martes, 9 de diciembre de 2008

Marbella garantiza inmunidad por escrito a los dueños de casas ilegales. (El País)

La alcaldesa da por hecho en una carta que todos compraron de buena fe

El último gesto de la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, para ganarse la confianza de los propietarios de las 18.000 viviendas ilegales ha sido garantizarles por escrito que no serán ellos quienes paguen para legalizarlas. Esta inmunidad no aparece expresamente recogida en el artículo que el equipo de gobierno del PP ha incluido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que tampoco garantiza la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la ley del Suelo.

La alcaldesa ha firmado una carta, que se entrega en la exposición pública del PGOU y puede leerse en la página de internet del Ayuntamiento. En ella informa a los vecinos de lo siguiente: "Entre las modificaciones que hemos incorporado al documento en esta nueva fase de tramitación, destaca la inclusión de nuevas garantías jurídicas necesarias para eximir a los compradores que, como usted, adquirieron su inmueble de buena fe, de hacer frente a cualquier tipo de compensación para regularizar la situación urbanística de su vivienda y/o negocio, toda vez que los deberes y cargas se impondrán al titular de la finca y/o promotor de la actuación urbanística".

Entre las modificaciones que el Ayuntamiento ha hecho al PGOU, redactado por la Junta de Andalucía, hay un artículo que incide en que el "promotor originario" de las viviendas ilegales "no queda sustraído de las obligaciones y deberes establecidos por la legislación urbanística". La fórmula jurídica antepone a los constructores a la hora de pedir responsabilidades, pero en ningún momento recoge que los dueños de las viviendas no tendrán que pagar por regularizarlas en caso de que no se les localice o no quieran asumir las cargas.

El edil socialista Javier de Luis asegura que el escrito de Muñoz es una "medida populista" que no garantiza la protección de los dueños de las viviendas ilegales. "Una cosa es lo que el alcalde prometa y otra muy distinta lo que recoge la ley o el contenido del Plan General", explica De Luis. "En el añadido hecho al PGOU no se hace mención de los compradores de buena fe. Además, la Administración de Justicia no entiende de buena o mala fe, sino de leyes, y no se puede garantizar algo que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía no contempla."

En charlas con colectivos vecinales, el redactor del plan, Manuel González Fustegueras, se ha esforzado en dejar claro que la responsabilidad última de una vivienda ilegal siempre se encuentra en la propiedad.

Los socialistas inciden en que el añadido con el que la alcaldesa publicita la inmunidad de los propietarios de las casas ilegales tiene una "redacción farragosa" y "cae por su propio peso" tras una consulta con un abogado. "Cualquier vecino que se informe comprobará que siempre quedará como garantía, que nadie le ha liberado", añaden.

Ésta es la segunda vez que el plan urbanístico, redactado cuando Marbella tenía retiradas las competencias urbanísticas, sale a exposición pública. La primera vez recibió 8.532 alegaciones. De ellas, unas 5.000 hacían referencia al proceso de regularización viviendas a cambio de terrenos para equipamientos y zonas verdes. En su carta, la alcaldesa agradece a los vecinos su participación en el debate social creado en torno al PGOU y "propiciado para alcanzar las soluciones que mejor garanticen tanto el interés público como los legítimos derechos de los particulares". El documento permanecerá en exposición pública hasta el 5 de enero.

Viviendas en orden

- El PGOU de Marbella tiene previsto regularizar más de 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema por el que se deben aportar a la ciudad los equipamientos y zonas verdes esquilmados.

- Unas 500 viviendas, auténticos pecados mortales urbanísticos, quedan fuera de ordenación, aunque Muñoz se ha comprometido a luchar para que sean finalmente legalizadas.

- La plataforma de vecinos 29-M, creada para defender la legalidad, impugnará el documento porque cree que los pagos para regularizar las viviendas no son proporcionales al daño causado.

El puerto deportivo de Huelin arrastra año y medio de atraso (Málaga Hoy)


La licitación está a la espera de que se apruebe el cambio del plan especial, lo que podría ocurrir antes de que acabe el año

El puerto deportivo de San Andrés, proyecto junto a la desembocadura del río Guadalmedina y de la zona de Huelin, podría ser desbloqueado en las próximas semanas. Tras más de un año y medio de espera, el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Enrique Linde, confía en que antes de que finalice este año el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, firme la aprobación inicial de la modificación del Plan Especial del Puerto, lo que permitirá dar inicio al concurso para la construcción y explotación comercial de unas instalaciones que acogerán unos 600 amarres para embarcaciones deportivas.

