La Fiscalía afirma que "la lista de municipios no denunciados es más breve que la de denunciados". La corrupción ya provoca una caída de los precios
El alto número de presuntas corruptelas afloradas en los últimos años en la provincia afecta tanto a municipios costeros como del interior, según se señala en la Memoria de la Fiscalía Provincial correspondiente a 2007, en la que se asegura que "el gran problema en la provincia de Málaga son los delitos contra la ordenación del territorio".El documento incide en la "gran cantidad" de denuncias interpuestas contra alcaldes de diversos municipios de la provincia, tanto del interior como de la Costa, lo que, según la Fiscalía, evidencia que las ilegalidades urbanísticas no son "un problema exclusivo de municipios con determinadas características sino de todos en general", debido a que el "el urbanismo se ha convertido en la mayor parte del aporte financiero a los municipios", señala.La Fiscalía abrió el año pasado 238 diligencias de investigación por delitos contra la ordenación del territorio en la provincia, así como 189 diligencias judiciales por estos mismos delitos, de las que 96 correspondieron a Málaga capital, 38 a municipios de la Costa y 55 a pueblos del interior. Sobre la incidencia de estos delitos, llama la atención sobre las "cada vez más frecuentes" denuncias contra municipios por la concesión de licencias de obras en contra de los informes de los técnicos municipales.El Ministerio Público asegura incluso que "sería mucho más breve la lista con los municipios que no han sido denunciados, que con aquellos contra los cuales se ha iniciado alguna actuación por parte de la Fiscalía", al tiempo que indica que la gran mayoría de los hechos denunciados que han dado lugar a diligencias de investigación se refieren a delitos contra la ordenación del territorio.Caldo de cultivo. Entre los casos más destacados del año 2007 se señala el acuerdo con los ex miembros de la corporación municipal marbellí que permitirá agrupar entre 50 y 60 procedimientos urbanísticos, así como la actuación en el municipio de Tolox, donde la Fiscalía ha presentado cargos de prevaricación contra el alcalde, Juan Vera (PA), el secretario de la corporación, el arquitecto técnico municipal y un asesor jurídico.Los motivos de este alto número de procedimientos por irregularidades urbanísticas son múltiples, según se establece en un reciente estudio elaborado por el director del Instituto de Criminología de la UMA, José Luis Díez Ripollés, y por la criminóloga especializada en delincuencia económica Alejandra Gómez-Céspedes, que asegura que "el rápido crecimiento de la actividad urbanística en la Costa del Sol ha creado un favorable caldo de cultivo para el desarrollo de una notable delincuencia socioeconómica en la zona.Así, se detallan los indicadores socioeconómicos que favorecen la corrupción urbanística en la Costa del Sol, entre los que se citan la rápida evolución del parque inmobiliario, la importante presencia de la delincuencia organizada en la zona y sus inversiones en el mercado inmobiliario, la abundante llegada de capitales de dudosa procedencia, la constitución de numerosas sociedades mercantiles instrumentales para el blanqueo de capitales y el rápido crecimiento de una población multicultural y con escaso arraigo.Golpes policiales. El informe ´Corrupción urbanística: estrategias de análisis´, publicado en la ´Revista Española de Investigación Criminológica´, detalla cómo en Málaga se multiplicó por 14 el número de viviendas iniciadas entre los años 1991 y 2003, cuando se pasó de 5.630 a 83.274 viviendas. Además, entre 1999 y 2003 Málaga fue la provincia en la que más viviendas se iniciaron en todo el territorio español (324.666), por encima de Madrid y Barcelona.También destaca cómo en 2006 la inversión extranjera directa en actividad inmobiliaria supuso un 76% para Andalucía, mientras que para el resto de España fue del 24%. Entre los diez principales países inversores en Andalucía se identifican tres paraísos fiscales: Luxemburgo (el principal inversor), Gibraltar (en quinto lugar) y las Antillas Holandesas (el noveno).El estudio reseña las principales operaciones llevadas a cabo en los últimos años contra la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario, entre las que se citan las operaciones ´Delfín´, ´Bóxer´, ´Turrón´, ´Sugar´, el grupo de Mounir Abdelkader Mohamed, ´Ballena Blanca´, ´Malaya´, ´Hidalgo´ y el caso del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.El impacto de las actuaciones judiciales y policiales contra la corrupción urbanística ya se ha dejado notar en el mercado. Según un reciente informe de la consultora Aguirre Newman, entre enero de 2007 y enero de 2008 el precio del metro cuadrado de viviendas plurifamiliares cayó un 2,5%, con descensos mucho más significativos en determinadas áreas, como Mijas-Costa y Fuengirola, donde superaron el 12% y el 15%, respectivamente.
