jueves, 1 de marzo de 2012

Alcaldes aconsejan no acogerse al decreto de casas ilegales y esperar a las elecciones. Vélez-Málaga (SUR)


Los ayuntamientos de la Axarquía reciben con división de opiniones la nueva normativa del suelo no urbanizable, que hoy entra en vigor
01.03.2012 - 
AGUSTÍN PELÁEZ
 
VÉLEZ-MÁLAGA.

Alcaldes aconsejan no acogerse al decreto de casas ilegales y esperar a las elecciones
En la Axarquía hay inventariadas 12.000 viviendas ilegales. :: A. P.
La entrada en vigor hoy jueves 1 de marzo del decreto que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos en el suelo no urbanizable se produce con opiniones enfrentadas entre los ayuntamientos de la Axarquía. El grado de discrepancia es tal que algunos consistorios están aconsejando incluso a los propietarios de viviendas irregulares de sus municipios que no inicien ningún tipo de actuación para normalizar sus casas hasta tanto no se celebran las elecciones andaluzas del próximo 25 de marzo.
Este es el caso de Almáchar, cuyo regidor, José Gámez (IU), ha señalado que el problema del decreto «es que no coge el toro por los cuernos. Estamos hablando de viviendas que han sido autorizadas para el turismo rural, que es la única posibilidad de futuro que tenemos muchos pueblos del interior, pero que para la Consejería de Obras Públicas no tienen derecho a ser legalizadas, sino sólo a un reconocimiento como asimilado a fuera de ordenación, que es, por así decirlo, una legalización de tercera categoría, cuando han tenido que ser adaptadas para el uso turístico».
Gámez ha manifestado que su Ayuntamiento está aconsejando a sus vecinos que esperen, «porque si entra el PP, cambiará, tal como ha anunciado en reiteradas ocasiones la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y no queremos que se gasten el dinero para que luego no sirva de nada».
Además, el alcalde almachareño ha explicado que ayuntamientos como el suyo no están preparados para poder regularizar de oficio todas las viviendas afectadas. «Tenemos un técnico que viene una vez a la semana. La Junta echa sobre el tejado de los ayuntamientos la responsabilidad de la regularización, pero no nos dota de medios», se ha quejado el regidor.
La postura de los alcaldes y concejales de Urbanismo está en función de su color político. Así, la edil de Urbanismo de Vélez, Concha Labao (PP), ha señalado que con el decreto el número de viviendas que pueden aspirar a ser legalizadas no supera la decena, toda vez que la inmensa mayoría están situadas sobre suelo protegido. En el caso de Vélez, el Ayuntamiento acaba de iniciar la elaboración del inventario de viviendas ilegales.
Seguridad jurídica
Lo mismo sucede con el Consistorio de Torrox, aunque en este caso el equipo de gobierno del PSOE se refiere al decreto como una vía que dará seguridad jurídica a los propietarios de las viviendas construidas en el suelo no urbanizable, según ha señalado la edil de Urbanismo, la socialista Estrella Tome.
El alcalde de Comares, Manuel Robles (PP), ha insistido en que el decreto de la Junta no satisface a la mayoría de los ayuntamientos ni a los afectados, «de ahí que muchos estén a la espera para comprobar si el PP cambiará o no la LOUA».
En la provincia de Málaga se estima que existen más de 50.000 edificaciones levantadas en suelo no urbanizable, de las que casi la mitad están ubicadas en la Axarquía, según los ecologistas, dado que hasta la fecha únicamente han sido inventariadas unas 12.000.
No obstante, según las previsiones de la propia Consejería de Obras Públicas, sólo un 10% podrán aspirar a ser legalizadas, mientras que un 80% de las viviendas en suelo no urbanizable, aunque no se pueden demoler porque el delito ha prescrito, quedarán como «asimilado fuera de ordenación», una figura que no satisface a los afectados.

