidad es que una de las operaciones estrella del planeamiento diseñado para el desarrollo de la ciudad en los próximos quince años, sigue estancada como consecuencia de la crisis, lo que deriva, a su vez, en que el Consistorio siga sin percibir las cantidades que le corresponden legalmente. Un dinero a cambio del cual la dueña de la parcela dispone de carta blanca para ejecutar 932 viviendas de renta libre, así como 399 de protección oficial. A lo que sumar más de 44.000 metros cuadrados de techo para usos terciarios y empresariales. 

Y no es el único caso, puesto que la dinámica se mantiene en términos similares en los otros dos grandes convenios urbanísticos firmados por el equipo de gobierno del PP con los promotores de los suelos de Térmica (Endesa), anclado en la vía judicial, y Martiricos (Espacio y Unicaja). 

Con estas últimas empresas, bien es cierto, se cerró a principios de año una addenda al convenio original, que data de junio de 2006, por el que la parte privada se compromete a abonar los 11,6 millones que restan del acuerdo, aunque de forma aplazada y, en buena parte (7.150.000 euros), con obras en lugar de con dinero contante y sonante. Según las cláusulas del mencionado contrato, no será hasta noviembre de 2013 cuando se produzca el primero de los abonos, con 2,5 millones; añadiéndose a ésta otras cuatro anualidades (2,9 millones a finales de 2014; 1,6 millones en 2015; 4,25 millones, en 2016, y 370.000 euros, en 2017).

Málaga vende 4.000 pisos de su stock, pero quedan más de 46.000 (La Opinión)


Málaga va poco a poco dando salida a su stock de viviendas nuevas construidas en los años del boom inmobiliario y todavía pendientes de vender. Según Analistas Económicos de Andalucía, la provincia logró comercializar el pasado año unos 4.000 pisos de este excedente, que llegó alcanzar máximos de 53.000 unidades y que ahora ha bajado a las 46.000. La tendencia a la baja no se debe tanto a una reactivación de las ventas de vivienda como al hecho de que lo poco que se vende sale directamente del stock, ya que actualmente las promociones en obras están paralizadas debido a la crisis, según explicó Felisa Becerra, coordinadora de informes de Analistas Económicos.
La tercera parte de Andalucía. La provincia de Málaga registra además la tercera parte del stock de vivendas existente en la comunidad andaluza, que actualmente asciende a 177.000 inmuebles tras alcanzar topes de 190.000.
En cualquier caso, la cifra de viviendas pendientes por vender que maneja el grupo de estudios propiedad de Unicaja es sensiblemente superior a la del Ministerio de Fomento, que calcula para Málaga unas 22.000 viviendas en stock. La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), que es más partidaria de esta cifra, cree incluso que ese stock se ha reducido ya al orden de los 16.200 pisos, teniendo en cuenta las ventas producidas el pasado año 2011.
La disparidad entre cifras puede radicar en la metodología empleada para determinar el stock. La estadística del Ministerio de Fomento deja de considerar vivienda nueva a la que tiene más de dos años de antigu?edad. De esta forma, un piso que sobrepasa ese plazo deja de ser considerado stock, aunque siga en manos del promotor. En cambio, Analistas Económicos obtiene sus datos del cruce de la estadística de viviendas terminadas y restando las compraventas.

El Ayuntamiento ´no tiene prisa´ en el caso del Astoria (La Opinión)

El concejal de Cultura afirma que seguirán buscando una empresa solvente, pues «el Ayuntamiento no tiene dinero para abrir las salas»







