jueves, 4 de junio de 2009

Licencia de obra para el centro deportivo de la ACB en El Palo (La Opinión)

 La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) ya tiene luz verde para iniciar la construcción de las obras de un pabellón deportivo de alto nivel en las antiguas cocheras de los tranvías en la avenida Juan Sebastián Elcano, en El Palo.
La asociación tiene ya la licencia de obra autorizada por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, lo que permitirá que los trabajos se inicien próximamente.
El terreno está prácticamente listo para iniciar los trabajos ya que durante los meses de octubre y noviembre pasados se llevaron a cabo las tareas de demolición de las instalaciones que aún existían en el recinto.
El complejo deportivo que construirá la ACB, sobre una superficie de 8.200 metros contará con un centro ´wellness´ donde se ubicará una piscina cubierta de 25 por 12,5 metros, otras dos piscinas de 12,5 por 5 metros, salas para ´fitness´, gimnasio, cafetería y vestuarios. Además, en el exterior, se incluirán pistas de pádel. La inversión superará los 8,5 millones de euros. 
La construcción de este centro forma parte de un convenio firmado entre el Ayuntamiento y la ACB que pagará un canon anual de 30.000 euros por la cesión de los terrenos y otros 30.000 como prestaciones adicionales que consistirán en la utilización de las instalaciones y los servicios del centro deportivo por este valor.

El PGOU acepta las limitaciones de altura a los rascacielos (La Opinión)

Un documento final, que irá a un pleno extraordinario la próxima semana, asume que Aviación Civil fije los límites de altura de las torres de Repsol y La Térmica

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El Plan General de Ordenación Urbana de Málaga (PGOU) "tendrá en cuenta" finalmente "lo establecido" por Aviación Civil sobre "adaptación" de alturas máximas para los rascacielos previstos en los suelos de Repsol y La Térmica y establece que tanto en estos sectores como en otros "que puedan incumplir las servidumbres aeronáuticas" será la propia Aviación Civil "quien establecerá las limitaciones definitivas de alturas", tras los estudios aeronáuticos de detalle pertinentes, a los que deberán acogerse las construcciones que se realicen en dichas zonas.
Estas determinaciones forman parte del documento de revisión del texto de aprobación provisional del PGOU que el equipo de gobierno del Ayuntamiento llevará para su aprobación a un pleno extraordinario previsto para el martes de la próxima semana, según explicó ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz.
El texto es un trabajo de corrección de los errores percibidos y de incorporación de algunas de las indicaciones apuntadas en los informes sectoriales remitidos por otras administraciones, indicaciones que han sido consensuadas en las reuniones mantenidas entre los redactores del PGOU y los técnicos de dichas administraciones. 
Salvo en lo referido a Aviación Civil, el documento que se eleva a aprobación el próximo martes, no presenta modificaciones sustanciales a lo ya establecido anteriormente en el PGOU. 
Una vez aprobado se remitirá a la Junta de Andalucía cuyos responsables se han comprometido a emitir la resolución de aprobación definitiva antes de finales del mes de julio, si bien dejando fuera las actuaciones que la Administración andaluza rechaza, como Arraijanal o la construcción al norte de las rondas. 
El grupo socialista acusó ayer al PP de "falta de previsión", y puso de relieve que con este tipo de actuaciones el alcalde, Francisco de la Torre, "no hace otra cosa que frenar de forma continuada el avance de la ciudad".

La Junta impulsará un sello de calidad para edificios nuevos (La Opinión)

El consejero de Vivienda apoyará esta idea de los promotores para recuperar la credibilidad del sector. Sería de adscripción voluntaria y aseguraría la calidad de la construcción y su legalidad