El metro aumenta el ritmo de los trabajos en la calle Callejones del Perchel (SUR)


Arranca la excavación arqueológica en el entorno de Malpica e impulsa las obras para preservar la muralla nazarí La plantilla defiende el potencial de la empresa y critica que el actual modelo de gestión la conduce «a una muerte lenta por dejadez»
01.03.2012 - 
IGNACIO LILLO ilillo@diariosur.es 
MÁLAGA. MÁLAGA.

La imagen que ayer ofrecía el tramo de las obras del metro en la calle Callejones del Perchel dista mucho de la que se podía ver la semana pasada. La constructora, Ortiz, ha intensificado los trabajos en el punto de excavación principal, en el extremo más cercano a la plaza de la Solidaridad, donde a mediodía se podía ver más movimiento de trabajadores en diversas tareas, aunque la principal sigue siendo estabilizar y preservar, mediante una compleja estructura de micropilotes de hormigón, los restos de una muralla nazarí, para que esta pueda convivir con la próxima excavación del túnel en subterráneo.
Además, se ha abierto un segundo frente de trabajo, destinado al inicio de las tareas de arqueología, tal y como anunció la Junta la pasada semana, con una máquina percutora de grandes dimensiones que desde primera hora estaba excavando en el otro extremo de la vía, en las inmediaciones de la calle Malpica, cerca de la avenida de la Aurora. Este es el primero de los tres frentes donde es necesario acometer estudios históricos del subsuelo, de los que la glorieta de Albert Camus es el que más incógnitas suscita, y que arrancará tan pronto como se cierren el que comenzó ayer y el que es necesario acometer junto a la propia muralla. Tras estas tareas se podrá acometer la losa de techo y la reurbanización en superficie, última fase previa a la reapertura del eje al tráfico.
El director de la Oficina del Metro, Enrique Salvo, realizó ayer una visita a este tramo junto a Rafael Blanco, director gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, y se mostró satisfecho por la reanudación de los trabajos de arqueología en este eje, que, a su juicio, se está acometiendo con plenas garantías de continuidad. El responsable reconoció que se ha conseguido aumentar el ritmo de los trabajos en torno a la muralla, mientras que en las inmediaciones de Malpica han comenzado a levantar el suelo para realizar los estudios históricos. Posteriormente, los investigadores se desplazarán junto al monumento nazarí (donde no se esperan grandes hallazgos); y por último se centrarán en la glorieta de Albert Camus, que supone una verdadera incógnita (muy cerca de este punto, en la avenida de Andalucía, han aparecido los restos de un barrio árabe).
Avance con dificultades
Este periódico puso de relieve la pasada semana el bajo ritmo de ejecución al que avanza este tajo, clave para lograr que el suburbano llegue hasta la avenida de Andalucía, primero, y para que pueda continuar su camino hacia la plaza de la Marina. De hecho, la excavación en la Alameda Principal no arrancará hasta que no se cierre el anterior. Las dificultades se derivan, de una parte, de la aparición de importantes restos de origen árabe, que Cultura exige que se conserven. Y, por otra, de los problemas financieros que atraviesa el Gobierno andaluz, que lo sufraga con fondos propios tras desgajarlo del proyecto general de las líneas 1 y 2 para reducir el coste.
De ahí que los responsables de la obra hayan optado por centrar sus esfuerzos en las inyecciones verticales de hormigón que se llevan a cabo en el perímetro de la muralla, para preservarla durante la fase de excavación del túnel. Se han acometido casi medio centenar de pilotes y son necesarios 157.