JAVIER GARCÍA RECIO El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Damián Caneda, dejó ayer claro que «no tenemos prisa» por lograr la solución cultural más idónea para el espacio de los antiguos cines Astoria y Victoria. El concejal trataba así de mandar un mensaje de tranquilidad tras conocerse que el Consistorio de la capital había decidido dejar en suspenso la convocatoria del concurso para la rehabilitación y gestión cultural de este inmueble, a pesar de que contaba con tres empresas interesadas.
El anuncio, adelantado ayer por La Opinión de Málaga, explicaba que las dudas sobre la solvencia económica de las propuestas y el desacuerdo con el programa de actividades planteado llevaron al Ayuntamiento a frenar la convocatoria del concurso previsto cuando los pliegos de condiciones estaban ya redactados.
Solvencia económica y cultural. Caneda restó importancia a que se haya cumplido ya un año desde que el Ayuntamiento adquirió la manzana con los dos inmuebles e insistió en que «no tenemos la prisa ni la presión para tener que escoger algo que no sea lo que queramos y no responda a lo que esperan los ciudadanos».
Por ello, insistió en que el Ayuntamiento, «sin prisas», seguirá «buscando y negociando hasta encontrar algo que responda a lo que queremos», teniendo en cuenta que en estos momentos «el Ayuntamiento no puede plantearse llevar la gestión directa del Astoria y Victoria pues no hay dinero para ello».
Por ello, la elección deberá hacerse entre grupos o empresas «con solvencia económica y garantías para que gestionen aquello con un programa que cuente con nuestro beneplácito».
Al respecto, aclaró que aunque algunas de las empresas con las que se había contactado y negociado contaban con solvencia económica suficiente, sin embargo el programa que ofrecían se basaba en actividades y espectáculos «propios de una sala de discoteca y no es esto lo que queremos, ni mucho menos para un lugar emblemático como éste».

Diego Maldonado: «La revisión de tasas urbanísticas es legal» (SUR)


El responsable municipal de Urbanismo defiende que se inspeccionen las licencias de los últimos años y niega que ello tenga un fin recaudatorio
27.04.2012 - 
JESÚS HINOJOSA 
MÁLAGA.

Diego Maldonado: «La revisión de tasas urbanísticas es legal»
Diego Maldonado, en su despacho del IMV. ::CARLOS MORET
Frente a las voces críticas surgidas en contra la revisión de las tasas de las licencias de obra concedidas por el Ayuntamiento en los últimos años, cuestión que fue adelantada por SUR el pasado domingo, el delegado municipal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, sostiene que es una medida legal que se aplica ahora por las mejoras informáticas.
-¿Es legal la revisión de tasas urbanísticas que se está aplicando desde principios de este año?
-Naturalmente que es legal, está amparada por la ordenanza fiscal número 15, último texto en vigor fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del 30 de diciembre de 2011.
-¿Tiene un fin recaudatorio?
-No se trata de una medida caprichosa ni arbitraria cuyo objetivo sea recaudar, sino que es una iniciativa respaldada por una ordenanza municipal, así como por el criterio técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo y por jurisprudencia. En definitiva, tratamos de dar cumplimiento a la ordenanza en vigor, ya que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones. Es nuestra responsabilidad: los ciudadanos que están cumpliendo sus obligaciones no entenderían que no velásemos por que se aplique la ordenanza por igual para todos los administrados.
-Los promotores dicen que les llega en el peor momento, ¿por qué no se ha hecho antes si es legal?
-Queremos aclarar que compartimos la preocupación que manifiestan los promotores por la situación económica en la que nos encontramos, pero es importante señalar que no es una medida en contra de nadie, sino en aplicación de la normativa municipal y a favor de la aplicación de ésta, que al final beneficia a todos. La ponemos en marcha ahora porque los sistemas informáticos de que dispone el Ayuntamiento lo permiten.
-¿Van a tomar algún tipo de medida para facilitar los pagos de estas revisiones de tasas como solicitan los constructores?
-Sin lugar a dudas, llegaremos hasta lo que legalmente se pueda y la ordenanza regule.
-¿En qué medida tienen que temer que les pueda afectar los particulares que han solicitado una licencia de obra menor en los últimos años?
-En ninguna medida, siempre que lo solicitado se ajuste realmente con lo ejecutado.
-¿Está claro desde cuándo empieza a contar el plazo de cuatro años durante el que no prescriben los expedientes de las licencias de obras para estos casos?
-Perfectamente claro, desde el momento en que se pueda verificar el coste real de la obra.

jueves, 26 de abril de 2012

El Ayuntamiento, sin proyecto para Tabacalera, abierto a todo tipo de ofertas (La Opinión)


