sábado, 5 de abril de 2008

La Junta recurre el auto de excarcelación del ex asesor de Urbanismo y pide 5 millones de fianza. Marbella (Málaga Hoy)

El Gobierno andaluz advierte sobre el elevado riesgo de fuga del presunto 'cerebro' del caso Malaya
La Junta recurrió ayer el auto de excarcelación de Juan Antonio Roca, dictado por el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Marbella. En este documento, la Junta solicita la prórroga de la prisión provisional sin fianza hasta el límite legal máximo. Y, subsidiariamente, en caso de acordarse la prisión provisional eludible mediante fianza, que ésta se fije en cinco millones de euros, y que se contemple también la prohibición de acercarse a puertos y fronteras.El escrito del Gobierno andaluz advierte también del elevado riesgo de fuga que conlleva la salida de la cárcel de Roca. "Un riesgo que se deriva de la pena que podría llegar a imponerse en este sumario, sustancialmente superior a la petición de pena de 10 años que contra el procesado se formuló en las diligencias previas". El recurso también hace mención a "la indudable existencia de fondos en el extranjero de los que el procesado pueda disfrutar", extremo que también apuntó como "probable" el fiscal Anticorrupción en su recurso por la misma decisión.La Junta de Andalucía quiere asegurarse de que Roca sigue en prisión hasta la ejecución del fallo "no sólo desde la perspectiva punitiva, sino también por la reparación del perjuicio económico".Y se refiere al patrimonio del acusado, "cuya entidad real es desconocida puesto que la valoración que el propio auto fija provisionalmente en 200 millones de euros, lo es sólo de la parte conocida". Por ello, pide una fianza de cinco millones de euros, "que supone solamente el 2,5% de los 200 millones de los que supuestamente dispone".

Urbanismo recurre ante el TSJA la expropiación de cuatro parcelas (Málaga Hoy)

Acude a la vía judicial por discrepancias con el precio de la Comisión de Valoraciones
Las operaciones de expropiación de suelo que viene impulsando el Ayuntamiento de Málaga en los últimos tiempos se están convirtiendo en un quebradero de cabeza. Y eso justamente es lo que parece que está ocurriendo con cuatro pastillas de suelo, calificadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente como sistemas de espacios libres, y localizadas, tres de ellas, en la zona de El Morlaco y, otra, en las cercanías del Monte Gibralfaro. En todos los casos, con un total de 30.000 metros cuadrados, la Gerencia de Urbanismo se ha visto obligada a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al discrepar con el precio que, según la Comisión Provincial de Valoraciones, se debe abonar para adquirir los terrenos.Fuentes municipales detallaron que el recurso judicial fue interpuesto hace varios meses, al entenderse "excesiva" la cifra propuesta, aunque no precisaron cuál es. No obstante, el Ayuntamiento no está sólo en su recurso al Alto Tribunal andaluz, un camino que, según las fuentes consultadas, también han seguido los propietarios de estas cuatro parcelas. "En esta situación no nos queda otra opción que defender el dinero de los malagueños", comentó el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado.La actuación municipal se produce después de que el propio edil de Urbanismo denunciase casos en Gibralfaro y El Limonar en el que los dueños pedían hasta diez veces más de lo que les costó a ellos el suelo. Para poner coto a este tipo de situaciones, ayer el Consejo de Urbanismo aprobó por unanimidad la delimitación de tres áreas de tanteo y retracto por parte del Ayuntamiento, al objeto de proteger los suelos previstos para zonas verdes, equipamientos y viarios del abuso de los especuladores. Los tres escenarios iniciales son Bahía Málaga, Puerto de la Torre y Campanillas. Ante esta medida, el PSOE, que dio su apoyo, instó al equipo de gobierno a ampliar estas áreas a la zona de Gibralfaro y el litoral este.

Cajamar prevé crecer un 12% pese al parón inmobiliario (La Opinión)