La puerta abierta del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga a una privatización parcial de Parcemasa se ha topado con el rechazo frontal de la oposición (PSOE e IU), pero también con la incomprensión del medio centenar de trabajadores de la empresa municipal que gestiona el cementerio. «Si algún día se vende, no será por la escasez del mercado ni por la falta de preparación y dedicación de los trabajadores, sino por un modelo de gestión que la habrá llevado, nunca mejor dicho, a una muerte lenta por dejadez e inanición empresarial para justificar que unos gestores privados harán lo que no han podido o no han querido hacer los responsables públicos». Así de contundente es el escrito que la plantilla ha hecho llegar al consejo de administración de la sociedad, que desde ayer está dirigida por el exdiputado nacional del PP, Federico Souvirón.
Si la liberalización de los servicios funerarios, aprobada por el Congreso al final de la pasada legislatura y pendiente de que el nuevo Gobierno del PP reactive su tramitación, se ve en la Casona del Parque como una amenaza, en el seno de la plantilla la reciben como una buena oportunidad para reforzar la posición de la entidad pública en el sector. Para ello, proponen una batería de iniciativas que, a su juicio, contribuirían a mejorar los resultados. La principal, potenciar los servicios funerarios y de cementerio mediante convenios con compañías de seguros, colectivos, centros sanitarios y de atención a la tercera edad que «traerían consigo un incremento de la facturación». Además, también abogan por una mayor «lógica y transparencia en gastos e inversiones, así como un mayor control previo por parte del propio consejo».
«Si todos ponemos de nuestra parte, somos perfectamente capaces de que la empresa tire adelante y aporte grandes beneficios a todos los malagueños y no solo a una parte privada que solo vendría para hacer negocio», afirmaba ayer el presidente del comité de empresa, Diego Cervilla, al que ayer, «por primera vez en los últimos ocho años», se le impidió el acceso a la reunión del consejo de administración, en la que se aprobaron las tarifas de 2012 y el nombramiento del nuevo gerente. También fue invitada a abandonar la sala la portavoz socialista, María Gámez, que había solicitado estar presente, sin voz ni voto, pese a que el PSOE ya tiene a tres miembros en el consejo. «Si lo que debe primar en una sociedad pública es la transparencia, ¿qué perjuicio hay en que asistan el representante de los trabajadores y la portavoz del PSOE», se preguntó la edil. La respuesta la aportó la presidenta de Parcemasa, Ana Navarro, al acusar a Gámez de «un intento de protagonismo cuando a todas luces su grupo estaba perfectamente representado». En cuanto a Cervilla, justificó su ausencia porque «no se iban a tratar temas relacionados directamente con la plantilla» y para «evitar diferencia de trato» con la edil socialista.
Insistencia de IU
Quien sí que estuvo presente fue el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, quien como viene haciendo en los últimos meses volvió a escenificar la oposición de su partido a la entrada de capital privada en Parcemasa. «Nuestro posicionamiento es muy claro en este proceso, no como el del equipo de gobierno, que sigue jugando a la ambigüedad», criticó el concejal de la coalición, quien reiteró que «un servicio público como éste no debe estar en manos privadas, que lo único que desean es quedarse con los tanatorios y crematorios para poder elevar el precio de los servicios funerarios». En términos similares se expresó Gámez, quien redundó en la competitividad y calidad de la empresa municipal. «Si es rentable, no tiene sentido privatizarla», recalcó.
Por su parte, desde el equipo de gobierno mantienen que la posibilidad «está sobre la mesa», aunque la propia Navarro aseguraba ayer que «ahora mismo no hay intención de hacerlo» porque «hay muchas cosas que hacer por el momento para que Parcemasa sea rentable».

