martes, 10 de noviembre de 2009

Vecinos exigen el derribo de un muro que limita las salidas de su urbanización. Marbella (Málaga Hoy)

La pared, de 200 metros de longitud, tiene un expediente abierto desde hace dos años

B. R. / MARBELLA | ACTUALIZADO 10.11.2009 - 05:01

Los 2.000 vecinos de la urbanización de la Torrecilla, Mirador de la Cañada y otro conjunto de viviendas al norte del centro comercial La Cañada, al pie de la carretera de Ojén, llevan dos años esperando a que el Ayuntamiento de Marbella ponga solución a su falta de infraestructuras. Un muro levantado por otra promoción, la Serranía, les obliga a transitar por una estrecho vial si quieren salir de los límites de su urbanización.

La comunidad de La Serranía construyó hace años ese pared con una extensión de 200 metros para separar los accesos y limitar el paso a las casas. El problema es que el paso que queda es escaso y transcurre al borde la carretera de Ojén, lo que obliga al resto de residentes del área a compartirlo con motos y otros vehículos.

Desde hace dos años la construcción ilegal tiene abierto un expediente en Disciplina Urbanística. Hasta el momento no se ha iniciado la obra de derribo por lo que el PSOE denunció ayer que el equipo de gobierno del PP no cumple la promesa que prometió en campaña electoral a los vecinos de la zona.

Un total de 17 empresas pugnan por la obra de la ciudad deportiva. Ronda (Málaga Hoy)

Las firmas que optan al concurso proceden de provincias como Pontevedra, Jaén, Sevilla, Cádiz y Málaga, entre las que se incluyen cuatro de la propia ciudad del Tajo

JAVIER FLORES / RONDA | ACTUALIZADO 10.11.2009 - 05:01
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Imagen de las instalaciones deportivas de Ronda.



La crisis en la construcción ha provocado que muchas empresas tengan que ampliar sus campos de actuación. Uno de los ejemplos es el concurso de adjudicación de las obras de la nueva ciudad deportiva de Ronda, a la que han presentado ofertas 17 firmas constructoras de Málaga, Sevilla, Jaén, Cádiz y Pontevedra, además de cuatro sociedades locales del municipio. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1,4 millones euros, posibilitará la construcción del graderío principal del nuevo estadio, el cerramiento y la instalaciones de la iluminación, además de los vestuarios y la zona de gimnasio de la instalaciones.

En estos momentos, únicamente se encuentra ejecutado el terreno de juego y la pista de atletismo, lo que ha obligado a la instalación de vestuarios portátiles para que se pueda hacer uso del campo, tras ser derribado el viejo terreno de fútbol para el inicio de las obras de construcción de un gran centro comercial. Las empresas han presentado una gran diversidad de propuestas, que oscilan entre los 800.000 euros, de la más económica, y los 1,4 millones de la más elevada. No obstante, la mayoría sitúan el coste de la actuación en entre 900.000 y un millón de euros. La parte económica supone el 20% de la puntuación total necesaria para la adjudicación, ya que serán los técnicos municipales los que tengan que evaluar las condiciones técnicas de los proyectos presentados y las mejores que han introducido algunas de las empresas que concurren.

Este proyecto acumula ya un considerable retraso en sus obras, lo que ha obligado a la Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Ronda a agrupar en una todas las fases previstas para la actuación. En concreto, el proyecto se remonta a la época en que ocupaba la Alcaldía el socialista Juan Benítez, que abandonó el cargo en 2003.

De forma paralela, el Consistorio negocia un acuerdo amistoso con los propietarios de una parcela sobre la que se ubica el nuevo campo, que reclaman que se cumpla el convenio de permuta que en su momento firmaron con el Consistorio rondeño, que contemplaba la cesión de parte de un solar urbano.

Una vez adjudicadas, los trabajos de ejecución tendrán que ser compatibles con la utilización de las instalaciones por parte de los diferentes equipos que disputan en ellas sus encuentros ligueros, como CD Ronda, y el equipo de rugby de la ciudad. De momento, se desconocen los datos técnicos del nuevo estadio, aunque sí se sabe que los fondos no tendrán graderío, mientras se baraja la posibilidad de instalar una pequeña grada supletoria en la tribuna secundaria.

La Junta pretende obtener Arraijanal dando a sus dueños suelo para mil pisos (Málaga Hoy)

Quiere que sean compensados en el PGOU, vía que el Ayuntamiento rechaza


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Josefa López y Rafael Morales, antes del encuentro mantenido ayer.



El deseo de la Junta de Andalucía de convertir el paraje de Arraijanal en parque de índole metropolitano vivió ayer un nuevo episodio. La delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, insistió en que la vía más idónea para hacerse con los terrenos sobre los que emplazar esta zona de esparcimiento pasa por compensar a los actuales propietarios privados con suelos en otras zonas de la ciudad a través de las áreas de reparto que se delimiten en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga, actualmente en revisión.

