El exalcalde de Canillas de Aceituno, otra vez al banquillo por una licencia en suelo rústico (SUR)

El exregidor acudirá el jueves a un nuevo juicio en el que también están imputados la alcaldesa, Pilar Ortiz, y cinco ediles del PSOE

16.01.2012 - 

AGUSTÍN PELÁEZ

 

VÉLEZ-MÁLAGA.

Aranda, en los juzgados de Málaga en mayo de 2010. :: SUR

El exalcalde de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE), será juzgado el próximo jueves por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga por conceder presuntamente una licencia de obras para la construcción de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable. El exregidor se enfrenta a cuatro años de prisión y veinte de inhabilitación especial para empleo o cargo público por dos presuntos delitos contra la ordenación del territorio.

Junto al exmandatario también se sentarán en el banquillo como acusados la actual alcaldesa, Pilar Ortiz, y otros cinco ediles y exediles del PSOE, todos ellos miembros de la Junta Local de Gobierno que aprobó el proyecto de actuación que desembocó posteriormente en la concesión de la licencia de obras mediante decreto de Alcaldía.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, Aranda, que se vio obligado a abandonar la Alcaldía en marzo del pasado año por una condena anterior también por delito urbanístico, concedió por decreto el 6 de septiembre de 2006 una licencia de obras para la construcción de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable en la zona conocida como La Machera con los informes en contra del arquitecto municipal y la secretaria del Ayuntamiento.

Al tratarse de un terreno no urbanizable le fue requerido al propietario un proyecto de actuación que fue informado negativamente por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda por entender que la construcción proyectada carecía de numerosos requisitos ineludibles, además de por no quedar justificada la necesidad de la vivienda unifamiliar vinculada a la explotación agrícola, según la Fiscalía.

El fiscal hace constar asimismo en el escrito de acusación que en marzo de 2006 los acusados, constituidos en sesión de Gobierno presidida por el entonces alcalde, José Manuel Aranda, resolvieron aprobar el proyecto de actuación aún conociendo el informe contrario de la Junta.

Para la Fiscalía, los hechos son constitutivos de dos delitos contra la ordenación del territorio del artículo 320.2 del Código Penal. El fiscal pide para el exalcalde, José Manuel Aranda, cuatro años de prisión por los dos presuntos delitos, inhabilitación especial mientras dure la condena, así como otros 20 años de inhabilitación -10 por cada delito-, y multa de 48 meses -24 por cada uno- con una cuota diaria de 30 euros.

Para los seis miembros restantes de la junta de gobierno del Ayuntamiento también imputados, entre los que se encuentra la actual alcaldesa, Pilar Ortiz (PSOE), y a los que el fiscal considera también autores de un presunto delito contra la ordenación del territorio, la Fiscalía solicita dos años de prisión e inhabilitación mientras dure la condena, así como otros 10 años de inhabilitación especial y multa el 24 meses con una cuota diaria de 30 euros.

Inhabilitación

Aranda se vio obligado a abandonar el cargo de alcalde en marzo del pasado año después de que el Ayuntamiento de la localidad recibiera una notificación del Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga instándole a cumplir la sentencia de nueve años de inhabilitación a la que fue condenado por un delito urbanístico anterior.

La Audiencia Provincial condenó a Aranda en noviembre de 2010 a nueve años de inhabilitación por autorizar una licencia de obras en suelo no urbanizable, dejando sin efecto una sentencia anterior del Juzgado de los Penal número 3 que lo había absuelto varios meses antes.

José Manuel Aranda aún tiene pendientes varias causas más, también relacionados con la ordenación del territorio y el urbanismo en el municipio.

El alcalde de Canillas de Aceituno, condenado por delito urbanístico, se presentará a las municipales (SUR)

El regidor crea un grupo político independiente para volver a concurrir como candidato tras 12 años en el cargo por el PSOE

09.03.2011 -

AGUSTÍN PELÁEZ

VÉLEZ-MÁLAGA.

Aranda crea el GICA para presentarse a las municipales. :: SUR

Tras el reciente anuncio realizado por el exalcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, principal imputado en el 'Caso Arcos' contra la presunta corrupción urbanística en el municipio, de regresar a la política, otro regidor, esta vez el de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda, condenado por la Audiencia de Málaga a nueve años de inhabilitación y una multa de 3.600 euros por conceder una licencia ilegal, ha confirmado su intención de presentarse a los comicios locales del próximo 22 de mayo encabezando otra lista independiente. Se trata del Grupo Independiente de Canillas de Aceituno (GICA), formación, según Aranda, en la que se integrarán tanto los actuales concejales del PSOE en el Ayuntamiento, como los militantes que forman parte de la Agrupación en el municipio, lo que dejará al partido socialista en una difícil situación a la hora de encontrar candidato.