La falta de dinero pone en jaque el proyecto del puerto deportivo en San Andrés (SUR)


Los promotores de la actuación admiten que solo han conseguido una parte del crédito que pidieron para activar los trabajos
01.03.2012 - 
JESÚS HINOJOSA jhinojosa@diariosur.es
 
MÁLAGA.

A finales de 2009 se anunció que estaría listo en dos años, en 2010 se dijo que obras comenzarían a finales de ese ejercicio, luego se pospuso el comienzo para el verano de 2011 y más tarde se aseguró que arrancaría a principios de 2012. El puerto deportivo de San Andrés, el de mayores dimensiones de los propuestos para la ciudad, no ha salido todavía de una marejada de anuncios y promesas que puede echar por tierra una actuación que vendrá a poner en valor la zona portuaria situada al oeste de la desembocadura del Guadalmedina, donde también está previsto el Auditorio de la Música.
Como en otros muchos casos, la falta de financiación amenaza con dar al traste con el proyecto, planificado en época de bonanza económica. Fue adjudicado en octubre de 2009 a Marina Ciudad de Málaga, una sociedad formada al 50% por la entidad especializada en la gestión de puertos Marinas del Mediterráneo y la constructora GEA21, que todavía no ha puesto un solo ladrillo para materializarlo. Hasta ahora, la existencia de trámites burocráticos pendientes ha venido justificando las demoras. Sin embargo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Linde, confirmó ayer a SUR que ya están todos superados, incluida la autorización de Puertos del Estado.
El problema parece estar ahora en lo económico. José Carlos Martín, presidente del grupo Marinas del Mediterráneo, reconoció que no han conseguido todos los créditos bancarios que solicitaron, sino solo una parte pequeña por lo que, de momento, únicamente hay financiación para empezar la obra. No obstante, Martín se mostró dispuesto a firmar «en breve» con la Autoridad Portuaria el acta de replanteo de los trabajos, que cuantificó en 24 millones de euros, de modo que puedan iniciarse en las próximas semanas. Eso sí, con una carga de incertidumbre financiera.
Trámites finalizados
El portavoz de Marinas del Mediterráneo señaló que no ha sido hasta finales de enero cuando han recibido la comunicación oficial de que el proyecto estaba aprobado por Puertos del Estado, por lo que hasta ahora no han empezado la obra.
Enrique Linde recordó que el pliego de condiciones por el que se adjudicó el espacio portuario para construir y explotar la marina deportiva por un plazo de 35 años contempla sanciones si no se justifican las demoras en la puesta en marcha del puerto deportivo. No obstante, José Carlos Martín aseguró que todavía no caben esas sanciones porque el retraso de la obra ha estado motivado hasta ahora por causas ajenas a la concesionaria. «Ha sido hace veinte días cuando hemos tenido el informe de Puertos del Estado», argumentó.
No obstante, una vez superada la barrera de los trámites administrativos, parece difícil de saltar la de la financiación, lo que pone en jaque el desarrollo del proyecto.
Este periódico adelantó a mediados del año pasado (ver SUR 20/7/2011) que se habían producido contactos entre algunos responsables del proyecto y el jeque propietario del Málaga, Abdullah Al-Thani, para que éste lo avalara económicamente a cambio de hacerse con la mayor parte de las acciones. Sin embargo, esos contactos no han prosperado y, según apuntó ayer el presidente de Marinas del Mediterráneo, «no hay nada» al respecto.
Salto cualitativo
Aunque el futuro puerto deportivo de San Andrés no será de los más grandes de la provincia -el proyectado en la zona marbellí de La Bajadilla, donde sí está implicado el jeque Al-Thani, duplica su capacidad- sí supondrá un salto cualitativo para la oferta de la capital. Los actuales puertos de El Candado y el Club Mediterráneo suman 305 atraques, la mitad de los 626 puntos que ofrecerá San Andrés en alquiler.
Marina Ciudad de Málaga ha llegado a recabar más de doscientas solicitudes para contratar un atraque a largo plazo, es decir, durante los 35 años que dura la concesión. Esta cifra cuadra con sus previsiones de negocio, ya que el resto se concertarán por un periodo inferior. El 15% de los amarres estará destinado a embarcaciones en tránsito, lo que convertirá al puerto de San Andrés en una entrada de turistas de alto poder adquisitivo al Centro de la capital.

Un deslizamiento del suelo obliga a realizar obras de urgencia (La Opinión)


Urbanismo se ve obligado a ocupar una finca privada para ejecutar un talud que frenase el deslizamiento

 




J.G. RECIO El Ayuntamiento se ha visto obligado a ocupar de manera urgente unos terrenos junto al vertedero municipal de Los Ruices para levantar un talud ante el peligro de deslizamiento de tierras que sepultaría un camino de la zona.
El riesgo inminente ha obligado a la Gerencia de Urbanismo a actuar de urgencia y ocupar los terrenos para posteriormente pactar con la propietaria del mismo una solución conveniente para ambas partes.