El alto número de presuntas corruptelas afloradas en los últimos años en la provincia afecta tanto a municipios costeros como del interior, según se señala en la Memoria de la Fiscalía Provincial correspondiente a 2007, en la que se asegura que "el gran problema en la provincia de Málaga son los delitos contra la ordenación del territorio".El documento incide en la "gran cantidad" de denuncias interpuestas contra alcaldes de diversos municipios de la provincia, tanto del interior como de la Costa, lo que, según la Fiscalía, evidencia que las ilegalidades urbanísticas no son "un problema exclusivo de municipios con determinadas características sino de todos en general", debido a que el "el urbanismo se ha convertido en la mayor parte del aporte financiero a los municipios", señala.La Fiscalía abrió el año pasado 238 diligencias de investigación por delitos contra la ordenación del territorio en la provincia, así como 189 diligencias judiciales por estos mismos delitos, de las que 96 correspondieron a Málaga capital, 38 a municipios de la Costa y 55 a pueblos del interior. Sobre la incidencia de estos delitos, llama la atención sobre las "cada vez más frecuentes" denuncias contra municipios por la concesión de licencias de obras en contra de los informes de los técnicos municipales.El Ministerio Público asegura incluso que "sería mucho más breve la lista con los municipios que no han sido denunciados, que con aquellos contra los cuales se ha iniciado alguna actuación por parte de la Fiscalía", al tiempo que indica que la gran mayoría de los hechos denunciados que han dado lugar a diligencias de investigación se refieren a delitos contra la ordenación del territorio.Caldo de cultivo. Entre los casos más destacados del año 2007 se señala el acuerdo con los ex miembros de la corporación municipal marbellí que permitirá agrupar entre 50 y 60 procedimientos urbanísticos, así como la actuación en el municipio de Tolox, donde la Fiscalía ha presentado cargos de prevaricación contra el alcalde, Juan Vera (PA), el secretario de la corporación, el arquitecto técnico municipal y un asesor jurídico.Los motivos de este alto número de procedimientos por irregularidades urbanísticas son múltiples, según se establece en un reciente estudio elaborado por el director del Instituto de Criminología de la UMA, José Luis Díez Ripollés, y por la criminóloga especializada en delincuencia económica Alejandra Gómez-Céspedes, que asegura que "el rápido crecimiento de la actividad urbanística en la Costa del Sol ha creado un favorable caldo de cultivo para el desarrollo de una notable delincuencia socioeconómica en la zona.Así, se detallan los indicadores socioeconómicos que favorecen la corrupción urbanística en la Costa del Sol, entre los que se citan la rápida evolución del parque inmobiliario, la importante presencia de la delincuencia organizada en la zona y sus inversiones en el mercado inmobiliario, la abundante llegada de capitales de dudosa procedencia, la constitución de numerosas sociedades mercantiles instrumentales para el blanqueo de capitales y el rápido crecimiento de una población multicultural y con escaso arraigo.Golpes policiales. El informe ´Corrupción urbanística: estrategias de análisis´, publicado en la ´Revista Española de Investigación Criminológica´, detalla cómo en Málaga se multiplicó por 14 el número de viviendas iniciadas entre los años 1991 y 2003, cuando se pasó de 5.630 a 83.274 viviendas. Además, entre 1999 y 2003 Málaga fue la provincia en la que más viviendas se iniciaron en todo el territorio español (324.666), por encima de Madrid y Barcelona.También destaca cómo en 2006 la inversión extranjera directa en actividad inmobiliaria supuso un 76% para Andalucía, mientras que para el resto de España fue del 24%. Entre los diez principales países inversores en Andalucía se identifican tres paraísos fiscales: Luxemburgo (el principal inversor), Gibraltar (en quinto lugar) y las Antillas Holandesas (el noveno).El estudio reseña las principales operaciones llevadas a cabo en los últimos años contra la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario, entre las que se citan las operaciones ´Delfín´, ´Bóxer´, ´Turrón´, ´Sugar´, el grupo de Mounir Abdelkader Mohamed, ´Ballena Blanca´, ´Malaya´, ´Hidalgo´ y el caso del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.El impacto de las actuaciones judiciales y policiales contra la corrupción urbanística ya se ha dejado notar en el mercado. Según un reciente informe de la consultora Aguirre Newman, entre enero de 2007 y enero de 2008 el precio del metro cuadrado de viviendas plurifamiliares cayó un 2,5%, con descensos mucho más significativos en determinadas áreas, como Mijas-Costa y Fuengirola, donde superaron el 12% y el 15%, respectivamente.
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