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA La Junta de Andalucía está dispuesta a apoyar la creación de un sello de calidad para las nuevas promociones, en especial en la Costa del Sol, con idea de recuperar la credibilidad del sector de la construcción, muy dañadas por casos de corrupción y de ventas ilícitas de viviendas.
Al menos así lo planteó ayer el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, quien participó en los ´Desayunos con abogados´ que organiza el Colegio de Abogados de Málaga y en el que lanzó este anuncio. Espadas afirmó que este sello de calidad ya funciona "en dos o tres países europeos con eficacia" y reconoció que es una idea planteada por promotores de Almería y Málaga "que tendría el apoyo de la Junta de Andalucía para ofrecer este marchamo de calidad".
Esta propuesta se encuentra todavía en sus primeros pasos, ya que antes quiere entrar en contacto con los empresarios "para ver cuáles estarían dispuestos a participar de este sistema de calidad". De hecho, Juan Espadas insistió en que sería de carácter voluntario.
Este certificado tendría como objetivo asegurar al comprador "el cumplimiento riguroso" de la normativa por las promociones y la calidad en la construcción, según apuntó el consejero, al tiempo que señaló que estaría vigente para toda Andalucía "aunque interesa sobre todo para la Costa del Sol porque ha sido más castigada por un modelo de desarrollo urbanístico depredador".
Embrión local. La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga tiene prevista la puesta en marcha de un sistema similar para sus propios asociados, como recalcó la gerente de la entidad, Violeta Aragón, quien adelantó que se centrará en comprobar "que la promoción certificada cumple con los requisitos legales para defensa del consumidor". 
"Ya existe una ley que asegura las cantidades que aporta el comprador, que la documentación que se entregue esté completa y con todos los datos. Nosotros lo que haremos es avalar que se cumplen estas exigencias", manifiesta Violeta Aragón. 
Sobre la propuesta del certificado propuesto por la Junta, la gerente de la ACP advierte de que "se obtiene el certificado de final de obra porque el edificio cumple con todas las garantías de calidad y ese sello no tiene sentido". No obstante apuntó que esperan conocer más detalles del planteamiento de la administración.
Bolsa de vivienda. El consejero de Vivienda también aprovechó su intervención de ayer en el Colegio de Abogados de Málaga para anunciar que hoy se reunirá con sindicatos y empresarios para proponer una bolsa de viviendas rebajadas con idea de dar salida al ´stock´ de pisos sin vender en Andalucía.
La intención de la Junta es hacer aflorar el ´stock´ de viviendas libres que reúnan requisitos en precios y calidades para familias de rentas medias que quieran dedicarla a vivienda habitual. Juan Espadas plantea que los propios promotores incluyan estos pisos de forma voluntaria con una rebaja que los hagan atractivos y, en el plazo de un mes, disponer de una base de datos para ofrecer en el mercado. De forma paralela, la Consejería negociará con los bancos la concesión de hipotecas para estos compradores.

Urbanismo mantiene en el PGOU los proyectos a los que se opone la Junta (Málaga Hoy)

Insiste en construir en Arraijanal y el norte de la ronda y en el puerto deportivo de El Morlaco, actuaciones todas ellas rechazadas por la Administración autonómica

El Ayuntamiento de Málaga vuelve a hacer oídos sordos al rechazo que de manera reiterada y pública ha expuesto la Junta de Andalucía a algunas de las principales intervenciones contempladas en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad. A pesar de la insistente negativa de la Administración autonómica a que los terrenos de Arraijanal sean ocupados, a que se construya medio millar de viviendas al norte de la ronda este, a la edificación en las márgenes del río Campanillas o al diseño de un puerto deportivo en El Morlaco, el equipo de gobierno del PP insiste en mantener todas estas actuaciones en el planeamiento, que el próximo martes, en un Pleno extraordinario, será objeto de pequeñas modificaciones.

De hecho, de los proyectos contemplados en el PGOU y afectados por las observaciones de los organismos públicos con competencias en la materia, los únicos en los que el equipo de gobierno acepta las exigencias son los correspondientes a las torres previstas en los suelos de Torre del Río, Nereo, Repsol y el polígono San Rafael, cuyas alturas deberán ajustarse a lo dicho en el informe emitido por Aviación Civil. Esto supone, si no hay un cambio posterior por parte de este organismo, una rebaja de hasta 30 metros en las cuatro edificaciones dibujadas junto a La Térmica y de 85 metros en el gran rascacielos diseñado en Repsol, cuya altura inicial era de 186 metros. 