Espera cerrar el año con 48.000 millones de volumen de negocio y 135 millones de beneficio. Luis de la Maza destaca la "solvencia y fortaleza" de la entidad
La cooperativa de crédito Cajamar tiene previsto incrementar el beneficio neto al cierre del ejercicio 2008 en un 12%, hasta alcanzar los 135 millones de euros, pese al entorno de desaceleración que vive la economía española, en especial del sector inmobiliario.El presidente de la entidad, Antonio Pérez Lao, anunció en el transcurso de la Asamblea General Ordinaria, celebrada ayer en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce (Roquetas de Mar, Almería) que el volumen de negocio gestionado llegará a los 48.000 millones de euros si se mantienen los crecimientos moderados de crédito y recursos.Tras concluir la integración operativa de Caja Rural del Duero (Valladolid), Cajamar centrará este año su atención en consolidar los resultados de actividad con particulares y pymes con criterios que primarán la calidad y la rentabilidad, así como en adaptar su estrategia comercial a las actuales condiciones del mercado.Por su parte, el copresidente de Cajamar, Luis de la Maza, destacó ante los 200 compromisarios asistentes, la "fortaleza" y "solvencia" de la entidad que, tras la fusión con la Caja Rural del Duero se sitúa como la número 17 en el clasificación nacional de entidades financieras. Cajamar es, además, la tercera caja andaluza y la líder en la lista en el apartado de cajas rurales en toda España. De la Maza insistió en la dimensión y liquidez alcanzadas por la entidad, y recordó que los socios cooperativistas -más de 500.000, de los que 440.000 son personas físicas- han obtenido un 5,5% de interés para sus aportaciones de capital. El copresidente de Cajamar también lanzó un llamamiento al sector financiero, al que reclamó la práctica de una "competencia leal" entre las diferentes entidades.En la asamblea también intervino el consejero delegado de Cajamar, Juan de la Cruz Cárdenas, que expuso que la entidad tiene previsto potenciar la actividad de la red de oficinas con el objetivo de incrementar y fidelizar la base de clientes, así como diversificar las fuentes del negocio y mejorar la eficiencia y la productividad.A esta línea de actuación se sumará un modelo de gestión basado "en la aportación de los ingresos recurrentes, la disminución de los gastos y un estricto control de los riesgos".Pérez Lao anunció, asimismo, la revisión del Plan Estratégico aprobado por la cooperativa de crédito para el trienio 2007-2009 tras cumplir el objetivo de expandir la red comercial a 27 provincias durante el pasado año. Sólo en el ejercicio 2007, Cajamar abrió en Baleares, Toledo, Lérida, Córdoba, Huelva y Jaén, a lo que hay que añadir la fusión con Caja Rural del Duero, que ha aportado 121 oficinas más en Valladolid, Palencia, Ávila y León, por lo que el horizonte se ha fijado ahora en 35 provincias.El presidente de la entidad confirmó que durante 2008 se producirá la implantación en Cantabria y Asturias, así como en Burgos, Salamanca, Soria, Zamora y Ciudad Real, hasta alcanzar las 935 oficinas y elevar la plantilla a 4.154 empleados.La asamblea aprobó las cuentas anuales del pasado año, ejercicio en el que la buena evolución de la actividad comercial con clientes contribuyó a un crecimiento del 20,4% del negocio gestionado, a una mejora de la eficiencia en 4 puntos y a un aumento del 28% del margen de explotación.

La Junta aprueba el plan para 1.150 VPO en Sánchez Blanca (La Opinión)

Será la mayor promoción de viviendas que acometa el Ejecutivo andaluz en la capital. Ahora queda que el Ayuntamiento apruebe el plan de sectorización
La Junta de Andalucía aprobó ayer el último trámite que le permitirá abordar próximamente en la barriada de Sanchez Blanca, junto a Intelhorce y San José del Viso, la que será su mayor promoción de viviendas de protección oficial (VPO) tanto en capital como en la provincia ya que el proyecto para esta zona supone la construcción de 3.400 viviendas de las que 1.150 serán de VPO.La comisión provincial de Urbanismo aprobó ayer el plan de sectorización de Sánchez Blanca, que supone que los suelos pasan a ser urbanizables y están ya aptos para su desarrollo urbanístico. Ahora, el plan de Sánchez Blanca volverá al Ayuntamiento de Málaga, que deberá aprobar los proyectos de reparcelación primero y de urbanización después, como pasos previos a la concesión de licencia de obras. Estos proyectos de reparcelación y urbanización se aprobarán a lo largo de este año, por lo que habrá que esperar hasta el año próximo para que puedan iniciarse los primeros trabajos de construcción de las viviendas.El plan de Sánchez Blanca permitirá a la Junta de Andalucía la construcción de más de 3.400 viviendas en la zona, de las que más de 1.150 serán de VPO, "lo que supone una iniciativa de enorme importancia para promover las viviendas protegidas en la capital malagueña", según indicó el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Marcos, tras la reunión.Los suelos de Sánchez Blanca contemplan una superficie de 672.590 metros cuadrados, un número máximo de 3.443 viviendas, estableciendo una reserva del 33,5% para VPO. También incluye áreas de juego para niños, jardines, y equipamientos docentes, deportivos, social y comercial, así como aparcamientos.La construcción de la mayoría de las viviendas de protección oficial correrá a cargo de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Junta de Andalucía, que ha llegado a un acuerdo con la promotora Prasa, propietaria de los terrenos.El convenio. Por medio de este acuerdo, Prasa cede a EPSA suelo urbanizado para la construcción de más de 700 viviendas de protección oficial en Sánchez Blanca, a cambio obtendrá unos terrenos que Epsa posee al sur de la urbanización de Parque Victoria, en Rincón de la Victoria, para la construcción de viviendas de renta libre.Ello implica la disponibilidad por parte de EPSA de suelo urbanizado para las 700 viviendas citadas, cuya construcción será promovida directamente por la Junta de Andalucía y que representan, aproximadamente, un 22% del aprovechamiento para VPO en la zona, mientras que el resto, hasta el 33,5%, lo conserva la promotora para construir casas de la misma categoría.El acuerdo de ayer supone también un paso más para que el Ayuntamiento pueda recibir los 28,7 millones de euros que le quedan por cobrar de los 55,5 millones que figuran en el convenio que firmó con los promotores de Sánchez Blanca en 2004. Esos 28,7 millones los podrá cobrar cuando apruebe el plan de reparcelación.

