miércoles, 18 de junio de 2008

Experto reclama a los promotores que hagan edificios con más eficiencia energética (Málaga Hoy)

Una normativa europea hace que los recintos tengan categoría desde la A a la G, como los frigoríficos
Apagar la luz cuando se sale de una habitación o cerrar el grifo mientras se lava los dientes son medidas que contribuyen al ahorro de energía pero, en la coyuntura mundial actual, ya no es suficiente. Ahora se intenta que todo el edificio en sí esté diseñado, construido y ejecutado con el objetivo de beneficiar lo más posible al medio ambiente y evitar el despilfarro de energía. De hecho, una normativa europea obliga desde hace unos meses a los promotores y constructores a entregar, junto a la memoria de calidades, una clasificación energética del edificio que va a construir a la hora de presentar su proyecto en el Colegio de Arquitectos. Esta categoría oscila entre la A y la G en función de su capacidad energética, haciendo un símil con los electrodomésticos.Servando Álvarez, ingeniero industrial y catedrático de la Universidad de Sevilla, explicó ayer algunos de los avances en materia energética y domótica en la construcción a un nutrido grupo de promotores en un conocido restaurante de Málaga en un acto organizado por el CSIC, Cajasol, la Confederación de Empresarios de Andalucía y Grupo Joly (editor de este diario). Servando reclamó a los empresarios que apuesten por edificios con la mayor categoría energética ya que, en su opinión, "hay subvenciones en residencial en torno a 30 euros por metro cuadrado para edificios de la clase A y en torno a 20 euros para edificios de la clase B, por lo que ese sobrecoste no lo tienen que abonar los promotores y, por eso mismo, tampoco tendría que repercutirse en el cliente final".Las exigencias del nuevo Código Técnico de Edificación (CTE) llevan a que un edificio consuma la mitad de la energía que otro más antiguo. Sin embargo, aplicar estrictamente el CTE daría una categoría D. Para tener la A -que supondría recintos que consumen menos del 25% de la energía de los edificios antiguos- "hay que diseñarlos muy bien aplicando los criterios en función del clima de cada ciudad".

Experto reclama a los promotores que hagan edificios con más eficiencia energética (Málaga Hoy)

Una normativa europea hace que los recintos tengan categoría desde la A a la G, como los frigoríficos
Apagar la luz cuando se sale de una habitación o cerrar el grifo mientras se lava los dientes son medidas que contribuyen al ahorro de energía pero, en la coyuntura mundial actual, ya no es suficiente. Ahora se intenta que todo el edificio en sí esté diseñado, construido y ejecutado con el objetivo de beneficiar lo más posible al medio ambiente y evitar el despilfarro de energía. De hecho, una normativa europea obliga desde hace unos meses a los promotores y constructores a entregar, junto a la memoria de calidades, una clasificación energética del edificio que va a construir a la hora de presentar su proyecto en el Colegio de Arquitectos. Esta categoría oscila entre la A y la G en función de su capacidad energética, haciendo un símil con los electrodomésticos.Servando Álvarez, ingeniero industrial y catedrático de la Universidad de Sevilla, explicó ayer algunos de los avances en materia energética y domótica en la construcción a un nutrido grupo de promotores en un conocido restaurante de Málaga en un acto organizado por el CSIC, Cajasol, la Confederación de Empresarios de Andalucía y Grupo Joly (editor de este diario). Servando reclamó a los empresarios que apuesten por edificios con la mayor categoría energética ya que, en su opinión, "hay subvenciones en residencial en torno a 30 euros por metro cuadrado para edificios de la clase A y en torno a 20 euros para edificios de la clase B, por lo que ese sobrecoste no lo tienen que abonar los promotores y, por eso mismo, tampoco tendría que repercutirse en el cliente final".Las exigencias del nuevo Código Técnico de Edificación (CTE) llevan a que un edificio consuma la mitad de la energía que otro más antiguo. Sin embargo, aplicar estrictamente el CTE daría una categoría D. Para tener la A -que supondría recintos que consumen menos del 25% de la energía de los edificios antiguos- "hay que diseñarlos muy bien aplicando los criterios en función del clima de cada ciudad".

La Costa del Sol se habitúa a las operaciones de Anticorrupción (Málaga Hoy)

Málaga sale a un escándalo por año desde Ballena Blanca

La historia reciente de Málaga no se escribe con páginas similares a las que en la década de los 70 del siglo pasado informaban sobre el glamour que impregnaba la Costa del Sol. Todo lo contrario. La provincia, la más turística y dinámica de Andalucía y repleta de encantos, tiene el sambenito de saltar a los titulares por lo menos una vez al año por escándalos urbanísticos o tramas internacionales de blanqueo que tienen su epicentro en algún punto del litoral malagueño. Un ejemplo de la actividad ilícita que concentra la provincia: Fue una de las primeras de toda España en contar con un fiscal Anticorrupción y actualmente ya hay tres dedicados en exclusiva a hacer frente a las corruptelas.Aunque su situación geográfica y sus características la convirtieron pronto en un imán para dar cobijo a las actividades ilícitas, la mala racha de Málaga comenzó a principios de 2005 con el caso Ballena Blanca, que desarticuló una red internacional de lavado de dinero de origen ilícito presuntamente organizada desde su bufete por el abogado Fernando del Valle. El caso, además, derivó en la primera dimisión de un alcalde por presunta corrupción, la del independiente Pedro Tirado, ex alcalde de Manilva y salpicado de lleno por la recalificación de la finca La Parrada.El último capítulo se firmó ayer con la detención del alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, y una veintena de personas más por presunta financiación irregular del Ayuntamiento. El alcalde del PSOE con más peso de la provincia malagueña ha caído en la operación Astapa, bautizada así por los investigadores en honor al nombre que los fenicios dieron a este asentamiento de la Costa del Sol.Pero en medio de las dos ha habido más. El caso que más ha conmocionado a la opinión pública ha sido Malaya, que el 29 de marzo de 2006 provocó la detención de la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, su primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, y del ex asesor de Urbanismo, el todopoderoso Juan Antonio Roca, que ahora mismo está en prisión preventiva. Este sumario centrado en buena medida en las operaciones de cohecho y el blanqueo de capitales, que de momento va por 86 procesados y acaba de concluir su fase de instrucción, originó la disolución del Ayuntamiento de Marbella y terminó con el régimen creado por el fallecido Jesús Gil cuando accedió a la Alcaldía en 1991.No había pasado ni un año cuando fue detenido el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y su edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, en la operación Troya por el presunto cobro de comisiones vinculadas a operaciones urbanísticas. A los pocos meses, el caso Hidalgo desmanteló una red internacional de blanqueo de capitales. La dirigió el juez de Marbella Francisco Javier de Urquía hasta que fue relacionado con el cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca.

Un urbanismo bajo sospecha fija. Estepona (Málaga Hoy)

Barrientos usó dinero de los convenios para el pago de las nóminas de la plantilla municipal · Trató sin éxito de escaparse de las restricciones de la Junta aprobando trece acuerdos antes de la entrada en vigor de la ley