No quiere una iniciativa única sino repartir el inmueble entre escuelas de formación o talleres de música







Vista general de los edificios de Tabacalera.
Vista general de los edificios de Tabacalera.  C. Criado
JAVIER GARCÍA RECIO El Ayuntamiento de Málaga aún no sabe qué hacer o a qué dedicar el edificio de Tabacalera tras el fracaso del proyecto de instalar allí el museo de las gemas de Art Natura. Lo único claro que tiene el Consistorio al respecto es que la empresa o empresas que resulten adjudicatarias del espacio de Tabacalera deberán venir con el aval económico suficiente para autofinanciar el proyecto que presente «pues el Ayuntamiento no tiene dinero para gastar allí, ahora», según dejó claro el concejal de Cultura, Damián Caneda.
La información facilitada ayer por Caneda deja ver que el Ayuntamiento no tiene un proyecto claro y definido para Tabacalera, pero que renuncia a que exista un único proyecto y plantea repartir el edificio entre varias posibilidades diferentes como escuelas de formación, talleres de teatro y de danza o sede de entidades musicales.
De momento, se deja querer recibiendo ofertas de todo tipo que, según señaló, van más allá de la oferta museística, lo que va en contra de la reforma realizada al edificio, que ha sido adaptado para uso de museo.
Tal como lo explicó el concejal de Cultura, el Ayuntamiento en estos momentos se deja querer y está abierto a la presentación de ofertas por parte de empresas y entidades que quieran ubicarse en Tabacalera. Se trata de proyectos de pequeño o mediano formato que no tendrían la entidad de ocupar todo el edificio.
Estos pequeños proyectos concuerdan con la idea que tiene el Ayuntamiento de dedicar Tabacalera a «una suma de proyectos», de tal manera que coincidan varios que «puedan encajar».
El objetivo es que «haya una suma de proyectos» en cada uno de los inmuebles, promovidos por empresas o, incluso, por entidades públicas, las cuales «podrían tener alguna actividad», lo que, a juicio de Caneda daría «una libertad que dinamizaría» todo el proyecto.
Edificio pendiente. Para plasmar todo esto de manera ordenada el Ayuntamiento prepara un pliego de condiciones con el que convocar un concurso público para adjudicar los espacios de Tabacalera.
Para que no ocurra como con el proyecto de los cines Astoria y Victoria, el concurso se convocará cuando el Ayuntamiento esté seguro de las posibilidades que existen, de modo que no vaya a quedar desierto, «sino que haya por lo menos tres o cuatro proyectos asegurados y que puedan encajar».
Respecto al único edificio que aún está en obras, Caneda señaló que puede darse el caso de que el futuro adjudicatario se haga cargo de terminar la obra pendiente y adapte su interior a sus necesidades. El Ayuntamiento cuenta, no obstante, con una partida de 3,8 millones de euros para culminar la rehabilitación de este inmueble.
Una comisión
de investigación. El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga propondrá en el pleno ordinario de este viernes la creación de una comisión de investigación para esclarecer y fiscalizar los gastos «dilapidados» por el equipo de gobierno del PP en el fallido proyecto museístico de Art Natura, en la antigua Tabacalera.
La portavoz municipal socialista, María Gámez, explicó ayer que se trata de una petición «oportuna» si «no hay nada que temer». «Si el alcalde, Francisco de la Torre, no tiene nada que ocultar, no debe tenerle miedo a ninguna comisión de investigación», añadiendo que «con la misma vehemencia con la que apoya como senador la futura Ley de Transparencia, debería ser también transparente en Málaga».
«Si de esa comisión se deduce que el Ayuntamiento lo hizo mal, exigiremos las responsabilidades políticas que De la Torre no ha querido ni en un ápice reconocer hasta ahora», añadió Gámez, que calificó el asunto de Art Natura como «uno de los mayores despilfarros en la historia del PP en la ciudad de Málaga, en términos económicos y políticos».