Urbanismo recurre al TSJA las expropiaciones de Gibralfaro (La Opinión)

Los dueños de cuatro parcelas destinadas a zonas verdes piden ser expropiados por 76,3 millones en total, pese a que la valoración municipal es de 3,5 millones
El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha presentado recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) oponiéndose al precio fijado por la comisión provincial de valoraciones para pagar las expropiaciones de cuatro parcelas verdes situadas en la zona de Monte Gibralfaro, según anunció ayer el concejal Manuel Díaz.Los propietarios de estas parcelas, a las que el PGOU les da el uso de zonas verdes, han reclamado su expropiación, amparándose en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que fija que el Ayuntamiento deberá hacerse con las mismas en el plazo de los cuatro años siguientes a la aprobación del PGOU y que, pasado este plazo, podrán reclamar su expropiación forzosa. Eso es lo que han hecho los propietarios de cuatro parcelas situadas en el entorno de Monte de Gibralfaro, Cañada de los Ingleses, el Castillo de Santa Catalina y el camino de la Desviación. Estos propietarios adquirieron las parcelas por una cantidad muy inferior a la que ahora reclaman para su expropiación.Según señalaron fuentes de Urbanismo, el valor de las expropiaciones que estos propietarios han reclamado ante la comisión provincial de valoraciones, que es el organismo encargado de fijar el justiprecio, se eleva a 76,3 millones de euros, mientras que la valoración realizada por el Ayuntamiento es es de 3,5 millones para las cuatro.Dado que la comisión de valoración ha fijado unos justiprecios que se alejan de estas cantidades, finalmente el Ayuntamiento ha recurrido ante el TSJA las expropiaciones. La parcela ubicada en Gibralfaro pertenece a la empresa Capel Sur y tiene unos 13.700 metros. La sociedad pide más de 4 millones. La segunda, de la que es copropietario uno de los dueños de la promotora Aifos, está situada en la Cañada de Los Ingleses, tiene 16.500 metros y reclama 21,3 millones.Por las otras dos parcelas, situadas en Santa Catalina y Camino de la Desviación, reclaman 34,2 y 16,7 millones de euros.
Tres zonas quedan libres de operaciones de especulaciónLa Gerencia de Urbanismo aprobó ayer otorgar los derechos de tanteo y retracto sobre tres áreas de la ciudad, en Campanillas, Puerto de la Torre y Bahía de Málaga, lo que supone blindar estas zonas e impedir que los suelos, actualmente en manos privadas pero con destino a uso público, sean comprados por un tercero con la intención de pedir luego a Urbanismo su expropiación a unos precios muy superiores al de su adquisición. Esto quiere decir que si el propietario de alguna de estas parcelas quiere venderla está obligado a comunicárselo antes al Ayuntamiento, que tendrá el derecho preferente de comprarla. Si en última instancia la autoridad municipal no ejecuta la compra sí podrá conocer el precio real de mercado al que se vende y evitar pagar expropiaciones altísimas. Con esto se trata de evitar que prosperen expropiaciones como las descritas en esta página. La oposición saludó la medida y el edil de Urbanismo se comprometió a que en el mes de mayo se aprobará este misma solución en la otras áreas de reserva de la ciudad.

Una trama urbanística en Torre Pacheco salpica a Polaris World (La Opinión)

Detenido el alcalde ´popular´ de la localidad por fraude y malversación en una operación en la que está imputado el presidente del grupo inmobiliario
OTR/PRESS. MURCIA Agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer al alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (PP), por la presunta trama de corrupción urbanística destapada tanto en este Consistorio como en el de Fuente Álamo. El alcalde de la localidad murciana está acusado de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secreto. Además, otras dos personas acudieron hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia en calidad de imputados: el presidente del grupo inmobiliario Polaris World, José Luis Hernández de Arce, y Juan Marcos Fernández Ferrugia, el ex director financiero del mismo grupo, una de las promotoras más publicitadas de todo el país. El presidente de Polaris World, José Luis Hernández de Arce, una cara famosa que en varios anuncios del grupo con el lema ´Descubra por qué en Polaris World seguimos vendiendo casas´ acudió a declarar en condición de imputado junto al ex director financiero del grupo, Juan Marcos Fernández Ferrugia. Tras prestar declaración durante unas dos horas abandonaron los juzgados por la puerta trasera después de que el juez decidiera imponer medidas cautelares, pese a que mantiene las imputaciones dentro de esta trama de corrupción urbanística La detención del alcalde de Torre Pacheco y la declaración de los dos responsables de Polaris World llega después de que el pasado lunes fuera detenido el funcionario y arquitecto técnico del Ayuntamiento de la localidad murciana, Ramón Cabrera, en el marco de estas investigaciones. Juez sustituto. A su llegada a los juzgados, el abogado del alcalde de Torre Pacheco cargó contra la actuación del juez del Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 4 de San Javier, Salvador Calero, que sustituye a la titular de este Juzgado, Arantzazu Moreno, por encontrarse de baja y señaló que su cliente "se ha acogido a su derecho a no declarar por considerar que el juez es incompetente".En este sentido, el letrado denunció que un sustituto no está para hacer lo que está haciendo este señor. "El juez sustituto hace el trámite diario y si hay cualquier cosa, como homicidio o robo, sacarla adelante", apuntó el letrado del primer edil , quien consideró que "no se pueden coger 16.000 folios o una pieza de los que sea y ordenar detenciones", concluyó.
Valcárcel: "En este PP, el que la hace la paga"El presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que para que su partido tome medidas contra el alcalde de Torre Pacheco primero es necesario que se demuestren los delitos que se le imputan y recordó que García Madrid proclama a los cuatro vientos su inocencia. "En este Partido Popular, en otros no lo sé, creo que no, el que la hace la paga, pero hay que demostrar que la ha hecho para que la pague".Pero desde la orilla socialista reclaman que rueden cabezas de forma inmediata. Así, el portavoz de los socialistas murcianos, José Ramón Jara, exigió ayer mismo la dimisión del alcalde y en caso contrario señaló que debería ser la dirección regional o nacional del PP la que demuestre "que están por la regeneración de la vida pública, que sus filas no toleran a ningún imputado firme por un delito de corrupción y deberían expulsarlo inmediatamente del partido". concluyó.