Esta herramienta daría la opción a los dueños del sector de ejecutar algo más de un millar de viviendas en otros puntos de la urbe, frente a las "entre 6.000 y 7.000 de las que ha llegado a hablar el Ayuntamiento", según explicó López. "Según se ha visto desde la Consejería, con unas mil viviendas se daría respuesta a la compensación a los propietarios, lo que tampoco supondría una subida muy importante. Son reajustes que se podrían llevar a cabo, pero para eso hace falta voluntad política por parte del propio Ayuntamiento", añadió.

Y la posición del equipo de gobierno del PP es contraria. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, fue claro ayer al cerrar la puerta a la posibilidad manejada por la Junta. "Siempre hemos dicho que no nos planteamos la compensación. Se lo hemos dicho y no nos quiere escuchar", dijo el edil, que precisó que la compensación queda impedida al exigir el Potaum que ese suelo se considere no urbanizable.

Frente a la negativa municipal, López abundaba ayer en demandar al Consistorio su colaboración. "Como ese suelo aparecerá calificado como sistema general en el Plan General, los propietarios podrán entrar dentro del área de reparto de aprovechamientos en otras zonas del municipio, que era la opción que planteábamos y que beneficia a las tres partes", manifestó. Con ello, incluso, apuntó que el Consistorio "podrá seguir cobrando el dinero del convenio que se firmó en su momento con los dueños de Arraijanal", que ascendía a unos 28 millones de euros. Este acuerdo permitía a los dueños del sector (el mayoritario de los cuales es Vallehermoso) edificar 660 viviendas, así como usos hoteleros y comerciales.

Si bien el camino trazado por la Junta para hacerse con Arraijanal tiene como primera opción la compensación de suelos en el Plan General, López dijo que si "definitivamente no es posible incluir dichos aprovechamientos", la Administración autonómica acudiría a otras alternativas como la compra de los terrenos o, en último extremo, la expropiación.

Preguntada sobre la propuesta que en un momento determinado de las negociaciones llegaron a poner sobre la mesa algunos privados de trasladar la compensación al norte de la ronda este, dijo que la posición de la Junta es contraria. "Los informes medioambientales que tenemos no hacen viable construir por encima de la ronda", sentenció, justificación empleada para descartar la propuesta dibujada en el PGOU para edificar 500 viviendas en este mismo espacio.

La Diputación de Málaga construirá VPO más ecológicas (La Opinión)

Emprovima firma un convenio con la Agencia de Acreditación Sostenible para certificar sus promociones


L. O. MÁLAGA La Empresa Provincial de la Vivienda (Emprovima), dependiente de la Diputación de Málaga, ha firmado un convenio con la Agencia de Acreditación Sostenible para certificar la calidad ambiental de sus promociones de viviendas de protección oficial a través del sello ´Q-sostenible´. Será la primera promotora de Málaga –tercera en Andalucía– en construir sus inmuebles conforme a criterios de disminución de impacto ambiental y ahorro energético.

El diputado responsable de Emprovima, Miguel Esteban Martín, explicó que el convenio supone "un salto cualitativo y un refuerzo de su carácter social, al combinar la construcción de viviendas sociales con el empleo de técnicas y materiales que garanticen un menor impacto ambiental y un menor consumo energético".

Martín estimó que los inquilinos de estas casas "reducirán en un 25% el consumo anual de agua y en un 20% el consumo energético.

Urbanismo derriba un edificio construido en suelo no urbanizable (La Opinión)

La infracción data de 2006 en la carretera de La Fresneda, pero el dueño no había cumplido la orden de demolición


Demolición de la estructura.
Demolición de la estructura.

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA Urbanismo acometió ayer el derribo de una estructura de hormigón que estaba construida desde 2006 en un suelo donde está prohibido edificar y cuyo dueño no había cumplido la orden de demolición remitida por la Gerencia desde hace tres años.
La estructura de este edificio ocupaba una superficie de 140 metros cuadrados, en planta baja y primera, situada en el Cerrado Chinchilla, en la carretera de La Fresneda del distrito de Campanillas.
La medida ha sido adoptada por Urbanismo de forma subsidiaria tras la negativa del propietario de derribar la estructura situada en un suelo no urbanizable, pese a que el Ayuntamiento emitió la primera orden de demolición en octubre de 2006. El propietario de la estructura ha recibido además tres multas al comprobar los inspectores de Urbanismo la falta de ejecución de la demolición en sus visitas realizadas en octubre de 2007, abril de 2008 y abril de 2009.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, destacó que es la primera gran demolición que se acomete en la ciudad por construir en una zona no urbanizable, aunque advirtió de que "llegarán más". La aplicación de la LOUA es clave para esta actuación "que acometeremos, ya sea por orden judicial, por inspecciones de la Guardia Civil o de los inspectores de Urbanismo", subrayó Manuel Díaz.