Aunque la Audiencia de Málaga tiene impuesta al regidor de Canillas de Aceituno nueve años de inhabilitación y una multa de 3.600 euros por conceder una licencia ilegal en 2006, ello no le imposibilita para poder presentarse como candidato a las próximas elecciones municipales desde el momento en que todavía no ha sido ordenada la ejecución de la sentencia.

La defensa del alcalde tiene presentado además un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, a la vez que ha solicitado a la Audiencia Provincial tanto la suspensión de la condena como la nulidad de la misma. Hasta el momento sólo le ha sido denegada la nulidad de la sentencia, por lo que únicamente en el caso de que el tribunal decida ejecutar la sentencia, José Manuel Aranda deberá abandonar el cargo ya que se trata de una resolución firme.

Recientemente, se veía obligado a dimitir como el alcalde de La Viñuela, Juan Millán, tras ser requerido judicialmente para el cumplimiento de la condena de inhabilitación especial para cargo público impuesta por el Juzgado de lo Penal 8 de Málaga por delito urbanístico. Millán fue condenado en abril de 2010 a 15 años y medio de inhabilitación para empleo y cargo público, y a pagar una multa de 13.515 euros por conceder tres licencias ilegales en 2001 y 2003.

José Manuel Aranda presentó en noviembre de 2010, nada mas conocer la sentencia de la Audiencia Provincial por delito urbanístico, su baja temporal como militante del PSOE, aunque ha continuado desarrollando su labor como alcalde, cargo al que no ha renunciado.

Abierto al dialogo

A pesar de la creación del GICA, Aranda se ha mostrado abierto a la posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo con el PSOE para encabezar la lista socialista como independiente. El regidor lleva al frente de la Alcaldía de Canillas de Aceituno en representación del PSOE desde las elecciones municipales de 1999, aunque forma parte de la corporación como concejal, también socialista, desde 1991.

Aranda fue absuelto en mayo de 2010 del delito urbanístico por el que finalmente ha sido condenado. El Juzgado de la Penal número 3 de Málaga consideró entonces que existían «dudas razonables» de que autorizase la construcción de una vivienda unifamiliar en 2006 a sabiendas de su irregularidad, y que se trataba de un asunto que se movía en el límite entre la irregularidad administrativa y la infracción penal. Posteriormente, la Audiencia estimó el recurso presentado por la Fiscalía de Medio Ambiente y revocó la sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal número 3.

El juez absuelve al alcalde de Canillas de Aceituno de un delito urbanístico (SUR)

La sentencia afirma que existen «dudas razonables» de que el regidor concediera la licencia «a sabiendas» de su irregularidad

16.06.2010 -

MONTSE MARTÍN

MÁLAGA.

José Manuel Aranda. :: A. SALAS

El alcalde de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE), ha sido absuelto de un delito de urbanístico del que fue acusado por conceder en el año 2006 una licencia de obras para una vivienda en suelo no urbanizable. El juez considera que existen «dudas razonables», de que Aranda autorizase la construcción a sabiendas de su irregularidad, por lo que aplica el principio de 'in dubio pro reo' y la presunción de inocencia para dictar una sentencia absolutoria. El de Canillas de Aceituno se convierte así en el segundo regidor de la comarca de la Axarquía que ha sido absuelto por la concesión de licencias en suelo no urbanizable.

José Manuel Aranda fue juzgado a primeros del mayo por conceder a un particular y a sus hermanos una licencia de obras que, según el fiscal, «contravenía frontalmente» la norma urbanística vigente y «a sabiendas» de su ilegalidad, ya que el suelo sobre el que se autorizó la construcción estaba calificado como no urbanizable. Por ello el Ministerio Público imputó al alcalde un delito contra la ordenación del territorio y solicitó que le fuera impuesta una pena de un año de cárcel y nueve de inhabilitación para cargo público.