El precio de la vivienda deberá caer hasta un 20%, dice el FMI (La Opinión)

El actual nivel de precios en España es "insostenible", por lo que deberán bajar. El organismo cree que hay un 25% de posibilidades de una recesión global
El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo ayer que el valor de la vivienda debe caer entre un 15 y un 20 por ciento en España, país que sufrirá además una importante contracción de la inversión residencial.Roberto Cardarelli, un experto del FMI en los mercados inmobiliarios, calificó el actual nivel de precios de "insostenible". "Están sobrevalorados entre un 15 y un 20 por ciento, por lo que deberán caer en entre un 15 y un 20 por ciento en términos reales", es decir, descontada la inflación, dijo Cardarelli en una entrevista con Efe.Ése es el porcentaje del valor actual de los precios que no está justificado por el aumento de la población, los intereses hipotecarios, los ingresos de los ciudadanos y el crecimiento del crédito, según un estudio de autoría de Cardarelli divulgado ayer por el Fondo.El experto destacó que los datos no implican que sea inminente un hundimiento de los precios en los anuncios de apartamentos en los escaparates de las agencias inmobiliarias españolas. "Puede ocurrir lentamente, a través de la inflación", dijo. "No tiene que haber un colapso de los precios nominales", añadió. Cardarelli explicó que cinco ejercicios con inflación al 5% en España, por ejemplo, y con los precios nominales estancados supondrían una bajada de los bienes raíces del 25% en términos reales.Respecto a la tan cacareada crisis, el FMI señala en las primeras filtraciones a la prensa de las previsiones que debe divulgar la próxima semana que el panorama económico mundial se nubla, hasta el punto de que hay un 25 por ciento de posibilidades de que se produzca una recesión a escala global. Bajo crecimiento. Para EEUU, el FMI prevé un crecimiento del 0,5% para este año, un punto menos de lo previsto hace tres meses, y del 0,6% en 2009. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, admitió el miércoles que el país podría haber entrado ya en recesión, lo que no podrá ser confirmado hasta que acabe el primer semestre del año.También ayer, el secretario del Tesoro de EEUU, Henry Paulson, señaló que la economía estadounidense sufre una profunda recesión y "se enfrentará a un duro segundo trimestre" en 2008.

La Junta licita las obras para mejorar todo el trazado de la Autovía 92M (SUR)


La actuación sale a concurso a través de Giasa por 11 millones. Mejorarán también el firme de la vía entre Trabuco y Archidona

