

El mayor número de viviendas pendientes del plan están localizadas en Parque Victoria
MAYTE CORTÉS / RINCÓN DE LA VICTORIA | ACTUALIZADO 08.03.2010 - 01:00Libera al Ayuntamiento de su aportación al Metro para que acometa la nueva avenida sobre el AVE · Obras Públicas da prioridad a asumir en solitario la reurbanización de las avenidas Héroe Sostoa y Velázquez
SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 08.03.2010 - 01:00Otro PGOU en el limbo jurídico. El contencioso particular y teóricamente menor entre el propietario de un edificio de apartamentos que en su momento fueron alquilados como alojamientos turísticos y el Ayuntamiento de Torremolinos, que le ha sancionado por supuesto cambio de uso indebido, ha deparado una resolución judicial con un alcance tan inesperado como trascendente, puesto que pone en cuestión el ordenamiento urbanístico aplicado en el municipio en los últimos 13 años.
Una sentencia dictada el pasado 19 de febrero por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Málaga considera que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torremolinos aprobado en 1996 no tiene vigencia puesto que no fue nunca publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
No se trata de una sentencia anulatoria del PGOU, porque su vigencia no era el objeto del contencioso, sino que en los fundamentos jurídicos da por hecho que no es de aplicación. "Los planes urbanísticos, además de ser válidos han de estar vigentes, sin que tengan vigencia hasta su íntegra publicación en el Boletín correspondiente", argumenta el juez, que invoca una jurisprudencia al respecto "ampliamente consolidada".
El fallo anula un decreto del alcalde, Pedro Fernández Montes (PP), por el que en junio de 2008 multó a Torrehermosa Propertires por haber cambiado el uso del edificio del apartotel Las Palomas a viviendas particulares. El alcalde invocó que las normas del PGOU de 1996, el teóricamente vigente, lo impedían porque la parcela tiene uso hotelero y no residencial.
Pero el juez considera no conforme a derecho el decreto porque el PGOU de aplicación debe ser el último publicado, el de Málaga de 1983, en el que el suelo es residencial. Entonces Torremolinos aún no se había segregado de la capital. El asunto adquiere más singularidad por cuanto, según la sentencia, el plan aplicable en Torremolinos debe ser el antiguo de Málaga que ya no rige en Málaga, que tiene uno de 1998, después de la segregación.
El alcance de la resolución está en teoría limitado al no tratarse de una sentencia anulatoria del plan, aunque sí puede servir de reclamo para nuevos litigios que pidieran la anulación de actuaciones basadas en el PGOU.
El Ayuntamiento de Torremolinos ha informado de que los servicios jurídicos tienen en estudio la sentencia para determinar si es preceptiva alguna medida de garantías. Torremolinos tiene ya aprobado provisionalmente su nuevo PGOU, pendiente sólo del visto bueno definitivo de la Junta, que será en todo caso la solución definitiva.
Se trata del mismo caso de Marbella, cuando Jesús Gil no reconoció el PGOU de 1986 por no haber estado publicado para dar licencias de obras contrarias a él. Los tribunales lo admitieron y de hecho para evitar más confusión, la Junta publicó el plan de 1986 de Marbella en agosto de 2000.
Europa Press | Málaga
Las comunidades autónomas de Andalucía y Valencia contarán con un funcionario en los consulados británicos de Málaga y Alicante que se dedicará a informar y prevenir a los ciudadanos de Reino Unido sobre las diversas cuestiones que puedan afectarles, fundamentalmente en asuntos urbanísticos, según ha anunciado el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.
Zarrías, junto al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, se ha reunido este domingo en el Consulado Británico de Málaga con el ministro británico para Europa, Chris Bryant, y el embajador del Reino Unido en España, Giles Paxman.
El secretario de Estado informó de que hace unos meses mantuvo varias reuniones con representantes británicos con el objetivo de poner en marcha procedimientos de colaboración y cooperación entre ambos países ya que un millón de ciudadanos del Reino Unido viven en España.
El acuerdo será efectivo, según dijo, en el plazo de un mes, y permitirá que un funcionario esté presente en el Consulado de Málaga y otro en el de Alicante para que los ciudadanos británicos puedan conocer y tener información acerca de cuestiones urbanísticas, sanitarias o de bienestar social, entre otras.
"Pretendemos hacer una labor informativa con carácter preventivopara que no se produzcan problemas puesto que una vez esté la maquinaria judicial es más complicado buscar soluciones", manifestó, refiriéndose a la situación de ocho familias británicas que viven en el municipio almeriense de Albox y que están afectadas por órdenes judiciales de derribo de sus viviendas.
En este punto, el ministro británico para Europa, cuestionado por la seguridad jurídica de España, apuntó que si las viviendas "caen por cuestiones legales eso no ayuda", de ahí, continuó, la importancia de esta medida.
"Es mejor buscar una solución antes de que llegue al juez y a pesar de que, en el caso de Albox, utilizaron abogados todavía están amenazados -por las sentencias de demolición- y eso a muchos ingleses les parece injusto", declaró.
Tanto Zarrías como Espadas subrayaron que la seguridad jurídica en España es "total y absoluta". "Los británicos saben que aquí funciona el Estado de Derecho y que hay leyes, todo se hace conforme a derecho", sentenció el secretario de Estado de Cooperación Territorial, quien reiteró que la puesta en marcha de este servicio es, precisamente, para dar información "antes de que se lleven a cabo actuaciones que conlleven problemas".