El Consistorio frena el concurso del antiguo Astoria (La Opinión)


No ha encontrado aún proyectos con suficiente solvencia económica y actividades interesantes







El antiguo cine Astoria está sin uso desde diciembre de 2004.
El antiguo cine Astoria está sin uso desde diciembre de 2004.  Carlos Criado
MIGUEL FERARY El antiguo edificio del cine Astoria no tendrá un uso definido por el momento. El Ayuntamiento de Málaga ha dejado en suspenso la convocatoria del concurso para la rehabilitación y gestión cultural de este inmueble, para el que contaba con tres empresas interesadas.
Las dudas sobre la solvencia económica de las propuestas y el desacuerdo con el programa de actividades planteado han llevado al Consistorio a frenar el inicio del concurso para la gestión del inmueble, que se quedará paralizado hasta que se negocien «al menos dos ofertas interesantes y solventes», apuntó el concejal de Cultura, Damián Caneda.
El concurso sólo estaba pendiente de convocarse, una vez que los pliegos de condiciones habían sido terminados. Sin embargo, los contactos previos con las empresas interesadas en hacerse con la gestión del antiguo edificio del Astoria aconsejaron frenar el proceso. «La situación actual es muy complicada y habrá que esperar un mejor momento, aunque seguimos hablando con ellos», insistió Caneda, que no da por cerrada esta posibilidad.
El concejal de Cultura detalla que existen dudas sobre el programa de actividades propuesto por algunas empresas, ya que tienen que hacer una importante inversión –«de varios millones de euros»– para la rehabilitación del edificio y proponen actividades que le reportaran suficientes ingresos «pero que son ruidosas». «No nos interesa que la gestión del cultural edificio sea una fuente de problemas con los vecinos», insistió Damián Caneda, quien apuntó que la idea del Ayuntamiento es buscarle un uso al edificio «que no sea pasivo, porque ya tenemos mucha oferta de museos, sino que motive la afluencia de público y enriquezca la oferta de la ciudad».
Solvencia económica. Otro de los requisitos necesarios que reclama Caneda es que las ofertas presenten un proyecto con suficiente solvencia económica que asegure su autofinanciación, ya que el Ayuntamiento no cuenta actualmente con recursos para sostener estas actividades.
De hecho, las tres empresas que habían mostrado su interés en participar en el concurso son multinacionales especializadas en la gestión cultural, con sedes en distintos países. Una de ellas, además, es alemana y era una de las más interesadas en el proyecto, aunque la propuesta que plantea no termina de encajar en las exigencias municipales.
«Deben ser empresas grandes, que tengan capacidad para invertir en la rehabilitación del edificio y de organizar actividades que sean rentables», recalcó Caneda, quien insiste en que mantienen abiertas todas las opciones.
El edificio de los antiguos cines Astoria y Victoria, en la plaza de la Merced, está cerrado desde diciembre de 2004 y fue adquirido por el Ayuntamiento en diciembre de 2010 a Baensa, por 20 millones de euros y cambiando la prevista construcción de viviendas de lujo por equipamiento cultural.

Los promotores exigen a la Junta que reconozca su deuda (SUR)

La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga exigió ayer a la Junta de Andalucía que reconozca las facturas y certificaciones de obra emitidas en los últimos años para que las empresas puedan acogerse al plan de pago a proveedores que facilita el Real Decreto 7/2012. La ACP denunció, a través de un comunicado, que el Gobierno andaluz no ha recepcionado oficialmente las obras, no ha tramitado la fiscalización de las certificaciones, por carecer de crédito disponible, y no ha admitido facturas al no haber sido fiscalizados los importes de las certificaciones. «Con toda esta burocracia incompleta, las empresas se quedan fuera del plan de pagos a proveedores, ya que oficialmente la deuda no existe, no se computa, no se contabiliza y, por lo tanto, algo que no se debe, directamente no se paga», explica el comunicado. «Ante esta situación, las empresas reclaman el pago inmediato de las obras ejecutadas, ya que la falta de rigor en la tramitación oficial de la Junta de Andalucía vuelve a tener a los mismos damnificados: las empresas», añade.

