jueves, 14 de febrero de 2008

El Ayuntamiento de La Viñuela pide hasta 12.000 euros por legalizar casas (La Opinión)

El Consistorio, gobernado por el PSOE, envía decenas de cartas a residentes para exigirles un "pago voluntario y libre como compensación" a cambio de regularizar sus viviendas
El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de La Viñuela, Francisco González, denunció ayer que alrededor de medio centenar de residentes británicos de su municipio han recibido durante los últimos días cartas del Consistorio gobernado por el PSOE donde, para ´regular´ las viviendas ilegales donde residen, se les invita a entregar de una cantidad de forma "voluntaria y libremente, como prestación compensatoria al expediente referenciado". Las peticiones "voluntarias" que solicita el Ayuntamiento oscilan entre los 6.000 y 12.000 euros y, según fuentes consultadas, algunos propietarios ya han pagado en mano o a través de cheques esas cantidades al Ayuntamiento.Las misivas están fechadas en la época en las que se iniciaron las obras de cada vivienda y van selladas por el propio Ayuntamiento, pero no figura ninguna firma ni nombre del remitente. En ella se invita a los dueños de las casa irregulares o ilegales a suscribirlas y a hacer esa aportación voluntaria como fórmula para legalizar sus propiedades. "Los residentes guiados por el miedo y con la certeza de que la carta sirve como justificante de pago para legalizar su vivienda procede a entregar sus ahorros", explica el portavoz del PP en el Ayuntamiento. "Supuestamente la cantidad voluntaria se fija en función del valor del proyecto, pero nos consta que se establecen dependiendo de la renta de la familia, de una forma arbitraria", explicó ayer a este periódico Francisco González.Sin embargo, fuentes consultadas por este periódico aseguran que esa ´carta de pago´ carece de cualquier validez jurídica para legalizar las viviendas que están fuera de planeamiento ya que carecen de un informe jurídico adjunto que avale esa legalidad y no van firmadas por ningún cargo públicoAyer mismo, pasadas las cinco de la tarde, una patrulla de la Guardia Civil, visitaba unas obras que, como consta en un informe municipal del pasado 20 de julio, invaden dominio público. "Ante la situación de crisis, el conflicto que ha abierto el PGOU, los planes urbanísticos de la Junta y las cartas para entregar el dinero voluntario, algunos residentes se han puesto a terminar su obras con la esperanza de poder legalizarlas", apuntaba un vecino en presencia del portavoz del PP y los agentes públicos.González aclara que desde que se recibieron las cartas "varios medios de comunicación de aquel país han creado una auténtica alarma social y que daña también la imagen de la Axarquía como lugar de inversión para el turismo residencial". Para el PP las misivas fueron elaboradas antes de las pasadas municipales, pero se retrasó la entrega para evitar su incidencia en el voto foráneo. Ayer, este periódico intentó contrastar esa versión sin éxito con el Ayuntamiento de La Viñuela."Los británicos se sienten estafados, por eso se reunieron más de trescientos la semana pasada en el restaurante El Camping, junto al embalse. Quieren formar una plataforma sin intereses políticos y, con la ayuda de la prensa, comunicar que tienen miedo a dar sus nombres y a denunciar unos cobros tercermundistas", señaló el gerente de una inmobiliaria.
Temor a perder la casa soñada en la AxarquíaPara propietarios de viviendas que se construyeron incluso antes del año 2000, la revocación por parte de la Junta de Andalucía de licencias municipales en la actualidad va a generar una "inseguridad jurídica bastante grave", pero no menos "triste" es la solución que plantean administraciones como el Ayuntamiento de La Viñuela, "al pedir cantidades de forma voluntaria".El temor entre los residentes a perder la casa que siempre "soñaron" en la parte de la Costa del Sol menos masificada, la comarca de la Axarquía, es enorme. "El ver a una inglesa, en la última de las reuniones, que se pone a llorar y contagia las lágrimas a muchas otras afectadas es algo muy duro. No se puede describir con palabras", indicaba ayer Miguel Benítez, dueño de uno de los restaurantes del entorno donde se localizan en La Viñuela la mayoría de las casas ilegales. "Ojalá que se busque una solución rápida y no chapuzas", matizaba.

Un abogado estima que los dueños de pisos ilegales no compensarán (Málaga Hoy)

José Carlos Aguilera estima que no hay resorte legal ni razón jurídica para que paguen
El letrado José Carlos Aguilera aseguró ayer que "no hay ningún resorte legal ni ninguna razón jurídica en la que se pueda sustentar la pretensión de exigirle a los propietarios o adquirientes de viviendas en Marbella cualquier tipo de contribución al proceso de normalización o regularización de éstas". Aguilera señaló que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "no contempla esa posibilidad" y añadió también que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) "es muy clara al respecto". Por otro lado, el abogado, que representa en algunas causas a la ex teniente de alcalde de Marbella Isabel García Marcos, procesada en Malaya, entendió que la posibilidad de otorgar cargas económicas en los compradores si desaparece el promotor es un tema "suscitado a raíz de manifestaciones a mi juicio poco afortunadas de responsables del equipo redactor y de la oficina de Planeamiento, que han generado muchísima inquietud y desazón e incertidumbre".