Por ello, en una reunión mantenida con la dueña del solar ocupado el pasado 21 de febrero, ésta autorizó la ocupación y ejecución de las obras del talud para evitar mayores riesgos y a cambio reclamó que Urbanismo le reparase el camino de acceso a su finca y otro camino lateral, lo que ha sido aceptado por la administración.
No obstante, estos acuerdos para ser efectivos, deberán ser refrendados hoy por los miembros del consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo.

En la misma reunión, se deberá aprobar el incumplimiento de la función social de la propiedad del edificio de calle Mariblanca, 12. Se trata de un paso previo para que dicho inmueble sea expropiado de manera forzosa.

Durante varios años Urbanismo ha venido reclamando a la propiedad del edificio que realice obras de conservación y de mejora ante el deterior del inmueble, sin éxito ya que tuvo que ser declarado en ruina y ahora el Ayuntamiento quiere recuperar.

Paralizan ´in extremis´ la subasta de ocho parcelas de Roca (La Opinión)


El Juzgado de lo Mercantil 1 iba a subastar las fincas de una empresa del exasesor que se declaró en concurso de acreedores

 



La Fiscalía dice que dos de estas parcelas acogen hoy la urbanización Nueva Ribera Beach.
La Fiscalía dice que dos de estas parcelas acogen hoy la urbanización Nueva Ribera Beach.  La Opinión de Murcia
JOSÉ ANTONIO SAU El Tribunal del caso Malaya, presidido por José Godino, ha estado rápido de reflejos al lograr parar la subasta judicial de ocho fincas que Juan Antonio Roca tenía supuestamente en Murcia. Las parcelas, que debían acoger dos promociones de viviendas, son propiedad de una empresa atribuida al exasesor, Inmobiliaria Masdevallía, que se declaró en concurso voluntario de acreedores ya bajo la administración judicial. Esas tierras iban a ser sacadas a subasta pública por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga el pasado viernes, pero la Sala ha logrado que no se lleve a cabo la venta para asegurar un hipotético pago de multas e indemnizaciones.

En un auto fechado el 21 de febrero de 2012, el Tribunal da cuenta de dos escritos del administrador judicial (12 de enero y 21 de febrero) de la Compañía Inmobiliaria Masdevallía SL, actualmente en concurso de acreedores. En ellos, «se exponían los efectos perjudiciales que para la presente causa –Malaya– pudieran derivarse de la subasta pública de ocho fincas registrales propiedad de la sociedad administrada».

En concreto, la subasta se fundaba en dos incidentes hipotecarios del concurso voluntario de acreedores y se debía celebrar el pasado viernes en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga. El administrador instaba al tribunal a suspender este trámite. El fiscal también pidió la suspensión de la subasta. Se trata de ocho fincas contenidas en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción cuyo titular, Juan Carlos López Caballero, ha pedido el comiso para que luego, en la sentencia, esos bienes sirvan, si es que Roca es condenado, para satisfacer las multas y la responsabilidad civil.

El fiscal, según relata el tribunal en el auto, habla de dos fincas del Registro de la Propiedad de San Javier (Murcia). Éstas se dividieron posteriormente en régimen de propiedad horizontal, «dando lugar a 104 viviendas que tienen como anejo inseparable trastero y garaje» (Nueva Ribera Beach Club, según el fiscal). En segundo lugar, habla de otras seis parcelas, que formarían parte del «proyecto de compensación del Plan Nacional Nueva Rivera, ubicado en Los Alcázares (Murcia)». Éstas están destinadas a la construcción de viviendas de uso familiar y local comercial.

La Sala recuerda que, según el artículo 127 del Código Penal, toda pena por delito o falta dolosa llevará consigo «la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito o falta, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar». Por tanto, este artículo «ampara y justifica la solicitud de comiso de la acusación».
En consecuencia, añade el ponente y presidente del juicio del caso Malaya, José Godino, «teniendo en cuenta que las fincas que pretenden subastarse en las ejecuciones hipotecarias en cuestión están incluidas en la petición de comiso formulada, parece evidente la procedencia de la suspensión interesada por la administración judicial».