El equipo de gobierno del PP justifica su decisión en que los proyectos objeto de confrontación, a los que hay que sumar la propuesta del colegio de Maristas en suelo protegido y de dos hoteles en la zona de Churriana, son actuaciones "cuya viabilidad y beneficio para la ciudad se ha puesto de manifiesto ante las distintas administraciones que las han declarado inviables por cuestiones de oportunidad, no por cuestiones de legalidad". En este sentido, desde el Consistorio se considera que la Junta se ha extralimitado en sus competencias al oponerse a estas propuestas urbanísticas.

De acuerdo con la información aportada ayer por el Ayuntamiento, serán 162 los ajustes y subsanaciones que se introducirán en el documento municipal y a las que, previsiblemente, se dará luz verde mañana en la Comisión de Urbanismo y el martes próximo, en Pleno. De ellas, 49 son cambios por errores materiales, 92 por consideraciones de la Junta (38 modificaciones ante los informes sectoriales y 54 tras las reuniones mantenidas por los técnicos de Vivienda y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento) y otros 21 ajustes derivados de los informes del Estado. A pesar del número de cambios, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, estimó que no son sustanciales, por lo que se descarta la posibilidad de someter a un nuevo plazo de información pública el documento.

La Junta plantea un certificado con el que avalar la legalidad de las viviendas (Málaga Hoy)

El distintivo fue anunciado por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, que señala que permitirá "recuperar la credibilidad" en el territorio · El mismo no será obligatorio, sino una medida de autorregulación

La Junta de Andalucía se ha marcado el objetivo de, junto a los promotores y constructores de la región, empezar a corregir la alargada sobra de duda que pesa desde hace años sobre buena parte del urbanismo desarrollado en la provincia de Málaga, así como en otros puntos de la comunidad. Con esta idea, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha recogido el guante que en su momento lanzaron algunos empresarios del sector y trabaja en la creación de un certificado de calidad a aplicar a las promociones inmobiliarias que así lo soliciten para despejar cualquier duda jurídica y de legalidad que pudiera existir sobre la misma.

La aplicación de la iniciativa, que ayer anunció el titular de este departamento autonómico, Juan Espadas, en el marco de un desayuno informativo organizado por el Colegio de Abogados, responderá a los múltiples interrogantes que muchos compradores aún hoy se hacen en relación al riesgo o no de adquirir una vivienda en ciertos municipios y territorios malagueños, evitando ejemplos de inseguridad como el ocurrido en Marbella o en viviendas levantadas en el ámbito rural.

Espadas, que admitió que se trata de una propuesta que llega de la mano de empresarios de Almería y Málaga, recordó que la puesta en marcha de esta acción supone una importante novedad a nivel andaluz e incluso nacional, dado que son escasas las experiencias que se conocen a nivel europeo. Asimismo, aclaró que la asunción de este certificado de calidad no será obligatorio para todos los profesionales del sector. 

"Podría recuperar la credibilidad y la imagen de un territorio, que no la ha perdido, pero en el que hay una duda o inquietud de si se cumplen todos los parámetros de seguridad", apostilló, al tiempo que explicó que el efecto de la iniciativa no será de regulación por parte de la Administración regional, sino de "autorregulación de aquellos promotores que quieran que sus edificaciones tengan un certificado que acredite una serie de requisitos, entre otros el cumplimiento escrupuloso de la legalidad urbanística".

El consejero confió en que haya una alta demanda entre los promotores, aunque admitió que probablemente despertará más interés en las zona de litoral, "porque es donde se ha castigado más, no sólo en temas de licencia, sino también respecto a modelos de desarrollo urbanístico más o menos depredadores sobre valores naturales o viabilidad de recursos hídricos".

La cuestión, no obstante, se encuentra aún en un punto inicial. Para empezar a dar forma a la propuesta, Espadas señaló que ha encargado a los propios promotores y constructores que trabajen para determinar cuál será la plataforma de empresarios dispuestos a entrar en ese sistema de calidad, a los que la Junta apoyará con algún sistema de validación.