Urbanismo privatiza Echeverría (La Opinión)

Declara privado uno de los conjuntos de Echeverría de El Palo pese a haber defendido su naturaleza pública en los informes de los últimos 30 años


Enjaulados. La urbanización está rodeada por una verja con puertas que se cierran de noche y los fines de semana
Enjaulados. La urbanización está rodeada por una verja con puertas que se cierran de noche y los fines de semana G. Torres

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El Ayuntamiento de Málaga ha decidido declarar como privado uno de los dos conjuntos que forman la urbanización Echeverría de El Palo, que desde su construcción en 1975 tienen el carácter de público, haciendo caso omiso para ello de varios decretos y resoluciones municipales, además de dos sentencias judiciales que a lo largo de estos 34 años han promulgado el carácter público de estos dos conjuntos. El carácter privado de esta urbanización que tiene 464 viviendas y 51 locales lo firmó el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, el pasado mes de agosto.

Frente a un importante número de vecinos que han aplaudido la medida, hay otros que se muestran en contra y la han recurrido. Estos últimos muestran su extrañeza de que el Ayuntamiento haya tomado una decisión que consideran que va en contra de anteriores medidas municipales y de fallos judiciales y además es contradictoria, ya que ha decretado la privacidad de uno solo de los dos conjuntos mientras que el otro, de idénticas características, permanece con su carácter público.

A la cabeza de los vecinos que se oponen a dar carácter privado a este recinto se encuentra Luis Gutiérrez, presidente de uno de los bloques de viviendas. Gutiérrez ha presentado un recurso administrativo contra la decisión municipal. Argumenta que la consideración de pública de la zona viene reflejada en el Plan General (PGOU), que aprobó el pleno municipal, por lo que algo aprobado en sesión plenaria no puede ser "cambiado diametralmente" por un simple decreto.

Alega igualmente el perjuicio que acarreará a muchos de los locales comerciales del recinto y que también va a suponer para los vecinos "un desembolso económico muy importante" para costear su mantenimiento, "al que muchos no podrán hacer frente". La documentación aportada por el Ayuntamiento sobre esta urbanización permite constatar cómo desde su inicio, según reflejan sus propias escrituras de constitución, la zona está considerada pública.

Antecedentes

En 1990, siendo alcalde el socialista Pedro Aparicio, éste envió al juzgado número 4 un informe elaborado por la Gerencia de Urbanismo que afirmaba que "la totalidad de los terrenos ocupados por la denominada plaza Miramar de El Palo tienen y han tenido desde el momento en que acabó su construcción la consideración de públicos", y añadía más adelante que el PGOU "no recoge el suelo que ocupa la plaza como patio interior de la urbanización, sino como viario". En 1996, con Celia Villalobos (PP) de alcaldesa, ésta contestó a una pregunta afirmando en su respuesta que "según los datos obrantes en el servicio de planeamiento y gestión urbanística del patrimonio municipal, la parcela que forma el Pasaje Miramar de El Palo es pública".

También la justicia ha sido clara. En 1991, el juzgado número 2 falló en contra de la comunidad de propietarios, que había exigido a los dueños de locales que tenían puertas abiertas en la parte interior del recinto que las cerrasen al ser un recinto privado. El juez consideró esa exigencia "contraria a la ley" al concluir que los locales están en lugares comunes (públicos).

Las críticas

Luis Gutiérrez y los otros vecinos contrarios al carácter privado del recinto señalan a Ricardo Abá, el presidente del conjunto de bloques de la urbanización, como el "instigador" que ha hecho posible el cambio de postura del Ayuntamiento.

Gutiérrez explica que Ricardo Abá "siempre ha considerado la urbanización como privada sin serlo, y ha actuado en consecuencia". Así, cuentan que el presidente "ordenó quitar y guardar todas las papeleras que había en el recinto porque llevaban grabado el escudo y el emblema del Ayuntamiento".

También critican que Abá ha sido el que ha logrado introducir la seguridad privada en el recinto, "que supone un coste mensual de unos 7.000 euros y que sería innecesaria ya que si la zona es pública debía estar bajo control de la Policía Local".

Para estos vecinos contrarios a la privacidad del recinto, detrás de la obtención del carácter privado "hay otros intereses" y apuntan al proyecto que está preparando Ricardo Abá para renovar toda la solería, jardinería y el patio interior que "tiene un primer presupuesto de 1,3 millones de euros que al ser ahora un recinto privado deberemos costear todos los vecinos".