La A-92M, la autovía que comunica Granada con Las Pedrizas sin pasar por Antequera, será sometida a un lavado de cara próximamente en los casi 26 kilómetros que tiene su trazado. Y es que la Junta de Andalucía ha licitado a través de Gestión de Infraestructuras de Andalucía S. A. (Giasa) las obras para acondicionar y mejorar esta autovía desde el punto kilométrico 0, a la altura de La Palma (Loja), hasta el punto 25,930, donde la A-92M enlaza con la A-45 en Las Pedrizas.Las obras salen a concurso junto al refuerzo del firme de la carretera A-7202 que comunica Villanueva del Trabuco con Archidona y que pasa justo por debajo de la autovía. Ambas actuaciones han salido a licitación con un presupuesto conjunto de 11.512.910,14 euros, de los que 11.020.209,26 euros corresponden a las obras en la autovía y el resto, 492.700,88 euros, a las de la carretera secundaria.
Plazo de ejecución
Según publica Giasa en el Pliego de Cláusulas Particulares, el plazo de ejecución de la actuación es de seis meses para la autovía y de dos para la A-7202 y las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 6 de junio.La mejora de la A-7202 es una de las reivindicaciones del Ayuntamiento de Archidona que reclama, no sólo la mejora del firme, sino un nuevo trazado desde 1999. En ese año el Consistorio archidonés solicitó a la Delegación de Obras Públicas de la Junta de Andalucía que acelerase los trámites para el arreglo de la que entonces era la carretera MA-222, más conocida como la del puerto de Los Molinillos. A falta de un año para que se cumpla una década de aquella solicitud, la carretera, que une Archidona con Villanueva del Trabuco, se llama ahora A-7202, pero sigue teniendo el mismo trazado sinuoso y los mismos baches.
Piden un nuevo trazado
El actual alcalde de Archidona y coordinador comarcal de IU, Manuel Sánchez, ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de realizar un nuevo trazado que solvente las deficiencias que presenta la carretera, cada vez más frecuentada por vehículos pesados y turismos al ser la vía que muchos trabuqueños y archidoneses toman para ir a Málaga. A la espera de un informe de impacto ambiental sobre el nuevo trazado, los conductores que transitan a diario por la A-7202 deberán conformarse con una inminente mejora del firme que al menos solventará la cantidad de baches que tiene esta carretera, cuyo nuevo trazado costaría a Obras Públicas unos ocho millones de euros.

La demolición de la estructura del hotel de Prasa concluirá en dos semanas. Estepona (SUR)


La empresa que ejecuta la obra ya ha derribado el 80% del inmueble. Los trabajos obligarán a cortar la vía al tráfico durante el fin de semana
La estructura del hotel de Prasa, que se levanta junto a la playa de La Rada, desaparecerá en breve de la imagen del litoral esteponero. Las obras de demolición se encuentran ya en la recta final -con la ejecución del 80% de la estructura- y la empresa encargada de ejecutar los trabajos prevé concluir el derribo en un par de semanas, según explicó ayer el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, que indicó que la retirada de los escombros concluirá en este mes.Con motivo de los trabajos que se están realizando, la avenida de España permanecerá cortada al tráfico, entre las rotondas de intersección con la avenida Juan Carlos I y el puerto deportivo, el próximo sábado y domingo, de 08.00 a 19.00 horas.La demolición se inició hace dos meses. El edificio de Prasa tuvo su embrión durante el gobierno del GIL. En 1996 el Ayuntamiento firmó un convenio con el propietario del solar, Acasa, donde se contemplaba una modificación de elementos en el PGOU para casi quintuplicar la edificabilidad de la parcela y otorgarle 22.000 metros cuadrados de techo para un hotel. En 1999 se aprobó esta modificación del planeamiento y unos meses después se le concedió a una sociedad del grupo Prasa, Estepona Beach 2000, la licencia para edificar. La construcción del edificio se paralizó en 2003 porque no se ajustaba a la legalidad urbanística, ya que invadía zona de protección del dominio público y no se ajustaba al planeamiento.«Era un convenio leonino para los intereses municipales. La Junta de Andalucía informó negativamente sobre esta modificación de elementos, pero se le otorgó la licencia para crear el complejo hotelero. Lo que había en el interior del convenio era un proyecto que mezclaba la parte hotelera con apartamentos turísticos; en paralelo existía un proyecto de concesión a Prasa de una parcela del puerto para aparcamientos», según explicó el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, cuando se inició la demolición.
Futuro
Esta parcela dispondrá tras la demolición de la estructura de 7.000 metros cuadrados edificables. El acuerdo urbanístico firmado entre el Ayuntamiento y la promotora Prasa para el derribo de esta estructura contempla compensar a la empresa por la superficie que se demuele en la parcela de La Rada y por las pérdidas ocasionadas durante la tramitación del expediente con 25.000 metros cuadrados de edificabilidad en unos terrenos ubicados en primera línea de playa en arroyo Antón (El Velerín). Estos terrenos pasarán a disponer de un total de 35.000 metros cuadrados de techo tras esta operación urbanística.Lo cierto es que la operación urbanística de permuta de terrenos se plasmará cuando se apruebe la revisión del planeamiento. Será entonces cuando se analice esta operación en el contexto del modelo territorial que defina el plan; si bien el equipo redactor emitió un informe favorable en el que se indica que los planteamientos del convenio se ajustan al plan.