La actuación de los estamentos judiciales y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el marco de la operación Astapa en el municipio de Estepona ha permitido poner sobre la mesa las numerosas sospechas que desde hace años se ciernen sobre el urbanismo de esta localidad de la Costa del Sol. Un hecho que queda constatado con un simple y somero repaso de las decisiones municipales adoptadas en el Consistorio desde 2003, periodo que puede ampliarse sin género de dudas a la época de gobierno del antiguo GIL. El uso del dinero procedente de la firma de convenios con empresas privadas para el pago de las nóminas municipales, los aumentos de edificabilidad permitidos, los intentos de recalificación de terrenos… son algunas de las señas que identifican la gestión municipal en esta materia. Y no faltan los ejemplos.InfraccionesA fecha de agosto de 2007, pocos meses después de los comicios municipales de mayo, el equipo de gobierno en el municipio admitió la acumulación de casi 1.600 infracciones urbanísticas, con un volumen de expedientes similar al de la vecina y polémica localidad de Marbella. Esta cifra se ve complementada con los datos recopilados por la Consejería de Obras Públicas entre los años 1994 y 2004, según los cuales el Ayuntamiento impulsó más de cien modificaciones de elementos del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), siendo el municipio de España que más cambios aplicó a su documento. "El urbanismo de esta ciudad está mal", sentenciaron desde la Administración autonómica, hasta el punto de que existía un acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo para no autorizar más cambios.¿Comisiones urbanísticas?El alcalde de Estepona negó la existencia de vínculos entre el Ayuntamiento del municipio y el cobro de comisiones urbanísticas. La reacción se produjo después de que se publicara una parte del sumario del caso Hidalgo en la que un intermediario aseguraba que había pagado "un montón de dinero a gente del Ayuntamiento de Estepona para conseguir una licencia de urbanización". En el informe policial aparecen una serie de negociaciones y presuntos pagos de personas con intereses en suelos de Estepona con funcionarios públicos o relacionados con el Consistorio, al objeto de conseguir edificar en unos terrenos adquiridos por uno de los imputados en la trama de blanqueo de capitales abierta a raíz del caso Hidalgo. En ese momento, Barrientos dijo: "Si hubiera habido algo digno de reseñar, ya lo habrían hecho los jueces".Discrepancias internas de ValadezLas críticas realizadas por el concejal David Valadez en septiembre de 2006 contra la política urbanística del equipo de gobierno pusieron sobre la mesa las dudas que pesaban sobre la tarea de Barrientos y sobre la labor de los entonces socios de gobierno, los ex miembros del GIL. Las palabras del entonces portavoz municipal del PSOE no le sentaron nada bien al regidor, que al día siguiente optó por expulsarlo del grupo municipal. En este contexto, Valadez denunció que se incumplía el decálogo urbanístico aprobado por su partido, a lo que el alcalde respondió: "No estoy dispuesto a recibir lecciones de moralidad, de socialismo ni de lucha contra la corrupción de nadie".Intervención de la FiscalíaEn los últimos años no han sido pocas las veces en las que la política municipal de Estepona ha estado bajo la lupa del ámbito judicial. En marzo del pasado año, la Fiscalía admitió a trámite una denuncia presentada por Estepona 2007 en relación al expediente de Cortijo Casareño, por el que se pretendían vender tres parcelas de suelo a una sociedad mercantil sin sacarlas previamente a subasta, contraviniendo la normativa urbanística. En esta misma línea, pero en enero de 2005, el Ministerio Fiscal inició una investigación por la presunta existencia de cajas de seguridad en bancos relacionadas con asuntos urbanísticos del Ayuntamiento.Dinero para sueldosUno de los principales fines a los que pretendía destinar Barrientos parte del dinero obtenido de convenios urbanísticos era la paga de las nóminas municipales. Este hecho se produjo en marzo de 2006, cuando el regidor trató de aprobar trece acuerdos, decisión que se vio frenada por la Junta de Andalucía. Pero este procedimiento no es aislado. El propio alcalde informó a finales de 2005, a pesar de las advertencias realizadas por el tesorero municipal, de su intención de destinar 5 millones de euros procedentes de dos convenios que no habían sido aprobadas a sufragar los sueldos de los 700 trabajadores del Consistorio. La medida provocó la crítica del tesorero, que advirtió con denunciarla, al estar prohibido emplear este tipo de aportaciones a pagar nóminas. Antes, en noviembre de 2004, acordó destinar parte de otro acuerdo a este mismo cometido. Sin ser una justificación, los gobiernos que sucedieron al GIL al frente de la Alcaldía se vieron obligados a asumir la gestión de una plantilla sobrecargada y muy por encima de las posibilidades económicas del Consistorio.Aportaciones de PrasaA lo largo del pasado mandato, el Ayuntamiento recibió más de 1,1 millón de euros en concepto de aportaciones voluntarias por parte de la empresa Prasa. Así lo admitió el propio alcalde del municipio, quien vinculó esta cuantía con el cobro de las plusvalías de los 2.137 metros cuadrados de incremento edificable que se le permitió a constructora en el barrio de El Pinillo. Parte de este dinero, 30.000 euros, se empleó en 2003 en la financiación de la iniciativa Verano Cultural. Al año siguiente se consignó una nueva aportación de 300.000 euros para el pago de los cargos de confianza y del gasto corriente del Consistorio. Y a estas aportaciones, según denunció el PP, se sumó otra de 830.000 euros a cambio de "favores urbanísticos". En este periplo, el Ayuntamiento de Estepona aprobó compensar a Prasa con un aumento de la edificabilidad que le correspondía en unos terrenos situados en las afueras del municipio en contraprestación por la demolición de la mayor parte del hotel construido por esta firma a pie de playa y declarado ilegal por Costas.Incompatibilidad de Manuel ReinaEn octubre de 2004 se supo que Manuel Reina, uno de los concejales del Partido de Estepona (PES) detenido en el marco de la actual operación Astapa, había compaginado durante casi un año y medio su cargo político como concejal de Hacienda y consejero de la Empresa Municipal de Planificación y Desarrollo Urbanístico con la administración de varias empresas cuyo objeto social estaba vinculado al campo urbanístico e inmobiliario. Este hecho hizo que los grupos de la oposición exigieran su dimisión, paso que en ningún caso se dio.Conflicto con la Ley Urbanística Uno de los momentos álgidos de la carrera política de Antonio Barrientos se vivió en diciembre de 2005, en las vísperas de que entrase en vigor una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que impedía a los ayuntamientos recibir dinero procedente de acuerdos urbanísticos hasta que no se iniciase el desarrollo de los suelos. El regidor socialista optó por ir adelante y convocó un Pleno 48 horas antes de que se hiciese efectiva esta limitación para dar luz verde a trece acuerdos, que iban a reportar 24 millones de euros a las arcas municipales. Barrientos, tras numerosas presiones por parte de la dirección regional del PSOE-A, anuló la convocatoria. Recalificación de Selwo A principios de 2006, Barrientos defendió la posibilidad de recalificar para uso residencial parte de los suelos del parque de Selwo, al objeto de que se permitiese la construcción de viviendas de lujo. Según explicó en su día el alcalde, la iniciativa pretendía la división de los 900.000 metros cuadrados de este espacio en tres bolsas que saldrían a concurso. Una de ellas, de 333.000 metros permitiría mantener las instalaciones del zoo; otros 200.000 metros irían destinados a equipamientos deportivos, y los restantes 500.000 metros, a uso residencial. De acuerdo con los datos que se barajaron en su momento, la intervención iba a suponer unos ingresos de entre 30 y 40 millones de euros para el Ayuntamiento. Sin embargo, de nuevo, la aspiración del alcalde socialista se topó con la negativa de la Junta, que rechazó de plano el proyecto de recalificación. Un día después del pronunciamiento de la Administración autonómica, Barrientos dio marcha atrás y descartó el cambio de uso de los suelos.El engaño del H-10El Ayuntamiento concedió la licencia de apertura del hotel H-10 Estepona Palace a pesar de que la edificación sobresalía en 1.500 metros de techo la edificabilidad fijada. Antonio Barrientos justificó la medida en el interés de defender el interés general. La posibilidad de legalizar este sobrante de construcción fue descartada hasta en tres ocasiones por la Junta de Andalucía. De hecho, el entonces delegado provincial de Obras Públicas José María Ruiz Povedano justificó la negativa en que la actuación planteada por el Consistorio buscaba "duplicar la ocupación de la parcela y la elevación en altura del edificio". Sin embargo, pocos meses después de estas declaraciones, la Comisión provincial de Urbanismo acabó por aceptar dicho incremento. La medida, no obstante, fue de nuevo subsanada en julio de 2005, cuando la Junta impugnó el aumento de edificabilidad tras comprobar que el expediente municipal al que dio luz verde no incluía los informes contrarios del asesor jurídico, del secretario municipal y de un arquitecto.La 'garrapata' del PESUno de los elementos que permite visualizar más a las claras la situación política que se ha vivido en Estepona en los últimos años ha sido la tensa y contradictoria relación mantenida por el PSOE y el PES, integrado por los antiguos concejales del GIL, socios de gobierno el pasado mandato. De ser compañeros de fatigas, los ediles de ambas formaciones pasaron en apenas unos meses a convertirse en enemigos irreconciliables. Uno de los episodios de mayor tensión se produjo el 22 de marzo de 2007, cuando en vísperas a las elecciones municipales, el alcalde esteponero, Antonio Barrientos, llamó "garrapatas" y "buenos ladrones" a los que en ese momento seguían siendo sus socios de gobierno. Asimismo, justificó la suscripción del pacto entre 2003 y 2007 para "vigilar de cerca" e incluso aseguró que por todo ello eludió cederles la Concejalía de Urbanismo. Sin embargo, pocos días antes de la celebración de los comicios, el ahora detenido Manuel Reina sostenía que Barrientos firmó un acta notarial en junio de 2003 en el que garantizaba la Delegación de Urbanismo al PES tras las elecciones autonómicas.

Un alcalde imprudente y muy bien relacionado (Málaga Hoy)

Barrientos, alergólogo, se ha destacado por poner en continuos aprietos a la Junta y al PSOE con su polémico urbanismo, que justificaba por la mala situación de las arcas municipales · Llamó a sus socios de gobierno, ex 'gilistas', "garrapatas"

Fue una carambola lo que llevó a la primera línea política a Antonio Barrientos, hasta ahora el alcalde socialista con más peso de la provincia de Málaga y detenido por presunta corrupción urbanística. Médico alergólogo de 47 años, ocupó como independiente el puesto número seis de la lista del PSOE a la Alcaldía de Estepona en las elecciones de 1999, cita a la que los partidos generalistas llegaron a las urnas con un objetivo muy claro: derrocar a Jesús Gil Marín, hijo de Jesús Gil e instalado cómodamente en el sillón municipal desde hacía cuatro años. El milagro fue posible, hubo pacto anti GIL y se inició una convulsa etapa política con Barrientos siempre repartiendo juego. La aventura culminó ayer con la operación Astapa.Su participación en la cruzada antigilista se inició con discreción, como edil de Sanidad y Bienestar Social. Pero la imputación en un caso de blanqueo del alcalde, Antonio Caba [recientemente ha sido absuelto por el Tribunal Supremo], convirtió a Barrientos en regidor en detrimento del que era número dos y ex senador del PSOE, Francisco Zamorano. Era abril de 2001, pero la vara de mando se le cayó pronto de la mano a un político no curtido que luego aprendió a moverse con soltura entre pactos y tránsfugas. En noviembre, el PP encabezó una moción de censura contra él en la que contó con la ayuda de los concejales del GIL, ya ex gilistas desde la renuncia debido a la derrota electoral de Gil Marín. Barrientos es natural de Estepona y su familia, bien situada, es muy conocida en el pueblo. Él tiene plaza en la residencia de ancianos Nuestra Señora del Carmen, aparcada desde que se aventuró a probar suerte en la política.Es un hombre de carácter, con presencia física, pero algo tosco, y lo más parecido a un barón socialista provincial si esta figura aristocrática no sólo se otorgara a los presidentes autonómicos, sino también a los alcaldes con peso en un partido. Fue candidato del PSOE en Estepona en 2003 y en ese momento empezó su reinado. Aprendió pronto y se aferró al sillón municipal tras un pacto con los ex ediles del GIL, los mismos con los que antes se había aliado el PP para echarlo y que se habían rebautizado como Partido Estepona (PES).Con el líder ex gilista, José Ignacio Crespo, ha tenido Barrientos una curiosa relación plagada de frases para la historia. Aliados entonces, enemigos mortales ahora, tras las últimas elecciones, el alcalde llegó a llamar a su socio de gobierno "garrapata" y "ladrón" cuando presentaba su candidatura para revalidar el cargo hace un año.Su incontinencia verbal le ha acarreado más de un quebradero de cabeza con su partido, al que ha sacado los colores en varias ocasiones porque la secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy, no se podía permitir prescindir del alcalde de Estepona. Barrientos también tuvo que dar marcha atrás a la aprobación de 13 convenios urbanísticos con los que pretendía saltarse la nueva Ley del Suelo de Andalucía días antes de entrar en vigor, y también recibió un tirón de orejas interno por pretender recalificar el parque Selwo. Sin embargo, su postura díscola se mostró con el recurso de Estepona al POT de la Costa del Sol de la Junta. Aficionado a los toros y al fútbol, es amigo de José Tomás y del periodista radiofónico José Ramón de la Morena -ambos con casa en el municipio-. El periodismo y los periodistas han sido una de sus principales apuestas, visualizadas en eventos como Estepona. Ciudad del Periodismo. Pero tampoco carece de relaciones políticas. Por ejemplo con los presidentes del Congreso y el Senado, José Bono y Javier Rojo.

