LA OPINIÓN. MÁLAGA Los consulados británicos de Málaga y Alicante contarán a partir de abril con sendos funcionarios expertos en legislación que proporcionarán información sobre urbanismo, educación, sanidad o servicios sociales a los residentes en España, con lo que se pretende prevenir problemas legales.
Con esta medida, fruto de un acuerdo alcanzado por los gobiernos británico y español con la Junta de Andalucía y la Generalitat Valenciana, se pretende evitar, asimismo, que se repitan casos como el de Albox (Almería), donde existen órdenes de demolición de ocho viviendas construidas sobre suelo no urbanizable. Así lo explicaron ayer el secretario de Estado para Europa en el Ministerio británico de Asuntos Exteriores, Chris Bryant; el secretario de Estado de Cooperación Territorial español, Gaspar Zarrías, y el consejero andaluz de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, tras una reunión en la sede del Consulado británico en Málaga.
Bryant, que animó a los expatriados británicos a que se empadronen en España y ejerzan su derecho al voto, indicó que casi todos los países europeos han sufrido la crisis financiera mundial, y en España ha habido un "problema con el mercado inmobiliario".
Aludió al descenso en la afluencia de turistas británicos a España, al pasar de recibir 17 millones en 2008 a 11 millones en 2009, tras lo que ha añadido: "Espero de que seamos capaces de que los problemas o no existan o sean mínimos".
Tras definirse como "un británico que ama a España", Bryant expresó su voluntad de que los turistas "regresen", y apostilló: "Si las casas se caen por razones legales en España, eso no ayuda".
Por ello, abogó por "buscar una solución" antes de que los problemas lleguen al juzgado. El embajador del Reino Unido en España, Giles Paxman, se congratuló del acuerdo: "Nos va a ayudar mucho".
Zarrías explicó que el acuerdo posibilitará hacer una "labor informativa de carácter preventivo" para evitar problemas que "una vez que se introducen en la maquinaria judicial" son más difíciles de solucionar. El Gobierno andaluz dotará al Consulado de Málaga de un funcionario que bien responderá las materias directamente o canalizará las cuestiones hacia otros departamentos de la Junta, mientras que la Embajada se hará cargo de los gastos materiales.
Respecto a Cártama, Espadas informó de que se está trabajando para "identificar las situaciones donde haya sentencias" y, en las que no las hay serán el Consistorio y el Gobierno andaluz los que trabajen para ver cómo regularlas en el PGOU, precisó.
En España residen cerca de un millón de británicos, fundamentalmente en Andalucía y la Comunidad Valenciana. Zarrias insistió en que existe seguridad jurídica.
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