A éstas y otras críticas no ha querido responder Ricardo Abá, que ha declinado, pese a la insistencia, hacer declaraciones al respecto.

La Junta cifra en mil viviendas el coste de los suelos de Arraijanal (La Opinión)

Vivienda estima que el sistema general permite compensar a los dueños. El Ayuntamiento niega en rotundo tal medida


Mapa. López enseña los planos al vicerrector Rafael Morales.
Mapa. López enseña los planos al vicerrector Rafael Morales. C. C.

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA La Junta de Andalucía estima que la obtención de los suelos de Arraijanal rondará las mil vivienda, que será la compensación que habrá que ofrecer a los propietarios del suelo, según señaló ayer la delegada de Vivienda, Jose López.
López se mostró satisfecha de que el Ayuntamiento haya aceptado calificar aquellos suelos como un sistema general "ya que todo sistema general debe contar con una o varias áreas de reparto para compensar a los propietarios de dicho sistema".
La delegada consideró que la calificación de la zona de Arraijanal como sistema general "beneficiará a todos ya que los propietarios podrán entrar en el área de reparto; a su vez el Ayuntamiento podrá mantener el convenio urbanístico con los dueños y cobrar lo estipulado y la Junta tendrá el camino abierto para desarrollar el parque marítimo que pretendemos", comentó.
El argumento de la delegada de Vivienda choca con lo expresado días pasados por el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga Manuel Díaz, que aseguró que la administración local no pondrá inconveniente a que la zona sea un sistema general pero que "su adquisición debe correr exclusivamente a cargo de la Junta".

Negativa municipal. Ayer el concejal Manuel Díaz volvía a insistir en que el Ayuntamiento acepta el sistema general, pero "no se nos pasa por la cabeza que aquello tenga un sistema compensatorio al estar adscrito a suelo no urbanizable", lo que significa que el Ayuntamiento no se opone al proyecto "pero si la Junta quiere hacerlo tendrá que ser por su cuenta y con su dinero".
Sin embargo la delegada Josefa López insistió en que espera la colaboración del Ayuntamiento para conseguir la obtención de los suelos de Arraijanal de manera "no traumática".
La Junta mantiene como última opción la expropiación de los suelos en caso de no poder obtenerlos por compensación.
La delegada, junto con el redactor del proyecto del parque marítimo, Damián Alvarez, y el vicerrector de Infraestructuras de la Universidad, Rafael Morales, se reunió ayer con miembros de la comunidad universitaria para explicarles el proyecto del parque de Arraijanal, que "posibilitará salvaguarda el último tramo significativo del litoral malagueño sin construir".
Josefa López recordó que la Junta abrió una página web sobre el proyecto de Arraijanal en el que pedía sugerencias de los ciudadanos y señaló que hasta la fecha se han recibido unas cincuenta propuestas, "todas ellas elogiando el proyecto y proporcionando nuevas ideas".

Vecinos de La Noria exigen a la Junta más control de sus casas (La Opinión)

La asociación de vecinos reclama que mantenga más el saneamiento y que controle periódicamente los contratos de arrendamiento de las viviendas


La Noria. Vista de las viviendas de alquiler.
La Noria. Vista de las viviendas de alquiler. Gregorio Torres

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA La delegada de la Junta en Málaga, María Gámez, y la de Vivienda, Josefa López, escucharon el pasado día 4 las reclamaciones de las viviendas sociales de La Noria, en Churriana.
El presidente de la asociación de vecinos, Juan Martínez, destacó a La Opinión que uno de los principales problemas está en los saneamientos. "Son 16 años de viviendas sociales y no hay mantenimiento. Cuando se rompen las tuberías del saneamiento, toda esa porquería va al suelo, por eso hay tanta humedad y tanta peste".
El presidente vecinal precisó que cuando se construyeron las casas, la constructora no previó un acceso a las tuberías de saneamiento, por eso pidió a la Junta "que vengan los técnicos para ver cómo pueden llegar abajo porque eso sigue ahí". En la actualidad, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (Epsa), dependiente de la Junta, es la encargada del mantenimiento de las casas.
Otra de las peticiones vecinales es que la Junta controle de forma periódica los arrendamientos para evitar la picaresca. En concreto, los vecinos reclaman inspecciones cada seis meses para comprobar que se mantenga la titularidad del inquilino.
Los vecinos de La Noria pagan un alquiler que ronda los 50 euros de media, en algunos casos para pisos de unos 90 metros cuadrados. Precisamente por ello, Juan Martínez ha pedido que la Junta esté "más pendiente" de la barriada.
Pero las reclamaciones de los vecinos de La Noria no acaban en la administración autonómica. La pasada Semana Santa, una serie de actos vandálicos produjeron el incendio de varios contenedores y la quema de todas las papeleras del barrio. "Desde Semana Santa el Ayuntamiento no ha cambiado las papeleras ni los contenedores, al alcalde se lo dije, que las repongan", denuncia Martínez, que también critica que están rodeados por solares sin vallar, lo que ha provocado que algún vecino haya sido atacado por ratas.
Fuentes de la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía declararon a La Opinión que con respecto a la seguridad en las viviendas, "en el momento que se tiene conocimiento de una vivienda ocupada por un inquilino al que no le corresponde se le abre un expediente de desahucio".
En relación con el mantenimiento y el saneamiento roto, la delegación informará al gerente de Epsa, Cristóbal Fernández, "para que estudie cómo solventar el problema".