Ello serviría para «garantizar la efectividad de los pronunciamientos que, al respecto y en su caso, puedan adoptarse en la sentencia». Es decir, el Tribunal trata de asegurar el cobro de las multas y responsabilidades civiles de una hipotética sentencia condenatoria. Así, la Audiencia suspende las ejecuciones hipotecarias y las subastas fijadas para el pasado viernes en base a los posibles «pronunciamientos sobre comiso que, en su caso, pueda contener la sentencia que se dicte en este sumario».

Además, comunica la decisión a Mercantil 1 de Málaga, al ministerio fiscal y a las acusaciones, amén de al administrador judicial, dado que contra ella cabe un recurso de súplica en tres días.

Los barrios temen que la amnistía anime a la especulación (La Opinión)


Los vecinos de El Palo, Pedregalejo y La Araña observan con expectación la reforma que prepara el Gobierno







Detalle de la primera línea de playa de la barriada de El Palo.
Detalle de la primera línea de playa de la barriada de El Palo.  Arciniega
LUCAS MARTÍN Llevan más de tres décadas en espera de una solución. Sus casas se elevan cerca de la orilla desde antes de que se endureciera la legislación. Han pasado del limbo jurídico al coqueteo recurrente con la amenaza. Muchos han temido por la demolición. Los vecinos de El Palo, Pedregalejo y La Araña observan de cerca las intenciones del Gobierno con la ley de Costas; hace apenas dos días despertaron con la noticia de una posible amnistia. Debería ser un motivo de euforia, pero, de momento, son pocos los que interpretan el anuncio como una victoria definitiva y, sobre todo, inmediata.

Apenas unas horas antes de la reunión del Consejo Social de Medio Ambiente, que se celebra hoy, los vecinos se mostraban satisfechos, pero también expectantes, e incluso, escépticos. Las asociaciones llevan muchos años batallando contra la indeterminación y la falta de concesiones y dudan de que la incertidumbre se despeje con la contundencia con la que aparece en los papeles del Gobierno. Tanto Adolfo García, representante de Pedregalejo, como Santiago González, de El Palo, resaltan las dificultades; el hecho de acordar un nuevo deslinde y fijar un precio por el suelo, que tiene la catalogación de público, pese a que las viviendas pertenezcan a sus dueños. «Son procesos largos, con un camino legal preestablecido, no resulta tan sencillo», detalla García.

Las expectativas suscitadas por esta nueva vuelta de tuerca a la ley de Costas mueven los sentimientos de los vecinos, pero también su inquietud. González recuerda que no es la primera vez que se anuncia una reforma con ambición suficiente como para frenar, de una vez por todas, la irregularidad administrativa de las viviendas. «Ya hemos estado otras veces en este punto», señala. No obstante, los vecinos coinciden en un punto: todos anhelan obtener la certeza de que sus casas no volverán a ser cuestionadas, aunque no a cualquier precio. La desafectación propuesta por el Gobierno, que tiene previsto habilitar los usos privados en las áreas del litoral ya asumidas por el entorno urbano, caso de El Palo y Pedregalejo, anima a los propietarios, pero también les desasosiega. «No nos gustaría que al hacerse todo esto privado se permitiesen otro tipo de construcciones. Esto no se puede convertir en Benidorm», indica Antonio Rodríguez, vicepresidente de la asociación de El Palo.

La propuesta del consejo asesor de Medio Ambiente, que será examinada en la convocatoria de hoy, menciona expresamente la posibilidad de autorizar la venta de los inmuebles, que, hasta ahora, estaba vetada por la administración. Los colectivos temen que ese movimiento despierte al fantasma de la especulación y exigen garantías de que la posible privatización de los terrenos no será el inicio de otro tipo de ocupación. «Se tiene que mantener la estética y el tipo de construcciones, no aprovechar para subir la altura. Se crearía, entonces, un problema mayor», dice García.