La demora con la que se han tramitado los cambios introducidos en planeamiento inicial del espacio portuario, con la inclusión de un nuevo acceso al muelle 2 desde la Plaza de la Marina, que incluirá el soterrado del tráfico que pasa por la zona, y la definición de los accesos que tendrá la plataforma de El Bulto, donde será construido el Auditorio de Málaga, han alterado de manera considerable las previsiones iniciales del Puerto, que esperaba poder licitar este proyecto a principios del pasado año.

"Estamos a la espera de que se apruebe la modificación por parte del Ayuntamiento", confirmó Linde, quien esperó que la cuenta atrás tenga su punto y final en una o dos semanas. "En la última reunión que mantuvimos hace dos semanas creo que quedaron cerrados todos los temas pendientes, con lo que estamos a la esperar de que se dé la aprobación inicial", agregó.

La idea de la Autoridad Portuaria pasa por adjudicar a un socio privado la concesión del nuevo puerto deportivo por un periodo de 35 años, siendo ésta la que se haría cargo de ejecutar las instalaciones y de explotarlas. La inversión que se baraja en este caso ronda los 20 millones de euros y el plazo de construcción sería de unos dos años.

De otro lado, Linde informó de que la transformación de la parcela del puerto que hay en paralelo a Muelle Heredia, ocupada en la actualidad por varios edificios, y la construcción en la misma de edificios para oficinas está a la espera de que los responsables centrales de la Agencia Tributaria den su visto bueno a la intervención.

Denuncian al propietario de una finca por permitir que viertan escombros en ella (Málaga Hoy)

La Policía Local investiga qué empresas vertieron los desperdicios en el terreno

El propietario de una finca situada en las inmediaciones del aeropuerto de la capital ha sido denunciado por la Policía Local de Málaga por supuestamente permitir que varias empresas viertan escombros en ella. El individuo fue sancionado por un delito medioambiental, pues los deshechos acumulados superaban los 3.000 metros cúbicos.

Según informaron fuentes del citado cuerpo, la intervención se produjo hace aproximadamente dos semanas y en la actualidad se investiga qué empresas han vertido escombros en el lugar, pues también habrían incurrido en irregularidades por no seguir los trámites establecidos para el depósito y destrucción de los mismos.

Agentes del Grupo de Medio Ambiente realizaban labores de inspección en la zona del aeropuerto y el Carril de Zapata y detectaron una gran cantidad de deshechos de obras en una finca.

Éstos localizaron al propietario del terreno y, después de varias gestiones, constataron que permitía que se vertiesen escombros en él, aunque las fuentes consultadas no precisaron si recibía alguna retribución por ello.

Las dimensiones del vertido eran de 3.000 metros cúbicos, por lo que se sospecha que se inició hace tiempo.

La Policía Local de Málaga, a través de su Grupo de Medio Ambiente, realiza labores de vigilancia y control de este tipo de delitos medioambientales y ya han sancionado a varias personas por hechos similares.

Los agentes también investigan otras cuestiones relacionadas como el abandono de numerosos recipientes de productos químicos de revelado de fotografía en la zona de Campanillas.

Las VPO autorizadas en la provincia de Málaga desde enero no llegan ni al millar (Málaga Hoy)

La Junta concede calificación provisional para construir 927 viviendas en nueve municipios · El 60% son en venta
La respuesta de las administraciones públicas y de las empresas privadas ante la evidente demanda de vivienda protegida en la provincia de Málaga no parece que, de momento, sea del todo apropiada. En lo que llevamos de año, entre el 1 de enero y el pasado 30 de noviembre, la Junta de Andalucía sólo ha concedido calificación provisional para un total de 927 viviendas protegidas, promociones que se reparten entre un total de nueve localidades. El dato del último balance de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio contrasta con los estudios elaborados por este mismo departamento, según el cual en la provincia serían necesarios unos 50.000 pisos a precio asequible para satisfacer la necesidad existente en los próximos años.

