La sede del Ayuntamiento y las concejalías de Urbanismo y Hacienda son algunas de las dependencias municipales que ayer permanecieron inoperativas por los registros policiales
La operación policial ´Astapa´ despertó temprano. A primera hora de la mañana de ayer, los esteponeros ya habían comprobado que buena parte de las dependencias públicas de su ciudad estaban sitiadas. El propio Ayuntamiento y las delegaciones municipales de Urbanismo, Hacienda, Cultura y Fiestas estaban cerradas a cal y canto y algunos de los trabajadores municipales permanecían en su interior para facilitar la investigación de la trama de corrupción urbanística recién destapada.Desde Marbella, se desplazaron secretarios judiciales para recordar el guión que deben seguir los registros. "Estos especialistas deben concretar qué es lo que se busca en función del mandamiento judicial que se haya efectuado", explicaron a este diario fuentes policiales.En este caso, los agentes de la Policía Nacional encargados de estas inspecciones prestaban especial atención a los documentos relacionados con la gestión urbanística de la ciudad y a aquellos que podían probar su influencia en las arcas municipales o en las personales de cada uno de los presuntos autores de delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales que, inicialmente, se imputan."Se están efectuado registros integrales, con fórmulas parecidas a las empleadas en el transcurso de la operación ´Malaya", indicaron estas mismas fuentes. Esto supone la exploración de convenios urbanísticos, contratos laborales, documentación económica, ordenadores y todo tipo de material informático que pueda inculpar o exculpar a los hasta ahora 25 detenidos en esta trama, entre los que se encuentra el propio alcalde de la localidad, el socialista Antonio Barrientos.La actual vivienda del regidor, ubicada en la urbanización Bahía Azul del municipio, fue otro de los inmuebles que se sumó al total de 38 registros domiciliarios efectuados por los agentes, según informó el propio cuerpo policial en un comunicado.Durante toda la mañana de ayer, la casa donde vivía Barrientos permaneció cortada mientras los investigadores se hacían con numerosa documentación que será analizada.De la misma forma, numerosas cajas de cartón partían repletas de textos procedentes de las delegaciones de Urbanismo y Hacienda, situadas en el edificio Puertosol, y del despacho de alcaldía, en el Ayuntamiento, lugares en los que, al cierre de esta información, seguían los registros.En el caso de las dependencias municipales, los más sorprendidos por la llegada de los agentes judiciales han sido los propios empleados. Entre Ayuntamiento y empresas municipales, Estepona cuenta con alrededor de 1.400, de los que un buen número está adscrito a las concejalías y departamentos acaparados por la operación.Los únicos que podían entrar y salir de las delegaciones precintadas en el día de ayer eran estos empleados, ya que únicamente se veían obligados a permanecer en su interior alrededor de uno o dos encargados por cada departamento para facilitarles a los policías la búsqueda de posibles pruebas.A pesar de estas medidas, los agentes no pudieron evitar que se acercaran curiosos, especialmente a las puertas del Ayuntamiento, donde se vieron obligados a ampliar las áreas restringidas hasta en tres ocasiones para evitar altercados.Hasta el momento, los servicios de información policiales han confirmado la expedición de varias órdenes de prohibición de enajenación de bienes inmuebles, el registro de más de 50 personas físicas y jurídicas y la prohibición de más de 60 bienes muebles de varias decenas de personas; así como varias órdenes de bloqueo de cuentas corrientes.
La operación policial ´Astapa´ despertó temprano. A primera hora de la mañana de ayer, los esteponeros ya habían comprobado que buena parte de las dependencias públicas de su ciudad estaban sitiadas. El propio Ayuntamiento y las delegaciones municipales de Urbanismo, Hacienda, Cultura y Fiestas estaban cerradas a cal y canto y algunos de los trabajadores municipales permanecían en su interior para facilitar la investigación de la trama de corrupción urbanística recién destapada.Desde Marbella, se desplazaron secretarios judiciales para recordar el guión que deben seguir los registros. "Estos especialistas deben concretar qué es lo que se busca en función del mandamiento judicial que se haya efectuado", explicaron a este diario fuentes policiales.En este caso, los agentes de la Policía Nacional encargados de estas inspecciones prestaban especial atención a los documentos relacionados con la gestión urbanística de la ciudad y a aquellos que podían probar su influencia en las arcas municipales o en las personales de cada uno de los presuntos autores de delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales que, inicialmente, se imputan."Se están efectuado registros integrales, con fórmulas parecidas a las empleadas en el transcurso de la operación ´Malaya", indicaron estas mismas fuentes. Esto supone la exploración de convenios urbanísticos, contratos laborales, documentación económica, ordenadores y todo tipo de material informático que pueda inculpar o exculpar a los hasta ahora 25 detenidos en esta trama, entre los que se encuentra el propio alcalde de la localidad, el socialista Antonio Barrientos.La actual vivienda del regidor, ubicada en la urbanización Bahía Azul del municipio, fue otro de los inmuebles que se sumó al total de 38 registros domiciliarios efectuados por los agentes, según informó el propio cuerpo policial en un comunicado.Durante toda la mañana de ayer, la casa donde vivía Barrientos permaneció cortada mientras los investigadores se hacían con numerosa documentación que será analizada.De la misma forma, numerosas cajas de cartón partían repletas de textos procedentes de las delegaciones de Urbanismo y Hacienda, situadas en el edificio Puertosol, y del despacho de alcaldía, en el Ayuntamiento, lugares en los que, al cierre de esta información, seguían los registros.En el caso de las dependencias municipales, los más sorprendidos por la llegada de los agentes judiciales han sido los propios empleados. Entre Ayuntamiento y empresas municipales, Estepona cuenta con alrededor de 1.400, de los que un buen número está adscrito a las concejalías y departamentos acaparados por la operación.Los únicos que podían entrar y salir de las delegaciones precintadas en el día de ayer eran estos empleados, ya que únicamente se veían obligados a permanecer en su interior alrededor de uno o dos encargados por cada departamento para facilitarles a los policías la búsqueda de posibles pruebas.A pesar de estas medidas, los agentes no pudieron evitar que se acercaran curiosos, especialmente a las puertas del Ayuntamiento, donde se vieron obligados a ampliar las áreas restringidas hasta en tres ocasiones para evitar altercados.Hasta el momento, los servicios de información policiales han confirmado la expedición de varias órdenes de prohibición de enajenación de bienes inmuebles, el registro de más de 50 personas físicas y jurídicas y la prohibición de más de 60 bienes muebles de varias decenas de personas; así como varias órdenes de bloqueo de cuentas corrientes.
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