El fiscal solicita 84 años para una red de multipropiedad que estafó 8,6 millones de euros (La Opinión)

Los acusados se ponían en contacto con propietarios de ´timeshare´, quienes ingresaban el dinero por la reventa de sus paquetes en numerosas cuentas
Fue una estafa de reventa de multipropiedad que copó titulares en todos los medios. Ahora, seis años después, la Fiscalía Anticorrupción ha calificado provisionalmente los hechos y pide la apertura de juicio oral contra los dieciséis integrantes de la trama que, incluso, cambió dos veces de líder. Para todos ellos, se solicitan penas de 84 años y medio de prisión y cuantiosas multas. Los afectados por este ´timo´ son trescientos en varios países europeos, y sólo en las 37 cuentas bancarias de la organización se han intervenido 8,6 millones de euros.El propio acusador público reconoce que los afectados y el dinero defraudado son dos factores "incalculables", dado el tiempo en el que operó la trama. El primer líder fue Anthony M., quien ayudado por su esposa y un español, "desplegó desde Fuengirola la modalidad tristemente conocida como estafa de reventa de multipropiedad", dice el fiscal.Bajo el amparo de una sociedad real, una denominación ficticia y manejando listados de titulares de derechos o semanas de aprovechamiento de tiempo compartido en la Costa del Sol, "establecían un contacto telefónico a través de teleoperadores, ofreciéndoles la gestión de la venta de su ´timeshare´ a un precio muy atractivo con información de un posible comprador que en realidad no existía", aclara el representante del ministerio público.Como condición previa, los acusados exigían el envío de una cantidad de dinero, "al tiempo que para dar apariencia de negocio remitían a la víctima abundante documentación", aclara el acusador público. Como media, llegaban a recibir en algunas de las 37 cuentas de la organización hasta 1.200 euros por semana, dinero que retiraban mediante reintegros o cheques realizados por testaferros. Las víctimas no volvían a saber de la empresa, ya que eran entretenidas hasta que "la sociedad de multipropiedad desaparecía por completo sin dejar rastro", añade el fiscal.Afectados. Hay más de 300 afectados en Estados Unidos, Francia y Alemania, y, de ser condenados, los 16 acusados tendrán que devolver 364.000 euros que pertenecen a quienes sí han denunciado.Numerosos registros en Mijas, Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos llevaron hasta los responsables de estas sociedades, y hay cuentas bancarias en las que los estafados llegaron a hacer 150 ingresos en cortos periodos de tiempo. Varias de las cuentas intervenidas por la policía contenían, en el momento de la caída del grupo, hasta casi un millón de euros.Con el tiempo, Anthony M. fue sustituido en la cúspide de la red, que operó desde mediados de 2000 hasta 2006, por el sudafricano Willen M. P., quien incluso tenía una persona encargado de protegerlo. Incluso, una sociedad llamada Conectese SL ofrecía a los estafados asesoramiento jurídico "inexistente" ante las autoridades de la Costa del Sol, por el que cobraban al principio 300 euros."Las personas de residencia en el extranjero con las que los acusados pudieron contactar y que fueron defraudadas, por tratarse de un modo de actuación indiscriminado y mantenido durante años, es prácticamente incalculable", aclara el fiscal.En total, la trama estaba compuesta con 28 sociedades a lo largo del tiempo que mutaban con gran capacidad si se veían acorraladas o para escapar de las insistentes búsquedas de explicación a lo que sucedía de los perjudicados. Los delitos de los que le acusan son asociación ilícita, estafa continuada y tenencia ilícita de armas.
Una estafa ya habitual en la Costa del SolSe le conoce como ´timeshare´, pero es un negocio en el que una familia o persona compra una semana o un determinado tiempo de vacaciones en un apartamento de la Costa del Sol, de forma que esos clientes son propietarios del piso en una semana o periodo concreto del año. La estafa de reventa de multipropiedad era así bien fácil: se creaba una sociedad mercantil, se alquilaba un determinado local y se contrataban varios teleoperadores y diversos números de teléfono. Por diferentes medios, hacerse con una lista de propietarios de multipropiedad no es difícil y, a partir de ahí, se les llamaba y se les preguntaba si tenían intención de revender su propiedad, de forma que si contestaban que sí, se les ofrecía asesoramiento y, amparándose en varios requisitos -pago de impuestos, etcétera...-, se les exigía el pago de una cantidad, que se ingresaba en una determinada cuenta corriente. A cambio, los estafados recibían abundante información de la sociedad, y la empresa se comprometía a dar documentación del negocio que habían efectuado en 180 días. A veces les daban largas y otras no volvían a saber nada de la sociedad en cuestión, que bien había sido refundada con otro nombre o había desaparecido. Sólo hay 300 afectados, pero en las cuentas de la red se cuentan por centenares los ingresos efectuados.

Anticorrupción se suma a la acusación de CajaSur contra Rafael Gómez y Jurado. Manilva (Málaga Hoy)

Las demandas de la Fiscalía aluden también a delito fiscal, estafa y falsedad documental.
La Fiscalía Anticorrupción anunció ayer que ha decidido presentar dos nuevas querellas contra el empresario cordobés Rafael Gómez, propietario de Arenal 2000, y contra el ex director general de CajaSur Francisco Jurado por los mismos hechos que se relatan en las denuncias que la entidad bancaria cordobesa ha interpuesto contra estas dos personas en los últimos días. La novedad sin embargo es que las demandas de la Fiscalía no sólo mencionan un delito de administración desleal, como ocurre en las de CajaSur, sino que también se alude a presuntos delitos de falsedad documental, estafa y delito fiscal. Las querellas de Anticorrupción van además dirigidas contra cuatro personas más: un arquitecto (que todo apunta a que es José Manuel García Pérez, propietario de la firma malagueña Miramar 27 y relacionado con Gómez) y otras tres personas que podrían estar involucradas en el asunto del ex director general, aunque, según las fuentes consultadas, son ajenas a la caja.Pese a que las querellas contra Rafael Gómez y Francisco Jurado se han presentado al mismo tiempo, se trata en principio de dos supuestos hechos delictivos distintos. A Rafael Gómez se le atribuye en concreto el pago de una alta cantidad en agosto de 2004 a la citada Miramar 27 para que esta compañía hiciese de intermediaria ante el Ayuntamiento de Manilva con el fin de que se recalificasen unos terrenos de la empresa Arenal Sur 21, que en ese momento era propiedad conjunta del propio Gómez y CajaSur, aunque quien tenía el control directo de la firma era el empresario. Según la querella de la entidad bancaria, lo que pretendía el propietario de Arenal 2000 era conseguir que aquellos terrenos pasasen a tener unos aprovechamientos de 39.000 metros cuadrados, cuando en principio tenían 4.200. Ese aumento sería del 942 por ciento y estaría muy por encima de lo que marca la ley. CajaSur le reclama ahora por aquellos hechos 849.000 euros a Gómez y la misma cantidad a García Pérez.Fuentes del Ayuntamiento de Manilva confirmaron ayer a este diario que el arquitecto García Pérez presentó una petición de recalificación en noviembre de 2004, aunque no supieron decir qué pasó exactamente con aquellos trámites y con los terrenos. Del mismo modo, señalaron que la petición hecha a través del propietario de Miramar 27 aludía a un convenio anterior del que tampoco se conoce nada más. En 2004, el alcalde de Manilva era Pedro Tirado, ex miembro del GIL, que fue detenido un año después en la operación Ballena Blanca.