Operación a tres bandas en la casa del alcalde, la sede de Urbanismo y el Ayuntamiento. Estepona (Málaga Hoy)

El registro en la urbanización de Barrientos se prolongó más de seis horas · Las intervenciones en la Casa Consistorial y el edificio Puertosol continuaban todavía a medianoche · El trato policial a los trabajadores municipales fue "exquisito"
La publicidad menos deseada en el peor momento posible. Estepona entró ayer en el indeseado club de las ciudades afectadas por las irregularidades urbanísticas y se hermana de esta manera con sus vecinas Marbella y Manilva en una especie de diabólico triángulo de la corrupción.Todo comenzó a primera hora de la mañana y de manera perfectamente coordinada. Dirigida simultáneamente hacia tres puntos fundamentales. La residencia del alcalde, el ayuntamiento y el edificio Puertosol en el Paseo Marítimo, sede las concejalías de Urbanismo, Hacienda e Infraestructuras.A las 9 de la mañana llegaron los agentes a la casa del alcalde. En la exclusiva urbanización Bahía Azul, primerísima línea de playa y que mereció una atención nula por parte de los otros residentes. Durante el registro, que se prolongó por espacio de seis horas, acudieron a la vivienda un hermano de Antonio Barrientos y Antonio Caba, ex alcalde de Estepona, íntimo del actual regidor y que asumirá su defensa. Hubo otro registro en otro de los adosados de la urbanización. De la vivienda habitual de Barrientos salieron los policías con abundante documentación en cajas precintadas. Se dirigieron al Ayuntamiento.Sólo 17 minutos después de comenzar este operativo, dos coches aparcaron frente al edificio Puertosol. Se bajaron diez personas, vestidas de calle y sin rasgos especiales de distinción, que accedieron a las dependencias municipales. Una vez dentro se pusieron los chalecos , se identificaron y comenzaron a trabajar. No impidieron la salida a los que iban a desayunar, pero cerraron las puertas de emergencia y dejaron un sólo acceso transitable. El trato fue exquisito. Francisco Zamorano, concejal de Hacienda sufrió una subida de tensión y se le suministró la medicación adecuada. Dos horas después, salía esposado a la espalda el arquitecto municipal, pero el ambiente entre los trabajadores que estaban dentro no fue de tensión. Todos fueron abandonando las dependencias poco a poco. Los investigadores no. Continuaron un minucioso registro en busca de pruebas que continuaba todavía a medianoche.El tercer punto clave fue el Ayuntamiento. La sede municipal fue clausurada también desde primera hora de la mañana y era difícil acceder para realizar trámites o papeleos. Pasadas las tres de la tarde llegaron los agentes que habían registrado la casa del alcalde con Antonio Barrientos. El detenido cruzaba sus manos en un intento de disimular que iba esposado. Nada más llegar pidieron comida. Carne con tomate, ensaladilla rusa, ensaladilla de bocas, san jacobos, preñaítos, pan, agua y coca cola. Una cuenta de 61 euros al contado. El registro también continuaba al cierre de esta edición. En paralelo a estos tres puntos, se intervino en la Delegación de Playas, situada en la calle Real, y en varias empresas.

Promotores no convertirán pisos de renta libre en VPO pese a la paralización de las ventas (Málaga Hoy)

Los empresarios sólo han pedido el cambio de tipología de 400 viviendas en la provincia pese a que hay 13.500 sin vender·

Nada. Ni aumentando el plazo. A los promotores malagueños no les ha interesado en absoluto la posibilidad dada por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de convertir viviendas de renta libre en inmuebles de protección oficial (VPO) para beneficiarse de las ayudas fiscales dadas por la Administración autonómica a empresas y compradores y para que los primeros pudieran desprenderse del importante número de viviendas que tienen en stock en la provincia. Como ya adelantó este diario el pasado 5 de junio, la Asociación Provincial de Promotores y Constructores de Málaga (ACP) -organismo encargado de mediar entre los promotores y la Junta de Andalucía toda la documentación- puso un mes de plazo a los interesados. En ese periodo sólo se presentaron 350 solicitudes, por lo que la ACP decidió alargar una semana más el tiempo para ver si algún otro promotor se sumaba a la idea. Finalizado ya el plazo, los promotores sólo han pedido el cambio de tipología para 400 viviendas de las cuales 125 están en la capital, 85 en Mijas y el resto en Vélez-Málaga, Cártama Estación, Sierra de Yeguas, Colmenar, Coín y Alhaurín de la Torre. Este número, teniendo en cuenta que los propios promotores reconocen que hay 13.500 viviendas sin vender en estos momentos y que este número podría elevarse a 25.000 a finales de año, es casi ridículo. Violeta Aragón, gerente de la ACP, señaló ayer a este periódico que "son muy pocas" y achacó ese desinterés a que "para poder vender una VPO hay que tener unas características muy concretas como, por ejemplo, que la vivienda no tenga más de 90 metros cuadrados o un precio máximo de 174.000 euros". A eso hay que añadirle que "el comprador no puede vender el inmueble en un plazo de 10 años y eso también hace que sea más difícil su comercialización". En este sentido, los promotores que se han acogido a la medida han sido aquellos que vendían pisos con una superficie similar y cuyo precio de venta estaba en torno a los 200.000 euros, por lo que su recorte de ingresos no es tan significativo si con ello consiguen deshacerse del inmueble, un hecho que está castigando tanto a promotores como a particulares por la paralización de las ventas. Ante el fracaso de la medida, Aragón destacó que siguen negociando con la Junta de Andalucía en la búsqueda de nuevas opciones, entre las que señaló la firma ayer por la tarde del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 de Andalucía que contempla el objetivo de que el 40% de las viviendas que se construyan hasta 2012 sean VPO con una inversión total de 12.000 millones de euros, de los cuales 3.000 serán aportados por la Junta de Andalucía.

Yagüe dice que otorgó la licencia de la parcela según el PGOU de 1986. Marbella (La Opinión)

La ex alcaldesa concedió la autorización de segregación de unos terrenos que supuso una venta de 18 millones
La ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, aseguró al juez instructor del ´caso Malaya´, Óscar Pérez, que concedió en 2005 una licencia de segregación de la parcela Francisco Norte en virtud del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986. Yagüe compareció como imputada ante el citado juez en relación a una pieza separada del sumario en la que se investigan dos operaciones urbanísticas en las parcelas denominadas Ave María y Francisco Norte. Según informaron fuentes de la defensa de la ex regidora, la comparecencia tuvo una duración de apenas tres minutos, en los que el instructor interpeló a Yagüe sobre la segregación de 10.300 metros cuadrados del subsuelo de la citada parcela para la construcción de un aparcamiento.En relación con estas dos operaciones urbanísticas también comparecieron el ex asesor Juan Antonio Roca, que negó ante el juez Óscar Pérez haber participado en la redacción y aprobación de los dos convenios, y el ex alcalde Julián Muñoz, que no admitió haber negociado los acuerdos peros sí reconoció que los había firmado durante su periodo al frente del Ayuntamiento.Las declaraciones por esta pieza separada se iniciaron el pasado enero con la comparecencia del ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, al que el juez imputa un delito de falsedad de documentos Éste también estuvo detenido durante la primera fase de la operación ´Malaya, al igual que Juan Antonio Roca, al que la instrucción considera el cerebro de la alambicada trama de corrupción que sacudió a la corporación municipal de Marbella durante varios mandatos consecutivos.Sobre la operación Francisco Norte, el magistrado indica que el final de ésta puede situarse en el convenio suscrito en noviembre de 2002 por el Ayuntamiento con Yeregui Desarrollo S.L. por el cual el Consistorio acordaba pagar a la empresa tres millones de euros en concepto de indemnización al no ser posible finalmente edificar en la finca.En 2004 la parcela fue adquirida por Naviro Inmobiliaria S.L., propiedad del empresario José Ávila Rojas, por un millón de euros más el 25 por ciento del beneficio de la venta de las viviendas, y en 2005 se segregan 10.300 metros cuadrados de su subsuelo, licencia autorizada por Marisol Yagüe, que fue traspasadas a la postre a Conservera Celta por 18 millones de euros.El informe policial sobre la operación urbanísitica en la parcela denominada Ave María establece que el Ayuntamiento de Marbella firmó un convenio en 2002 con la empresa CCF 21, por el que cedió un aprovechamiento urbanístico por un valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros, según destaca el texto. Antes de citadol convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en el terreno Ave María, así como casi 900 en la parecela de Los Verdiales, fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones.El informe señala además que la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad también de Roca. Según las investigaciones, teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros. Ambas causas fueron investigadas a raíz de la información colateral de la trama de corrupción en el Consistorio, que se saldó con la detención de un gran número de concejales de las corporaciones gobernadas por el el extinto partido de Jesús Gil y sus coaliciones ulteriores.

El ´caso Astapa´ sitia Estepona (La Opinión)

La sede del Ayuntamiento y las concejalías de Urbanismo y Hacienda son algunas de las dependencias municipales que ayer permanecieron inoperativas por los registros policiales
La operación policial ´Astapa´ despertó temprano. A primera hora de la mañana de ayer, los esteponeros ya habían comprobado que buena parte de las dependencias públicas de su ciudad estaban sitiadas. El propio Ayuntamiento y las delegaciones municipales de Urbanismo, Hacienda, Cultura y Fiestas estaban cerradas a cal y canto y algunos de los trabajadores municipales permanecían en su interior para facilitar la investigación de la trama de corrupción urbanística recién destapada.Desde Marbella, se desplazaron secretarios judiciales para recordar el guión que deben seguir los registros. "Estos especialistas deben concretar qué es lo que se busca en función del mandamiento judicial que se haya efectuado", explicaron a este diario fuentes policiales.En este caso, los agentes de la Policía Nacional encargados de estas inspecciones prestaban especial atención a los documentos relacionados con la gestión urbanística de la ciudad y a aquellos que podían probar su influencia en las arcas municipales o en las personales de cada uno de los presuntos autores de delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales que, inicialmente, se imputan."Se están efectuado registros integrales, con fórmulas parecidas a las empleadas en el transcurso de la operación ´Malaya", indicaron estas mismas fuentes. Esto supone la exploración de convenios urbanísticos, contratos laborales, documentación económica, ordenadores y todo tipo de material informático que pueda inculpar o exculpar a los hasta ahora 25 detenidos en esta trama, entre los que se encuentra el propio alcalde de la localidad, el socialista Antonio Barrientos.La actual vivienda del regidor, ubicada en la urbanización Bahía Azul del municipio, fue otro de los inmuebles que se sumó al total de 38 registros domiciliarios efectuados por los agentes, según informó el propio cuerpo policial en un comunicado.Durante toda la mañana de ayer, la casa donde vivía Barrientos permaneció cortada mientras los investigadores se hacían con numerosa documentación que será analizada.De la misma forma, numerosas cajas de cartón partían repletas de textos procedentes de las delegaciones de Urbanismo y Hacienda, situadas en el edificio Puertosol, y del despacho de alcaldía, en el Ayuntamiento, lugares en los que, al cierre de esta información, seguían los registros.En el caso de las dependencias municipales, los más sorprendidos por la llegada de los agentes judiciales han sido los propios empleados. Entre Ayuntamiento y empresas municipales, Estepona cuenta con alrededor de 1.400, de los que un buen número está adscrito a las concejalías y departamentos acaparados por la operación.Los únicos que podían entrar y salir de las delegaciones precintadas en el día de ayer eran estos empleados, ya que únicamente se veían obligados a permanecer en su interior alrededor de uno o dos encargados por cada departamento para facilitarles a los policías la búsqueda de posibles pruebas.A pesar de estas medidas, los agentes no pudieron evitar que se acercaran curiosos, especialmente a las puertas del Ayuntamiento, donde se vieron obligados a ampliar las áreas restringidas hasta en tres ocasiones para evitar altercados.Hasta el momento, los servicios de información policiales han confirmado la expedición de varias órdenes de prohibición de enajenación de bienes inmuebles, el registro de más de 50 personas físicas y jurídicas y la prohibición de más de 60 bienes muebles de varias decenas de personas; así como varias órdenes de bloqueo de cuentas corrientes.