En su sentencia el titular del Juzgado de lo Penal número 3 explica que en el caso de la licencia concedida por Aranda «nos encontramos en el límite entre la irregularidad administrativa y la infracción penal». Reconoce que «existen indicios» de que el acusado otorgó el permiso con «pleno conocimiento de la arbitrariedad e ilegalidad y a sabiendas de su injusticia, pero también hay indicios a su favor». En ese sentido, apunta a que el alcalde «pudo entender que actuaba conforme a lo legalmente previsto» dada «la dejadez» del personal técnico, que se limitaba a realizar informes modelos y no informaban sobre el fondo del asunto.

Por ello, el magistrado afirma que «no puede mantenerse que se haya prescindido de las normas esenciales del procedimiento» y tampoco que «no exista posibilidad alguna de que el acusado actuase en el convencimiento de que cumplía la legalidad vigente».

De esta manera, concluye que la prueba practicada durante el juicio «da lugar a razonables dudas sobre la conciencia del acusado de la irregularidad de la licencia» y añade que «no puede mantenerse sin duda alguna que el acusado concediese el permiso a sabiendas de que era incompatible con la normativa urbanística aplicable».

Informes estereotipados

La sentencia declara probado que el alcalde concedió el permiso en 2006 estando clasificado el suelo afectado por la obra como no urbanizable. Añade que la secretaria y el arquitecto municipal «emitieron informes estereotipados», en que «exponían la improcedencia de la licencia de no cumplirse los requisitos expuestos» y, además, que la solicitud debía ir acompañada del proyecto de actuación, «pese a constar que se había presentado».

La Delegación de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, por su parte, requirió documentos para justificar la vinculación de la casa a fines agrícolas, pero «la documentación remitida no la justificaba suficientemente». La Junta envió fuera de plazo su informe desfavorable al Ayuntamiento, que para entonces ya había aprobado en pleno el proyecto de actuación y el alcalde concedido por decreto la licencia para ejecución de la vivienda.

El alcalde de Canillas de Aceituno alega que no hubo informes en contra de la licencia (SUR)

José Manuel Aranda asegura ante el juez que siguió el procedimiento que le indicaron los técnicos municipales para aprobar la vivienda

04.05.2010 -

A. PELÁEZ / E. CABEZAS

VÉLEZ-MÁLAGA.

El alcalde de Canillas de Aceituno, ayer, a su llegada al juzgado. ::A. SALAS

El juicio contra el alcalde de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE), por conceder presuntamente una licencia de obras para una vivienda en suelo no urbanizable quedó ayer visto para sentencia. El Fiscal pide para él un año de prisión y nueve de inhabilitación para empleo o cargo público por cometer un delito contra la ordenación del territorio.

Aranda afirmó ante el juez que los documentos emitidos por la secretaria del Ayuntamiento y por el arquitecto técnico municipal «eran informes de procedimiento, no informes negativos», tal y como asegura la Fiscalía.

Según el abogado del regidor, Jesús Marín, han sido los propios técnicos municipales los que han explicado que no se trataba de informes contrarios o desfavorables, sino de informes en los que se explican los trámites a seguir, haciendo hincapié en que si cumplía el procedimiento, sí procedía la licencia.

Asimismo, el regidor declaró ante el juez que desconocía la razón por la que no se siguieron dos procedimientos por separado, uno para aprobar el proyecto de actuación que demuestra que la vivienda está vinculada a un uso agrícola, y otro para la licencia de obras, ya que siempre ha seguido los pasos que le han indicado los técnicos municipales, según manifestó ayer.

Aranda manifestó asimismo que, en ningún caso, se ocultaron tales informes a los concejales, como mantiene el Ministerio Fiscal, lo que también fue confirmado por la secretaria del Ayuntamiento, según aseguró ayer el letrado del regidor. Para el Fiscal, sin embargo, la licencia se concedió «sin tramitar expediente de licencia de obra mayor alguno y sin recabar los preceptivos informes técnico y jurídico».

Sobre la razón por la cual no se esperó a que la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes resolviera sobre la solicitud de licencias, Marín manifestó que la Junta tardó 62 días en emitir su informe, cuando la ley establece un plazo máximo de 30. Aranda, por su parte, aseguró que el gobierno autonómico «informaba de todo igual» y «decía siempre que no». La defensa del alcalde presentó en el juicio diversa documentación del municipio de Los Guájares (Granada) acreditativa de que en la provincia granadina la Junta, sin embargo, sí respalda los mismos proyectos de actuación que rechaza en la Axarquía.

El fiscal mantiene sin embargo su petición de un año de prisión y nueve de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito contra la ordenación del territorio, al considerar que el regidor «dictó una resolución contraria al ordenamiento» y que no se siguieron los trámites necesarios.