Un plan de rehabilitación intentará frenar el deterioro de los cascos antiguos de San Pedro y Marbella (SUR)


La Junta incluye ambos núcleos en un área concertada para recuperar viviendas, bloques y zonas comunes cofinanciando las obras de reforma. Las subvenciones, que se tramitarán en una oficina instalada en el centro de la ciudad, podrán alcanzar hasta el 95 por ciento del coste total
Pasear por el casco antiguo, tanto por el de Marbella como por el de San Pedro Alcántara, es una de las paradas ineludibles para cualquier turista que se precie. Sus callejuelas estrechas repletas de casas encaladas y balcones a reventar de macetas son una estampa tradicional que sorprende a los viandantes. Pero no es oro todo lo que reluce. Detrás de esas coquetas fachadas y de establecimientos con llamativos escaparates se esconden en ocasiones inmuebles que datan de la década de los sesenta o de los setenta y que, en muchos casos, presentan un deterioro que incluso llega a afectar a la seguridad de los inquilinos o de los propios peatones. La Junta de Andalucía ha tomado buena nota de la situación de ambos centros históricos y ha creado específicamente para estas zonas un área de rehabilitación concertada, idéntica a las que ya están en funcionamiento en Málaga capital y en Casares. El objetivo que se marca es impulsar la recuperación del mayor número de viviendas posibles, así como de sus zonas comunes, con la fórmula de la cofinanciación.La propuesta que lanzan a los dueños es sencilla. Dependiendo de los ingresos de los propietarios o de las comunidades de vecinos así como de la cuantía de los trabajos de remodelación, el Gobierno andaluz puede llegar a sufragar hasta el 95 por ciento del coste total de la actuación. «La necesidad se puso de manifiesto en la época de la gestora», explicó Josefa López, delegada provincial de Obras Públicas y ex vocal de este organismo, que se hizo cargo de la gestión municipal tras la disolución de la Corporación. De ahí que la Consejería de Obras Públicas eligiera Marbella para crear su tercera área de rehabilitación concertada en la provincia, gestionada por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). «La superficie en la que se va a actuar, que quedará delimitada, es muy concreta», apuntó López. De hecho, se extenderá a zonas adyacentes a los cascos antiguos propiamente dichos. «Será una intervención concreta para bloques muy degradados y personas con recursos limitados», añadió la delegada provincial de Obras Públicas. El reto es contribuir a que se acondicionen el mayor número de inmuebles posible, incluyendo, por ejemplo, la instalación de ascensores en bloques que carecen de ellos.
Próxima inauguración
Para centralizar todas estas gestiones y asesorar a los posibles beneficiarios, la Junta abrirá este mismo mes la oficina del Área de Rehabilitación del Casco Antiguo de Marbella y San Pedro Alcántara, ubicada en la avenida Ramón y Cajal y dirigida por Juan Alcaraz. «Se vio la necesidad porque había una imposibilidad real por parte de los propietarios, con viviendas pequeñas y que no están adaptadas al siglo XXI, de actuar», valoró su responsable. Una vez inaugurada esta oficina, los interesados podrán comenzar a solicitar información y a formalizar sus peticiones de ayudas que incluyen, además de la financiación de parte del presupuesto en un porcentaje que variará en función de los ingresos o del proyecto, la redacción del proyecto y la dirección de la obra. «Se tramitarán solicitudes desde para adecuar viviendas hasta intervenciones para corregir humedades, pintura o saneamiento», especificó.

Málaga registra el mayor volumen de obras públicas licitadas en Andalucía (SUR)


Las obras licitadas por parte de las distintas administraciones públicas durante el pasado mes de febrero en Andalucía sumaron un importe de 948,8 millones de euros, un 123,7% más del volumen registrado en febrero de 2007, cuando la licitación alcanzó los 424 millones, según datos de la patronal de grandes constructoras, Seopan. Por provincias, Málaga concentró la mayor parte del volumen licitado en febrero en la comunidad autónoma, con un total de 255,7 millones de euros.Por detrás figuran Jaén, con 177 millones; Cádiz, con 162,2 millones; Sevilla, con 132,8 millones de euros; y Córdoba, con 105 millones de euros. Los menores registros se dieron en Granada (55,4 millones); Almería (37 millones de euros), y Huelva, con 22,8 millones de euros.
Comparativa
El último informe de Seopan detalla que la comunidad acaparó en febrero un 28% de los proyectos licitados en el conjunto nacional, cifrados en 3.341,5 millones de euros. De este modo, Andalucía se situó como la primera comunidad autónoma por volumen de licitación, seguida de otras como Cataluña, con 688 millones o la Comunidad Valenciana, con 347 millones de euros.Del total de administraciones, la Junta de Andalucía fue la que más invirtió en esta materia en la región, con un total de 620,6 millones de euros, mientras que las administraciones locales andaluzas licitaron obras por valor de 107,8 millones. Por su parte, el Gobierno central aprobó proyectos por 220,3 millones.Los datos reflejan que la obra civil acaparó en febrero la mayor parte de la obra pública licitada en la región, con 726 millones de euros, mientras que el resto (222,6 millones) correspondió a obras de edificación.