De las 927 casas a las que se ha concedido calificación provisional, entre las que se mezclan actuaciones impulsadas por organismos públicas y constructoras privadas, 552 se corresponden con promociones en venta, mientras las restantes 375 lo hacen con régimen de alquiler. Cabe precisar que la calificación provisional es el trámite necesario para que los promotores de este tipo de intervenciones residenciales puedan dar inicio a su construcción.

Esta cifra es muy inferior a las 1.565 calificaciones que se han dado sólo en la ciudad de Sevilla, donde la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (Epsa) asume 356 unidades. En la provincia malagueña, Málaga encabeza el listado de municipios con más viviendas protegidas impulsadas en lo que llevamos de año, con 482, de las que 375 son en arrendamiento y 107 en venta. En el caso de la capital de la Costa del Sol destaca el hecho de que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) sólo ha tramitado 165 VPO en alquiler en los primeros once meses, dato al que habría que sumar otras 800 casas para las que se ha solicitado el permiso autonómico y que aún no aparecen reflejadas en la estadística de la Junta.

A ellas se suman las acciones iniciadas por Grupo de Inversiones Noga (112, en alquiler); Foment Inmobiliari Assequible (98, alquiler), promotora de la Obra Social de La Caixa; Inmar, Sociedad Cooperativa Andaluza (71, en venta) y Promociones y Construcciones Angulo Sánchez (36, en venta).

Tras Málaga, Alhaurín el Grande ha tramitado 130 viviendas en venta, de las que 48 corresponden a la firma CPO2010 Malaka Gestoría y las 82 restantes a Profasan. Fuengirola ocupa la tercera posición con 128 pisos en venta (Profasan, 26, y Provisoc Málaga, 102). A ellas se suman Rincón de la Victoria (51, en venta), Cártama (43, en venta), Campillos (35, en venta), Totalán (21, en venta), Antequera (17, en venta) y Nerja (12, en venta).

Al margen de las autorizaciones otorgadas por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, hay que subrayar las promociones sociales que en estos momentos se están ejecutando en municipios como Málaga. En la capital, según los datos aportados por el IMV, se está dando forma en estos momentos a un total de 1.847 pisos, de los que 480 son en régimen de alquiler y las restantes, en venta, la mayoría de ellas en Soliva. Asimismo, están en fase de redacción de proyectos otras 1.481 VPO, con Universidad, que tendrá 1.006 pisos, como la más destacada.

El IMV sube en dos ocasiones el coste de seis promociones (La Opinión)

La sesión de hoy del consejo prevé también aprobar más de dos millones para 33 planes de remodelación de viviendas y locales comerciales en varias zonas

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA Seis promociones que construye el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) han visto encarecido por segunda vez el costo total de sus obras, lo que va a suponer que el precio final de estas actuaciones va a aumentar en 2,7 millones de euros sobre lo que tendrían que haber costado según los contratos de adjudicación.
Las seis actuaciones, cinco promociones de viviendas, que suman un total de 193 casas, y un parque de bomberos en Teatinos, vieron aprobado en meses anteriores un proyecto modificando al alza el coste de las obras, por añadidos que se consideran imprevistos. Ahora todas ellas vuelven a aumentar su precio según los certificados de final de obras que hoy se discutirán en el consejo rector del IMV.

Imprevistos. En concreto se trata de las 46 VPO construidas en San Felipe, las 66 de la calle Mariscal, las 24 de la calle Cuervo, las 11 de El Duende, las 12 de la calle Vital Aza y las 24 adosadas de El Retiro. A ellas hay que añadir el parque de bomberos de Teatinos. En el caso de las 12 VPO de Vital Aza, la segunda subida en el coste de la promoción se debe a un segundo proyecto modificado.
En total todos estos proyectos deberían haber costado, según los contratos por los que fueron adjudicados, algo más de 11,5 millones de euros, pero finalmente su precio será un 23,7 % más caro y supondrán 2,7 millones más.
Llama la atención que habiendo tenido todas estas promociones un proyecto modificado donde se supone que se han corregido todas las imprevisiones o los aumentos en las partidas de algunas capítulos, todas ellas contengan también un certificado final de obras con nuevos imprevistos que deberían haberse solucionado antes.