Marbella niega que no busque suelo legal para construir colegios (La Opinión)

El equipo de Ángeles Muñoz asegura contar con una sola petición oficial de terrenos por parte de la Junta de Andalucía para construir un nuevo centro educativo
El Ayuntamiento de Marbella aseveró ayer que el equipo de gobierno local continúa trabajando en la obtención de territorio legal para el desarrollo de equipamientos sanitarios y deportivos, extremo que la agrupación municipal del PSOE puso en duda en los últimos días. Concretamente, los socialistas dijeron que el Consistorio no había puesto, hasta el momento, "ni un solo metro cuadrado de suelo a disposición de la Junta de Andalucía".La concejal de Cultura, Carmen Díaz, se refirió ayer a las acusaciones del PSOE, al que censuró además por elegir a los medios de comunicación como vía de comunicación con el equipo de gobierno. "Los problemas, acumulados durante 15 años, se resuelven dialogando y actuando de manera conjunta y no a través de la prensa".Díaz aclaró que su delegación tan sólo tiene registrada una petición de suelo por parte del Gobierno andaluz, para la construcción de un centro educativo en la zona norte de la localidad, en concreto en Xarblanca; por lo que, en su opinión, no existe "constancia oficial" de los proyectos referidos por el PSOE para desarrollar nuevas instalaciones en Río Real y Guadaiza.Por su parte, el edil de Salud, Antonio Maíz, se mostró sorprendido por las acusaciones vertidas por el equipo socialista. "Hace varios meses que el Ayuntamiento ofreció a la Junta de Andalucía una parcela en el norte de la ciudad, que están pendiente de un proceso de permuta, para la creación de un centro de salud", dijo. Maíz recordó que la reserva de suelo para la ampliación del ambulatorio de San Pedro Alcántara aparece reflejada en el BOJA, en una publicación de febrero de 2007 y que la Junta aún no ha hecho nada al respecto. "Seguimos pendientes de que nos den su proyecto y pidan licencia municipal", indicóAsimismo, señaló que la administración autonómica ha descartado la posibilidad de contar con un centro de salud en Las Chapas y transformar el consultorio de Nueva Andalucía en un centro de salud, pese a que el Consistorio ha ofrecido terrenos. "Se han negado a hacerlo porque dicen por que no cuentan allí con un volumen de cartillas suficiente", remachó.Sobre la ampliación del Hospital Costa del Sol, calificó como "paradójico" el hecho de que la Junta de Andalucía incluya una zona comercial en un suelo que sólo tiene uso hospitalario, "en vez de crear una escuela de matronas, por ejemplo".

El número de empresas disueltas se duplica en Málaga y ya alcanza el millar (Málaga Hoy)

La provincia mantiene su tendencia a la baja y en 2007 presentó el peor dato de creación de sociedades de los últimos cinco años, aunque sigue siendo el principal motor andaluz con un 25% del total regional
En Málaga se disolvieron el año pasado 1.039 sociedades mercantiles, es decir, el doble que en 2006 y un tercio de toda Andalucía. También es el tercer peor dato en España, siendo sólo superado por Madrid (3.833) y ligeramente por Barcelona (1.150). Si seguimos con las comparaciones, en Málaga se disolvieron en 2007 más empresas que en todo el País Vasco y que Aragón, Extremadura y Murcia juntas. Los datos que dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) son claros y se suman al mazazo que supuso para la economía local conocer la pasada semana que en la provincia ya se superan los 100.000 parados. En economía, todo suele ser un círculo y en este caso la mayoría de las variables están resultando negativas. Javier González de Lara, secretario general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), aseguró ayer a este diario que estaba "preocupado" porque "se empiezan a ver resultados negativos desde el punto de vista microeconómico" y apuntó al mal comportamiento de los servicios, las industrias auxiliares de la construcción o las agencias inmobiliarias como los principales causantes de ese fuerte aumento de las empresas disueltas. Francisco Villalba, director general de Analistas Económicos de Andalucía, afirmó que "se veía venir" ya que "se han creado muchas sociedades para hacer proyectos inmobiliarios concretos que ahora ya no están funcionando". Otras fuentes consultadas por este diario apuntan que, además de la incertidumbre económica, el incremento de sociedades disueltas puede responder al cambio tributario de las sociedades patrimonialistas aprobado el año pasado, por el cual han perdido los beneficios fiscales de los que disponían años atrás. En cualquier caso, el registro obtenido en 2007 es demoledor y encubre, en cierta forma, el dato de creación de empresas del año pasado en Málaga, que tampoco fue bueno. De hecho, fue el peor en los últimos cinco años. En la provincia se constituyeron 6.170 sociedades mercantiles en 2007, medio millar menos que en 2006 que, de por sí, ya fue un número bajo. Málaga mantiene el liderato en creación de empresas en Andalucía y acapara un cuarto del total regional, pero Sevilla está cada vez más cerca. En este caso, González de Lara consideró que "no es una cifra negativa" y que "mantenemos el ritmo dinámico de ejercicios anteriores". El directivo de la patronal malagueña se mostró contrariado con el dato porque "en los tres primeros trimestres mantuvimos más o menos los registros del año anterior, pero se ve que el último trimestre ha sido muy malo". González de Lara reconoció abiertamente que "hay un cambio de ciclo" pero remachó que ese dato es "positivo". Villalba tampoco se echó las manos a la cabeza: "Es más para ocuparse que para preocuparse", dijo, a la vez que reclamó que se hagan "políticas que fortalezcan la economía de las empresas y los ciudadanos favoreciendo el consumo". El director de Analistas Económicos afirmó que el proceso electoral nacional y autonómico "está influyendo de forma importante en Málaga porque no se ve que se haga nada". Con estos mimbres, ¿qué futuro se espera para la economía local? Ni los expertos lo saben. Francisco Villalba destacó que Málaga "no está en una situación crítica" y que su grupo de estudios estima un crecimiento del 4 por ciento en la economía malagueña en 2007. No obstante, "la verdad es que la situación está empeorando de forma muy rápida". Habrá que esperar y, sobre todo, estar prevenidos porque se avecinan olas fuertes.