La policía requisó los convenios urbanísticos firmados desde 2003. Estepona (La Opinión)

Los registros policiales se centraron en los acuerdos y en contratación. Más de 20 cajas se apilaban tras el registro
Casi al mismo tiempo en que 20 agentes de la Udyco entraban en el Ayuntamiento de Estepona y precintaban el edificio, otros 40 agentes realizaban la misma operación pero en las oficinas municipales de Puertosol. Allí se encuentra la mayoría de las delegaciones municipales, incluidas las de Urbanismo y Hacienda.A las 9 de la mañana se interrumpía la actividad rutinaria de estas oficinas con la llegada de los agentes y, ante el estupor y la sorpresa de los propios trabajadores municipales y los ciudadanos de a pie que en esos momentos realizaban distintos trámites burocráticos, se procedió a precintar el edificio. Todos ellos quedaron retenidos en el edificio hasta que la policía los identificó dejando salir a todos aquellos que no eran trabajadores del Ayuntamiento. En unos primeros instantes, según relataron fuentes municipales a este periódico, los empleados se mostraron tranquilos a pesar del enorme despliegue policial que se estaba llevando a cabo. Todo cambió cuando alrededor de las 12 de la mañana salía esposado uno de los primeros detenidos de esta trama, el arquitecto municipal Arturo Cebrián. Fue entonces cuando los nervios y el desconcierto se apoderó aún más de los trabajadores que minutos después vieron salir, también, esposado al concejal de Economía y Hacienda, Francisco Zamorano. Este último a diferencia de Cebrián que salió por la puerta principal del edificio, evitó a los periodistas que estaban en la puerta al salir por el garaje. Los registros se produjeron durante todo el día de ayer y hasta el cierre de este periódico aún continuaban alrededor de 15 personas de los departamentos de contratación y facturación así como de las empresas municipales de Empladus y Emmvíes en las oficinas de puertosol ofreciendo información a los agentes. Los empleados de urbanismo, una de las áreas principales de investigación, pudieron salir del edificio a las 10.45 de la noche de ayer después de haber entregado toda la documentación requerida por los agentes. Durante el registro también fue detenido el ingeniero de obras públicas, Javier Withmeur, que trabaja en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.Por su parte, el edil de Urbanismo, Rafael Duarte, como la coordinadora de este área, Patricia Rojo, también estuvieron presentes durante el registro en el que se mostraron colaboradores y ofrecieron toda la documentación requerida. Ambos continuaron en el edificio una vez que terminó el registro en el área de urbanismo.Convenios. Según las fuentes consultadas por este periódico los agentes se llevaron todos los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento desde el año 2003 hasta la actualidad. Además requirieron diversos expedientes relacionados casi todos con la constructora local, Codelsa. De hecho en el departamento de Disciplina urbanística sólo solicitaron informes de la citada empresa y de áridos de Guadalmansa. En cuanto al área de contratación, los registros que continuaban al cierre de esta edición se centraron, sobre todo, en cómo y a quién se han adjudicado las obras.

Barrientos: luces y sombras (La Opinión)

Fue destronado por ex miembros del GIL, los mismos con los que posteriormente pactó para formar gobierno. El urbanismo ha sido el punto negro de su gestión, lo que le llevó a enfrentarse al PSOE
Antonio Barrientos, de 47 años, es médico alergólogo. Su trayectoria política, lejos de pasar inadvertida, ha estado marcada por pactos, mociones de censura, polémicas y convulsiones en su gestión. Como miembro del PSOE pactó con otros grupos para echar al GIL y posteriormente se alió con los ex ´gilistas´ para llegar a la alcaldía.Entró en la lista socialista de la mano de Antonio Caba en 1999. En las elecciones de ese año todas las formaciones de la localidad (PSOE, PP, IU y PA) se aliaron para destronar al Grupo Independiente Liberal (GIL) que fundara el fallecido Jesús Gil. El regidor hasta entonces era precisamente Jesús Gil Marín, el hijo del ex presidente del Atlético de Madrid.Antonio Caba dimitió en 2001 como regidor tras verse implicado en un delito de blanqueo de capitales en relación a un cliente de su bufete de abogados. Barrientos lo sustituyó, aunque años más tarde Caba fue absuelto.Sus aliados de gobierno pronto lo "traicionaron". Duró poco más de seis meses en el sillón de mando tras la moción de censura presentada por el PP y ex integrantes del GIL. Tras las elecciones de 2003 logró de nuevo acceder a la alcaldía tras pactar con ex ´giles´ (integrantes del Partido Estepona) y con IU.Un año y casi un mes después de aquel 13 de junio de 2003 se produjo una vuelta de tuerca con la entrada de tres ediles del Partido Andalucista. El nuevo reparto de áreas provocó la salida de Antonio Murcia, representante de IU. La coalición de izquierdas abandonó el gobierno pese a que su presencia era una condición del PSOE regional para que se firmara el pacto con el PES, que desautorizó en un principio. IU perdía precisamente el área de Vivienda con la entrada de los nuevos socios.Algunos ediles del PES se vieron además salpicados por un informe del Tribunal de Cuentas que desvelaba más de 24 millones de euros sin justificar del periodo de gobierno 1955-1999 que presidía Jesús Gil Marín.El nuevo gobierno. Barrientos logró mantener la alcaldía del municipio tras las elecciones municipales de 2007. Su lista fue la más votada, pero no obtuvo la mayoría necesaria para gobernar, por lo que en este caso solicitó la ayuda del PA e IU. Recientemente se incorporó la edil del grupo Estepona 2007, Rosa Díaz, que fuera alcaldesa bajo las siglas del PP tras la moción que le arrebató el bastón de mando a Barrientos.Los engaños e ´infidelidades´ no son un impedimento en esta localidad para suscribir sucesivos pactos, a cada cual más sorprendente. Unos peculiares gobiernos acompañados de una polémica gestión urbanística y de movimientos del alcalde considerados poco claros por parte del propio PSOE regional.El intento de aprobar una serie de convenios ´in extremis´ en un pleno extraordinario antes de la entrada en vigor de la Ley del Suelo -que limitaba los usos del dinero ingresado por tal concepto- o el intento de recalificar el parque Selwo para edificar viviendas fueron algunos de los casos que causaron una auténtica polvareda política en el municipio. El regidor también votó en contra del POT de la Junta, lo que tampoco fue bien visto.Actualmente Barrientos es además secretario local del PSOE y uno de los delegados elegidos por los socialistas malagueños para el próximo congreso regional, donde ocupa el noveno puesto de la lista oficial que encabeza la actual secretaria general del PSOE en Málaga, Marisa Bustinduy. Este aficionado a los toros y al fútbol de carácter afable ha sido salpicado de lleno por el escándalo al verse implicado en esta nueva operación contra la corrupción urbanística en la Costa del Sol.

Un espectáculo muy triste (La Opinión)

Los esteponeros se quejaban ayer una y otra vez de que este caso perjudicará gravemente la imagen del municipio. Algunos afirmaron que "era algo que se veía venir desde hace tiempo"
La operación ´Astapa´, nombre fenicio de Estepona, se ha vivido con consternación, sorpresa y vergüenza entre los vecinos de Estepona. Al menos esas eran las palabras más repetidas entre los cientos de curiosos que se acercaron durante todo el día de ayer a las puertas del Ayuntamiento y, cómo no, en las "comidillas" de cada bar o terraza de la localidad. Y es que aunque la operación ´Malaya´ hubiera salpicado la vecina Marbella hace unos años, muchos no esperaban ver en la misma situación a los políticos locales. Unos políticos que son de sobra conocidos en el municipio y con los que, además, han compartido pupitre, han salido de copas o, simplemente han disfrutado de un partido de fútbol. En este sentido se expresaban muchas de las personas que se dieron cita a las puertas del Ayuntamiento y que afirmaban sentirse apenadas de ver al alcalde, Antonio Barrientos, saliendo de un coche policial esposado.No obstante, otros vecinos nos daban la versión opuesta y afirmaron que era "previsible una ´malaya dos´ en Estepona" que luchara contra la corrupción urbanística. En este sentido, algunos de esos vecinos señalaron que "todo el mundo sabía, de alguna forma, qué estaba pasando". No en vano, el portavoz de la Plataforma de Asociaciones de Vecinos de Estepona, Miguel Quirós, recordó que han pedido en varias ocasiones "una gestora en Urbanismo en el Ayuntamiento para controlar lo que estaba pasando". Además, Quirós dejó claro que "el que la hace, la paga" y manifestó que no era normal que el pueblo de Estepona se hubiera convertido en el jardín de las grandes constructoras.A pesar de estas palabras, el portavoz de la plataforma de vecinos reconoció que esta actuación no ha llegado en el mejor momento para el municipio ya que se está viviendo una crisis muy importante y, a partir de ahora, los constructores de Estepona van a salir corriendo.Por su parte, los empresarios de la localidad lamentaron los perjuicios que esta operación puede general para la imagen de Estepona y de la Costa del Sol Occidental, muy deteriorada ya con el escándalo de la operación ´Malaya´. No obstante, esperan que la temporada estival, que ya es inminente, no se vea afectada por este caso de corrupción urbanística. En este sentido, lamentaron que la Costa del Sol vuelva a estar en el punto de mira por un tema de corrupción urbanística, pero recordaron, que, a pesar de todo, el municipio cuenta con unos servicios de calidad que no deberían verse afectados por estos casos.Si los primeros momentos fueron de sorpresa para los ciudadanos, a medida que pasaban las horas la pregunta más repetida era ¿y ahora qué?, ¿habrá elecciones, una gestora? o ¿quién será ahora nuestro alcalde? Las especulaciones corrían con la misma velocidad que las noticias con los nuevos detenidos entre los ciudadanos de Estepona. Ellos quieren saber quién les va a gobernar y sobre todo si eso repercutirá para bien o para mal en el bienestar de los esteponeros.Muy desconcertados también se encontraban los trabajadores municipales que al conocer la detención del edil de Hacienda, Francisco Zamorano, temen por no poder cobrar sus nóminas. Y es que la actividad del Ayuntamiento está paralizada y "las letras de las hipotecas llegan a primeros de mes y no esperan a que tú cobres", señalaba uno de los jardineros municipales.Pero a parte de las nóminas los 700 trabajadores de las empresas municipales tenían otra preocupación. La tan ansiada subrogación aún no se ha producido y con el concejal del Hacienda detenido, al igual que el alcalde y otros ediles más de la corporación la incertidumbre se ha apoderado de ellos, teniendo en cuenta que la subrogación de estos trabajadores iba a llevarse al pleno del próximo mes de julio. Por este motivo, los líderes sindicales también se dejaron ver por las puertas del Ayuntamiento a la espera de unas noticias que llegaban con cuentagotas.Protagonistas de esta historia, aunque muy a su pesar, también han sido los trabajadores municipales que se han quedado retenidos en las distintas oficinas del Ayuntamiento. Algunos salieron durante el día, otros bien entrada la noche y cada uno con una historia que contar. Estos empleados que van cada día a hacer su trabajo sufrieron nervios, ataques de ansiedad y mucha incertidumbre. Casi a las 12 de la noche dos de esos trabajadores salían del Ayuntamiento. Abrumados por una nube de periodistas y fotógrafos, sus caras lo decían todo. No podían hablar, pero no era necesario. Habían pasado uno de los peores días de su vida y la policía aún seguía registrando en sus puestos de trabajo. No obstante, afirmaron estar tranquilos y su intención de descansar pues no saben cuándo volverán al trabajo.

