sábado, 21 de marzo de 2009

Urbanismo paraliza y multa tres obras en los Montes (La Opinión)

El Ayuntamiento da un mes para derribar tres casas ilegales. Los vecinos piden al alcalde que legalice estas zonas por estar en el "limbo urbanístico"

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil comunicó a comienzos de mes a la Gerencia de Urbanismo la construcción de tres casas ilegales en el diseminado de El Detalle, cuyas obras han sido paralizadas y precintadas.
Urbanismo da un mes para derribarlas por levantarse en terreno no urbanizable. Además, algunas de las multas superan los 100.000 euros y uno de los constructores se podría enfrentar, por la vía penal, a dos años de cárcel.
Juan Ignacio Liñán, presidente de la asociación de vecinos de El Detalle, y José Martín, responsable del diseminado de Alto Jaboneros, recuerdan que desde 1996, estos dos diseminados han propuesto a Urbanismo unos límites para legalizar las viviendas dentro de ese perímetro, algo que han vuelto a reclamar y que afectaría a unas 120 casas de cada uno de estos núcleos.

"En el limbo". Los responsables vecinales denuncian que los diseminados de los Montes de Málaga se encuentran "en el limbo urbanístico" ya que trece años después no se ha aprobado ningún instrumento de planeamiento para la zona.
"Las viviendas no se construyen en plan especulativo o para hacer negocio, somos descendientes y parte de la gente de los partidos de los Montes", señaló Juan Ignacio Liñán, mientras José Martín explica que, por tradición desde hace 200 años, los habitantes de los Montes de Málaga construyen "no en cualquier parte sino en sus parcelas familiares".
Por todo ello, han pedido una reunión urgente con el alcalde de Málaga para pedirle la legalización de la zona en los límites propuestos y buscar una salida a las multas. "A partir de ahí nos proponemos denunciar las construcciones ilegales con el máximo rigor" señala Juan Ignacio Liñán, que no cree que estas "multas descabelladas" sirvan para buscar una solución a un problema mucho más amplio.

El Ayuntamiento quiere ´dejar fuera´ del PGOU las torres que Aviación Civil y Aena rechazan (La Opinión)

Dos informes de ambos organismos sobre el PGOU rebajan de manera sustancial la altura de las torres previstas en Repsol, La Térmica y San Rafael

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El Ayuntamiento va a proponer a la Junta de Andalucía "dejar fuera" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) los espacios afectados por los informes de Aena y de Aviación Civil que recortan sustancialmente las alturas de los rascacielos proyectados en los terrenos de Repsol y de La Térmica, para que el resto del Plan General se pueda aprobar "sin interferencias y lo antes posible", según adelantó ayer el alcalde, Francisco de la Torre, tras mostrar su "malestar" y su "sorpresa" por la actuación del Ministerio de Fomento en este asunto.
De la Torre aseguró que la actuación de Fomento ha supuesto "una ruptura abrupta del mecanismo de consenso" que el Ministerio y el Ayuntamiento tenían establecido para tratar de buscar soluciones "técnicas" a las posibles afecciones que los rascacielos propuestos en el PGOU pudieran tener sobre el Aeropuerto y el tráfico aéreo.
Los informes de Aena y de Aviación Civil, organismos ambos dependientes del Ministerio de Fomento, suponen un serio varapalo al futuro del PGOU de Málaga que se está tramitando, ya que reducen sustancialmente las alturas de la mayoría de los rascacielos previstos. Dichos informes son vinculantes y, por tanto, de obligatorio cumplimiento.
Así, en el caso de las torres de Repsol, supone que la mayor de ellas, de 186 metros, deberá rebajar su altura hasta los 135; otra segunda torre se deberá quedar en 129 metros frente a los 131 propuestos, mientras las otras dos no se verían afectadas.
En la zona contigua de San Rafael se proyectan tres torres de 117 metros cada una que, según Aena, deberán dejar su altura máxima entre los 95 y los 103 metros.
De las cuatro torres proyectadas en La Térmica, con una altura de 105 metros, deberán bajar y quedar con alturas comprendidas entre los 72 y los 80 metros.
Además el informe de Aena afecta también a los desarrollos urbanísticos previstos en Bahía de Málaga, Churriana o El Viso, al ser zonas próximas al recinto del Aeropuerto.
De la Torre indicó que los informes de Fomento han irrumpido de "manera abrupta" en el proceso de negociación que llevaban técnicos de ambas administraciones.
En esta línea, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, relató que en los últimos meses se han venido manteniendo reuniones a dos bandas. "Con Aviación Civil la última reunión fue el 19 de febrero y en ella nos dijeron que Aena tenía su informe muy avanzado. Sin embargo, el 26 de febrero tuvimos la reunión con Aena en la que, por primera vez, alegó problemas de afección con las torres de Repsol".
Por ello, según Manuel Díaz, se ha pedido tiempo para trabajar sobre esta nueva afección, "pero sin esperar a ello nos han mandado los dos informes".