El Consistorio ingresará unos 6 millones con el hotel de Moneo junto al Guadalmedina. (Málaga Hoy)

La compensación quedará fijada en un convenio · Tráfico limita a tres las plantas del aparcamiento, con 240 plazas
La tramitación del proyecto urbanístico diseñado por el arquitecto Rafael Moneo junto al cauce del río Guadalmedina, en pleno centro histórico, llega a su fase final. La promotora de esta actuación y propietaria de las parcelas en las que se levantará el hotel de cuatro estrellas que llevará la firma de este prestigioso urbanista, así como de dos edificios de oficinas, Promociones Braser, y el Ayuntamiento de Málaga están a la espera de suscribir un convenio que desbloqueará de manera definitiva esta intervención. Según pudo saber este periódico de fuentes cercanas a la iniciativa, este acuerdo incluirá una compensación económica por parte de la sociedad constructora que rondará los 6 millones de euros.Aunque no será ésta la única aportación que Braser deberá realizar al Consistorio para poder desarrollar este proyecto. En este sentido, deberá también ejecutar la reurbanización de la plaza de Hoyo de Esparteros y de las calles aledañas a donde se situarán los edificios (Prim, Pasillo de Atocha y Pasillo de Santa Isabel), una parte de la obra que podría implicar un coste superior a los 2 millones de euros, ya que en el desarrollo de la misma será necesario modificar un antiguo e importante colector de aguas que pasa por la zona.Preguntando por ello, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, señaló que la idea es que la mejora que se efectuará en este espacio se haga empleando "materiales de calidad", como los que se han utilizado hasta el momento en la reurbanización del centro histórico. El diseño de estas actuaciones, según confirmó, también corresponde a Moneo.Todos estos elementos formarán parte del convenio urbanístico que las dos partes podrían firmar en las próximas semanas y al que se le dará luz verde tras muchos meses de contactos entre los técnicos municipales y de la empresa promotora. Los últimos escollos a los que se enfrentaba el proyecto eran, de un lado, la alineación de los bloques previstos, que serán finalmente respetados por la Gerencia de Urbanismo, y, de otro, los aparcamientos planteados.De origen, según las fuentes consultadas, la intención de Promociones Braser era dar forma a un aparcamiento subterráneo dotado de cuatro plantas. Sin embargo, un informe elaborado por el área municipal de Tráfico y Movilidad desaconseja esa intervención y propone rebajar a tres el número de niveles de estacionamiento, con unos 6.000 metros cuadrados de superficie. Dada la superficie únicamente son obligatorios dos puntos de acceso y salida del mismo. De este modo, el hotel y las oficinas que ocuparán este espacio dispondrán de un total de 240 plazas de aparcamiento, de las que al menos 60 deberán ir destinados a los clientes del establecimiento hotelero y del personal de las oficinas, mientras que las restantes 180 plazas deberán quedar reservadas para la venta a residentes del entorno. Este detalle ha supuesto también algunas diferencias entre el Ayuntamiento y la constructora, que planteaba la posibilidad de que una parte de los estacionamientos, situados justo al lado del parking de Camas, de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa), fuesen en rotación.Hace algunas semanas, la promotora dio los primeros pasos en esta actuación al ejecutar la demolición de uno de los inmuebles afectados por el proyecto y que, en los últimos años, ya había sido objeto de varios incendios.

Inauguran un complejo de pisos para mayores con prestaciones de hotel. Antequera (SUR)