Críticas. De todos los proyectos que se encarecen el que lo hace de una manera más elevada es el que corresponde a las 12 viviendas de la calle Vital Aza. Esta promoción se contrató en principio para 11 viviendas por un precio de contrato de 856.000 euros.
Un año después se redactó un proyecto modificado que incluía, entre otras cosas, la construcción de una vivienda más. Este proyecto modificado duplicaba el precio del primero al ascender a 853.294 euros. Ahora los responsables del IMV presentan un segundo modificado esta vez por importe de 77.595 euros para colocar rejillas de ventilación, duplicar las acometidas de agua, luz y gas o colocar farolas en la calle, entre otras cuestiones.
El grupo socialista mostrará hoy su rechazo a estas determinaciones. El concejal responsable de temas de vivienda, Francisco Javier Paniagua criticará lo que a su juicio es "una lamentable falta de previsión y de planificación del equipo de gobierno que de forma permanente aprueba modificaciones a los proyectos aprobados".
Paniagua recuerda que "sólo en esta ocasión nos vamos a gastar casi tres millones más de lo presupuestado y en algunos casos las causas del aumento de precio son difícilmente justificables, como la instalación de farolas o los movimientos de tierra con las obras ya iniciadas".
También en este consejo rector del IMV de hoy se llevarán para su aprobación hasta 33 proyectos de ayudas a la rehabilitación de viviendas y locales que supondrán un desembolso total de 1.904.911 euros. La inversión privada de estos proyectos de reforma alcanza casi los 5 millones de euros.

Rehabilitación. La partida más importante se destina a la rehabilitación de más de 30 bloques de viviendas en distintas barriadas de la ciudad donde el IMV concederá subvenciones por valor de 1.334.56 euros.
Se concederán ayudas a dos edificios históricos del Centro, uno en la calle Hurtado de Mendoza otro en Agustín Martín Carrión. La subvención total para estos dos proyectos es de 413.189 euros.
Por último se darán ayudas para la reforma de las fachadas de siete locales comerciales en el Centro Histórico por valor de 382.466 euros.

La capital sigue a la espera para renovarse (La Opinión)

Trece restaurantes de playa de Málaga están pendientes de renovar sus infraestructuras como ocurrió en el litoral Oeste

M. F. MÁLAGA Los chiringuitos de la capital no son ajenos a las dificultades que sufre el resto del sector en la provincia. No obstante, sí que es cierto que no afecta a todos por igual, ya que una parte importante renovó su infraestructura a principios de la década y se integró en el nuevo paseo marítimo de Poniente. Un convenio entre el Ayuntamiento de Málaga y los empresarios permitió consensuar un modelo único para la docena de restaurantes de esta zona, dotándolos del espacio e instalaciones exigidos por la ley.
El resultado es que se ha renovado una parte importante de la planta hostelera de playa de la ciudad, con instalaciones en buen estado en San Andrés, La Misericordia y la Térmica. Diferente es lo que ocurre en el resto de las playas como La Malagueta, Guadalmar y La Caleta, donde quedan trece chiringuitos fuera de ordenación o con unas instalaciones que se han quedado obsoletas respecto al resto.
Estos trece chiringuitos, diez situados en La Malagueta y La Caleta y tres en Guadalmar, están a la espera desde 2003 para que se renueven las concesiones. Éste sería el primer paso para consensuar con el Ayuntamiento un modelo común de edificio, que bien podría seguir el aplicado en las playas de Poniente.
La eliminación de las maderas de la estructura para cambiarla por materiales más seguros como el hormigón, la dotación de un espacio mínimo de unos 150 metros cuadrados y de instalaciones adecuadas serían los elementos a mejorar. No obstante, como ocurre con el resto del litoral, Costas mantiene sus dudas sobre la ubicación de algunas de estas estructuras, lo que podría dar lugar a que se tenga que reubicar alguno de estos edificios.
La situación de los restaurantes de Pedregalejo y El Palo es muy distinta. Aquí el obstáculo sigue siendo la ocupación de terreno dentro del límite marítimo-terrestre, pero el problema es mucho más amplio ya que afecta a dos barrios tradicionales completos, incluyendo viviendas, con un asentamiento histórico.
La solución planteada tiene como objetivo renovar el paseo marítimo para hacerlo más ancho, ya que actualmente el tránsito de personas convive con las mesas de los chiringuitos y restaurantes. También se incluye ampliar la playa mediante aportes de arena que permitan ganar espacio. Así, la arena comenzaría unos 50 metros más lejos de donde lo hace actualmente, casi a la altura de los espigones construidos en los primeros años de la década de los 90. Eso permitiría legalizar las viviendas y los negocios.