El alcalde de Canillas de Aceituno, en el banquillo por una licencia en suelo no urbanizable (SUR)

El alcalde de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE), será juzgado a partir de hoy por el Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga por conceder presuntamente una licencia de obras para la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable. El regidor se enfrenta a un año de prisión y nueve de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito contra la ordenación del territorio. El regidor presuntamente otorgó una licencia para la construcción de una casa unifamiliar de una planta «a sabiendas de que contravenía la normativa».

Diputación entrega los PGOU a 16 pueblos de la Axarquía y de la Serranía de Ronda. (SUR)

Los planeamientos contemplan la construcción de un total de 3.584 viviendas nuevas, de las que 1.589 serán VPO

22.04.2010 -

A. PELÁEZ/ AGENCIAS

VÉLEZ-MÁLAGA.

La Diputación Provincial de Málaga entregó ayer 16 planes de ordenación urbanística, de los que 10 pertenecen a la comarca de la Axarquía y los seis restantes a municipios de la Serranía de Ronda. En el caso de la Axarquía, los documentos elaborado son los de Árchez, Almáchar, Benamocarra, Canillas de Aceituno, Cómpeta, Macharaviaya, Sedella, Alfarnatejo, Riogordo y El Borge, mientras que los de la Serranía de Ronda corresponden a Benalauría, Benarrabá, Cartajima, Igualeja, Jubrique y Pujerra.

La mayoría de los planeamientos están en la fase de aprobación inicial, excepto el de Benamocarra, que ya cuenta con la aprobación definitiva. En cuanto a Sedella, Alfarnatejo y Riogordo se trata de un documento adaptado parcialmente a la LOUA, así como una contestación de informes sectoriales en el caso del El Borge.

Los 16 planes supondrán la construcción de un total de 3.584 viviendas nuevas, de las que 1.589 se destinarán a uso social (VPO).

El presidente de la Diputación, Salvador Pendón, destacó en el acto de entrega, que contó con la presencia de los 16 alcaldes, que en algunos casos son municipios en las que nunca antes habían tenido planeamiento y, por tanto «no han tenido regulación legal del desarrollo urbanístico».

Seguridad jurídica

Así, explicó que los instrumentos de planeamiento suponen «seguridad jurídica», además de desarrollo económico y social del municipio, y también oportunidades para el empleo, ya que en los 16 planes se contempla la posibilidad de construir 3.584 viviendas, lo que supondrá una actividad económica del sector de la construcción.

También indicó que cumple un objetivo social «muy importante», ya que de esas 3.584 viviendas, algo más de 1.500 son de protección oficial: «estamos dando respuesta también a las necesidades que tienen fundamentalmente los jóvenes de nuestros municipios que tienen muy difícil el acceso a una vivienda digna».

Según Pendón, con la entrega de los instrumentos de planeamiento se demuestra que «la responsabilidad de retraso no era exclusiva de la Diputación de Málaga, que asumió en su día el compromiso de redactar planeamientos para 46 municipios, todos ellos de menos de 5.000 habitantes», y que en muchos casos hasta el momento en que empezó la Diputación a redactar esos planeamientos «no tenían ordenación urbanística alguna».

La Oficina de Planeamiento de la Diputación está trabajando en la actualidad en la redacción de 46 planes urbanísticos de la provincia, de los que 19 corresponden a la zona de la Axarquía y 16 a la comarca de la Serranía de Ronda. El resto, 11, corresponden a la zona Norte o comarca de Antequera.

Sobre la situación del urbanismo en la Axarquía, Pendón aseguró que «se va a regular», al tiempo que indicó que «muchas de las construcciones fuera de ordenación que hay ahora mismo se pueden regular vía plan general». Según el presidente de la Diputación, «no es la primera vez que se hace», ya que a su juicio, «vía Plan General se da respuesta a muchas de las situaciones de irregularidad que hay ahora mismo».

Unos 16 pequeños municipios salen del limbo urbanístico. (LAOPINION)

La Diputación entrega el planeamiento a los alcaldes de la Axarquía y la Serranía de Ronda, que servirá para que sepan dónde se podrá construir y dónde no.

PGOU. Pendón y los alcaldes de los municipios. G. Torres

GNACIO A. CASTILLO. MÁLAGA

La Diputación de Málaga entregó ayer los planes urbanísticos a diez municipios de la Axarquía que servirán para dar certidumbre jurídica a los ayuntamientos y regular la construcción en unas zonas donde, en muchos casos, nunca han existido instrumentos legales que sirvieran para determinar dónde se podía construir y dónde no, y condicionaba las posibilidades de desarrollo de estos municipios.