Aena destina 13,8 millones a insonorizar 823 casas próximas al aeropuerto (SUR)

Aena ha destinado hasta el momento 13,8 euros a la insonorización 823 viviendas del entorno del aeropuerto de Málaga, entre las que se encuentran los 795 inmuebles cuyas obras de aislamiento acústico ya han finalizado y 28 en las que se ejecutan actualmente estos trabajos, según se desprendió ayer de la reunión de la comisión de seguimiento del plan de aislamiento acústico.

Una de las tres empresas que realizan el bulevar está al borde de la quiebra (SUR)


Una de las tres empresas que componen la unión temporal a la que el Ayuntamiento adjudicó la construcción del bulevar sobre el soterramiento de las vías del AVE pasa por serios apuros económicos. Se trata de la compañía constructora y de ingeniería sevillana Detea, que ha anunciado esta semana que reducirá su plantilla (que ronda los 200 empleados) a la mitad, y que ha solicitado el preconcurso de sus sociedades vinculadas a la construcción con el fin de evitar entrar en concurso de acreedores. El grupo, cuya cartera de obra asciende a 242 millones de euros, necesita un crédito de cinco millones.
El delegado municipal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, afirmó ayer a este periódico que aún no tenía constancia oficial de la situación por la que atraviesa Detea. No obstante, aseguró que ello «no afecta al desarrollo de las obras del bulevar, que ya están en marcha, porque hay otras dos empresas que las están asumiendo». Esas otras dos empresas son Vera y Construcciones Lasor. Junto con Detea compusieron la unión de empresas a la que Urbanismo adjudicó la primera fase del bulevar por 12,2 millones de euros.

miércoles, 25 de abril de 2012

El precio de la vivienda cae un 8% en el primer trimestre (La Opinión)


La bajada del último año ha sido algo superior en Manilva, Estepona o Benalmádena







J.V.R. El precio de la vivienda en España bajó durante el primer trimestre de 2012 un 9,2% con respecto al mismo periodo del año anterior, según el Índice de Mercados Inmobiliarios Españoles (Imie) que publicó ayer Tinsa. En la provincia de Málaga, la bajada a lo largo de los tres primeros meses del año ha sido del 8,1%, situándose en 1.654 euros el metro cuadrado.

Respecto a los precios de la vivienda en Málaga, Tinsa afirma que la bajada del último año ha sido algo superior en los municipios costeros con carácter turístico y de segunda residencia, más acusados en la costa occidental, en municipios como Manilva, Estepona o Benalmádena. En los municipios del interior, la tendencia ha sido la misma, aunque con un porcentaje de descenso algo inferior a la media de la provincia. En el caso de Málaga capital, «la pérdida de valor ha sido sensiblemente superior en la zona centro y en aquellas zonas de cierta antigüedad».

Por el contrario, las zonas de nueva creación han experimentado una caída algo inferior a la media provincial. La demanda extranjera ha aumentado significativamente respecto a años anteriores.

Por otro lado, el descenso acumulado desde que el valor de las viviendas alcanzase su punto más alto, en diciembre de 2007, es de casi un 29% a nivel nacional y de un 33,7% en el ámbito provincial, según Tinsa. Las provincias donde más ha descendido el precio han sido Almería (37,4%), Guadalajara con (36,1%), Zaragoza (36%) y Toledo (34,7%).

Por otro lado, el dato de las hipotecas del mes de febrero volvió a reflejar el colapso que sigue viviendo el sector inmobiliario. En Málaga se firmaron 831, un 52% menos que en el mismo mes del año anterior. A nivel nacional, el número de hipotecas ascendió a 26.415, con una caída del 47,1%.

Juan Ramón Fernández-Canivell, abogado: «La revisión de tasas urbanísticas que hace el Ayuntamiento es ilegal» (SUR)


Este experto en derecho urbanístico asegura que los procedimientos para revisar el cobro del ICIO no pueden emplearse para las licencias de obra
25.04.2012 - 
JESÚS HINOJOSA 
MÁLAGA.