José Damián Ruiz Sinoga, profesor de Geografía Física de la Universidad de Málaga, comparte la inquietud. «Se desconoce el contenido de la reforma, pero me preocupa el interés en nuevos usos del suelo público», alerta.

Un problema de «media Costa del Sol». El problema de las casas de El Palo, Pedregalejo o La Araña, de las edificaciones radicadas en la primera línea de playa, en dominio público, ha variado en función de la presión de la ley y la interpretación del urbanismo y el medio ambiente. Desde mediados de los setenta, se han superpuestos los periodos de calma, acumulados a partir de la aprobación del PGOU de 1983, que reconocía la existencia urbana de las barriadas, con intensos debates como el de hace apenas dos años, en el que la revisión de los chiringuitos volvió a poner el acento en la situación de unas viviendas que todavía hoy carecen de concesión, pero en las que la sensación de peligro no parece ta acusada como en temporadas anteriores.

Después de décadas de inseguridad, los afectados desean que se resuelva su estado administrativo, aunque son conscientes de que ya no suponen una excepción en la provincia. «Si la ley se aplicara para todos, media Costa del Sol estaría en la misma situación», declara José Santos, presidente de la asociación de vecinos de La Araña. Los colectivos piden que se aproveche el cambio de norma para introducir mejoras en los paseos marítimos y en las playas del entorno.

Las tecnocasas reciben hoy la licencia (La Opinión)


Urbanismo aprobará el permiso de construcción del proyecto de la Junta para construir 80 VPO para jóvenes






Recreación de la futura plaza que se construirá en Lagunillas con las tecnocasas.
Recreación de la futura plaza que se construirá en Lagunillas con las tecnocasas.  L.O.
MIGUEL FERRARY El proyecto de las tecnocasas proyectadas por la Junta de Andalucía parece que por fin saltará de los planos a la realidad. El Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobará hoy la concesión de la licencia de obra para el primero de los tres proyectos planteados y que consiste en la construcción de siete edificios en Lagunillas, con 80 VPO que irán enfocadas a jóvenes emprendedores.

La prevista aprobación de la licencia de obra termina un proceso de un año y tres meses para elaborar el proyecto de ejecución, a cargo del arquitecto Salvador Moreno Peralta, y abre el camino a iniciar la construcción de estas viviendas protegidas, con una inversión de 5,9 millones de euros.

Los nuevos edificios se levantarán sobre una parcela de 4.289 metros cuadrados de suelo entre las calles Victoria, Agustín Moreto, Esperanza, Lagunillas y Ana Bernal. Este proyecto ocupará las parcelas dejadas por seis edificios que han sido derruidos y otros dos protegidos y de los que se conservará la fachada.

Fuentes de la Empresa Pública de Suelos de Andalucía (EPSA), que promueve este proyecto, explicaron que, además de la licencia de obra, esperan obtener en breve la calificación como VPO de las viviendas, lo que permitirá el inicio de las catas arqueológicas en las parcelas.

La licencia concede un plazo de seis meses para iniciar las obras de construcción desde su expedición, de modo que antes de septiembre tendrán que entrar las máquinas a levantar los siete edificios previstos, con un plazo de ejecución máximo de 36 meses. No obstante, EPSA no tiene todavía cerrada la fecha de inicio de las obras ya que «dependerá de las catas y de la financiación», aunque subrayaron que ya disponen «del proyecto finalizado».

Emprendedores. Estas VPO se encuadran dentro de las denominadas tecnocasas, que están enfocadas a jóvenes emprendedores, de forma que en el mismo espacio se facilite la vivienda y un espacio de trabajo donde desarrollar una idea empresarial.