Era una prioridad de la Junta y del propio organismo supramunicipal dotar a estas localidades, de menos de cinco mil habitantes, de estos planes. Y han sido redactados en algo más de dos meses.

Ayer también los recibieron otros seis municipios de la Serranía de Ronda, en un acto que contó con la presencia de todos los alcaldes y del presidente de la Diputación, Salvador Pendón, que felicitó el trabajo desarrollado por la Oficina Provincial de Planeamiento.

Cada uno de los planes entregados ayer se encuentra en una fase diferente. Algunos ya han sido aprobados inicialmente y otros, sin embargo, están en redacción. En cualquier caso, la Diputación trabaja en las proyecciones de los 46 municipios en los que se comprometió.

Los PGOU en el ámbito de la Axarquía entregados ayer son la aprobación inicial de los planes de Árchez, Almáchar, Canillas de Aceituno, Cómpeta y Macharaviaya; la aprobación definitiva del PGOU de Benamocarra; la modificación de la aprobación inicial del de Sedella; los PGOU adaptados parcialmente a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de Alfarnatejo y Riogordo, y la contestación de informes sectoriales del planeamiento de El Borge. En la Serranía de Ronda la Diputación hizo entrega ayer de las aprobaciones iniciales del PGOU de Benalauría, Benarrabá, Cartajima, Igualeja, Jubrique y Pujerra.

Pendón, hizo hincapié en la ausencia de cualquier otro planeamiento anterior en muchas de estas zonas y "por tanto no han tenido regulación legal del desarrollo urbanístico". Explicó, del mismo modo, que estos planes servirán para que se puedan construir 3.584 viviendas, lo que servirá para incrementar los puestos de trabajo en estas localidades y la revitalización de la situación económica.

El presidente precisó que de ellas, el 44 por ciento, algo más de 1.500, serán VPO, lo que facilitará el acceso a una vivienda a los más jóvenes. "Estamos dando respuesta a las necesidades que tienen fundamentalmente los jóvenes de nuestros municipios que tienen muy difícil el acceso a una vivienda digna", añadió.

16 pueblos de Málaga inician los trámites del PGOU. (ELPAIS)

La Diputación Provincial ha redactado los documentos.

La Diputación de Málaga ha cambiado el paso en su gestión urbanística. La planificación de los municipios que antes tuvo largamente paralizada, ahora avanza a velocidad de crucero. El organismo que preside el socialista Salvador Pendón entregó ayer a los alcaldes de 16 municipios de las comarcas de La Axarquía y la Serranía de Ronda los documentos de los respectivos planes generales de ordenación urbana (PGOU) para que los aprueben. Al tratarse de pequeños municipios con escasos recursos encomendaron hace más de seis años sus PGOU a la oficina de planeamiento del organismo provincial.

En 12 casos se trata de documentos de planeamiento para la aprobación inicial y en otros tres son expedientes de adaptación parcial a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El paquete se completa con un documento de cumplimiento de los informes sectoriales que emitieron las distintas administraciones para la aprobación del planeamiento.

La LOUA entró en vigor en enero de 2003 y obligaba a todos los municipios a dotarse de un PGOU. En marzo de 2004, la Diputación de Málaga convino con 47 ayuntamientos de la provincia de pequeño tamaño que se encargaría de realizar todos los trabajos técnicos precisos para la aprobación de los planes.

En cinco años apenas se produjeron avances, según ha aducido siempre Pendón porque los sucesivos cambios en la legislación urbanística autonómica no lo permitió. Málaga es la provincia con menos planes aprobados. Ayer en cambio, el presidente resaltó que "en apenas dos meses de haber contraído el compromiso, los municipios axárquicos disponen de un documento inicial que les permite dar respuesta a las situaciones urbanísticas, así como aumentar la seguridad jurídica de los responsables locales".

Pendón se refería al acuerdo alcanzado en enero con el entonces consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, y con los alcaldes de La Axarquía de acelerar el proceso. Espadas había emplazado en noviembre a los municipios a dotarse de planeamiento como única vía para normalizar las viviendas en suelo no urbanizable, más de 10.000 en la comarca, por las que muchos munícipes tiene abiertos procedimientos penales.