A la espera de aclarar la gestión de la era GIL.Estepona (La Opinión)

El Tribunal de Cuentas investiga el destino de 24 millones que quedaron sin justificar en el gobierno de Gil Marín
El paso del GIL por el Ayuntamiento de Estepona dejó unas arcas tan dañadas que el Tribunal de Cuentas todavía trata de dilucidad dónde fueron a parar millones de euros que se quedaron sin justificar en su día. La sombra de la gestión del grupo ´gilista´ ha perseguido a todos los equipos de gobierno formados tras la marcha de Gil Marín, sin olvidar que muchos de sus ediles se ´reciclaron´ y terminaron formando parte de la corporación con otras siglas. Y las arcas municipales han notado sobremanera esos problemas económicos, que en muchos momentos se taparon con convenios urbanísticos que no siempre contaron con el visto bueno del resto de administraciones públicas. En total, son alrededor de 24 millones de euros los que están sin justificar de los cuatro años que gobernó el GIL. Ya en 1999 cuando Antonio Caba llegó a la alcaldía con el apoyo de PP, IU y PA, se avisó de la difícil situación en la que estaba el Consistorio. Se dijo que el GIL no había dejado "ni bolígrafos" en el Ayuntamiento y se anunció que se encargarían auditorías e informes al Tribunal de Cuentas. Y en esas sigue el citado organismo, que recientemente condenó a varios ediles del PES a devolver más de 900.000 euros que estaban sin justificar en las cuentas de la era del grupo GIL. A mediados del pasado año 2007, el Tribunal de Cuentas cifró en nueve millones de euros las cantidades pendientes de aclarar por parte del Ayuntamiento de Estepona, correspondientes al periodo comprendido entre los años 1995 y 1999. A esta cifra habría que sumarle otros quince millones de euros correspondientes a las empresas municipales creadas durante el gobierno de Jesús Gil Marín, como reconoció entonces Barrientos. De aquella época se investigan al menos una decena de sociedades municipales. Urbanismo. El Ayuntamiento de Estepona también había solicitado al Tribunal de Cuentas que abriera una investigación para determinar las posibles irregularidades cometidas durante la etapa GIL en el pago de deudas, ya que se podrían haber abonado a través de entrega de inmuebles o aprovechamientos urbanísticos, según denunció el alcalde Barrientos en febrero de este mismo año. El actual equipo de gobierno denunció asimismo a Jesús Gil Marín por las altas cantidades económicas injustificadas.

Los conflictos del ladrillo (La Opinión)

Antonio Barrientos protagonizó sonados enfrentamientos con la Junta de Andalucía. La localidad contabiliza casi 1.600 expedientes abiertos por irregularidades sobre urbanismo
Las polémicas del alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, con el urbanismo como protagonista han sido permanentes y continuas en el tiempo. Ésta ha sido además la causa que ha provocado que el mandatario malagueño haya mantenido una más que tensa relación con la Junta de Andalucía y los líderes regionales del partido socialista.Acuerdos para triplicar la edificabilidad de parcelas o cambios en los usos del suelo han puesto en tela de juicio, en no pocas ocasiones, la transparencia de la gestión del primer edil. El urbanismo ha llegado incluso a colocar en la cuerda floja los pactos de gobierno del municipio.El propio concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, dijo pasadas las últimas elecciones municipales y tras estudiar la situación del municipio que la localidad tiene abiertos 1.578 expedientes por irregularidades en esta materia, de los que 140 se han instruido en el presente mandato. Duarte dijo que el municipio estaba muy cerca de Marbella en lo que a disciplina urbanística se refiere.Los desafíos de Barrientos al Gobierno de Chaves han sido continuos. Destaca especialmente la polémica suscitada a raíz de que el regidor anunciase su intención en la anterior legislatura -concretamente en 2006, cuando gobernó con ex giles y junto al PA-de recalificar la parcela donde se ubica el parque Selwo para construir viviendas y otros equipamientos.El Gobierno andaluz se opuso a esta medida recordando a Barrientos que esos suelos contaban con un sistema de protección. La decisión del alcalde ponía de nuevo en un aprieto a la Junta de Andalucía y a los principios del crecimiento ordenado y sostenible que el Ejecutivo regional promulgaba. Chaves mostró su expreso rechazo a este proyecto y Barrientos dos días después de esta manifestación dio marcha atrás y aseguró que no recalificaría el parque Selwo. Eludir la Ley del Suelo. Pocos meses antes, concretamente en diciembre de 2005, el regidor anunciaba la celebración de un pleno extraordinario compuesto por 13 puntos urbanísticos días antes de la entrada en vigor de la Ley del Suelo. El objetivo, según declaraba abiertamente el propio mandatario, era eludir esta norma que incluía medidas restrictivas para el gasto del dinero procedente de la firma de convenios. Esperaba obtener 24 millones de euros con esta operación. En esta ocasión, Barrientos también dio marcha atrás.Sonada fue su oposición al Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental. El regidor sí mantuvo en esta ocasión el pulso iniciado a la Junta y acordó en un pleno extraordinario impugnar el documento, aunque no apoyó finalmente las movilizaciones convocadas. Barrientos se oponía a la figura de protección que se establecía en el documento y que afectaba a 600 viviendas rurales diseminadas e impedía la legalización de las mismas.

La mayoría de los ayuntamientos de Málaga han sido investigados (La Opinión)

La Fiscalía afirma que "la lista de municipios no denunciados es más breve que la de denunciados". La corrupción ya provoca una caída de los precios
El alto número de presuntas corruptelas afloradas en los últimos años en la provincia afecta tanto a municipios costeros como del interior, según se señala en la Memoria de la Fiscalía Provincial correspondiente a 2007, en la que se asegura que "el gran problema en la provincia de Málaga son los delitos contra la ordenación del territorio".El documento incide en la "gran cantidad" de denuncias interpuestas contra alcaldes de diversos municipios de la provincia, tanto del interior como de la Costa, lo que, según la Fiscalía, evidencia que las ilegalidades urbanísticas no son "un problema exclusivo de municipios con determinadas características sino de todos en general", debido a que el "el urbanismo se ha convertido en la mayor parte del aporte financiero a los municipios", señala.La Fiscalía abrió el año pasado 238 diligencias de investigación por delitos contra la ordenación del territorio en la provincia, así como 189 diligencias judiciales por estos mismos delitos, de las que 96 correspondieron a Málaga capital, 38 a municipios de la Costa y 55 a pueblos del interior. Sobre la incidencia de estos delitos, llama la atención sobre las "cada vez más frecuentes" denuncias contra municipios por la concesión de licencias de obras en contra de los informes de los técnicos municipales.El Ministerio Público asegura incluso que "sería mucho más breve la lista con los municipios que no han sido denunciados, que con aquellos contra los cuales se ha iniciado alguna actuación por parte de la Fiscalía", al tiempo que indica que la gran mayoría de los hechos denunciados que han dado lugar a diligencias de investigación se refieren a delitos contra la ordenación del territorio.Caldo de cultivo. Entre los casos más destacados del año 2007 se señala el acuerdo con los ex miembros de la corporación municipal marbellí que permitirá agrupar entre 50 y 60 procedimientos urbanísticos, así como la actuación en el municipio de Tolox, donde la Fiscalía ha presentado cargos de prevaricación contra el alcalde, Juan Vera (PA), el secretario de la corporación, el arquitecto técnico municipal y un asesor jurídico.Los motivos de este alto número de procedimientos por irregularidades urbanísticas son múltiples, según se establece en un reciente estudio elaborado por el director del Instituto de Criminología de la UMA, José Luis Díez Ripollés, y por la criminóloga especializada en delincuencia económica Alejandra Gómez-Céspedes, que asegura que "el rápido crecimiento de la actividad urbanística en la Costa del Sol ha creado un favorable caldo de cultivo para el desarrollo de una notable delincuencia socioeconómica en la zona.Así, se detallan los indicadores socioeconómicos que favorecen la corrupción urbanística en la Costa del Sol, entre los que se citan la rápida evolución del parque inmobiliario, la importante presencia de la delincuencia organizada en la zona y sus inversiones en el mercado inmobiliario, la abundante llegada de capitales de dudosa procedencia, la constitución de numerosas sociedades mercantiles instrumentales para el blanqueo de capitales y el rápido crecimiento de una población multicultural y con escaso arraigo.Golpes policiales. El informe ´Corrupción urbanística: estrategias de análisis´, publicado en la ´Revista Española de Investigación Criminológica´, detalla cómo en Málaga se multiplicó por 14 el número de viviendas iniciadas entre los años 1991 y 2003, cuando se pasó de 5.630 a 83.274 viviendas. Además, entre 1999 y 2003 Málaga fue la provincia en la que más viviendas se iniciaron en todo el territorio español (324.666), por encima de Madrid y Barcelona.También destaca cómo en 2006 la inversión extranjera directa en actividad inmobiliaria supuso un 76% para Andalucía, mientras que para el resto de España fue del 24%. Entre los diez principales países inversores en Andalucía se identifican tres paraísos fiscales: Luxemburgo (el principal inversor), Gibraltar (en quinto lugar) y las Antillas Holandesas (el noveno).El estudio reseña las principales operaciones llevadas a cabo en los últimos años contra la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario, entre las que se citan las operaciones ´Delfín´, ´Bóxer´, ´Turrón´, ´Sugar´, el grupo de Mounir Abdelkader Mohamed, ´Ballena Blanca´, ´Malaya´, ´Hidalgo´ y el caso del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.El impacto de las actuaciones judiciales y policiales contra la corrupción urbanística ya se ha dejado notar en el mercado. Según un reciente informe de la consultora Aguirre Newman, entre enero de 2007 y enero de 2008 el precio del metro cuadrado de viviendas plurifamiliares cayó un 2,5%, con descensos mucho más significativos en determinadas áreas, como Mijas-Costa y Fuengirola, donde superaron el 12% y el 15%, respectivamente.