Las viviendas se ofertarán en régimen de alquiler para ofrecer a los jóvenes una VPO a un precio asequible, apoyando la consolidación de su empresa en los primeros años de gestación. De hecho, las viviendas serán de uno y de dos dormitorios, con un salón, cocina, un baño y un despacho profesional. Esta distribución está pensada para acoger a una persona sola o a una familia con no más de un hijo, pensando en que una vez que la empresa se asiente y crezca, se traslade y deje ese espacio a un nuevo joven emprendedor. Además de las 80 viviendas, el proyecto también contempla 13 locales comerciales y siete oficinas, además de 94 plazas de aparcamientos.

Esta actuación está pensada para intervenir en un entorno degradado, como ocurre con el barrio de Lagunillas, para favorecer la llegada de una población joven que residirá y desarrollará su actividad laboral en un mismo entorno, que se reurbanizará con nuevas plazas y zonas verdes.

El contacto con otros jóvenes emprendedores y la dotación de oficinas donde se les asesorará sobre la constitución de su empresa son otros dos aspectos que refuerzan la vocación de incubadora que tendrán estas 80 VPO.

Seis años de retrasos y dos proyectos parados. El proyecto de las tecnocasas acumula ya algo más de seis años de retrasos, en gran parte por los problemas que tuvieron la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para la expropiación de los terrenos donde se construirán estas VPO para emprendedores.

Lagunillas es el proyecto más avanzado, pero no es el único previsto en el Centro de Málaga, ya que hay otras dos promociones planteadas en Cobertizo del Conde y la calle Gigantes, aunque de menor tamaño y mucho más retrasadas. De hecho, se encuentran prácticamente paralizadas por la falta de financiación y no tienen ni los proyectos básicos aprobados, trámite previo a presentar el proyecto de obra y solicitar la licencia de obra. Hay que recordar que la inversión completa para las tecnocasas rondará los 17 millones de euros.

La gestación de este proyecto ha sido muy lenta, ya que ha requerido de cuatro años de trámites para completar las expropiaciones de los terrenos donde se iban a ubicar estas viviendas, con una inversión de 3,4 millones de euros para pagar la obtención de los suelos.

Frenan un nuevo intento de lucro por la expropiación de zonas verdes (La Opinión)


Una empresa promotora que compró un suelo por 3,6 millones reclama ahora al Ayuntamiento 63,2 millones







JAVIER GARCÍA RECIO La Gerencia de Urbanismo va a frenar un nuevo intento de enriquecimiento desproporcionado de una empresa promotora que adquirió terrenos que debían ser expropiados por dicha Gerencia de Urbanismo, para a continuación reclamar por la expropiación de esos suelos cantidades muy superiores a las desembolsadas por ellos en la compra.
La empresa compró en enero de 2007 una parcela correspondiente a la parte trasera del colegio El Monte y pagó por sus 21.881 metros cuadrados la cantidad de 3.606.073 euros.

Seis meses después, en junio de 2007 la propiedad presenta una petición de expropiación fijando un justiprecio de 68.234.784 euros, lo que supone una valoración 19 veces superior al precio de compra. De ellos, 61.363.730 corresponden al valor del suelo, 3.621.777 al de la arboleda y 3.249.275 por el 5% de premio de afección.

La empresa se vale para ello de una argucia legal ya que dicha parcela, al igual que otras que están en el entorno de Gibralfaro, figuraban en el PGOU de 1997 como suelo a obtener por el Ayuntamiento para sistema general. La ley señala que si esos suelos no son obtenidos por la administración en el plazo de cuatro años desde la aprobación del PGOU, sus propietarios podrán reclamar su expropiación «por ministerio de ley», es decir de forma forzosa y el Ayuntamiento está obligado a realizarla.

El Consistorio, sin embargo, no está dispuesto a «indemnizar con cantidades desorbitadas» la expropiación de esos suelos. Por ello la Gerencia de Urbanismo aprobará en su reunión del consejo hoy una expropiación valorada en 3.210.353 euros. Para ello ha realizado un exhaustivo estudio de precios de las zonas y suelos colindantes y ha llegado a dicha valoración, muy alejada de las pretensiones de la empresa de 68.234.784 euros