Entre los documentos entregados ayer figuran los de aprobación inicial de seis municipios de esta comarca que carecen de normativa urbanística (Archez, Almáchar, Benamocarra, Canillas de Aceituno, Cómpeta y Macharaviaya) y la adaptación parcial a la LOUA de los planes de Alfarnatejo, Riogordo y Sedella, además del expediente de cumplimiento de El Borge. En el conjunto de estos municipios se prevén 2.853 viviendas, 1.302 de ellas de VPO.

Los otros seis planes ultimados corresponden a pueblos de la comarca de la Serranía de Ronda (Benalauría, Benarrabá, Cartajima, Igualeja, Jubrique y Pujerra) en los que se contemplan 731 nuevas casas, de las que 287 serán protegidas.

Canillas de Aceituno adjudica en 413.000 euros la obra del 'parking' (SUR)

Sobre el edificio del aparcamiento se realizará un mirador con cargo al plan Proteja de la Junta

El Ayuntamiento de Canillas de Aceituno ha adjudicado las obras del primer aparcamiento público subterráneo que se construirá en el municipio, a la empresa Almisol, con un presupuesto de licitación de 413.000 euros, que será financiado a través del Fondo Estatal de Inversión Local.

El alcalde, José Manuel Aranda (PSOE), ha calificado esta infraestructura de «prioritaria» para el municipio. «Necesitamos cubrir la demanda de plazas de estacionamiento de vehículos especialmente en el núcleo urbano», ha señalado el regidor.

Asimismo ha manifestado que el proyecto da respuesta a una de las principales reivindicaciones de los vecinos, ya que paliará el actual déficit de aparcamientos, que se agrava los fines de semana y las fiestas. Las obras del aparcamiento comenzarán en este mismo mes de mayo.

El mandatario ha informado que el nuevo 'parking' público será subterráneo y se ejecutará en tres nieves distintos con el objetivo de obtener el mayor número de plazas. Se estima que se crearán 150 plazas.

El 'parking' irá ubicado en la avenida de Andalucía, cerca del casco urbano de la localidad. Aranda ha adelantado que se está estudiando la posibilidad de alquilar y conceder medio centenar de plazas mediante concesión administrativa a los residentes.

Plaza

El aparcamiento terminará en una gran plaza que hará las veces de mirador, proyecto que se ejecutará a través del Plan Proteja que promueve la Junta de Andalucía y que cuenta con una inversión de 135.000 euros. Este nuevo espacio público albergará zonas infantiles, áreas de descanso, aparatos de gimnasia para mayores, así como fuentes y otros servicios. Su acceso será por la avenida de Andalucía y tendrá una superficie de 1.500 metros cuadrados.

Diputación creará dos oficinas técnicas de urbanismo para los pueblos de la comarca. Vélez-Málaga (SUR)

Una se ubicará en la sede de la Mancomunidad de Municipios y otra en la localidad de Periana

El pleno de la Diputación Provincial ha aprobado la firma de un convenio con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía para impulsar una estructura territorial urbanística mediante la creación de una red de oficinas técnicas. El objetivo de estas oficinas es ayudar a los municipios pequeños en materia de urbanismo y de ordenación del territorio.
El convenio prevé la implantación de dos oficinas técnicas territoriales de urbanismo, una en la zona de la costa, que estará ubicada en Torre del Mar (en la sede de la Mancomunidad), para atender a los municipios de El Borge, Moclinejo, Totalán, Cútar, Iznate, Salares, Sayalonga y Sedella, y otra, en la zona de la Alta Axarquía, con sede en Periana, que corresponderá a los municipios de Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Colmenar, Comares, La Viñuela, Periana, Riogordo y Canillas de Aceituno.
Según el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, «gracias al convenio, Diputación y los municipios del consorcio colaborarán y apoyarán a los ayuntamientos, sobre todo a aquellos con pocos recursos presupuestarios y técnicos, facilitando y agilizando la gestión municipal en materia de urbanismo, homogenizando procedimientos y permitiendo un desarrollo urbanístico sostenible».
La oficina de Torre del Mar contará con un arquitecto, un abogado y dos técnicos de grado medio (aparejadores). La de Periana tendrá por su parte un arquitecto, un abogado y tres técnicos de grado medio. La institución provincial se compromete a aportar el 50 por ciento de los gastos del personal técnico y a financiar el 100 por cien de los gastos de informática y mobiliario necesarios para la puesta a punto de la actividad.
Las oficinas, que darán cobertura urbanística a los municipios, cubriendo los aspectos específicos de sus expedientes, se encargarán de la emisión de informes, de la gestión urbanística, el planeamiento y la inspección y disciplina, colaborando directamente con los ayuntamientos en su ámbito territorial.
La red de oficinas provincial integra a varias agrupaciones de ayuntamientos entre las que se incluyen la Serranía de Ronda, la Costa del Sol-Axarquía, la subcomarca norte de Antequera, Guadalteba, la Comarca Nororiental de la Provincia (Nororma) y la Sierra de las Nieves.