Costas quiere mover 300 chiringuitos fuera de las playas (La Opinión)

El Gobierno retoma las conversaciones con los ayuntamientos para la reubicación y el sector teme la pérdida de unos 7.000 empleos. La mayoría ha terminado la concesión y espera su traslado para poder renovarla

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA Los chiringuitos del litoral malagueño están en vilo pendientes de su traslado físico, una medida que, según el sector, afectará a 300 establecimientos, es decir, el 60% del medio millar de restaurantes de playa de la provincia. Sin embargo, no va a resultar fácil esta ´mudanza´ prevista por la Demarcación de Costas, ya que los empresarios aseguran que les va a suponer un grave perjuicio económico y una importante pérdida de empleo.
El final de los 15 años de concesión a la mayoría de los chiringuitos abrió un plazo, que ya dura cinco años, para negociar su traslado y cumplir con las exigencias de la Ley de Costas. Esta normativa establece que se dejen libres de edificaciones 100 metros de playa, lo que incluye a un importante porcentaje de estos restaurantes. Desde que se aprobó la ley en 1988 hasta el año 2003, la gran mayoría de los chiringuitos ha permanecido donde estaba, aunque remozando sus infraestructuras. Sin embargo es ahora, con la renovación de la concesión, cuando Costas ha empezado a reclamar su traslado.
El propio jefe de la Demarcación de Costas Oriental, Javier Hermoso, que llegó al cargo a finales de septiembre, recalcó que éste es uno de los principales objetivos de su mandato, aunque anunció: "Será un proceso largo y complicado porque se llevan 20 años sin hacer nada".
El primer paso ha sido retomar las negociaciones con los ayuntamientos para acordar el traslado de los restaurantes fuera de la playa "y cumplir con la ley". El mismo Javier Hermoso asegura que cada dos días se reúne con un ayuntamiento de la Costa para avanzar en la negociación, que está casi culminada en algunos puntos.
Estepona es, quizá, uno de los que más ha avanzado en los últimos años, con la construcción de quince nuevas instalaciones junto al paseo marítimo para reubicar otros tantos restaurantes, quedando sólo cinco en la arena.
Pero éste es sólo uno de los casos, Fuengirola, Mijas o Torremolinos tienen por delante la difícil papeleta de buscar espacio para retranquear los restaurantes y, en algunos casos, modificar sus paseos marítimos para hacerles un hueco que les permita respetar el límite legal de 100 metros libres.
Patronal. Esta operación no contenta a los empresarios, que ven cómo la crisis económica ha hecho mella en sus ingresos, con un descenso de hasta un 20% respecto a 2007 y las perspectivas para 2009 son peores. En esta tesitura se ven obligados a asumir un traslado y gran parte del coste, lo que puede incidir en el cierre de una parte importante de estos establecimientos. De hecho, en el caso de Estepona, el más avanzado, los empresarios tendrán que asumir unos 300.000 euros por el traslado, así como el canon municipal.
Tanto es así, que el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa (FAE), Norberto del Castillo, augura la pérdida de más de 7.000 empleos en la provincia de Málaga, litoral que aglutina unos 500 de los 1.000 chiringuitos de toda Andalucía.
No obstante, se muestran optimistas ante la convocatoria de una comisión de seguimiento en la Subdelegación del Gobierno, en la que están integrados y que tendrá su primera reunión en este mes de diciembre. El objetivo de esta comisión es convertirse en un foro que permita abordar la situación de todas las playas, de forma independiente.
Esto les ha llevado a suspender el calendario de protestas que tenían en marcha, en tanto que vean cómo evoluciona esta comisión y los posibles acuerdos a los que se pueda llegar.
Del Castillo criticó que se argumente el final de la concesión de 15 años para el traslado de los chiringuitos, cuando eso ocurrió "hace cinco años, pero todavía nos cobran el canon sin darnos una solución".