El inmueble consta de 12 apartamentos y podrá acoger a una treintena de personas
Una treintena de mayores podrán vivir como en sus casas y tener las mismas prestaciones que podría ofrecerles un hotel si deciden alojarse en Residencial Infante, un complejo que Gestión de Residencias de Mayores inauguró ayer tras haber invertido un millón de euros en adaptar el antiguo hotel de la calle Infante don Fernando en una docena de apartamentos con cocina, salón, baño y dormitorio. La empresa, de la que forma parte Serainant, completa su oferta con una serie de espacios comunes como sala de lectura e Internet, sala de terapia ocupacional, parking, comedor, zona exterior ajardinada o solarium, además de ofrecer a sus inquilinos servicios como comida a domicilio, limpieza e higiene personal, control médico y de medicamentos -para lo que han conseguido que un médico de cabecera se desplace semanalmente al complejo- y otra serie de prestaciones. El Ayuntamiento dispondrá en este complejo de cuatro plazas de emergencias para acoger a las personas mayores que han sido abandonadas por sus familiares. Los ancianos permanecerán en Residencial Infante hasta que tengan plazas en una residencia.Según explicaron el gerente del complejo, Pedro Ruiz, y uno de sus promotores, Juan Manuel Rivera, Residencial Infante está ideado para acoger a personas válidas, no obstante si por circunstancias de la vida alguno de sus inquilinos pasase a ser dependiente tendría garantizada una plaza en una residencia para válidos y no válidos que construirán en Santa Catalina.
Más iniciativas
Con 120 plazas, la mitad de ellas concertadas, este otro proyecto se llamará Complejo el Prado. Gestión de Residencias de Mayores invertirá en su construcción ocho millones de euros, a los que habrá que sumar el millón que ha costado habilitar el Residencial Infante, donde ya hay cinco personas hospedadas.El Complejo el Prado podría empezar a construirse este año, de hecho ya está el anteproyecto en el Ayuntamiento de Antequera, según apuntó ayer el alcalde, Ricardo Millán, que asistió a la inauguración del residencial. El primer edil también anunció que se ha ultimado ya el pliego de necesidades para la residencia que se construirá en San Juan de Dios.

Estación de Cártama vislumbra el fin de su división urbana con el inicio del paso bajo la vía del tren (SUR)


Adif anuncia el comienzo de las obras del túnel subterráneo junto al apeadero. Dos carriles por sentido y una acera facilitarán el paso de coches y peatones
LOS DATOS
Situación: Punto kilométrico 174,868 de la línea férrea de ancho nacional Córdoba-Málaga.
Presupuesto total: 1.353.583,75 euros aportados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
Empresa adjudicataria: Constructora Hispánica.
Plazo de ejecución previsto: Ocho meses.Altura del paso: Cuatro metros.Anchura: Cada carril para el tráfico rodado (uno por sentido) tendrá tres metros de ancho y la acera para peatones 1,80 metros.

Las vías del tren, que históricamente han dividido en dos a Estación de Cártama, dejarán pronto de ser una barrera infranqueable para el desarrollo de la localidad. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), organismo dependiente del Ministerio de Fomento, ha anunciado el inicio de las obras del paso inferior bajo la línea férrea que comunicará las dos mitades del casco urbano a la altura de la estación de Renfe.Con este proyecto, que ahora ve la luz tras ser prometido por el Gobierno a principios de la legislatura, se da respuesta a una de las reivindicaciones históricas de los vecinos de este núcleo, donde el único modo seguro de atravesar las vías es el puente de la carretera que une Cártama pueblo y Estación de Cártama. La actuación implicará además la supresión del actual paso a nivel situado junto al apeadero, que es utilizado a diario por numerosos usuarios del tren de cercanías.Los trabajos, que supondrán una inversión de 1,3 millones de euros, fueron adjudicados hace ya algún tiempo y forman parte del Plan de Supresión y Mejora de Pasos a Nivel puesto en marcha por Fomento en 2005 y cuyo presupuesto total es de 1.320 millones de euros. Pese a que el Adif anunció que las obras dieron comienzo el lunes, hasta ayer todavía no había ninguna máquina en la zona, aunque sí se había señalizado el lugar exacto por donde discurrirá el paso subterráneo, que contará con dos carriles por sentido para vehículos y una acera a distinto nivel para los viandantes. Además, se habilitarán dos escaleras para acceder hasta los andenes de la estación.Fuentes del Adif agregaron que, para cumplir con la normativa de accesibilidad, también se prevé la instalación de plataformas eléctricas para discapacitados, dado que no es posible la construcción de rampas.
Para otoño
El periodo de ejecución de las obras es de ocho meses por lo que, si se cumplen los plazos, la estructura podría estar terminada para el próximo otoño. La ejecución de este paso acabará con la inseguridad que existe actualmente en el entorno de la estación, ya que muchos vecinos se ven obligados a cruzar las vías a pie por encontrarse el apeadero justo al otro lado de la zona Norte de la localidad, donde se emplazan la mayoría de las viviendas.Por esta razón, el proyecto pondrá también fin al aislamiento de la zona Sur, donde se asientan varias casas aisladas y barriadas como la de García-Agua.

El Ayuntamiento pide a Fomento la licencia de obras para la pasarela peatonal entre la Cueva y Maro. Nerja (SUR)


Cultura debe autorizar el proyecto al tratarse de una zona protegida. Ramírez acusa al alcalde de «poner trabas» a la iniciativa