Piden cárcel para el ex alcalde de Alozaina por delito urbanístico (Málaga Hoy)

La Fiscalía de Málaga pide un total de dos años de prisión para el ex alcalde de Alozaina Antonio Blanco (IU) por dos presuntos delitos urbanísticos al conceder sendas licencias de obras presuntamente ilegales para la construcción y reforma de dos viviendas en la localidad. La petición fiscal para el ex regidor es de un año de prisión por cada uno de los delitos contra la ordenación del territorio, la misma que se solicita para los que eran entonces concejales de Obras, Salvador Chaves, y de Hacienda, Salvador Arroyo, que formaban parte de la Junta de Gobierno Local, según ha confirmado el propio Blanco. El Ministerio Fiscal considera que ambas licencias no son legales porque tanto la construcción como la reforma de estas viviendas se llevaron a cabo sobre suelo considerado como rústico.

Se trata de unas licencias concedidas en tres comisiones de gobierno distintas celebradas entre los años 2002 y 2003, según informó ayer la cadena Ser.Parece ser que los permisos se concedieron pese a que existían informes desfavorables para ello.Blanco ha explicado que las licencias se concedieron antes de que entrara en vigor la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía y ha defendido que en el pueblo "todo el suelo es rústico", porque no se trata de una localidad costera. Estas construcciones se aprobaron con licencias condicionadas a pesar de que se emitieron en un principio informes técnicos desfavorables y se paralizaron cuando se certificó que las parcelas no tenían los metros suficientes, según ha dicho el ex alcalde. Ha manifestado que no se debe tratar como un tema muy importante porque son "casitas pequeñas de agricultores, no son una gran construcción como las de la costa". Por ello Blanco, que sostiene que asume su responsabilidad, ha abogado por buscar una solución, ya que "parece que ha sido un tema más administrativo que penal".La vigilancia urbanística se ha estrechado en los últimos tiempos en los pequeños municipios del interior de la provincia. Sayalonga, Alcaucín, Cómpeta, Tolox, La Viñuela, Ojén o Canillas de Aceituno. La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga investiga los presuntos delitos contra la ordenación del territorio cometidos en estos municipios. Los alcaldes de la Axarquía, agobiados, pidieron el pasado mayo negociar con la Fiscalía las denuncias urbanísticas que acumulan.

Los pueblos más pequeños son los que arrastran una mayor demora en la elaboración de sus PGOU (SUR)

Los planes de una veintena de municipios que se acogieron a un convenio con el ente supramunicipal aún están en fase inicial. El PP pide una auditoría para conocer el grado de ejecución y el equipo de gobierno esgrime los cambios legislativos de la Junta

ESTADO DE LOS PLANES

Situación de los PGOU de los municipios que encomendaron esta tarea a la Diputación Provincial:

Leyenda:

Aprobación definitiva: Documento finalizado.

Aprobación provisional: Pendiente del visto bueno de la Junta.

Aprobación inicial: Fase previa a la aprobación provisional.

Avance: Primer trámite del PGOU.

Municipios:

Alameda: Aprobación inicial.

Alcaucín: Aprobación inicial.

Alfarnate: Avance.

Alfarnatejo: Avance.

Algatocín: Avance.

Almáchar: Avance.

Almargen: Sin información.

Álora: Avance.

Alozaina: Avance.

Alpandeire: Avance.

Archez: Avance.

Archidona: Avance.

Arenas: Aprobación inicial.

Arriate: Avance.

Benadalid: Avance.

Benalauría: Avance.

Benamargosa: Aprobación inicial.

Benamocarra: Aprobación inicial.

Benaoján: Avance.

Benarrabá: Avance.

El Borge: Inicio de trabajos.

Canillas de Aceituno: Aprobación inicial.

Cañete la Real: Aprobación inicial.

Cómpeta: Aprobación inicial.

Cuevas Bajas: Inicio de trabajos.

Cútar: Avance.

Faraján: Avance.

Fuente de Piedra: Aprobación provisional.

Genalguacil: Avance.