La situación de viviendas ilegales en territorio malagueño fue uno de los temas que despertó el interés de los asistentes ayer al acto del Colegio de Abogados, en el que Espadas pronunció una conferencia sobre el proyecto de ley de vivienda en Andalucía. Durante la fase de preguntas, uno de los letrados presente interpeló al consejero en relación a la situación en la que se encuentran cientos de ciudadanos extranjeros que han comprado terrenos y edificaciones en la provincia cuya situación es irregular.

A este respecto, el consejero fue claro al pedir un reparto de "las responsabilidades" en este tipo de casos, dado que no se puede eximir "absolutamente" de la misma a los que "han querido hacer negociete y aprovechar una ventaja en un momento determinado de algo que valdría infinitamente más caro en sus lugares de origen que aquí, donde lo han encontrado a un precio magnífico". "En sus países de origen hay normativas y formas de saber la seguridad o no de inversión", añadió.

Torrox pide una subvención a la Junta para adaptar su PGOU a la ley andaluza. (SUR)

Pérez considera que es «la única vía» para asumir las viviendas pendientes 
Torrox pide una subvención a la Junta para adaptar su PGOU a la ley andaluza
Quedan aún 10.000 casas por construir. / E. C.
El Ayuntamiento de Torrox ha aprobado en pleno por unanimidad de todos los grupos solicitar a la Junta de Andalucía una subvención de 67.000 euros para financiar los trámites para proceder a la adaptación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, que data de 1996, a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Este trámite permitirá desbloquear la situación de «parálisis» que está viviendo el desarrollo urbanístico de la localidad, como consecuencia de la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía (POTA), en 2006.
Según explicó el concejal de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno (IU), esta adaptación se realizará de forma paralela a la revisión del plan, un trámite que ya se ha aprobado de forma inicial, aunque ha recibido un primer informe negativo de incidencia territorial por parte de la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, al superar el documento los límites máximos de crecimiento en número de viviendas y en población, del 30 y el 40%, respectivamente.
En este sentido, Pérez Moreno adelantó que el equipo de gobierno tripartito (IU, PSA, PIU) tiene previsto proseguir con los trámites, ya que estos informes «no son vinculantes», aunque anunció su intención de reunirse con los responsables de la Junta para analizar las posibilidades de cambiar el documento. «Lo que no podemos hacer es desclasificar suelos que ya están como urbanizables en el PGOU del 96, porque la mayoría cuentan ya con figuras de planeamiento para su desarrollo», dijo.
«Crecimiento cero»
Por este motivo, el concejal de Urbanismo detalló que «lo único que podemos quitar en el documento de la revisión son las 400 viviendas que habíamos incluido nuevas, sobre todo en la zona de la Costa y de El Morche», detalló. «El resto -unas 10.000- tienen que seguir ahí», justificó, al tiempo que explicó que con el trámite de la adaptación parcial del documento urbanístico ahora en vigor a la LOUA, se conseguirán «desbloquear estos suelos y proseguir con los trámites para su urbanización». «Sólo podemos prever crecimiento cero de nuevas viviendas que no estaban en el plan del 96», insistió el concejal.
Por otro lado, apuntó que actualmente se está procediendo a estudiar las 400 alegaciones presentadas a la propuesta de revisión del PGOU, de manera que la aprobación provisional del nuevo documento urbanístico podría tener lugar antes de finales de año.

La Junta promoverá la venta a buen precio del stock de viviendas de la región (SUR)

Aunque no hay cifras oficiales, los expertos calculan que Andalucía suma un stock de entre 100.0000 y 150.000 viviendas. Dispuesto a atajar esa oferta de inmuebles sin vender y a reactivar el mercado inmobiliario, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, anunció ayer que la administración andaluza pretende sacar este mes de junio una convocatoria con la que quiere configurar una bolsa de pisos que reúnan un perfil concreto y cuyos promotores estén dispuestas a ponerlas a la venta a precios «interesantes», dijo Espadas.
El consejero, que asistió ayer al ciclo de 'Desayunos con abogados', organizado por el Colegio de Abogados de Málaga, explicó que el objetivo es despertar la demanda de ciudadanos que tienen ahorros y están expectantes.
Para ello, adelantó que ya ha mantenido dos reuniones con agentes del sector y que su intención es cerrar la convocatoria en un par de meses para a continuación establecer acuerdos con entidades bancarias para garantizar la financiación de los pisos. Su deseo, dijo, es que este proyecto sea una realidad a finales de este año.