EL PROYECTO
Ubicación: La pasarela conectará la Cueva de Nerja con Maro.
Características: Es una estructura de acero, de 65 metros de longitud y una anchura de tres metros. Costará 1,2 millones de euros.
Licencia de obras: El Ayuntamiento ha pedido al Ministerio de Fomento la licencia de obras.
Permiso de la Delegación de Cultura: El Consistorio sostiene que la Delegación de Cultura debe autorizar el proyecto al encontrarse en una zona protegida como Bien de Interés Cultural (BIC)
.
El Ayuntamiento de Nerja ha remitido sendos escritos al Ministerio de Fomento y a la Delegación Provincial de Cultura en los que pide la licencia de obras y una autorización especial para la realización del proyecto de la pasarela peatonal que conectará la Cueva y Maro. Así lo aseguró ayer el gerente de la gruta, Ángel Ramírez, quien acusó al alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP), de «poner trabajas» a esta iniciativa.«Estamos ante una capítulo más de la serie de intentos de paralizar proyectos importantes para la localidad», consideró Ramírez, quien recordó las «dificultades» que encontró el Patronato de la Cueva para iniciar las obras del Museo de la Historia de Nerja o la realización de una intervención arqueológica en el interior de la gruta. «No creemos que una obra de este calibre precise de una licencia municipal, porque está en terrenos expropiados para la construcción de la autovía», consideró Ramírez. La pasarela peatonal tendrá una longitud de 65 metros y una anchura de tres y conectará la zona de la Cueva de Nerja con Maro, por encima de la autovía.El Ayuntamiento ha remitido además un escrito a la Delegación de Cultura en el que denuncia que estas obras precisan de un informe favorable, al encontrarse en un entorno protegido con la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC). «No consta que la estructura esté dentro de esta zona exclusiva, a excepción de una parte, junto al término de Maro», admitió el gerente de la Cueva, quien añadió: «Fomento mandó en junio de 2007 un acta previa de ocupación, advirtiendo de las obras, un documento que fue respondido favorablemente por el Ayuntamiento».Ramírez lamentó que el Ayuntamiento «se dedique a poner dificultades a proyectos que vienen a sumar». «Es cierto que la legislación administrativa y urbanística es muy compleja, pero no tiene sentido que un Ministerio tenga que pedir permiso a un Ayuntamiento para hacer unas obras de este calibre, que estaban además contempladas en el proyecto de la autovía», manifestó Ramírez. «No creemos que sea necesario tampoco un permiso de Cultura, ya que se comunicó el acta previa de ocupación», agregó.
Afección a una tubería
Por su parte, fuentes municipales manifestaron que los técnicos del Ayuntamiento han detectado que las obras de la pasarela han afectado a una tubería y que se encuentran dentro del paraje pintoresco de Maro. Así, apuntaron que se precisa tanto de una licencia de obras para su ejecución como de un permiso de la Delegación de Cultura por tratarse de una zona protegida. «No puede ser que a un vecino de Maro no le permitan hacer unas obras en su vivienda y que Fomento pueda construir sin licencia», declararon las fuentes.A este respecto, el delegado de Cultura de la Junta, Francisco López, apuntó que su departamento ha pedido informes a Fomento para conocer la ubicación exacta del proyecto. «Si el Ayuntamiento cree que hay peligro para el BIC debe paralizar la obra», dijo.

Arriarán declara esta mañana como imputado por presuntas anomalías en las contrataciones. Fuengirola (SUR)


El edil de Personal está citado por la conversión en interinos de empleados eventuales en el Ayuntamiento
El concejal de Personal del Ayuntamiento de Fuengirola, José Ramón Arriarán, está citado a declarar esta mañana en los juzgados de la localidad como imputado por presuntas irregularidades cometidas en la contrataciones municipales en los últimos años. El caso se remonta a mayo de 2007, cuando la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT trasladó a la Fiscalía de Málaga actas y varios contratos «donde presuntamente convertían en interinos una serie de empleados eventuales sin mediar negociación alguna con la representación de los trabajadores». De hecho, según aseguraban ayer desde el propio sindicato, de los 20 interinos que había en 2003 se ha pasado a más de 200 en la actualidad. «Entendemos que esto se ha estado haciendo de forma arbitraria. No queríamos llegar a esta situación, pero creemos que es fundamental ceñirse a la legalidad», subrayó Pedro Escalona, secretario de Organización de la FSP. Del mismo modo, la Unión General de Trabajadores también denunció la supuesta ejecución de una serie de cambios de categorías y complementos realizados en el año 2006 «sin que tampoco mediara negociación alguna».
Reunión
Por otra parte, la FSP de UGT Málaga insistió ayer en la necesidad de mantener una reunión con el equipo de gobierno para solucionar la cuestión de los interinos «buscando siempre la consolidación de los puestos de trabajo y que éstos fueran acordes con la legalidad». En este sentido, Escalona abogó por la creación de una bolsa de empleo con unos baremos determinados y «con total transparencia».Este periódico intentó ayer sin éxito contactar con José Ramón Arriarán, que además de edil de Personal es responsable de Sociedades Municipales.

El Consistorio y el Colegio de Arquitectos abren una vía de colaboración. Marbella (SUR)


El Colegio de Arquitectos de Málaga trabajará por primera vez codo con codo con el Ayuntamiento de Marbella, algo inédito en la historia reciente de la ciudad. Tras el encuentro que ayer mantuvieron la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y el decano del colegio, Francisco San Martín, el Consistorio informó de que se han sentado las bases para un convenio marco de colaboración entre ambas instituciones. Como primer medida, anunciaron que impulsarán al alimón un concurso de ideas para diseñar el nuevo mercado de San Pedro Alcántara y la plaza aledaña. El acuerdo para esta actuación -«de gran importancia y significado» para la localidad, según señaló la regidora- se suscribirá en las próximas semanas, mientras que las bases se difundirán a todos los arquitectos colegiados para lograr «la máxima participación posible para un proyecto tan emblemático y necesario en San Pedro».No sólo eso. Muñoz adelantó que la colaboración se podría hacer extensiva en tareas de recuperación del patrimonio histórico y en la posibilidad de establecer un «visado de calidad» en los proyectos de Marbella con el que garantice de manera exhaustiva el cumplimiento de los requisitos técnicos y de los legales.