Guaro: Aprobación provisional.

Humilladero: Aprobación inicial.

Igualeja: Sin información.

Iznate: Aprobación inicial.

Jimera de Líbar: Aprobación inicial.

Jubrique: Avance.

Júzcar: Avance.

Macharaviaya: Inicio de trabajos.

Montejaque: Aprobación definitiva.

Periana: Avance.

Pujerra: Avance.

Riogordo: Aprobación definitiva.

Salares: Inicio de trabajos.

Sedella: Aprobación inicial.

Totalán: Aprobación inicial.

Valle Abdalajís: Aprobación inicial.

Villanueva del Trabuco: Avance.

Villanueva de Tapia: Aprobación inicial.

El 28 de octubre del año 2003, la Diputación Provincial y la Consejería de Obras Públicas de la Junta firmaron un convenio de colaboración para ayudar a los municipios que lo desearan en la redacción de su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la norma base para su futuro diseño urbanístico. Un total de 47 pueblos delegaron en el ente supramunicipal esta tarea. Cuatro años más tarde, la realidad es que sólo dos tienen la aprobación definitiva del documento, y otros dos, el visto bueno provisional. Esto es, estarían al final del camino.Según los datos disponibles en la web de la Consejería de Obras Públicas, 15 de esos ayuntamientos tienen la aprobación inicial, lo que significaría que el planeamiento ya está próximo a su conclusión.En el lado opuesto, un total de 22 municipios sólo han superado hasta ahora la fase conocida como avance, el primer trámite público del PGOU. Otros cuatro están en la etapa primaria de los trabajos.La tramitación de un plan de ordenación urbana consta de, al menos, cuatro fases: El avance, que debe ser expuesto a información pública para recoger las alegaciones. La aprobación inicial; la aprobación provisional, que debe recibir el visto bueno de la Junta; y la aprobación definitiva.El diputado del PP Manuel Navarro aseguró que estos documentos debían aprobarse antes del 20 de enero de 2007, y criticó la falta de voluntad política para ejecutarlos: «De los 47 municipios que confiaron en la Diputación para realizar sus planes generales, la mayoría de ellos tienen nada o casi nada». Por ello, Navarro anunció que su formación pedirá una auditoría del grado de ejecución del convenio de colaboración. «Queremos saber dónde ha ido el dinero gastado, tanto en la ejecución por parte de los técnicos de la Diputación como en las consultorías externas que se han contratado». Por último, pidió que «no se culpe a los alcaldes de una responsabilidad que asumió la Diputación».

Retrasos

El diputado Francisco Fernández España, responsable de Obras Públicas durante la anterior legislatura, salió ayer al paso de las críticas del PP. A su juicio, el convenio tiene un alto grado de cumplimiento. En los retrasos han influido, según el diputado, factores como los cambios de última hora introducidos por los propios ayuntamientos, y que afectan a la redacción de los planes. Y las modificaciones legislativas de la Junta.Fernández España pidió que no se minusvalore la fase de avance, «pues permite la máxima participación de los vecinos», y esgrimió que el resto de los planes que se han elaborado al margen de la Diputación tampoco han podido concluir.

Ecologistas denuncian la construcción de una urbanización «ilegal». Canillas del Aceituno (SUR)

El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) ha presentado una denuncia, ante la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Málaga y ante la Delegación Provincial de Obras Públicas y Urbanismo, sobre una urbanización encubierta realizada en suelo rústico no urbanizable en el municipio de Canillas de Aceituno.El portavoz del colectivo, Rafael Yus, ha denunciado que en este término municipal se viene produciendo, en los últimos años, un proceso sistemático de urbanización en suelo rústico no urbanizable, sin que hasta la fecha dicho municipio cuente con ningún tipo de planeamiento urbanístico.«Canillas está autorizando urbanizaciones sistemáticas de determinadas zonas con un plan que está lejos de la improvisada dinámica del diseminado rústico que usualmente se está produciendo», ha señalado Yus.En este sentido el portavoz de Gena se ha referido a la construcción «ilegal» de una urbanización de 48 viviendas residenciales con piscina en los parajes de Lagar de Pérez y Las Cañadillas.Gena-Ecologistas en Acción considera que estas prácticas son constitutivas de delito urbanístico, puesto que es evidente que existe un plan oculto o implícito de urbanización en suelo rústico no urbanizable, con el agravante de carecer este ayuntamiento de planeamiento urbanístico. Por todo ello exigen que se depuren las responsabilidades.