El Consistorio enviará un informe para ´subsanar´ las expropiaciones en el litoral. Vélez-Málaga (La Opinión)

La cantidad de viviendas e infraestructuras afectadas por la delimitación de Costas en el término municipal de Vélez Málaga ha impulsado al gobierno de la localidad a elaborar un informe en el que se recoja detalladamente lo que entra en el dominio marítimo-terrestre.
El teniente alcalde de la capital axárquica, Salvador Marín, ha asegurado que se persigue subsanar "todo lo que sale de la racionalidad". Según el edil, la línea que la Delegación de Costas ha trazado en Vélez Málaga "es hasta discriminatoria". Marín no se explica cómo en la avenida Toré Toré de Torre del Mar se ve afectada la esquina de un bloque de viviendas, y "ningún otro edificio que le sucede".
Gravemente afectadas son las casas de Lagos y Mezquitilla, por las que existe un acuerdo de pleno para luchar por su conservación; viviendas en Caleta; el Copo de Torre del Mar; una parte de la carretera N-340 a su paso por Chilches, y otras zonas menores.
Con el informe el gobierno local se pretende solucionar algunas situaciones que podrían ser "salvables", según Salvador Marín. En aquellos casos en los que ya se haya abierto expediente de expropiación o cualquier procedimiento administrativo, "vamos a pleitear". El edil ha calificado de "absurdo" la delimitación de Costas y ha manifestado que el trazado "irracional" de la línea está perjudicando a muchas familias.

Vélez prevé ejecutar el 50% del proyecto de La Fortaleza en 2009. Vélez-Málaga (La Opinión)


El Ayuntamiento de Vélez Málaga pondrá en marcha el proyecto de La Fortaleza, como eje de desarrollo del Plan Urban, en el primer trimestre de 2009. El concejal de Urbanismo, Salvador Marín (IU), ha asegurado que para finales de 2009 se habrá realizado el 50% de la actuación íntegra en torno a este Bien de Interés Cultural (BIC), lo que en cantidades económicas supondrá 2,4 millones de euros, a justificar ante la Unión Europea dentro del Plan Urban que persigue la regeneración de las ciudades afrontando los problemas de carácter social, económico y medioambiental.
Marín mantuvo una reunión el pasado jueves con el arquitecto y experto en rehabilitación y estructuración de edificios y cascos urbanos, Juan Miguel Hernández León, quien se desplazó desde Madrid para atender la propuesta del concejal y técnicos municipales en el plan especial de La Fortaleza al objeto de redactar el plan director.
El nuevo equipo de gobierno (PSOE-IU) ha apostado por levantar las murallas de la Alcazaba que simulen la antigua fortaleza con una contrucción parecida a la de la época medieval, al mismo tiempo que la rehabilitación del monumento. Ante la torre se implantará un centro de interpretación de la historia veleña, centrada en la etapa Andalusí y se desarrollará la zona desde el punto de vista turístico, paisajístico, cultural y arqueológico.
En este sentido, se ha reservado una zona para un mirador y un jardín andalusí. Además, el proyecto incluye un edificio polivalente en el que facilitar información a los visitantes a cerca del entorno. El arquitecto Juan Miguel Hernández deberá encontrar espacio para un aparcamiento que el gobierno ve imprescindible.
Salvador Marín ha adelantado que el plan director recogerá además la puesta en valor de los pozos de La Gloria y el Arroyo de San Sebastián mediante los cuales se pondrá en valor, asimismo, la cultura del agua de la época medieval en Andalucía, enriqueciendo la iniciativa con el centro de interpretación del agua en el pozo, concretamente, del arroyo San Sebastián. "El esfuerzo de los técnicos para impulsar el proyecto ha sido elogiable", resaltó.

El plan urbanístico de Nerja sigue a la espera de la Junta. (La Opinión)

El Ayuntamiento denuncia múltiples modificaciones en el marco normativo y recuerda que hace tres años ya se aprobó inicialmente el nuevo PGOU local