El sector turístico y la construcción, los otros perjudicados por ´Astapa´ (La Opinión)

Los promotores creen que la provincia no necesitaba "otro escándalo" y que la inversión en la Costa se ve perjudicada
La operación ´Astapa´, que golpeó ayer a la localidad de Estepona y que se saldó con más de una veintena de detenidos entre concejales, empresarios y el propio alcalde, Antonio Barrientos, ha vuelto a suponer un duro golpe para el sector turístico y la construcción en la provincia de Málaga. La sombra de la ya conocida operación ´Malaya´ vuelve a situarse sobre dos de los principales sectores de la provincia para crear inseguridad y expectación.Para Juan Moreno, secretario general de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), esta noticia ha sido acogida de la peor manera, más aún cuando el verano se encuentra a las puertas. "En la actualidad ya hay menos demanda debido a la crisis económica y lo último que la hacía falta a la provincia era otro escándalo como este", afirmó. Por ello destacó que ahora, si un extranjero se plantea comprar una vivienda en la Costa del Sol, "se lo pensará dos veces".Empezar desde cero. "Tras la operación ´Malaya´ tuvimos que empezar de cero para que la ciudadanía volviera a tener confianza en los empresarios de la construcción y ahora, con Estepona, y tras un duro trabajo vamos a tener que volver a empezar desde el principio. Nuestro trabajo se ha visto tirado por los suelos", se lamentó Moreno, quien afirmó que el principal objetivo para mitigar este tipo de situaciones es crear mayores promociones y dar confianza a los compradores para que no piensen que todos los empresarios del sector son así. "Es necesario que los planes se aprueben con mayor celeridad para volver a dar solidez al sector", concluyó. En cuanto al turismo que la provincia recibe cada año por estas fechas, tanto desde la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) como desde la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes (Aedav) esperan que esta operación policial no afecta demasiado a la llegada de turistas."El verano es muy necesario para la provincia y aunque existe un exceso de malas noticias entre la crisis económica y ahora con Estepona, entendemos que los principios de justicia son necesarios. Pero es indudable que este tipo de noticias nos afecta", explicó Salvador Vilches, presidente de Aehcos. Sin embargo Vilches recordó que con la conocida operación ´Malaya´ el turismo no se vio afectado en gran medida y deseó que también pase lo mismo este año.Asimismo, Joaquín Fernández, vicepresidente de Aedav, afirmó que este incidente "no nos coge de primeras y los turistas han demostrado que son inteligentes como para evitar que el turismo se resienta". Fernández añadió que aunque son noticias muy desagradables para la provincia y para el sector, durante la operación ´Malaya´ la actuación policial fue muy limpia, lo que permitió que el turismo no se viera demasiado perjudicado.Otro de los grandes interrogantes futuros se sitúa sobre los turistas de la Unión Europea que poseen o tienen intención de una segunda residencia en la Costa del Sol. "Estos ciudadanos extranjeros pueden verse afectados en el mismo grado que cualquiera que invierta en una vivienda en la provincia. Es indudable que en este sentido exista preocupación y alarma entre la población", sentenció. A pesar de todo, las fuentes consultadas de ambos sectores afirman que por el momento lo mejor que se puede hacer es esperar para ver como se encauza la investigación y la repercusión final que puede llegar a tener este nuevo golpe al turismo de la Costa del Sol.

Los andaluces cuadruplican sus opciones de acceder a una VPO (La Opinión)

La Junta y los agentes económicos y sociales se comprometen a desarrollar el nuevo Plan de Vivienda y Suelo 2008-2012, que se aprobará durante este mes
La Junta y los agentes económicos y sociales se comprometieron ayer públicamente con el desarrollo del Plan de Vivienda y Suelo 2008-2012, que el Gobierno andaluz aprobará a finales de mes y con el que los andaluces verán "multiplicado por cuatro" las opciones de acceder a una vivienda protegida.Así lo destacó el presidente de la Junta, Manuel Chaves, en el acto de presentación del plan, que prevé la construcción de 132.000 viviendas protegidas (92.400 para venta y 39.600 para alquiler) y la rehabilitación de 135.000, con una inversión publica y privada de más de 12.000 millones de euros.Al acto, celebrado en el mismo lugar donde hace seis meses se firmó el Pacto por la Vivienda, asistieron los líderes de UGT y CCOO de Andalucía, el presidente de la CEA, Santiago Herrero, y los consejeros de Vivienda y Economía, Juan Espadas y José Antonio Griñán, además del presidente de la FAMP, Francisco Toscano, representantes de las entidades financieras y de la patronal de la construcción, así como el delegado del Gobierno en Andalucía. Chaves, que calificó este plan como el más ambicioso de cuantos se han desarrollado en Andalucía y el de mayor calado social de los aprobados en España, aseguró que con él se dará una solución real a colectivos como los ´mileuristas´, gracias a las diversas líneas de ayudas previstas en el mismo.El plan, según dijo, ofrece soluciones razonables y viables al problema del acceso a la vivienda, mediante ayudas y tipologías de vivienda adecuadas para cada uno de los colectivos y situaciones.A través de este plan, la Consejería de Vivienda establecerá nuevas ayudas a promotores y compradores para que en Andalucía sea posible adquirir una vivienda protegida de calidad de 70 metros cuadrados con una hipoteca desde 250 euros al mes.Menos deuda. De esta forma, se garantizará que el endeudamiento de una familia en este capítulo no supere un tercio de sus ingresos en el caso de la compra y una cuarta parte de los ingresos para el alquiler. Todas las familias con ingresos inferiores a unos 38.000 euros brutos anuales podrán satisfacer sus necesidades de vivienda mediante ayudas y, en el caso de los jóvenes, recibirán una ayuda adicional de 1.200 euros para los gastos de adquisición.En las reservas de suelo que deben efectuar los ayuntamientos para vivienda protegida, al menos un 25% de éstas se destinarán a las rentas más bajas en cada promoción, al tiempo que se otorgará un especial tratamiento a las viviendas para personas con riesgo de exclusión social.

¿Peligran las pensiones? (La Opinión)

El Banco de España aboga por "reformar pronto" el sistema de prestaciones porque augura que su sostenibilidad a largo plazo va a ser "costosa y difícil"
El Banco de España apostó ayer por acometer "pronto" reformas adicionales en los sistemas de pensiones, dado que la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas será cada vez "más costosa y difícil".En el Informe Anual de 2007, la autoridad monetaria indica que es necesario adoptar medidas para aumentar el "grado de contributividad" del sistema público de pensiones y fomentar el desarrollo de sistemas complementarios, ante unas finanzas públicas que se enfrentarán a "importantes retos" en el medio y largo plazo, como consecuencia de la presión sobre el gasto público que ejercerá el envejecimiento de la población.Junto con la reforma del sistema de pensiones, el organismo gobernado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez insta al Gobierno a adoptar reformas estructurales para fortalecer el tejido productivo, de forma que se sienten las bases para una pronta recuperación de un dinamismo sostenible.Así, se señala en el informe que el clima adecuado en las relaciones industriales entre empresarios y trabajadores puede facilitar la "flexibilidad" necesaria para introducir los cambios organizativos y en la gestión de la actividad productiva imprescindibles para adaptarse a la nueva fase cíclica.De esta forma, la entidad indica que el logro de avances en el seno de las empresas en esta materia puede contribuir a reducir la necesidad de que el ajuste se realice mediante recortes en el empleo, a suavizar el alcance de la desaceleración y a facilitar la recuperación del dinamismo económico.Ajuste de salarios. En la misma línea, el Banco de España recomienda cambios en el mercado de la negociación colectiva y en los sistemas de contratación laboral que permitan un "ajuste" de los salarios de la magnitud necesaria" para impedir que, en un contexto de desaceleración económica, el ajuste recaiga principalmente sobre el empleo temporal, que sigue representando más del 30 por ciento del empleo total.Por eso, añade que es imprescindible seguir avanzando en las reformas del mercado de trabajo con la progresiva eliminación de las rigideces nominales y reales existentes, facilitando una adecuación de los incrementos salariales a los aumentos de la productividad, de forma diferenciada entre sectores y empresas.En materia de vivienda, apuesta por el desarrollo de un mercado de alquiler, para lo cual es necesario, a su juicio, modificar los aspectos de la Ley de Arrendamientos Urbanos que pueden limitar la entrada en el mercado de viviendas vacías; o revisar los incentivos fiscales a la compra que favorecen este régimen de tenencia frente al alquiler.Finalmente, aboga por adoptar políticas de liberalización y desregulación en los mercados del gas y de la electricidad, entre otros sectores.

Inauguran en Campillos el primer huerto solar de la provincia (SUR)


La instalación, que ocupa una extensión equivalente a ocho campos de fútbol, generará energía eléctrica para más de tres mil viviendas

Málaga ya produce energía solar. Y lo hace desde Campillos. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, María Gámez; la delegada de Innovación, Pilar Serrano; el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, y el alcalde, Jesús Galeote, inauguraron ayer junto al presidente de Abantia, Francisco Boada, la primera planta fotovoltaica de la provincia.Con una superficie equivalente a ocho campos de fútbol, el huerto solar generará energía para unas 3.000 viviendas al año. La planta fotovoltaica, de 1,8 megavatios de potencia, dispone de 1.224 estructuras móviles de dos posiciones que cuentan con más de 12.150 módulos fotovoltaicos de silicio para captar los rayos del sol y transformarlos en energía.La planta ha sido construida por la empresa Abantia tras una inversión de 14 millones de euros y por ahora es la primera instalación de este tipo operativa en la provincia, aunque en los próximos meses se pondrán en marcha otras de mayores dimensiones tanto en Campillos como en Archidona, donde se ultima un huerto solar con una extensión equivalente a 30 campos de fútbol.El parque fotovoltaico evacuará la energía mediante una línea procedente de la subestación Humilladero. La conexión se realizará a través de un nuevo apoyo donde se realiza la conversión aéreo-subterránea contando con todas las medidas de seguridad establecidas por la legislación. La energía generada, que alcanzará su nivel máximo en las horas centrales del día y coincidiendo con las horas punta de demanda, se volcará finalmente en la red eléctrica, siendo vendida a las compañías distribuidoras.Tanto Gámez como Pendón resaltaron la apuesta por la energía limpia que se está realizando en la provincia de Málaga y recordaron que muy pronto la zona de Guadalteba será un referente también en energía eólica. En este sentido, la delegada del Gobierno vaticinó que los 1,8 megavatios de potencia que actualmente se producen en la provincia de energía solar se convertirán en 26 megavatios, cifra que llegará al medio millar gracias a la energía eólica.