La Junta desbloquea la construcción de 1.150 VPO junto a Intelhorce (SUR)


El Gobierno andaluz realizará 700 de las viviendas protegidas previstas, la mayor promoción de este tipo de cuantas ha desarrollado en la provincia. El proyecto prevé un total de 3.443 casas, que constituirán una nueva barriada

EL PROYECTO:
Ubicación: Terrenos situados al este de la barriada de Intelhorce, conocidos como Sánchez-Blanca.
Superficie del ámbito: 672.590 metros cuadrados.
Número de viviendas: 3.443 de las que un 33,5% serán para VPO, en concreto habrá 1.150 viviendas de protección oficial.
Promotores: El grupo Prasa y la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), que desarrollará 700 casas de las de VPO.
Otras dotaciones: Áreas de juego para niños, jardines, equipamientos docentes, deportivos, sociales, comerciales y aparcamientos.
La Junta de Andalucía ha desbloqueado la construcción de 1.150 viviendas de protección oficial previstas en la nueva urbanización de Sánchez Blanca, unos terrenos situados al este de la barriada de Intelhorce, con la aprobación del plan urbanístico para el sector, un trámite que se ha demorado durante casi tres años. La Comisión Provincial de Urbanismo ha dado finalmente luz verde a la urbanización, que supondrá la creación en el lugar de una barriada con 3.443 viviendas, de las que un 33,5% serán de protección oficial.La mayoría de ellas, unas 700, serán promovidas por el Gobierno andaluz a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) gracias al acuerdo que alcanzó en 2006 con el principal promotor de Sánchez Blanca, el grupo Prasa, como ya adelantó este periódico en su edición del 12 de abril de 2007. De esta forma, esta promoción autonómica de VPO se convierte en la de mayor volumen de cuantas ha desarrollado hasta ahora la Junta en la provincia, según resaltó ayer en un comunicado. El resto de las casas públicas, hasta alcanzar la cifra de 1.150, la harán promotores privados.
Contraprestación
El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Marcos, declaró que «supone una iniciativa de enorme importancia para promover viviendas protegidas en la capital». EPSA accederá a la promoción de estas 700 VPO a cambio de ceder a los promotores de Sánchez Blanca unos terrenos que posee al sur de la urbanización de Parque Victoria, en Rincón de la Victoria, para la construcción de viviendas de renta libre. De este modo, la empresa pública entregará esos suelos a cambio de desarrollar un amplio paquete de varios cientos de pisos de VPO, en cuya promoción tiene una dilatada experiencia.Según publicó este periódico, las viviendas de VPO que no hará EPSA en Sánchez Blanca también han sido cedidas por sus promotores a una constructora cordobesa llamada Vimpica. Fuentes de esta empresa, que ha desarrollado varias promociones en Torremolinos y Vélez-Málaga, reconocieron que poseen suelos en la zona, lo que supondría su primera incursión en la capital.
Trámites
El desarrollo de Sánchez Blanca, cuyo plan de ordenación fue aprobado por el Ayuntamiento de manera provisional a finales de 2005, estaba pendiente desde entonces del pronunciamiento de la Consejería de Obras Públicas para que el Consistorio pueda darle el visto bueno definitivo. Una vez que éste se ha producido, sus promotores pueden presentar los proyectos de urbanización y edificación para acometer las primeras obras en el lugar.La demora en la aprobación del plan de sectorización por Obras Públicas ha impedido hasta ahora al Ayuntamiento cobrar 28,7 millones de euros de los 55,5 millones que tiene previsto recibir por el convenio que alcanzó con los promotores de Sánchez Blanca en 2004. A cambio, otorgó a la parcela, que ocupa una superficie de 672.590 metros cuadrados, un 48% más de la edificabilidad que tenía registrada en el Plan General de Ordenación Urbana.El Consistorio pudo disponer en 2005 de una primera mitad de los 55,5 millones de euros para hacer frente a diversas inversiones, pero no ocurrió lo mismo con la segunda, que sigue pendiente desde entonces, según confirmó ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz. No obstante, el equipo de gobierno podría encontrarse con algunos condicionantes a la hora de gastar ese dinero, derivados de las nuevas normas urbanísticas.

El fiscal pide tres años de prisión y 19 de inhabilitación para el juez De Urquía. Marbella (SUR)


El fiscal jefe del TSJA le acusa de prevaricación y cohecho y propone que pague una multa de 213.000 euros. También solicita cárcel para Roca y para un presunto amigo común de ambos