FRAN EXTREMERA. NERJA La Axarquía sufre como el resto de la provincia una crisis muy significativa dentro del sector de la construcción, pero localidades de la Costa del Sol más oriental, como Nerja o Torrox, resisten de forma importante sus efectos si se tienen en cuenta, por ejemplo, los precios del metro cuadrado de obra construida. La potencialidad de la zona y los proyectos en desarrollo pendientes chocan sin embargo con la lentitud que sufren los procesos para revisar los planeamientos ya agotados.
Esta pasada semana en Nerja saltaba la voz de alarma, acerca de una posible dimisión de los redactores del PGOU. Los empresarios de la construcción no tardaban en comunicar su temor al Ayuntamiento. "A finales de este invierno se cumplirán tres años de la aprobación inicial del planeamiento futuro y de la posterior exposición pública de los documentos. Si en Nerja ya hay problemas por tener tanto término municipal protegido, imagínate qué problema no supone haber perdido el tren de la bonanza económica con unas 7.000 nuevas viviendas que se iban a poder construir y que ni siquiera están ya en las previsiones".
Los representantes del sector de la construcción en el colectivo empresarial nerjeño han hallado una respuesta inmediata. Según fuentes municipales, "el mapa del urbanismo de Nerja sigue a la espera de que la Junta se aclare y nos diga qué modelo quiere para la comarca y el resto de los territorios andaluces".
Más suelo industrial. Desde la primavera de 2006 se han aprobado diversas normativas regionales que han impedido dar luz verde a las 6.750 casas que aspira el Ayuntamiento a tener incluidas en su nuevo plan. Asimismo está en la cartera que se abran nuevos suelos industriales, hasta 66.000 metros cuadrados junto al actual polígono de Castillo Alto, o una zona de oportunidades, de gran interés turístico, al Norte de El Playazo y junto a la antigua travesía de la CN-340, entre el casco histórico y el límite con Torrox. Hasta siete nuevos sectores está previsto desarrollar.
Al coincidir los redactores del PGOU con los elegidos para dar luz verde al planeamiento torroxeño, incluso se baraja un vial intermedio, paralelo a la autovía A-7 y situado al sur, "que tendría su continuidad en el vecino municipio, como prolongación".

Piden a Costas que la nueva línea marítimo terrestre respete las edificaciones consolidadas. Vélez-Málaga (SUR)

El Ayuntamiento elabora un informe para exigir que las viviendas afectadas queden fuera del dominio público

El reciente deslinde provisional realizado por la Dirección General de Costas en el litoral del municipio ha provocado gran preocupación y malestar en el equipo de gobierno del Ayuntamiento (PSOE, IU y GIPMTM). La inclusión en el dominio público de viviendas y edificaciones consolidadas construidas con todos los informes favorables, ha causado la alarma entre sus propietarios, como son los casos de los núcleos de Mezquitilla y Lagos, y varias zonas de primera línea de Torre del Mar y Caleta de Vélez.
La situación generada en el municipio ha llevado a los nuevos responsables municipales a trasladar la problemática al jefe de la Demarcación de Costas en Málaga, Francisco Hermoso, en un intento de negociar una solución que permita dejar fuera del dominio público a las edificaciones afectadas por el nuevo trazado de la línea marítimo terrestre.
En el caso de Torre del Mar, la línea propuesta por Costas afecta a parcelas de suelo urbano consolidado entre las que se encuentran zonas comunes de varios edificios de viviendas, a la vez que incorpora todo el conjunto comercial El Copo.
Pisos
Los propietarios de pisos y locales que han sido incluidos, total o parcialmente, en la línea costera en el caso de Torre del Mar consideran que ello devalúa el precio de sus propiedades, por lo que exigen estar fuera del dominio marítimo.
En Caleta de Vélez, las viviendas afectadas son las situadas junto a la playa en la calle Real. Ocho, porque se encuentran dentro del recinto portuario, y 15 por la modificación realizada en 2004 de la línea marítimo terrestre. Los vecinos de este grupo de viviendas, que además se verán afectadas por las obras del paseo marítimo de Caleta, tienen interpuesto un recurso contencioso administrativo para defender sus propiedades. En ambos casos, el Ayuntamiento se ha ofrecido para ceder suelos y así posibilitar la construcción de nuevas casas.
Otra grupo de viviendas incluidas en al revisión de la línea marítima se encuentra en Mezquitilla y Lagos. En este caso el Ayuntamiento acordó ya a finales de 2007 defender su mantenimiento por estar calificadas las casas en el PGOU vigente como conjunto típico popular y por entender que la cercanía del mar en la actualidad se debe a la modificación que ha experimentado el litoral desde que se ejecutara el puerto.
Desde la Gerencia de Urbanismo, se ha iniciado la elaboración de diversos informes con la finalidad de defender ante la Dirección General de Costas que la línea marítimo terrestre respete todas las edificaciones consolidadas. El edil de Urbanismo, Salvador Marín, ha señalado que el equipo de gobierno tiene clara su postura y tratará de negociar con Costas una solución.