Empresarios y oposición reclaman que se agilicen los trámites para la aprobación inicial del PGOU. Nerja (SUR)


La AEN, PSOE e IU recuerdan que el avance se presentó en 2006 y que el equipo redactor ya ha concluido su trabajo. Los emprendedores denuncian una «paralización» en la concesión de licencias de obras por parte del Ayuntamiento

Los empresarios de Nerja han lanzado la voz de alarma ante la situación de crisis económica que se vive. En este contexto, han pedido al equipo de gobierno del PP que agilice los trámites para la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuyo avance se dio a conocer hace dos años. A esta petición se han sumado también los portavoces de los grupos de la oposición, Ángel Ramírez (PSOE) y Manuel Valero (IU), quienes creen que la situación es «desesperante» por la parálisis en la gestión municipal.En su última junta directiva, los empresarios acordaron por unanimidad consultar al Consistorio sobre los trámites que se están llevando a cabo para la aprobación inicial del PGOU, «ya que se anunció que estaría listo para principios de este año y ya estamos a mediados y no sabemos nada», remarcó ayer el gerente del la Asociación de Empresarios de Nerja (AEN), Antonio Villasclaras.Desde su colectivo han denunciado asimismo la «paralización» en la concesión de licencias de obras, tanto menores como mayores, «que desde hace varios meses no han sido informadas por los técnicos municipales, según nos informan nuestros asociados y vecinos, aún sabiendo que la actividad urbanística ha bajado considerablemente», manifestó Villasclaras.El gerente de la AEN señaló que se trata de entre 20 y 30 proyectos, «que llevan varios meses paralizados en el Ayuntamiento». Desde la AEN también han propuesto la creación de un Consejo Municipal de Urbanismo para impulsar la elaboración del PGOU y otras cuestiones de infraestructura del municipio, «de forma que podamos solucionar con ayuda de todos la crisis urbanística local», según consta en el acta de la sesión de la AEN. En este organismo participarían los empresarios, arquitectos y personal de medio ambiente.
«Faltan iniciativas»
Por su parte, el portavoz del PSOE dijo que Nerja «está paralizada por la falta de iniciativa del equipo de gobierno del PP, al que acusó de bloquear y buscar la confrontación con la Junta en asuntos como el del campo de golf. Valero recordó que del planeamiento en vigor quedan unas 3.000 viviendas por desarrollar. «Existe una gran dejación de funciones», dijo el líder de IU.El alcalde, José Alberto Armijo (PP), rechazó estas acusaciones y explicó que la aprobación inicial del PGOU «está pendiente de unos informes técnicos municipales, una vez que el equipo redactor ya lo ha entregado». «No depende de mí. La pelota está en el tejado de los técnicos», apuntó. No obstante, señaló que «no hay motivos para tener una especial urgencia con este asunto, ante la situación de crisis nacional». El regidor recordó que aún quedan «numerosos sectores en Nerja por desarrollar en el actual planeamiento».«No hay iniciativas empresariales para esas zonas. Es el Ayuntamiento el que las está empujando», declaró, al tiempo que recordó que antes de aprobar el nuevo PGOU, «la Junta debe aclarar qué va a pasar con el campo de golf en el barranco de La Coladilla», un proyecto municipal al que la Administración andaluza se opone.

Los socialistas vaticinan una «masificación desenfrenada» en Fuengirola (SUR)


«Nuestra gestión es impecable en el respeto a la legislación vigente», contesta Oña

«El nuevo Plana General de Ordenación Urbana (PGOU) establece un crecimiento demográfico desorbitado que nos sitúa en una de las localidades con mayor densidad de población del mundo, superando a ciudades como Tokio o Hong Kong». De esta comparación se sirvió ayer el concejal socialista Javier García León para criticar la política urbanística del equipo de gobierno del PP que, a su juicio, va a provocar «una masificación desenfrenada de viviendas en un municipio que no consta de las infraestructuras suficientes para albergar toda esa población». Además, calificó como de 'Guantánamo urbanístico' la situación en Torreblanca «por la pasividad ante algunas actuaciones que han atentado al medio ambiente y a la legalidad».Unas declaraciones que tuvieron respuesta en boca de la alcaldesa. «En Fuengirola no tenemos ningún expediente por irregularidad urbanística ni lo hemos tenido. Nuestra gestión podrá gustar más o menos, pero es impecable en el respeto a la legislación vigente. Y si nos vamos a Torreblanca, los ciudadanos no deben de estar muy contentos con el PSOE ya que tuvieron unos resultados desastrosos», dijo.

Las obras del San Sebastián de Mijas se retrasan hasta principios de 2009. (SUR)


La vuelta al PGOU vigente de 1999 obliga al Consistorio a cambiar la ubicación del aulario

El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, comunicó a los miembros de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (Ampa) del colegio San Sebastián de Mijas los retrasos provocados en las obras de ampliación del centro provocados tras la vuelta al planeamiento urbanístico de 1999, que impide seguir el proyecto inicial. Ante esta situación, desde el Consistorio se anuncia que los trabajos de desmonte se quieren comenzar a principios de 2009.La ampliación se realizará en una parcela de unos 8.000 metros colindante al centro actual. En este solar se ubicará un nuevo patio escolar, porque está calificada de zona verde, y en el patio actual, parcela registrada como equipamiento escolar, se construirán las nuevas aulas. La ampliación permite convertir el centro en un tres líneas en lugar de las dos actuales y agrupar los edificios de Infantil y Primaria, actualmente separados en diferentes edificios en la misma calle. La construcción de las aulas se quieren comenzar en verano del próximo año «para no interferir en el desarrollo de las clases», se explicaron desde el Consistorio.El Ayuntamiento trabaja ya en el nuevo proyecto, ya que el antiguo se ha tenido que anular por la calificación urbanística de las parcelas.

Benalmádena logra el compromiso de la Diputación para financiar parte de la construcción del teatro (SUR)


El Ayuntamiento recibirá una subvención de un millón de euros de la Junta y otro del ente supramunicipal para la creación del nuevo espacio escénico polivalente

La Diputación Provincial se ha comprometido a financiar el 37,5% de la inversión necesaria para acometer el nuevo espacio escénico polivalente que el Ayuntamiento de Benalmádena proyecta en las inmediaciones de la biblioteca de Arroyo de la Miel. Así quedó de manifiesto tras la reunión mantenida por el alcalde, Javier Carnero, y el presidente del ente supramunicipal, Salvador Pendón. «Desde el principio hemos planteado este proyecto, que sería de unas de las infraestructuras culturales más importantes de Benalmádena, en base a una financiación a tres bandas: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Benalmádena», comentó el primer edil. De este modo, el Gobierno andaluz aportará otro 37,5%, mientras que las arcas municipales se harían cargo del 25% restante.Proyecto en marchaCarnero destacó que el arquitecto responsable del diseño inicial del teatro planteado por la anterior Corporación, José Seguí, ya está adaptando el proyecto a las nuevas necesidades y planteamientos. «Queremos un espacio escénico de uso polivalente que valga igual para albergar espectáculos durante los meses de invierno que para los ensayos de los grupos musicales y artísticos locales», planteó Carnero, quien confió en tener listo el proyecto antes de que finalice el año.En una reciente visita, Rosa Torres ya barajó la posibilidad de participación de Benalmádena en el convenio marco entre la Junta y Diputación para la creación de nuevos espacios escénicos, mostrando buena disposición para la iniciativa. Una vez se firmase este convenio, el Ayuntamiento podría recibir una subvención de un millón de euros de la Junta, y de otro millón de la Diputación, para la construcción del recinto escénico. «Hemos pasado de un proyecto faraónico e irrealizable financiado al cien por cien por el Ayuntamiento a una iniciativa plausible que ya está en marcha en la que sólo el 25% de la financiación partirá de las arcas municipales»

Más de 1.800 familias participan hoy en el sorteo de las 102 viviendas protegidas de Los Pacos (SUR)


El acto, que se celebrará ante notario, tendrá lugar esta tarde a partir de las 17.00 horas en el Palacio de la Paz

El futuro inmediato de 102 familias dará esta tarde un cambio radical en el Palacio de la Paz, donde se celebrará el sorteo de la promoción de viviendas protegidas que se está construyendo en Los Pacos, para la que se han presentado más de 1.800 solicitudes. Una vez se haya realizado el sorteo, la promotora Profasán -encargada del proyecto- comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos para la adjudicación de las viviendas, tras lo cual se podrá firmar el contrato de compraventa. En caso contrario, la adjudicación no será válida y se pasará a la lista de espera. En este sentido, cabe reseñar que los principales requisitos son no tener una vivienda en propiedad y que los ingresos familiares ponderados anuales sean inferiores a 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 2007.Se trata de una promoción de 102 viviendas en régimen de protección oficial ubicadas en la zona conocida como Campo de Tiro, cuyas obras concluirán después del verano. Para impulsar el proyecto, el Ayuntamiento sacó a concurso una parcela de unos 8.000 metros cuadrados, subvencionando su compra con 3,7 millones de euros. No obstante, al tratarse de viviendas de iniciativa municipal y autonómica (VIMA), el precio está marcado por el módulo de la Junta de Andalucía para la vivienda protegida. De este modo, el metro cuadrado útil de los pisos costará 1.743,4 euros, mientras que para los aparcamientos y los trasteros, el coste será de 1.046,04 euros el metro. La promoción 'Mirador' está formada por un bloque abierto de cinco plantas, con 64 viviendas de dos dormitorios y las 38 restantes, de tres, con una superficie útil que oscila entre los 67,51 y los 86,94 metros cuadrados. Tres viviendas están reservadas a personas con discapacidad, y otras nueve a no empadronados.Tanto el precio como el cupo para no empadronados fueron criticados ayer por el concejal de Servicios Sociales, Francisco José Martín. «No entendemos por qué tenemos las viviendas de VPO más caras de Andalucía y pensamos que todos los que accedan a las viviendas deberían estar empadronados en Fuengirola», recalcó.

Nueva directora en Indycce (SUR)

El Instituto de Investigación, Desarrollo y Control de Calidad en la Edificación (Indycce) cuenta desde ayer con una nueva directora general, Ana María Mansilla López. Indycce tiene su sede central en Málaga y delegaciones repartidas por todo el país. Su misión es evaluar riesgos en el proceso constructivo de las edificaciones, así como verificar la calidad de los proyectos en cuanto a materiales y ejecución.

El PSOE expulsa del partido a sus concejales imputados (SUR)


La dirección provincial afirma que la suspensión de militancia será provisional y subraya que habrá «tolerancia cero» en estos casos

Tras la sorpresa inicial por lo acaecido en Estepona, la dirección provincial del PSOE de Málaga, en connivencia con lo acordado por las cúpulas regional y federal, adoptó la expulsión provisional de los ediles y cargos de la formación implicados en la supuesta trama de corrupción urbanística de esta localidad. Una medida que argumentaron «ante la gravedad de los delitos que se les imputan», según afirmaron en un comunicado. No obstante, la expulsión definitiva no se producirá hasta que se aclaren los hechos «de acorde con las garantías y procedimientos establecidos por los estatutos del partido» y en aras a preservar la presunción de inocencia. Lo que sí tiene claro la dirección socialista es que habrá «tolerancia cero con estos temas de corrupción urbanística, que son inadmisibles», según aseguró a este periódico la secretaria general del PSOE, Marisa Bustinduy, quien reconoció que a lo largo de todo el día estuvieron en una situación «de desconcierto» ante la falta de información.
Gobernabilidad
Asimismo, la ejecutiva provincial socialista manifestó su respeto a las actuaciones judiciales y policiales que se desarrollaron y declaró que «no se van a escatimar esfuerzos» para garantizar la gobernabilidad del municipio -forman gobierno junto a IU, PA y Estepona 2007- y defender los intereses ciudadanos. De igual forma, el PSOE salió en defensa y reconocimiento de la labor de los alcaldes y concejales de la provincia y pidió que no se «ensombrezca» su trabajo diario a favor de sus localidades. La cúpula socialista destacó la labor del Gobierno de España contra la corrupción.