La Junta le pide a Vélez suelo para construir 3.100 VPO en diez años. Vélez-Málaga (La Opinión)

El Ayuntamiento de Vélez Málaga y la Junta de Andalucía firmarán un convenio para garantizar la obtención de terrenos destinados a la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) en el municipio.
La delegada de Vivienda y Ordenación del Territorio en Málaga, Josefa López, señaló ayer en su visita al Ayuntamiento de la localidad que se necesitan un total de 3.100 viviendas de este tipo para cubrir las necesidades de los más de 20.000 jóvenes que las han solicitado en Vélez Málaga.
Josefa López, que mantuvo ayer una reunión con la alcaldesa de la localidad, María Salomé Arroyo, y el consejero delegado de la empresa municipal de vivienda Emvipsa, Salvador Marín, resaltó que el acuerdo se cerrará una vez que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad se adapte a la ley andaluza, "algo que será una realidad en muy poco tiempo". La alcaldesa, Salomé Arroyo, señaló que "en materia de vivienda, Vélez es un municipio prioritario para la Junta".

El PSOE critica el cambio de un aparcamiento de público a privado. Fuengirola (La Opinión)

El equipo de gobierno alega que la construcción supondría un elevado coste para las arcas municipales

MARÍA ALBARRAL. FUENGIROLA Los ediles socialistas Javier García León y Paloma Alonso criticaron ayer al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola por "la decisión de no construir el parking público Santa Amalia". Según los socialistas, "el PP se comprometió con los vecinos a poner en marcha este aparcamiento y ahora no lo va a hacer".
Desde el Ayuntamiento, justifican esta decisión por "el elevado coste que suponía dicha construcción, resultando del todo inviable para las cuentas municipales" y añaden que el alto coste obligaría a "poner a la venta cada plaza por más de 25.000 euros".
En este sentido, el PSOE denuncia que en vez del aparcamiento público prometido por Oña se ha otorgado licencia para la construcción de un aparcamiento privado en la zona de Doña Sofía, aledaña a la avenida Santa Amalia. "Dicen que las plazas supondrán un alto precio para los residentes; sin embargo, la empresa que los va a construir ahora los va a poner a la venta a un precio entre 35.000 y 39.000 euros por plaza", aseguró García León, mientras su compañera Paloma Alonso criticó que, al final, "será una empresa privada la que saque rentabilidad a los aparcamientos".
Desde el equipo de gobierno informan de que "la empresa ha proyectado dos plantas de parking para cubrir una necesidad de explotación comercial" ya que en la superficie se construirán unas pistas deportivas.
Alonso pide explicaciones de "por qué en esta zona la plaza de aparcamiento sale mucho más cara que en otros puntos" y recordó que "el proyecto del parking público ya estaba aprobado desde septiembre de 2007". En la ciudad hay otros ´parkings´ que a día de hoy aún tienen un gran número de plazas sin vender, como el de Elola o el de López Yebra.

La ciudad vertical más allá de la seguridad aérea (Málaga Hoy)

La Escuela de Arquitectura aboga por abrir un debate sobre los rascacielos

El director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga, José Ramón Moreno, invitó ayer a entrar en las consideraciones patrimoniales, funcionales y financieras que tienen los rascacielos en una ciudad para decidir, a partir de esa reflexión previa, el diseño de la ciudad del siglo XXI.

El primer aspecto que cree que se debe tener en cuenta es el impacto paisajístico que producen las grandes torres para, seguidamente, analizar las consecuencias funcionales, porque "frente a la ciudad extensa que distribuye el hacinamiento, aquí se concentra un problema genérico que se entiende que el diseño arquitectónico resolverá". El tercer elemento es el financiero, puesto que se produce "una sobreexplotación del territorio que aumenta las plusvalías". A estos tres conceptos se debe sumar la reflexión "sobre el momento en que nos encontramos", porque por ejemplo ahora la sostenibilidad prima sobre otros parámetros.