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, ha solicitado tres años de prisión para el magistrado Francisco Javier de Urquía, otros tres para Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción municipal, y lo mismo para un «amigo» de ambos que supuestamente actuó de mediador en un presunto soborno, según el escrito de acusación fiscal al que ha tenido acceso SUR.La Fiscalía acusa a De Urquía, suspendido de forma cautelar desde julio de 2007 como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella al ser investigado en el 'caso Malaya', de los supuestos delitos de prevaricación judicial, cohecho y asesoramiento accidental o negociación prohibida con funcionario. Además de los años de prisión solicita 19 de inhabilitación para empleo o cargo público de juez o magistrado y 213.000 euros de multa. Para Roca pide tres años de prisión, nueve de suspensión de empleo o cargo público y 177.000 euros de multa como supuesto cooperador necesario del delito de asesoramiento accidental y por cohecho. La misma pena solicita la Fiscalía para un amigo común de ambos, Arnaud F. A., acusado de los mismos delitos que Roca en este procedimiento desglosado del 'caso Malaya' abierto para investigar los presuntos pagos del ex asesor de Urbanismo al juez De Urquía.
Los hechos
Según apunta el fiscal jefe en su escrito de acusación, los hechos se remontan al 14 de marzo de 2006 cuando Roca le puso una querella en el juzgado de guardia al dueño de una televisión local por un posible delito contra la intimidad y el derecho a la imagen en la emisión de un programa sobre él. De Urquía, primero cerró el programa y luego, archivó la causa, por lo que la emisión se retomó. Roca, pidió a un amigo común, también acusado, Arnaud F.A., que usara su influencia para resultar beneficiado, según el fiscal.El juez le había informado de los defectos que le llevaron a decretar el auto inicial y la forma de subsanarnos. Por estas fechas, De Urquía decidió adquirir una vivienda y, de común acuerdo con Arnaud, se dirigieron a Roca para que les ayudara en la compra, hasta tal punto que el ex asesor urbanístico asumió el pago en metálico de 63.000 euros y 10.800 más, cuyos recibos, así como un sobre con 73.800 euros, hizo llegar al juez, asegura la Fiscalía.De Urquía empieza a acumular procedimientos. Por un lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le abrió recientemente un expediente que podría conllevar su expulsión definitiva de la carrera judicial basándose en la posible comisión de dos faltas muy graves, una de desatención de funciones y otra por incompatibilidades con su cargo, al asesorar a personas del entorno de Roca. De otro, el TSJA abrió un segundo proceso penal en relación al 'caso Hidalgo' contra el blanqueo de capitales, que precisamente fue instruido por él. En esta ocasión, el alto tribunal andaluz le ha imputado los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y revelación de secreto.

El Ayuntamiento acude a los tribunales para pagar menos por terrenos expropiables (SUR)


La adquisición de cuatro parcelas en Gibralfaro y el entorno del Morlaco se demorará entre cuatro y cinco años. Sus dueños reclamaron un total de 76,3 millones de euros

PARCELAS
Cañada de los Ingleses
Metros cuadrados: 8.992.Precio de los dueños: 21,3 millones.
Castillo de Santa Catalina
Metros cuadrados: 8.800.Precio de los dueños: 34,2 millones.
Camino de la Desviación
Metros cuadrados: 6.042.Precio de los dueños: 16,7 millones.
Monte Sancha
Metros cuadrados: 3.042.Precio de los dueños: 4,1 millones.

La expropiación de cuatro parcelas situadas en el entorno de Gibralfaro y El Morlaco se resolverá en los tribunales ante la negativa del Ayuntamiento a abonar las elevadas cantidades que por ellas han pedido sus propietarios. Fuentes municipales informaron ayer de que estos cuatro expedientes ya han sido remitidos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que resuelva los correspondientes recursos de los propietarios y del equipo de gobierno en cada uno de ellos. Hasta que el tribunal se pronuncie podrían pasar unos cuatro o cinco años, por lo que la obtención de los suelos, destinados a zonas verdes públicas, no será posible hasta entonces.Una de las cuatro pastillas de suelo forma parte del ámbito delimitado por el Consistorio para actuar en el monte Gibralfaro y convertirlo en un parque urbano. No obstante, se trata de la situada en la Cañada de los Ingleses, en el extremo más oriental de la actuación, por lo que podría ser prescindible durante estos años. Las otras están en el Castillo de Santa Catalina, el entorno del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (El Morlaco) y la zona de Monte Sancha (junto a la calle Ceibas).Ante las nuevas valoraciones que se establecen para las expropiaciones -más próximas a los precios del mercado-, los propietarios de estos suelos llegaron a pedir al Ayuntamiento un montante global de 76,3 millones de euros por su compra, a la que éste está obligado al haber trascurrido más de cuatro años desde la aprobación de su planeamiento urbanístico, como contempla la normativa andaluza.
Tanteo y retracto
El consejo de Urbanismo celebrado ayer aprobó con los votos a favor de todos los grupos políticos la fijación de unas áreas de tanteo y retracto en Campanillas, Puerto de la Torre y la zona de Bahía de Málaga para evitar que los suelos a expropiar para zonas verdes, calles y equipamientos en estos sectores se disparen de precio por la compra-venta entre privados. Con estos acuerdos, el Ayuntamiento se reserva el derecho de optar de forma preferente a su adquisición o, en caso de que no le interese, darse por enterado del precio de la venta.El gerente de Urbanismo, Javier Gutiérrez Sordo, explicó en el consejo que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) recogerá algunos de estos terrenos que han quedado pendientes de expropiación desde el plan de 1997 con unas figuras urbanísticas que evitarán al Ayuntamiento tener que emplear dinero para su compra.Por su parte, abogados de los propietarios de parcelas que se encuentran en esta situación anunciaron ayer que recurrirán la decisión de Urbanismo por considerarla como «una desviación de poder», ya que argumentan que el procedimiento constituye un «fraude de ley». Aseguran que no cabe aplicar la figura del tanteo y retracto -que se ampliará al resto de la ciudad en los próximos meses- a estos suelos porque para ellos sólo cabe la ocupación directa o la expropiación. Además, acusan al Ayuntamiento de haber especulado antes con los aprovechamientos urbanísticos que tenían estas parcelas.