Juan Ramón Fernández-Canivell, abogado: «La revisión de tasas urbanísticas que hace el Ayuntamiento es ilegal»
Juan Ramón Fernández-Canivell, experto en derecho urbanístico. :: SUR
Con treinta años de trayectoria a sus espaldas, el despacho de abogados Consulting de Derecho Urbanístico es uno de los más veteranos y cualificados de la capital. Su responsable, el letrado Juan Ramón Fernández-Canivell, asegura que es ilegal la revisión de las tasas de las licencias de obra concedidas en los últimos años que el Ayuntamiento está realizando en los últimos meses, como adelantó este periódico el pasado domingo. Este experto cree que hay argumentos suficientes para recurrir y parar lo que considera un «enriquecimiento injusto» del Consistorio.
-¿Desde cuándo tiene constancia de que se están produciendo estas revisiones de las tasas abonadas para las licencias de obra concedidas años atrás?
-Tengo noticias desde el mes de marzo de esta nueva situación que el Ayuntamiento ha creado únicamente con fines recaudatorios. Es una medida que, en muchos casos, no va a poder llevarse a la práctica porque el expediente estará prescrito y, al margen de eso, se trata de una iniciativa ilegal porque es contraria al ordenamiento jurídico. Va en contra de la Ley de Haciendas Locales, tanto de la antigua como de la de 2004. En ambos casos, el artículo 24 dice que el hecho imponible de la tasa es el coste de la prestación del servicio de tramitar la licencia, no el presupuesto de la obra. ¿Qué ha ocurrido? Que el Ayuntamiento ha querido igualar el tema del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) a la licencia de obras. En el caso del impuesto, es lógico que al terminar la obra se liquide la cuota porque la ley dice que debe pagarse en función del costo real y efectivo de la obra, pero en la licencia no es el mismo hecho imponible, ya que aquí se trata de gravar el servicio que presta un funcionario a la hora de estudiar si la petición de licencia se ajusta o no a las normas urbanísticas. Por lo que no tiene sentido esperar al final de la obra para ver si vale más o menos.
-Entonces, de partida, la ordenanza de tasas urbanísticas del Ayuntamiento es contraria a la ley.
-Urbanismo utiliza unos módulos a los que aplica el 2,5% establecido para cobrar las tasas de las licencias. El planteamiento de que la base imponible para las tasas es el coste real de las obras es ilícito y no ajustado a derecho, ya que se trata de una tasa por la prestación de un servicio. Es lógico que Gestrisam compruebe el costo real de la obra para el ICIO pero, en el caso de la licencia, la tramitación del expediente es lo que justifica la tasa. Llegar al extremo de revisarla cuando ya se ha acabado la obra denota que hay un aspecto puramente recaudatorio y fuera de lo que la ley autoriza a una ordenanza de licencias.
-¿Qué pueden hacer los promotores y ciudadanos que se vean en esta situación?
-En primer lugar les aconsejo que analicen si el caso ha prescrito o no y, en segundo lugar, que impugnen en el recurso de reposición y que el tema llegue al Jurado Tributario. También que, por vía indirecta, impugnen la ordenanza fiscal número 15 sobre tasas por actuaciones urbanísticas, porque es contraria a la Ley de Haciendas Locales. No veo lógico que los promotores se conformen con que todo esto es legal, hay argumentos de peso suficientes para rebatirlo. Entiendo que el Ayuntamiento está muy mal de dinero, pero no puede llegar a estos límites.
-A su juicio, ¿cuándo prescriben los expedientes de licencias?
-El plazo de cuatro años para que prescriba el expediente debe empezar a contar desde que se paga la tasa. No es justo que se vayan a los permisos de primera ocupación para empezar a contar los cuatro años, ya que es un acto administrativo posterior al certificado final de obra.

martes, 24 de abril de 2012

La revisión de las tasas por licencias de obra se aplicará también a las reformas (SUR)


La iniciativa del Ayuntamiento sacará a la luz casos en los que un permiso de carácter menor amparó trabajos de mayor magnitud
24.04.2012 - 
JESÚS HINOJOSA
 
MÁLAGA.