Moreno reconoce que esta es la primera vez que se plantea este asunto en las grandes ciudades andaluzas, de ahí que entienda imprescindible que exista "consenso político y ciudadano porque es algo delicado". "Todas las ciudades del siglo XXI tienen derecho a plantearse si deben tener hitos en altura que embellezcan y sean simbólicos y puede que las torres sean realmente esos hitos urbanos". Desde este punto de vista entiende que una ciudad "innovadora como Málaga" no debe "tener miedo a esto pero debe haber antes un debate ciudadano para que la ciudad asuma estos proyectos como buenos, propios e importantes".

El presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, el malagueño Carlos Hernández Pezzi, también se expresa en esta línea, aunque es mucho más expresivo cuando habla de que el diseño arquitectónico de una ciudad no debe hacerse "a golpe de convenio". "Las torres no pueden plantearse a salto de mata, allí donde caen y hay un convenio".

Hecho este matiz, y aún cuando no ve precisamente con simpatía las torres proyectadas en la parcela de Repsol, Pezzi defiende que hay que construir "donde se pueda" con densidad, de modo que la ciudad no se extienda por todas partes. Por tanto, las edificaciones de gran altura no son, desde su punto de vista, un elemento a "minusvalorar".

Por otra parte, Hernández Pezzi entiende que las consideraciones que pueda hacer Aena al PGOU responden a normas internacionales sobre seguridad aérea "tienen que ser tenidas en cuenta en todo caso". Además, recuerda que "las administraciones municipales suelen las menospreciar normas relacionadas con el impacto acústico del tráfico aéreo que después generan grandes problemas ciudadanos".

La Junta abre una vía para evitar que se derriben cientos de viviendas 'alegales' (Málaga Hoy)

El plan contempla situar estas edificaciones "fuera del ordenamiento urbanístico" a la espera de que en un futuro no fijado puedan regularizarse · Las no regularizables quedarán fuera de los PGOU

Ni legales ni ilegales, sino "alegales". Buena parte de las construcciones levantadas a lo largo ancho de Andalucía en las últimas tres décadas sobre suelo no urbanizable podrían quedar sujetas a una suerte de limbo si prospera el proyecto puesto en marcha por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio con el acuerdo de los ayuntamientos afectados por este problema. El plan recoge tres posibilidades: las dos primeras son conocidas, la legalización o la demolición de dichas edificaciones, pero la tercera y más novedosa es situarlas "fuera del ordenamiento urbanístico" de cada municipio, a la espera de que en un futuro no fijado puedan regularizarse.

El primer paso de ese diagnóstico es la realización de un inventario de edificaciones en suelo no urbanizable, consistente en la elaboración de fichas en las que se identifica claramente la situación de cada construcción, incluyendo su ubicación física exacta (en suelo rústico, paraje natural, zona arqueológica...), su situación legal (con licencia, sin licencia, denunciada o no) y su uso preciso (vacía, primera residencia o segunda residencia). Será entonces cuando los ayuntamientos determinen el futuro de cada una de ellas en función de las tres vías descritas.

Los pasos dados ahora por la Junta de Andalucía desarrollan lo previsto desde 2002 en la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), en cuya disposición adicional primera se dispone que las construcciones e instalaciones existentes en el momento de aprobación de los instrumentos de planeamiento municipal, siempre que resultaren disconformes con éstos, "quedarán en situación legal de fuera de ordenación".

La LOUA determina que serán en los PGOU donde se definan "los actos constructivos y los usos de que puedan ser susceptibles las correspondientes construcciones". La situación legal de "fuera de ordenación" urbanística se aplicará, según la citada ley, "en las actuaciones [...] ejecutadas de forma clandestina o ilegal en terrenos que tengan el régimen de suelo no urbanizable, al margen de la legislación urbanística en vigor con anterioridad a esta Ley o en contradicción con ella, respecto de las que ya no sea legalmente posible, al tiempo de entrada en vigor de esta ley, medida alguna de protección de la legalidad y restablecimiento del orden infringido".

