jueves, 14 de febrero de 2008

El fiscal solicita 84 años para una red de multipropiedad que estafó 8,6 millones de euros (La Opinión)

Los acusados se ponían en contacto con propietarios de ´timeshare´, quienes ingresaban el dinero por la reventa de sus paquetes en numerosas cuentas
Fue una estafa de reventa de multipropiedad que copó titulares en todos los medios. Ahora, seis años después, la Fiscalía Anticorrupción ha calificado provisionalmente los hechos y pide la apertura de juicio oral contra los dieciséis integrantes de la trama que, incluso, cambió dos veces de líder. Para todos ellos, se solicitan penas de 84 años y medio de prisión y cuantiosas multas. Los afectados por este ´timo´ son trescientos en varios países europeos, y sólo en las 37 cuentas bancarias de la organización se han intervenido 8,6 millones de euros.El propio acusador público reconoce que los afectados y el dinero defraudado son dos factores "incalculables", dado el tiempo en el que operó la trama. El primer líder fue Anthony M., quien ayudado por su esposa y un español, "desplegó desde Fuengirola la modalidad tristemente conocida como estafa de reventa de multipropiedad", dice el fiscal.Bajo el amparo de una sociedad real, una denominación ficticia y manejando listados de titulares de derechos o semanas de aprovechamiento de tiempo compartido en la Costa del Sol, "establecían un contacto telefónico a través de teleoperadores, ofreciéndoles la gestión de la venta de su ´timeshare´ a un precio muy atractivo con información de un posible comprador que en realidad no existía", aclara el representante del ministerio público.Como condición previa, los acusados exigían el envío de una cantidad de dinero, "al tiempo que para dar apariencia de negocio remitían a la víctima abundante documentación", aclara el acusador público. Como media, llegaban a recibir en algunas de las 37 cuentas de la organización hasta 1.200 euros por semana, dinero que retiraban mediante reintegros o cheques realizados por testaferros. Las víctimas no volvían a saber de la empresa, ya que eran entretenidas hasta que "la sociedad de multipropiedad desaparecía por completo sin dejar rastro", añade el fiscal.Afectados. Hay más de 300 afectados en Estados Unidos, Francia y Alemania, y, de ser condenados, los 16 acusados tendrán que devolver 364.000 euros que pertenecen a quienes sí han denunciado.Numerosos registros en Mijas, Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos llevaron hasta los responsables de estas sociedades, y hay cuentas bancarias en las que los estafados llegaron a hacer 150 ingresos en cortos periodos de tiempo. Varias de las cuentas intervenidas por la policía contenían, en el momento de la caída del grupo, hasta casi un millón de euros.Con el tiempo, Anthony M. fue sustituido en la cúspide de la red, que operó desde mediados de 2000 hasta 2006, por el sudafricano Willen M. P., quien incluso tenía una persona encargado de protegerlo. Incluso, una sociedad llamada Conectese SL ofrecía a los estafados asesoramiento jurídico "inexistente" ante las autoridades de la Costa del Sol, por el que cobraban al principio 300 euros."Las personas de residencia en el extranjero con las que los acusados pudieron contactar y que fueron defraudadas, por tratarse de un modo de actuación indiscriminado y mantenido durante años, es prácticamente incalculable", aclara el fiscal.En total, la trama estaba compuesta con 28 sociedades a lo largo del tiempo que mutaban con gran capacidad si se veían acorraladas o para escapar de las insistentes búsquedas de explicación a lo que sucedía de los perjudicados. Los delitos de los que le acusan son asociación ilícita, estafa continuada y tenencia ilícita de armas.
Una estafa ya habitual en la Costa del SolSe le conoce como ´timeshare´, pero es un negocio en el que una familia o persona compra una semana o un determinado tiempo de vacaciones en un apartamento de la Costa del Sol, de forma que esos clientes son propietarios del piso en una semana o periodo concreto del año. La estafa de reventa de multipropiedad era así bien fácil: se creaba una sociedad mercantil, se alquilaba un determinado local y se contrataban varios teleoperadores y diversos números de teléfono. Por diferentes medios, hacerse con una lista de propietarios de multipropiedad no es difícil y, a partir de ahí, se les llamaba y se les preguntaba si tenían intención de revender su propiedad, de forma que si contestaban que sí, se les ofrecía asesoramiento y, amparándose en varios requisitos -pago de impuestos, etcétera...-, se les exigía el pago de una cantidad, que se ingresaba en una determinada cuenta corriente. A cambio, los estafados recibían abundante información de la sociedad, y la empresa se comprometía a dar documentación del negocio que habían efectuado en 180 días. A veces les daban largas y otras no volvían a saber nada de la sociedad en cuestión, que bien había sido refundada con otro nombre o había desaparecido. Sólo hay 300 afectados, pero en las cuentas de la red se cuentan por centenares los ingresos efectuados.

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