El estudio sobre las actuaciones en el Guadalmedina estará redactado en diez meses (SUR)


La Agencia Andaluza del Agua y Cedex firmarán hoy el convenio por el que esta entidad estatal analizará las alternativas. El Ayuntamiento se queda fuera de la comisión de seguimiento del documento
El proyecto para la integración del cauce del río Guadalmedina en la ciudad dará en breve un nuevo paso, con la firma del convenio que se acordó el pasado mes de noviembre entre la Agencia Andaluza del Agua, de la Junta, y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, para que este último estudie la mejor solución hidrológica para acabar con la histórica cicatriz que divide en dos el Centro de la capital. Según ha podido saber este periódico, la firma del acuerdo entre ambas instituciones se ha programado para hoy jueves, 14 de febrero, aunque está sujeta a cuestiones de agenda. El informe tendrá un plazo de ejecución de diez meses y un coste de 150.000 euros, que sufragará íntegramente la Junta. El alcalde, Francisco de la Torre, pidió la pasada semana «celeridad» a las administraciones implicadas para avanzar en el acuerdo.Se trata, según consta en el convenio, de un estudio sobre el posible aprovechamiento de la cuenca y las propuestas técnicas para el uso ciudadano de este espacio estratégico de Málaga, que ahora apenas tiene uso. De hecho, las futuras actuaciones urbanísticas, como el embovedamiento, total o parcial, u otras opciones, que se puedan llevar a cabo sobre el cauce, van a depender de lo establecido en este informe, que se conocerá entre diciembre de este año y enero de 2009.Este organismo dará así el primer paso de un largo camino que deberá culminar con las obras necesarias para adecuar la zona, que divide la capital de Norte a Sur. El estudio tendrá en cuenta las posibles afecciones que puede tener sobre el río cualquier intervención de carácter urbano y establecerá las garantías de seguridad necesarias para acometerlas. Cabe recordar que el río recupera caudal de agua cada vez que se producen grandes precipitaciones, a pesar de existir una presa reguladora (El Limonero).
Polémica
También se acordará la creación de una comisión de seguimiento. Sin embargo, la buena noticia no será completa, pues llega con polémica incluida. El Ayuntamiento de Málaga recibió el pasado martes la documentación, en la que se insta al alcalde, Francisco de la Torre, a añadir las propuestas que considere oportunas. Sin embargo, se establece que el equipo de gobierno municipal podrá asistir a las comisiones con voz, pero sin voto, algo que resta a la administración local capacidad de iniciativa en el diseño urbanístico de esta parte de la ciudad.El Cedex, por su parte, destaca en la misiva el esfuerzo por impulsar esta iniciativa en tan corto periodo de tiempo, dado que los primeros pasos del último intento por incluir el Guadalmedina en el debate político y urbanístico de la capital se produjo el pasado mes de noviembre. Entonces, tras la reunión que mantuvieron De la Torre, el delegado de la Junta de Andalucía, José Luis Marcos, y el subdelegado del Gobierno central, Hilario López Luna -como patronos de la Fundación Ciedes- con el director de la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA), Antonio Rodríguez Leal, se saldó con el anuncio de este último de que llevaría a cabo los primeros contactos con Cedex para acometer el informe técnico que comenzará a redactarse a principios del próximo mes.

Diez firmas malagueñas optan a redactar el proyecto del bulevar sobre las vías del AVE (Málaga Hoy)

El número total de propuestas es de trece. Cuatro de ellas tienen que subsanar la documentación
Diez estudios de arquitectura y consultoras afincadas en la provincia de Málaga optan a redactar el proyecto constructivo de una de las actuaciones estrella del Ayuntamiento de Málaga, el bulevar sobre el soterramiento de las vías del AVE a su entrada en la ciudad. Fuentes del Consistorio malagueño informaron de que a estas firmas se suman otras tres sociedades, una de ellas procedente de Sevilla, otra de Madrid y una última de origen norteamericano.En total son trece las empresas que han presentado proposición para hacerse con el contrato de elaboración de este documento, que la Gerencia de Urbanismo sacó a licitación el pasado 29 de noviembre por un precio de partida de 245.800 euros. La propuesta que finalmente resulte adjudicataria dispondrá de ocho meses para elaborar el estudio.Entre las entidades, destaca la presencia de Urbaconsult, a la que pone rostro el ingeniero José Alba, y que en estos momentos elabora el anteproyecto de otra iniciativa municipal, el soterramiento de Cánovas del Castillo; de Typsa (Técnica y Proyectos, S. A.); de Cemosa; de Narval Ingeniería, y del Estudio de Arquitectura y Urbanismo de Ángel Asenjo.Las fuentes municipales indicaron que de las ofertas puestas sobre la mesa y abiertas ayer por la mesa de contratación, cuatro tendrán que subsanar documentación administrativa. La intención del Consistorio es proceder a adjudicar este contrato en unas semanas, con la idea de disponer del proyecto final antes de que finalice el año. A partir de ahí, el Consistorio tendrá que esperar a que culmine el soterramiento de las vías del Cercanías antes de proceder con la ejecución de este eje viario. La apuesta del equipo de gobierno del PP es que esta nueva infraestructura se convierta en un nuevo punto de acceso a la capital.

La aprobación del decreto de golf da vía libre al desarrollo de 20 campos en la Costa del Sol (La Opinión)