La segunda fase de la Ciudad Deportiva se adjudicará el lunes. Ronda (SUR)

La segunda fase de la Ciudad Deportiva se adjudicará en el plazo de una semana, concretamente, el próximo lunes, según ha explicado el alcalde de Ronda, Antonio Marín. El regidor indicó que el proyecto ha recibido un total de 17 ofertas. De ellas, cuatro empresas rondeñas se han interesado en realizar las obras. En principio, la segunda fase de las instalaciones deportivas supondrán una inversión de 1,4 millones de euros y contarán con un plazo de ejecución de 18 meses. No obstante, todas las ofertas económicas han rondado el millón de euros y con un plazo de ejecución menor.
Graderío y vestuarios
Las obras incluirían la construcción del nuevo graderío y los vestuarios del estadio, la piscina cubierta del complejo, una pista polideportiva y un campo de césped artificial, todo ellos dentro de la segunda fase de la construcción. Sólo está terminada la primera, que incluye el campo de césped natural y la pista de atletismo.
El Consistorio aprobó una partida de 750.000 euros para financiar esta actuación. En el proyecto de la Ciudad Deportiva también participa la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía que ha librado una cantidad económica similar para hacer frente a estos trabajos.
Según explicó el alcalde, el convenio urbanístico con la firma Eroski para la construcción de un centro comercial en la ciudad permitió al equipo de gobierno tener capacidad para responder al 50 por ciento que le corresponde aportar al Consistorio rondeño.

Urbanismo retoma el expediente para rescindir el contrato de la plaza de toros. Vélez-Málaga (SUR)

La construcción y explotación del complejo fue adjudicada por un periodo de 50 años
10.11.2009 -
AGUSTÍN PELÁEZ
VÉLEZ-MÁLAGA

Urbanismo retoma el expediente para rescindir el contrato de la plaza de toros
El complejo se ejecutará sobre una parcela municipal junto al nudo de la autovía./ E. G.
El proyecto del complejo de ocio y la plaza de toros en el actual recinto ferial amenaza con quedarse en nada. El edil de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Salvador Marín (IU), ha dado orden a la Gerencia para que retomen el expediente de revocación de la concesión administrativa que el Ayuntamiento suscribió en febrero de 2007 con la empresa Rondega para la construcción, gestión y explotación de un complejo de ocio y una plaza de toros sobre una parcela municipal de 33.000 metros cuadrados de superficie situada junto al nudo de la autovía.
Marín ha explicado que la empresa ha agotado el plazo otorgado por el consistorio para que explicara el proyecto al no confiar el área de Urbanismo en la viabilidad de la plaza de toros y el hotel en un complejo de ocio.
«La empresa no ha elevado ninguna propuesta, de modo que hemos decidido rescindir el contrato y exigir a la sociedad que abone el canon que le corresponde. Hasta la fecha no han pagado nada», ha explicado el edil.
Inversión
Rondega no ha hecho efectivo el canon correspondiente a los dos primeros años de concesión administrativa, que es de 50 años. El canon anual asciende a 201.900 euros. El proyecto propuesto en su día por Rondega exige una inversión de 60 millones de euros. Según Marín, la empresa considera que no debe abonar el canon hasta tanto no se redacta el plan especial del sector.
El expediente de revocación de la concesión fue iniciado por el anterior gobierno municipal, formado por PP y PA, al considerar que la empresa adjudicataria había incumplido algunas de las condiciones recogidas en el contrato y que el pliego que sirvió para convocar el concurso. En concreto, la plaza de toros debería estar finalizada en el plazo de dos años desde la firma del contrato, periodo que ya ha transcurrido.
La concesión para construir complejo y su explotación fue decida en la pasada legislatura por un periodo de 50 años.
Para la realización del proyecto, el Consistorio ponía a disposición de la empresa una superficie de 33.000 metros cuadrados en el recinto ferial.
Complejo
El complejo debía contemplar, además de la plaza de toros, un auditorio, un hotel, una zona comercial y de restauración, un centro deportivo y un aparcamiento subterráneo. Además del canon, la empresa debía entregar al Ayuntamiento 2.000 metros cuadrados de la edificación para uso público.
Marín ha manifestado que su postura es la de volver a sacar a concurso al concesión administrativa, una vez recuperada la adjudicación. Asimismo ha aclarado que como edil de Urbanismo no comparte la idea de incluir en el complejo de ocio una plaza de toros y un hotel. «Las plazas de toros son una ruina y un hotel en un centro de ocio no parece lo más adecuado debido a los problemas de ruido que genera», ha declarado el edil.
El responsable de Urbanismo ha manifestado que hay otras empresa que se han mostrado interesadas en acometer en el municipio un complejo deportivo y comercial dotado de hotel, «lo que significa que en el supuesto de sacar nuevamente a concurso el proyecto del centro de ocio no quedaría desierto».