El Ayuntamiento no se pliega a las exigencias de la Junta sobre el PGOU (SUR)

El equipo de gobierno mantiene la construcción en Arraijanal y al norte de la ronda este en el documento, al que se realizan 162 modificaciones para corregir errores
Urbanismo confía en que el recorte a las torres por parte de Aena pueda reducirse


El equipo de gobierno municipal mantiene en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) los proyectos rechazados por la Junta de Andalucía y critica el informe medioambiental realizado por ésta para considerarlos inviables. El Ayuntamiento celebrará el próximo martes un pleno extraordinario para efectuar 162 correcciones al documento de las que 49 son errores materiales y el resto se han derivado de las indicaciones realizadas por otras administraciones en sus respectivos informes. Sin embargo, los proyectos que han generado una mayor controversia, al ser rechazados por el Gobierno andaluz en la Declaración de Impacto Ambiental, se mantienen en el plan.
Es el caso de la urbanización de los terrenos de Arraijanal, junto a Guadalmar, para construir hoteles, 664 viviendas y oficinas. Sobre esta actuación, Urbanismo asegura que los argumentos expuestos por la Junta para resaltar las cualidades ambientales de la zona «no están basados en estudio alguno, protección o directiva».
En ese sentido, el Ayuntamiento señala que la afirmación de la Declaración de Impacto Ambiental sobre la existencia en Arraijanal de especies vegetales incluidas en una directiva de protección (la Directiva Hábitats), como la denominada 'azucena del mar' (pancratium maritimum), no es cierta. En concreto, argumenta que la citada planta no está catalogada dentro de la citada directiva, a la que además no pertenece Arraijanal. Asimismo, recuerda que la urbanización de este espacio ya está recogida en el PGOU todavía vigente de 1997, por lo que no tiene que ser evaluada ahora por la Junta.
Limonar Alto
En cuanto a la construcción de medio millar de chalés al norte de la ronda este, en la zona denominada Limonar Alto, Urbanismo responde al Gobierno andaluz que «los riesgos de erosión son mínimos con la baja edificabilidad y los accesos viarios pegados al terreno, además se han preservado las vaguadas y delimitado las llanuras de inundación para que no sean ocupadas, y se preservan masas forestales».
En el mismo sentido, el equipo de gobierno critica la doble vara de medir de la Junta para la urbanización de los márgenes del río Campanillas. Según comenta, unas cuatro mil viviendas propuestas por el PGOU se rechazan por riesgo de inundación, pese a que su construcción se condiciona a que el río sea encauzado, y en cambio se permiten otros sectores residenciales y empresariales en el curso bajo del cauce que, según el Consistorio, tienen «las mismas características de inundabilidad previa al encauzamiento».
«Es un ejemplo más de la discrecionalidad de criterios de la declaración de impacto y la ingerencia que supone en la potestad planificadora del municipio», relata el expediente del correción del PGOU, que también mantiene la realización de un puerto deportivo en la zona de El Morlaco.
Por otra parte, en cuanto a los informes de Aviación Civil que obligan a recortar las torres de pisos previstas en los sectores de Repsol, junto a la avenida de Juan XXIII, y en la Térmica, Urbanismo confía en que las indicaciones de Aena varíen más adelante, con el uso de la segunda pista del aeropuerto, y sean menos restrictivas.
Crítica del PSOE
El portavoz del grupo municipal del PSOE, Rafael Fuentes, criticó ayer que el PGOU «contiene hasta 162 errores cinco años después del inicio de su redacción» y que el equipo de gobierno insista en mantener proyectos «que ya conocían de informes contrarios». En el mismo sentido, el edil socialista Sergio Brenes dijo que el plan ha creado unas «expectativas irreales» que generan inseguridad a promotores.
Por otro lado, el pleno del martes avanzará en los trámites para construir 190 viviendas entre El Mayorazgo y Cerrado de Calderón y 3.970 en Lagar de Oliveros, al oeste de Puerto de la Torre. La Junta debe autorizar ambos proyectos.