La alcaldesa da por hecho en una carta que todos compraron de buena fe
El último gesto de la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, para ganarse la confianza de los propietarios de las 18.000 viviendas ilegales ha sido garantizarles por escrito que no serán ellos quienes paguen para legalizarlas. Esta inmunidad no aparece expresamente recogida en el artículo que el equipo de gobierno del PP ha incluido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que tampoco garantiza la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la ley del Suelo.
La alcaldesa ha firmado una carta, que se entrega en la exposición pública del PGOU y puede leerse en la página de internet del Ayuntamiento. En ella informa a los vecinos de lo siguiente: "Entre las modificaciones que hemos incorporado al documento en esta nueva fase de tramitación, destaca la inclusión de nuevas garantías jurídicas necesarias para eximir a los compradores que, como usted, adquirieron su inmueble de buena fe, de hacer frente a cualquier tipo de compensación para regularizar la situación urbanística de su vivienda y/o negocio, toda vez que los deberes y cargas se impondrán al titular de la finca y/o promotor de la actuación urbanística".
Entre las modificaciones que el Ayuntamiento ha hecho al PGOU, redactado por la Junta de Andalucía, hay un artículo que incide en que el "promotor originario" de las viviendas ilegales "no queda sustraído de las obligaciones y deberes establecidos por la legislación urbanística". La fórmula jurídica antepone a los constructores a la hora de pedir responsabilidades, pero en ningún momento recoge que los dueños de las viviendas no tendrán que pagar por regularizarlas en caso de que no se les localice o no quieran asumir las cargas.
El edil socialista Javier de Luis asegura que el escrito de Muñoz es una "medida populista" que no garantiza la protección de los dueños de las viviendas ilegales. "Una cosa es lo que el alcalde prometa y otra muy distinta lo que recoge la ley o el contenido del Plan General", explica De Luis. "En el añadido hecho al PGOU no se hace mención de los compradores de buena fe. Además, la Administración de Justicia no entiende de buena o mala fe, sino de leyes, y no se puede garantizar algo que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía no contempla."
En charlas con colectivos vecinales, el redactor del plan, Manuel González Fustegueras, se ha esforzado en dejar claro que la responsabilidad última de una vivienda ilegal siempre se encuentra en la propiedad.
Los socialistas inciden en que el añadido con el que la alcaldesa publicita la inmunidad de los propietarios de las casas ilegales tiene una "redacción farragosa" y "cae por su propio peso" tras una consulta con un abogado. "Cualquier vecino que se informe comprobará que siempre quedará como garantía, que nadie le ha liberado", añaden.
Ésta es la segunda vez que el plan urbanístico, redactado cuando Marbella tenía retiradas las competencias urbanísticas, sale a exposición pública. La primera vez recibió 8.532 alegaciones. De ellas, unas 5.000 hacían referencia al proceso de regularización viviendas a cambio de terrenos para equipamientos y zonas verdes. En su carta, la alcaldesa agradece a los vecinos su participación en el debate social creado en torno al PGOU y "propiciado para alcanzar las soluciones que mejor garanticen tanto el interés público como los legítimos derechos de los particulares". El documento permanecerá en exposición pública hasta el 5 de enero.
Viviendas en orden
- El PGOU de Marbella tiene previsto regularizar más de 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema por el que se deben aportar a la ciudad los equipamientos y zonas verdes esquilmados.
- Unas 500 viviendas, auténticos pecados mortales urbanísticos, quedan fuera de ordenación, aunque Muñoz se ha comprometido a luchar para que sean finalmente legalizadas.
- La plataforma de vecinos 29-M, creada para defender la legalidad, impugnará el documento porque cree que los pagos para regularizar las viviendas no son proporcionales al daño causado.
El último gesto de la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, para ganarse la confianza de los propietarios de las 18.000 viviendas ilegales ha sido garantizarles por escrito que no serán ellos quienes paguen para legalizarlas. Esta inmunidad no aparece expresamente recogida en el artículo que el equipo de gobierno del PP ha incluido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que tampoco garantiza la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la ley del Suelo.
La alcaldesa ha firmado una carta, que se entrega en la exposición pública del PGOU y puede leerse en la página de internet del Ayuntamiento. En ella informa a los vecinos de lo siguiente: "Entre las modificaciones que hemos incorporado al documento en esta nueva fase de tramitación, destaca la inclusión de nuevas garantías jurídicas necesarias para eximir a los compradores que, como usted, adquirieron su inmueble de buena fe, de hacer frente a cualquier tipo de compensación para regularizar la situación urbanística de su vivienda y/o negocio, toda vez que los deberes y cargas se impondrán al titular de la finca y/o promotor de la actuación urbanística".
Entre las modificaciones que el Ayuntamiento ha hecho al PGOU, redactado por la Junta de Andalucía, hay un artículo que incide en que el "promotor originario" de las viviendas ilegales "no queda sustraído de las obligaciones y deberes establecidos por la legislación urbanística". La fórmula jurídica antepone a los constructores a la hora de pedir responsabilidades, pero en ningún momento recoge que los dueños de las viviendas no tendrán que pagar por regularizarlas en caso de que no se les localice o no quieran asumir las cargas.
El edil socialista Javier de Luis asegura que el escrito de Muñoz es una "medida populista" que no garantiza la protección de los dueños de las viviendas ilegales. "Una cosa es lo que el alcalde prometa y otra muy distinta lo que recoge la ley o el contenido del Plan General", explica De Luis. "En el añadido hecho al PGOU no se hace mención de los compradores de buena fe. Además, la Administración de Justicia no entiende de buena o mala fe, sino de leyes, y no se puede garantizar algo que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía no contempla."
En charlas con colectivos vecinales, el redactor del plan, Manuel González Fustegueras, se ha esforzado en dejar claro que la responsabilidad última de una vivienda ilegal siempre se encuentra en la propiedad.
Los socialistas inciden en que el añadido con el que la alcaldesa publicita la inmunidad de los propietarios de las casas ilegales tiene una "redacción farragosa" y "cae por su propio peso" tras una consulta con un abogado. "Cualquier vecino que se informe comprobará que siempre quedará como garantía, que nadie le ha liberado", añaden.
Ésta es la segunda vez que el plan urbanístico, redactado cuando Marbella tenía retiradas las competencias urbanísticas, sale a exposición pública. La primera vez recibió 8.532 alegaciones. De ellas, unas 5.000 hacían referencia al proceso de regularización viviendas a cambio de terrenos para equipamientos y zonas verdes. En su carta, la alcaldesa agradece a los vecinos su participación en el debate social creado en torno al PGOU y "propiciado para alcanzar las soluciones que mejor garanticen tanto el interés público como los legítimos derechos de los particulares". El documento permanecerá en exposición pública hasta el 5 de enero.
Viviendas en orden
- El PGOU de Marbella tiene previsto regularizar más de 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema por el que se deben aportar a la ciudad los equipamientos y zonas verdes esquilmados.
- Unas 500 viviendas, auténticos pecados mortales urbanísticos, quedan fuera de ordenación, aunque Muñoz se ha comprometido a luchar para que sean finalmente legalizadas.
- La plataforma de vecinos 29-M, creada para defender la legalidad, impugnará el documento porque cree que los pagos para regularizar las viviendas no son proporcionales al daño causado.
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