Vecinos reclaman la demolición de un muro con orden de derribo. Marbella (SUR)

«Ahora que estamos en el vigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín, y ya que aquel tardaron 28 años en derribarlo, espero que nosotros no tengamos que esperar tanto para que desaparezca éste». Antonio Guisado, presidente de la Comunidad de Vecinos de La Torrecilla y como voz también de los residentes e Lomas Bellas, Divina Pastora y El Mirador de La Cañada, volvió a rescatar ayer con estas palabras la demanda de que se derribe el muro construido en la urbanización La Serranía y que les impide el paso. Y lo hizo no en un día cualquiera, sino en una jornada tan simbólica como la que conmemora la caída del muro alemán. Salvando las distancias.
La pared, de 200 metros de longitud y 2,5 de altura, y el portón impiden el paso a 2.000 personas que se ven obligadas a transitar por un carril anexo que además carece de iluminación. «El equipo de gobierno da la espalda a los vecinos, que reclaman desde hace dos años y medio una solución», apuntó la portavoz del grupo municipal socialistas, Susana Radío, al tiempo que recordó que existen órdenes de demolición al levantarse sobre un suelo calificado como viario público.
A los socialistas no le valen los argumentos del Ayuntamiento, que se escuda en un informe de la Demarcación de Carreteras. «La excusa de la alcaldesa es falsa porque Carreteras no se ha pronunciado sobre el muro sólo sobre el hecho de que la rotonda está saturada y no admite más entradas al tráfico rodado», anotó Javier de Luis, concejal del PSOE.
Por su parte, el delegado municipal de Urbanismo, Pablo Moro, acusó a los socialistas de «llegar tarde una vez más» y adelantó que hace varios días se fijó una reunión, que se celebrará el próximo lunes, con los representantes de las dos comunidades de vecinos afectadas «para estudiar las alternativas y consensuar las soluciones».

El Ayuntamiento suspende la construcción de dos parkings para residentes por la baja demanda. Marbella (SUR)

La falta de compradores y el temor a que el concurso quede desierto obliga a posponer los proyectos para Torres Murciano y Santa Marta
10.11.2009 -
CRISTINA GONZÁLEZ
MARBELLA