La revisión de las tasas por licencias de obra se aplicará también a las reformas
Gestrisam revisa los costes finales de todas las obras. :: SUR
La revisión de las tasas por licencias de obra ingresadas por el Ayuntamiento de la capital en los últimos cuatro años no solo llegará a las obras promovidas por grandes empresas de la construcción, sino también a los permisos de carácter menor que los ciudadanos solicitan para hacer pequeñas reformas. De este modo, son miles los malagueños que quedan sometidos a una inspección que les obligará a pagar más por una obra, si es que se les subió de presupuesto respecto al que aportaron a la hora de solicitar la licencia. Esta práctica del equipo de gobierno municipal, que fue adelantada por este periódico el pasado domingo, puede alcanzar por lo tanto a todas las licencias, ya sean de carácter mayor o menor, concedidas por la Gerencia Municipal de Urbanismo en los últimos cuatro o cinco años, lo que puede suponer unos 15.000 expedientes, según se desprende de los datos reflejados en la página web del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), organismo dependiente del propio Ayuntamiento.
Todo se basa en la labor que habitualmente realiza Gestrisam a la hora de cobrar el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), para el que exige que se aporten las facturas que justifiquen que la cuota del impuesto responde al 4% del coste real de la obra, tal y como establece la correspondiente ordenanza municipal. Tantos particulares como empresas firman un acta de conformidad sobre el precio final de las obras que, hasta ahora, se quedaba en las oficinas de Gestrisam, ya que el único fin de este procedimiento es que el abono del ICIO se ajuste a lo marcado legalmente.
Sin embargo, como adelantó SUR, desde hace ya algún tiempo, Gestrisam está aportando a la Gerencia Municipal de Urbanismo estos datos sobre los costes finales de las obras para que, a su vez, se revisen las tasas que se abonaron en su momento en base a unos presupuestos estimativos que puede que luego no se correspondieran con la realidad.
Esta práctica, que hasta ahora no se realizaba, es la que está deparando en resoluciones de Urbanismo para exigir el pago de cantidades adicionales hasta alcanzar el 2,5% del precio final de la obra, porcentaje estipulado para la tasa de una licencia.
Debido a la crisis, nueve de cada diez de los permisos de obra solicitados en los últimos años lo fueron de carácter menor, es decir, para reformas y trabajos de menor entidad. La revisión de sus costes sacará a luz si realmente fueron de un calado inferior o si, por el contrario, ampararon construcciones de una mayor magnitud respecto a la permitida.

El Ayuntamiento remozará los Baños del Carmen ante la falta de dinero estatal (La Opinión)


El procedimiento administrativo permitirá desalojar a los "okupas" del recinto en un plazo de dos meses







Una vista del asentamiento que ocupa ilegalmente los terrenos del balneario desde hace unos dos años.
Una vista del asentamiento que ocupa ilegalmente los terrenos del balneario desde hace unos dos años. Gregorio Torres
JAVIER GARCÍA RECIO El Ayuntamiento de Málaga abordará este mismo año varias actuaciones menores en los Baños del Carmen que supondrán la eliminación del muro que lo rodea, así como el arreglo del paseo peatonal que discurre por su entrada y la regeneración de las zonas verdes del interior. Estas actuaciones se pondrán en marcha en cuanto la Subdelegación del Gobierno culmine el desalojo de las personas que vienen ocupando ilegalmente el recinto, tal como se acordó ayer en la primera reunión de trabajo que tuvieron el subdelegado, Jorge Hernández Mollar, y el alcalde malagueño, Francisco de la Torre.

Las obras que abordará el Consistorio vendrán a salvar la cara del actual Gobierno, que en los presupuestos que destina a Málaga apenas ha contemplado una partida para el proyecto de regeneración de la zona, obras que tienen un costo de unos 13 millones de euros.

En los últimos años el Ayuntamiento se había desentendido de cualquier actuación en la zona y había urgido al anterior Gobierno socialista a la puesta en marcha de las obras. Es ahora, con la llegada de un gobierno popular, cuando ha decidido actuar ante la imposibilidad de hacerlo el Gobierno central.