Una ciudad convulsa (SUR)


Miembros o ex miembros del GIL han controlado la Concejalía de Urbanismo desde 1995 hasta 2007 en una Estepona que ha crecido a un ritmo vertiginoso

Si Marbella tose, Estepona se resfría. De esta forma tan gráfica definen los empresarios esteponeros su relación con la localidad vecina. Estas dos ciudades de la Costa del Sol han experimentado un crecimiento inusitado en apenas diez años, sustentado en una política urbanística similar y con un génesis común: El gilismo. Si bien es cierto que Jesús Gil Marín sólo gobernó Estepona entre 1995 y 1999, también es verdad que hasta 2007 ha habido algún ex miembro del GIL dirigiendo la Concejalía de Urbanismo o desempeñando un puesto relevante en este departamento.La reciente historia política de esta ciudad, que en 1995 tenía poco más de 40.000 habitantes y ahora supera los 65.000 censados -más de un diez por ciento de ellos, extranjeros- está marcada por una serie de mociones de censura, pactos y contra pactos que han tenido como protagonistas o al PP o al PSOE, pero siempre con ex miembros del Grupo Independiente Liberal (GIL)Estepona fue el segundo objetivo del desaparecido Jesús Gil y Gil para acrecentar sus sueños de expansión por las costas malagueñas y gaditanas. Pese a tener una superficie de 136,80 kilómetros cuadrados, la mayoría de este terreno permanecía 'virgen' en 1995, cuando Jesús Gil Marín siguió la senda de su padre.El Ayuntamiento de Estepona, como lo venía haciendo el de Marbella desde 1991, comenzó a pagar obras públicas (embellecimiento de calles, especialmente) con terrenos del propio Consistorio o, directamente, firmando convenios con empresas que obtenían una mayor edificabilidad en sus parcelas. Mientras, se desatendían obligaciones previas contraídas con entidades financieras o con la Seguridad Social.
Pago de nóminas
Eso sí, la nómina de empleados municipales crecía de forma constante, lo que le obligaba al equipo municipal de gobierno a aumentar los presupuestos anuales de forma interrumpida para poder hacer frente a los salarios de la plantilla. Más gastos que ingresos supone buscar atípicos para lograr un equilibrio presupuestario. Estepona, como Marbella y otras localidades costasoleñas, salían adelante incrementando el número de convenios urbanísticos firmados anualmente y recurriendo a los bancos hasta alcanzar las cotas máximas de endeudamiento.Se podría decir que las economías de Marbella y Estepona tienen una relación de 'vasos comunicantes'. De hecho, cuando la Junta le retira las competencias urbanísticas a Marbella en 2005 y, por lo tanto, se frena la construcción en esta ciudad, es Estepona la que toma el testigo en 2006 y 2007, según los datos de inmuebles visados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.
Declive
Jesús Gil Marín, por diversos motivos más relacionados con la idiosincrasia del esteponero que con sus políticas, no logró revalidar su mayoría absoluta en las elecciones de 1995, aunque fue el candidato más votado, con nueve ediles. Un cuatripartito (PSOE, PP, IU y PA) desbancó al GIL y el socialista Antonio Caba sustituyó como alcalde a Gil Marín, que no quiso ser el jefe de la oposición y abandonó la política y la ciudad. Pero los nueve concejales del GIL sí permanecieron en el Ayuntamiento con un protagonismo decisivo en la política urbanística que se ha desarrollado en esta localidad hasta 2007.En 2001, el socialista Antonio Caba abandona la vara de mando al ser imputado en un caso de blanqueo de capitales -cargos de los que ha quedado exonerado en sentencia del Tribunal Supremo-. Ese año fue la primera incursión de Barrientos en la Alcaldía, pero su mandato fue exiguo, sólo seis meses. Rosa Díaz, del PP, gana una moción de censura apoyada por cinco ex concejales del GIL, que previamente se pasaron al Grupo Mixto. Otros cuatro se mantienen al margen, entre ellos, José Ignacio Crespo.
Rechazo de la Junta
El PP logra ser la lista más votada en la cita electoral de 2003, pero lejos de la mayoría absoluta. El socialista Antonio Barrientos llega al poder gracias al apoyo de los cuatro ex ediles del GIL (enrolados ahora en el PES de Crespo) que no apoyaron al PP en la anterior moción, más un edil de Izquierda Unida. Llegan al acuerdo de que Urbanismo lo controlarían los tres partidos, aunque el gerente sería miembro del PES.Esto supone que, de una manera u otra, la impronta del GIL ha estado presente en la toma de decisiones sobre la ordenación del territorio de Estepona hasta 2007, año en el que que Barrientos logra 11 concejales y puede pactar con PA e IU, cerrado el periplo gilista.La unión temporal de Barrientos con el PES (2004-2007) le causó más de un dolor de cabeza al alcalde esteponero en sus delicadas relaciones con las direcciones provincial y regional del PSOE e, incluso, en su misma agrupación local. La Consejería de Obras Públicas, presidida por Concepción Gutiérrez, cercenó el proyecto de expansión ideado por el equipo de urbanismo, dirigido por el concejal gilista Manuel Reina con el beneplácito del alcalde.El primer 'encontronazo' se produce a finales de 2004, a causa de las denominadas 'donaciones'. Barrientos calificaba de lícitas y éticas las aportaciones que diversas empresas constructoras realizaban en metálico al Ayuntamiento frente a las críticas de la oposición del PP. Barrientos sí tuvo que dar marcha atrás en marzo de 2006 cuando inició el expediente para recalificar 600.000 metros cuadrados de Selwo. El propio Manuel Chaves consideró el proyecto contrario al modelo de la Junta.

Detenido el alcalde de Estepona por corrupción urbanística (SUR)


La 'operación Astapa' se salda con 25 detenidos, entre ellos varios concejales socialistas y uno del PES. Se les vincula con una supuesta trama de recalificaciones fraudulentas, cohecho y blanqueo
'OPERACIÓN ASTAPA'
Detenidos: Antonio Barrientos, alcalde ; Francisco Zamorano, concejal de Hacienda; María Vitoria López, de Educación y Marisa Rodríguez Pino, edil de Playas, todos ellos del PSOE, además de Manuel Reina, concejal del PES. En total han sido arrestadas 23 personas en las que figuran también técnicos, empresarios y abogados.
Dispositivo: 200 policías
Registros: 38
Nuevo golpe a la corrupción urbanística en la Costa del Sol. La policía detuvo ayer al alcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos, y a otras 24 personas, entre ellas varios ediles del equipo de gobierno del ayuntamiento de la localidad, alguno de anteriores corporaciones, y técnicos, abogados y empresarios a los que se vincula con una supuesta trama de recalificaciones fraudulentas, cohechos urbanísticos y blanqueo de capitales, con ramificaciones en Madrid, San Sebastián, Bilbao y Córdoba. Anoche comenzaron las primeras declaraciones ante la juez de los siguientes detenidos: M. C. H., J. L. C. A., A. A. F. G., J. R. G. y A. M. C. L. Al cierre de esta edición se desconocía la decisión adoptada por la jueza sobre su situación personal.Además del alcalde han sido arrestados el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano; la edil de Playas y número dos del PSOE local, Marisa Rodríguez Pino, y la de Educación, María Victoria López, todos del PSOE. También han sido detenidos Manuel Reina, concejal del PES; el jefe de gabinete de la Alcaldía, José Flores; un ingeniero de Urbanismo, y el arquitecto municipal Arturo Cebrián, a quien unas escuchas telefónicas ya vincularon presuntamente el pasado mes de febrero con un caso de blanqueo.Dos años y tres meses después de la 'operación Malaya', los mismos expertos policiales han desencadenado la 'operación Astapa' -denominación fenicia de Estepona- en la que han sido detenidas también un persona en Bilbao y otra en Córdoba. Esta última, según fuentes de la investigación, es el presidente del grupo Prasa, José Romero González, aunque según una nota remitida por esta empresa, Romero «ha sido llamado a ampliar información sobre la actividad inmobiliaria de esta compañía a lo largo de los últimos años en Estepona».La redada, según fuentes de la investigación, «hunde sus raíces», en la 'operación Malaya'. En octubre de 2006, tras cinco meses de investigaciones, los expertos en blanqueo de la policía descubrieron que los tentáculos de la corrupción marbellí afectaba presuntamente a un concejal de Estepona. La Agencia Tributaria siguió la pista y sólo unas semanas después confirmó que varios de los miembros de este consistorio y sus familias habían experimentado un desproporcionado aumento en sus rentas inmobiliarias en la última década, que en modo alguno se correspondía con sus ingresos.Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), con apoyo de las Unidades Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona y la Fiscalía de Málaga, abrieron entonces una investigación propia sobre la trama en Estepona. Dada la envergadura de las irregularidades y el número de implicados, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, decidió hace un mes entregar el caso a la Fiscalía Anticorrupción, que de inmediato dedicó al tema a dos de sus especialistas. Sobre la mesa había 1.578 expedientes por supuestas irregularidades urbanísticas por los que empezar las indagaciones.
Recalificaciones
Los pinchazos telefónicos no tardaron en sacar a la luz que la base del supuesto negocio era la recalificación: la venta masiva de terreno público a promotoras y empresarios amigos a un precio muy por debajo del mercado. También había adjudicaciones a dedo, concesiones ilegales de permisos de obra a cambio de comisiones millonarias a repartir, presuntamente, entre los altos cargos del ayuntamiento implicados, una «práctica idéntica» a la que el Grupo Independiente Liberal (GIL) había puesto en marcha en Marbella años antes, cuando también gobernaba Estepona. Los primeros en ser detenidos ayer fueron miembros de la corporación municipal: el alcalde Antonio Barrientos; el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano; el arquitecto municipal, Arturo Cebrián; un ingeniero de Urbanismo y el jefe de la Alcaldía, José Flores, según fuentes de la investigación. La Fiscalía Anticorrupción les imputa delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.Los especialistas de la Udef y la Udyco irrumpieron a primera hora de la mañana en el Ayuntamiento de Estepona acompañados del alcalde a la búsqueda de pruebas. Durante varias horas registraron el edificio y la casa particular de Barrientos en la urbanización Bahía Azul, en la que el alcalde fue detenido y en la que la policía se incautó de varias cajas de documentación y planos de proyectos urbanísticos. Al mismo tiempo, otros funcionarios allanaron las delegaciones municipales de Urbanismo y Hacienda en el Edificio Puertosol, a la búsqueda de papeles que probaran el pago de comisiones y las recalificaciones hechas contra la ley.
Asesoramiento
De manera simultánea, los agentes entraron en 38 oficinas de asesoramiento inmobiliario y constructoras en Málaga y otras provincias. Al menos quince abogados y empresarios fueron arrestados en las primeras horas de la operación, mientras que los expertos valoraban la posibilidad de detener a otros letrados y constructores de Málaga, Cádiz, Córdoba, Madrid, Bilbao y San Sebastián, sospechosos de haber pagado al Ayuntamiento comisiones para conseguir grandes terrenos para edificar urbanizaciones de lujo y que podrían haber ayudado a ocultar ese dinero negro.El listado de personas implicadas en esta trama, según fuentes de Anticorrupción, supera el medio centenar de personas, si bien no todos van a ser detenidos en las próximas fases de la operación, ya que se espera recopilar más pruebas.El juzgado ha ordenado a 22 registros de la propiedad distintos que controlen los bienes de 55 sospechosos para que no borren indicios de su vinculación con la trama. Han colaborado en la información: María José Cruzado, Juan Cano y Montse Martín.