La inseguridad generada durante la redacción del documento ha mantenido parados los proyectos. Ahora se reactivarán en función de la nueva norma
El decreto de golf, la norma que regulará la actividad de este segmento turístico en Andalucía, ya ha visto la luz. El Consejo de Gobierno lo aprobó en su reunión de ayer y puso fin a una etapa de indefinición legal que permitirá el desarrollo de los proyectos que han estado guardados en los cajones del Gobierno andaluz y de los ayuntamientos de los municipios en cuestión durante el tiempo que ha durado la tramitación del citado documento y también de los planes urbanísticos regionales. En el caso de la provincia de Málaga, líder nacional en esta oferta, hay más de 20 propuestas de nuevos campos y complejos deportivo-residenciales que ahora podrán desarrollarse.Esto no quiere decir que todos vayan a convertirse en realidad, ya que el decreto de golf es bastante restrictivo y pone coto a los intereses especulativos. O lo que es lo mismo, permitirá la construcción de viviendas pero sólo en casos excepcionales, después de controles exhaustivos por parte de la Junta y siempre adaptados a los planes urbanísticos que se deriven de la Ley de Ordenación del Territorio (LOUA) y sus respectivos planes territoriales (POT).Uno de los mayores éxitos del decreto de golf es haber alcanzado un alto nivel de consenso entre el Gobierno andaluz, los sindicatos y los empresarios. En este sentido, el presidente de la Asociación de Empresas de Turismo Residencial, Deportivo y de Salud de Andalucía (Promotur), Ramón Dávila, valoró ayer la aprobación del decreto "porque apuesta por campos de calidad, con lo que va a mejorar la oferta y atraerá a más turistas". Si en la Costa del Sol hay más de 20 proyectos a la espera, en el total de Andalucía la cifra supera el centenar, "y ahora se comprobará cuántos son solventes, serios, y cuáles tendrán que retirarse", asegura.Además, el decreto de golf no sólo afecta a los proyectos planteados hasta el momento, sino también a todos los campos existentes en Andalucía. En este caso, la nueva ordenación prevé un periodo de dos años para que se adapten a las exigencias aprobadas ayer. El decreto prevé dos certificaciones, la de campo de interés turístico y la de campo de uso general. Los primeros deberán tener al menos 70 hectáreas, 18 hoyos y una longitud de recorrido de 6.000 metros, aparte de 20 hectáreas adicionales por cada 9 hoyos más. Los segundos necesitarán tener 20 hectáreas para cada nueve hoyos.A partir de la entrada en vigor del decreto se ampliará el número de campos en Andalucía, aunque siempre que respeten los mínimos establecidos en el documento.

Trece ofertas compiten para redactar el proyecto del futuro bulevar sobre las vías del tren (La Opinión)


El presupuesto previsto es de 245.800 euros y el plazo, de ocho meses. De la Torre reitera que hay que avanzar en la conexión del bulevar con la ronda
El futuro bulevar que se proyecta sobre las vías del tren da un paso más. La mesa de contratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo procedió ayer a la apertura de la documentación administrativa de las 13 ofertas presentadas a la redacción del proyecto. La actuación se va a llevar a cabo sobre el nuevo suelo resultante de soterrar el trazado ferroviario. Las obras del ´cajón urbano´ siguen su curso y su fecha final está fijada para después del verano. Después será el turno para iniciar el pretendido bulevar.Esta actuación, cuyo nombre es ´Nueva avenida-parque sobre el soterramiento del pasillo ferroviario´, cuenta con un presupuesto de salida de 245.800 euros y un plazo de redacción del proyecto de ocho meses.Del total de las propuestas, cuatro deberán subsanar determinadas carencias de la documentación presentadas, explicó ayer el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Díaz. Las empresas afectadas tendrán tres días para subsanar estas faltas. De este modo, lo probable es que las plicas con las ofertas económicas puedan ser abiertas la semana que viene para iniciar su estudio pormenorizado.La mayoría de las concurrentes están radicadas en Málaga (otra es sevillana y otra, estadounidense). Las ofertas han sido presentadas por Técnicas Territoriales y Urbanas; Técnica y Proyectos (Typsa); ICS Ingenieros Consultores del Sur; una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Arquitectura Consultoría Tecnológica y Arquitectura Proyectos Europa: Ingeniera y Servicios Avanzados (Inaser); Urbaconsult; Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra; UTE formada por Aertec, Ingeniería y Desarrollo y Prointec; UTE entre Estudio de Arquitectura y Urbanismo Ángel Asenjo y Asociados y Esteyco; CAI, Consultores de Ingeniería; Agua y estructuras; UTE entre Narval Ingeniería y KV, Consultores de Ingenierías, proyectos y obras, y Vorsevi.El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, subrayó ayer la necesidad de que el Ministerio de Fomento avance en la rotonda de conexión del futuro bulevar resultante del soterramiento de las vías férreas con la ronda Oeste. De la Torre precisó a este respecto que, según la información de la que dispone, "no se están dando los pasos adecuados por parte del Ministerio de Fomento para tener la rotonda de conexión", por lo que insistió en la necesidad de esta unión para que "quienes llegan en tren tengan una salida rápida".

Marbella impone condiciones para la legalización de los más de 700 comercios irregulares. Marbella (La Opinión)

Sólo obtendrán licencia las tiendas ubicadas en edificios calificados como fuera de ordenación cuyo uso sea compatible con el del planeamiento vigente
No hay solución para todos. El Ayuntamiento de Marbella estudiará, uno por uno, los 700 comercios ubicados en edificios irregulares que están a la espera de obtener una licencia de apertura para desarrollar legalmente una actividad que, en muchos casos, ya tienen en funcionamiento.Los juristas municipales ya han emitido el informe en el que se incluyen los requisitos que deben cumplir estos establecimientos para regularizar su situación y hacerse con una licencia de apertura definitiva. La Junta de Gobierno local aprobó ayer el texto.De entrada, sólo podrán optar a licencia las tiendas que se ubiquen en inmuebles situados en suelos calificados como ´fuera de ordenación´. Es decir, las edificaciones que estaban construidas antes de que un nuevo planeamiento las desautorizara o aquellas que se ejecutaron sin licencia de obras y contrarias al plan vigente. En este grupo se encuentran el 50% de los comercios irregulares que han solicitado licencia, unos 350, señaló ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz.Asimismo, deberán cumplir dos condiciones más; que el uso que proponen sea el recogido en el PGOU de 1986; esto es que su parcela pueda ser compatible con la utilización comercial, y que no pese ningún procedimiento judicial abierto sobre el inmueble en el que se ubican. Lo que reduce aun más el número de establecimientos que pueden obtener licencia de apertura definitiva antes de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a la que tendrán que esperar todos los demás. Por ello, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa pidió al Consistorio que "sea valiente" y adopte una solución "global".