Abrir el balneario a la ciudad. El alcalde fue claro al respecto al señalar que «no sabemos en qué momento habrá recursos públicos para poder abordar esta obra en toda su integridad». La eliminación del muro que históricamente ha delimitado los Baños del Carmen de su entorno supondrá, según explicó el alcalde, una medida de un gran impacto visual «y social», ya que permitirá «permeabilizar» esa zona que hasta ahora está oculta y abrirla a todos los ciudadanos. Esta actuación, «poco costosa y fácil de hacer», se hará «lo antes posible».

Además, el Ayuntamiento abordará el arreglo de las zonas verdes del recinto, «que de esta manera también quedarán abiertas al disfrute de todos» y del paseo peatonal, muy deteriorado, si bien estas dos actuaciones habrá que sacarlas a concurso y se alargarán algunos meses. De la Torre cuantificó en unos 500.000 euros el costo de esta operación, que se abordará con el remanente de tesorería obtenido de 2011 y que «permitirá a esta zona hacerla permeable y de acceso directo para los ciudadanos».

Cuenta atrás para los «okupas». Con todo, De la Torre aclaró que para ello habrá que contar con la autorización de la Junta de Andalucía y con la ayuda del concesionario privado que ocupa parte de los suelos de los Baños del Carmen. Al respecto, tanto el alcalde como el subdelegado culparon al actual Gobierno andaluz de «desentenderse del asunto y hacer dejación de sus competencias».

Las obras no se iniciarán mientras no se logre desalojar a los «okupas» que viven allí. La reunión celebrada ayer entre el subdelegado y el alcalde de Málaga sirvió para adoptar la decisión de «iniciar el procedimiento administrativo» para el desalojo de los ocupantes.

Al tratarse de un procedimiento administrativo donde hay unos plazos legales que cumplir, el proceso se alargará al menos unos dos meses, señaló Hernández Mollar, que reconoció que se trata de un tema «polémico y no fácil de resolver», pero al que «hay que darle un definitivo arreglo porque perturba la situación del terreno y la vida normal de los ciudadanos», de tal manera que esta situación irregular «no puede eternizarse».

El procedimiento lleva a que primero se requiera a los «okupas» que desalojen voluntariamente el recinto, obliga también a dar un plazo para que estos presenten, si lo estiman, un recurso contra la orden de desalojo, que deberá ser contestado y resuelto, y por último obliga igualmente a dar cuenta a la autoridad judicial a la que también podrán acudir los ocupantes. Todo ello para «actuar legalmente y de manera eficaz».

Por su parte, la Junta reaccionó a las críticas de falta de implicación lanzadas por De la Torre y Hernández Mollar. La delegada del Gobierno andaluz, Susana Radío, exigió al subdelegado que aplique las competencias del Estado en lo que a la ocupación ilegal de los Baños del Carmen se refiere, pero que «no busque la confrontación institucional con la Junta» que, a su juicio, «no tiene nada que decir en este asunto y a la que tampoco se ha dirigido en ningún momento». «Estamos hablando de problemas de orden público en terrenos estatales; es decir, Policía y Demarcación de Costas».

LAS CLAVES

REMOZAR
El histórico muro del balneario será demolido

Las actuaciones a realizar por el Ayuntamiento en los Baños del Carmen se centrarán en demoler el muro por cuestiones de seguridad, hacer un paseo peatonal que conecte Pedregalejo con la zona del balneario y El Morlaco y la mejora de las zonas verdes interiores. El costo rondará los 500.000 euros. La eliminación del muro será lo primero y el resto saldrá a concurso. Todo ello deberá contar con la autorización de la Junta de Andalucía.

DESALOJO
La Subdelegación se da un plazo de dos meses

La Subdelegación va a poner en marcha un procedimiento administrativo para ordenar el desalojo de las personas que ocupan ilegalmente el balneario. El procedimiento es lento ya que supone primero requerir a los ocupantes que desalojen, permitir que estos recurran y contar con autorización judicial. Todo ello va a demorar el desalojo unos dos meses.

SIN NOTICIAS
Diez años después las obras de regeneración siguen sin hacerse

Mientras tanto, diez años después, no hay plazos para el inicio de las obras de regeneración de la zona por falta de dinero.