El Ayuntamiento suspende la construcción de dos parkings para residentes por la baja demanda
Vista de la zona donde se iba a construir el aparcamiento. /JOSELE-LANZA
El llamado Plan Municipal de Aparcamientos, que pretendía poner en el mercado en dos años más de 4.000 plazas de estacionamientos subterráneos, se ha dado de bruces con la temida palabra: crisis. La coyuntura económica se ha cobrado sus dos primeras víctimas a la espera de que corran tiempos mejores. De la hoja de ruta del Ayuntamiento se caen los parkings para residentes previstos en la zona de Torres Murciano, en la confluencia de las calles Andrés Segovia y José Iturbi, y en la barriada de Santa Marta, en los alrededores de la calle Galvestón. La demanda de los vecinos es baja, como ha quedado de manifiesto en el plazo de preinscripción, y la probabilidad de que los concursos públicos queden desiertos, también por el cerrojazo de los bancos a conceder créditos, es alta. Ni compradores ni financiación. Dos enemigos difíciles de batir.
«La gente no tiene muchos recursos y los que los tienen no se atreven a meterse en un aparcamiento por si empeora», valora el concejal delegado de Urbanismo, Pablo Moro, sobre el escaso tirón que han tenido ambos proyectos, que en el caso de Santa Marta también contó con la oposición vecinal por la ubicación escogida para su construcción. Tampoco acompaña la situación de las empresas que podrían optar a su construcción y posterior explotación. «No se meten en inversiones de cinco millones de euros y menos si los bancos no dan financiación», apunta.
Estudios previos
No es un carpetazo. Al menos esa es la intención del equipo de gobierno. «Sólo se pospone, no se desiste», anota el concejal. De hecho, en el caso del aparcamiento de Torres Murciano se llegó a encargar el estudio de viabilidad en febrero de este año, el mismo día que se puso de largo el llamado Plan Municipal de Aparcamientos. En este caso estaba previsto dotar a la zona de 179 plazas exclusivamente para residentes, al igual que en la barriada de Santa Marta, que se estiraría hasta las 220 plazas.
Los otro ocho sí seguirán adelante, aunque con distintos tiempos y distintas fórmulas. El más avanzado es el de la plaza de Istán de San Pedro, que contará con 265 plazas (154 para residentes) y que está inmerso en las obras. En pleno concurso público se encuentra el de calle Magallanes, otro de los alumnos aventajados. Más rezagado va el previsto en la avenida Severo Ochoa, uno de los que más demanda de compradores acumula. «Hemos bajado un poco el ritmo por la coyuntura actual pero queremos sacar los estudios previos antes del verano», abundó Moro sobre unos plazos, que serán idénticos para el estacionamiento de la barriada Miraflores, en los alrededores del antiguo mercado.
El parking de San Pedro Alcántara, vinculado a la obra del mercado; el de la barriada Plaza de Toros, en la zona comercial prevista en el Plan General; la liberación de 300 plazas del centro comercia Plaza del Mar; y la puesta en funcionamiento del aparcamientos subterráneo del Francisco Norte completan los planes municipales para los próximos años.
«Iremos dando los pasos para ponerlos en marcha», agregó el concejal delegado de Urbanismo, que reconoció dificultades en el caso del Francisco Norte, con más de 650 plazas de uso mixto (rotación y residentes). José Ávila Rojas está en la cárcel por defraudar a Hacienda su empresa, Naviro Inmobiliaria, tiene dificultades financieras. «Ese aparcamiento es vital pero la cosa se ha complicado», concluyó.

Urbanismo ordena la demolición de una vivienda ilegal en Campanillas (SUR)

No hay tregua para las viviendas sin licencia construidas en suelo no urbanizable. La Gerencia Municipal de Urbanismo, a través del Departamento de Disciplina Urbanística, ha dictado una resolución de ejecución subsidiaria para la demolición de una estructura en planta baja y primera, situada en Cerrado Chinchilla, en la barriada de Campanillas, con la que se pretende restablecer del orden jurídico tras la infracción urbanística cometida en 2006 por el propietario de esta construcción.
Sobre ésta pesaba una orden de demolición incumplida cuyo origen es una infracción urbanística consistente en una construcción ilegal en suelo no urbanizable.
Infracción
La obras objeto de infracción están formadas por una estructura exenta a base de pórticos y tableros de hormigón con planta baja y primera cuya superficie total es de 140 metros cuadrados. A raíz de esa infracción, la Gerencia Municipal de Urbanismo inició un procedimiento para el restablecimiento del orden jurídico perturbado el 11 de julio de 2006.
Este trámite prosiguió con el dictamen de una orden de ejecución con fecha 11 de octubre de 2006 en base a lo que se ha dictado la resolución de ejecución subsidiaria que ahora se realiza el Ayuntamiento. La demolición de esta vivienda se ejecutó ayer.
Esta decisión se adopta una semana después de que los jueces decretaran la demolición de una vivienda de 250 metros cuadrados con piscina en el municipio de Alhaurín el Grande aduciendo el impacto sobre un entorno rural «ya de por sí muy deteriorado» y el decreto de seis meses de prisión para un propietario de Benagalbón por un caso de autoconstrucción en suelo no urbanizable.
El tribunal ordenó además la demolición de la edificación, que deberá hacerla el propio condenado en un plazo de seis meses, según indica la sentencia a la que ha tenido acceso Efe.

El PSOE reclama que se agilice la concesión de los 210 euros para el alquiler de viviendas (SUR)

El diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia ha registrado en el Congreso una proposición no de ley, que será debatida en los próximos días en la comisión de Vivienda, en la que se reclama agilizar la concesión de la ayuda al alquiler de pisos de 210 euros ante los retrasos que están sufriendo las asignaciones. «Queremos que a la mayor brevedad se conceda el dinero», apuntó.
Para ello, se insta a una mayor colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas, las encargadas de ejecutar la Renta Básica de Emancipación, que entró en vigor en enero de 2008. Los requisitos para obtener la ayuda de 210 euros mensuales durante un máximo de cuatro años son tener entre 22 y 30 años, trabajar y tener un sueldo que no supere los 22.000 euros brutos anuales y acreditar una vida laboral de al menos seis meses de antigüedad. Además, la renta básica de emancipación se completa con 600 euros de préstamo para la fianza y con 120 euros, si se necesita aval, para los gastos de tramitación.
En Málaga, actualmente 4.709 jóvenes se benefician de esta medida y 1.397 tienen formulada una solicitud, según los datos facilitados por el también secretario general del PSOE. El perfil del adjudicatario se corresponde con el de una mujer de entre 27 y 29 años, con un alquiler entre 400-600 euros mensuales y una sueldo bruto anual de entre 10.000 y 16.000 euros.
Beneficiarios
Heredia añadió que 5.538 jóvenes de la provincia se están beneficiando del Plan de Fomento del Alquiler impulsado por la Junta de Andalucía. Por ello, destacó la apuesta de las administraciones gobernadas por los socialistas para facilitar el acceso a una vivienda. Entre ellas incidió en el plan andaluz para sacar al mercado 70.000 viviendas en 'stock' en la región, de ellas 13.000 en Málaga con condiciones ventajosas.
Por su parte, el secretario general de Grandes Ciudades de la ejecutiva provincial, Javier Carnero, volvió a criticar que los ayuntamientos gobernados por el PP, sobre todo los del litoral, no apuesten por la vivienda protegida. Así, recordó que en Marbella hay una demanda de más de 12.000 casas de esta tipología y la alcaldesa, Ángeles Muñoz, «no se enfrenta» a esta realidad. Además, contrapuso la distinta actitud de los consistorios del Mijas (PSOE) y Fuengirola (PP) en este tema.

La Junta valora en mil viviendas la compensación por los suelos de Arraijanal (SUR)

La delegada de Ordenación del Territorio confía en que el Ayuntamiento contemple los derechos edificatorios para los privados en los nuevos cambios del PGOU El proyecto del parque ha recibido medio centenar de sugerencias en dos meses
10.11.2009 -
JESÚS HINOJOSA
MÁLAGA

La Junta valora en mil viviendas la compensación por los suelos de Arraijanal
Rafael Morales, vicerrector de la UMA, y Josefa López observan el proyecto. / CARLOS MORET
Suelo para algo más de un millar de viviendas. Es lo que tendría que contemplar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital para dar respuesta a los deseos de la Junta de Andalucía de compensar con derechos edificatorios a los propietarios de los terrenos de Arraijanal, donde la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha proyectado la realización de un parque metropolitano. Su delegada provincial, Josefa López, señaló ayer que esa cifra de pisos como compensación por el suelo podría ser suficiente y no la de seis mil o siete mil que hasta ahora ha barajado el Ayuntamiento, según comentó.
«No estamos hablando de aumentar considerablemente el número de viviendas en Málaga. Estos reajustes se pueden llevar a cabo perfectamente en el PGOU, sólo hace falta voluntad», manifestó López, quien pidió expresamente al equipo de gobierno municipal «que colabore» porque «no es tan complicado poder hacerlo».
Sin ayuda municipal
Desde el Consistorio se ha dejado claro recientemente que no va a mostrar oposición al proyecto de parque para Arraijanal, pero lo deja totalmente en manos de la Junta, incluida la obtención del suelo. «No vamos a sufragar la compra de los terrenos cuando se trata de un parque del que se beneficiarán una docena de municipios», llegó a indicar a finales del mes pasado el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz. De hecho, según fuentes consultadas, el Ayuntamiento puede calificar la parcela como un espacio libre de interés territorial o metropolitano, pero adscrito a suelo no urbanizable, por lo que no tendría que fijar una compensación para su obtención, sino que deja ese procedimiento en el tejado de la Junta, que promueve el proyecto.
Sobre esta postura, la delegada de Ordenación del Territorio reconoció que su consejería no puede obligar al Ayuntamiento a recoger la compensación del suelo. «En el PGOU hacemos sólo un control de legalidad. Si el Ayuntamiento no lo contempla, tendremos que ver la forma de obtención de los suelos, pero no le vamos a obligar», relató Josefa López. Sobre otras posibles fórmulas para hacerse con el suelo, distintas a la compensación, mencionó la expropiación o la compra directa. «No queremos llegar a la expropiación pero, si no hay otra vía, se haría», dijo.
La delegada de Ordenación del Territorio comentó igualmente que no hay un plazo establecido para cerrar este asunto, pero aseguró que las conversaciones con los propietarios de Arraijanal siguen adelante aunque sin un resultado definitivo. «Espero que pronto pueda haber un desenlace final», agregó.
Josefa López participó ayer en un acto de presentación del proyecto del parque a varios departamentos de la Universidad. En concreto, los de Biología Vegetal, Ecología y Geología, Arqueología e Historia Medieval y la Escuela de Arquitectos. A través de la página web de la Consejería de Vivienda, la Junta ha recabado en dos meses medio centenar de sugerencias para el proyecto de Arraijanal. Algunas de ellas apuntan a la necesidad de prever aparcamientos en la zona.