Según la literalidad de esta norma, sólo quedarían bajo el epígrade de "fuera de ordenamiento", -pero a salvo de la piqueta- aquellas construcciones existentes con anterioridad a diciembre de 2002, fecha de entrada en vigor de la LOUA, aunque el margen de maniobra temporal será previsiblemente más amplio puesto que es ahora cuando la mayoría de los ayuntamientos están iniciando la elaboración de los inventarios de las viviendas levantadas sin permiso.

Precisamente, hace dos semanas que en Marbella se produjo el primer derribo de una vivienda ilegal. Las máquinas entraron en la zona de Golf Río Real, en Las Chapas, para cumplir la orden de demolición decretada por el Ayuntamiento marbellí, la primera de estas características que se ejecutaba en el municipio de la Costa del Sol más azotado por el Urbanismo salvaje. En un plazo máximo de cuatro meses, la construcción promovida por Naviro Inmobiliaria, del grupo Ávila Rojas, será historia y dará paso a un equipamiento público, tal y como prevé el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Los límites de Aena a la altura de las torres deja el PGOU de Málaga en el aire (Málaga Hoy)

El Ayuntamiento tiene la posibilidad de seguir adelante con el documento para obtener una aprobación parcial que deje en suspenso los sectores de los nueve edificios afectados
El informe de Aena que obliga a rebajar las alturas previstas en las nueve torres proyectadas en la parcela de Repsol, La Térmica y San Rafael supone otro golpe al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga, cuya revisión está en marcha desde julio de 2004 y que ha sufrido en estos casi cinco años numerosos contratiempos. El Ayuntamiento deberá decidir ahora si opta por una aprobación parcial del documento, de modo que podrá continuar la tramitación administrativa pero dejando en suspenso estas actuaciones, o si opta por retrasar el procedimiento, ejecutar las modificaciones que plantea la entidad pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y someter a aprobación provisional la totalidad del documento.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, mostró ayer su "insatisfacción, descontento y protesta" por las formas en las que Aena ha hecho público su informe que afecta al PGOU de la capital. Dijo que se enteró por la prensa, pese al encuentro que asegura estaba anunciado para los próximos días. "Hubiésemos deseado un trato mejorable no en el contenido, sino en las formas", subrayó el edil, que mostró su preocupación por un posible retraso en la aprobación definitiva del PGOU.

El regidor malagueño afirmó estar abierto al diálogo y se mostró dispuesto a buscar soluciones para no enquistar el PGOU. En este sentido, señaló que mantendrá conversaciones con la Junta de Andalucía para que dé su punto de vista y propuso que los apartados que incluyen dichos proyectos sean examinados de forma independiente.

De la Torre considera que no se puede alargar uno o dos años más la aprobación del documento. Respecto a que un posible retraso pudiese mermar el interés de los distintos grupos promotores con los que hay convenios, el alcalde no mostró preocupación, aunque "todo tiene solución".

El discurso del regidor, ayer, se centró en la confrontación política. Criticó la "deslealtad institucional" del Ministerio de Fomento. "El trato mostrado por el Ayuntamiento no ha sido recíproco en las formas", denunció. Pero también quiso mostrar su respaldo incondicional a los proyectos del aeropuerto de Málaga, infraestructura que el organismo siempre ha "apoyado y defendido".

Pese al informe de Aena, De la Torre no renunció ayer a su proyecto de construir en altura en distintos enclaves de la capital. Según explicó, las modificaciones que Aena y Aviación Civil plantean puede que "no sean necesarias" porque las operaciones aeronáuticas que pudieran ser abortadas deberían ir a la segunda pista, "que se prevé que esté construida en menos de dos años".

Al tiempo, la delegada de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Josefa López, indicó ayer que es decisión municipal si se aprueba el "PGOU a cachitos" o "lo más completo posible".

El informe de Aena es vinculante, por lo que la Junta de Andalucía en ningún caso estará dispuesta aprobar con carácter provisional la totalidad del PGOU. No obstante, si el documento llega sin que se hayan rebajado las alturas que se exige en las nueve torres, la Comisión Provincial de Urbanismo daría luz verde a aquellas partes del planeamiento que no se vean afectadas y dejaría en suspenso los sectores en los que están proyectados los rascacielos hasta que se hiciera en el futuro un expediente de cumplimiento ateniéndose a los preceptos que plantea la entidad pública dependiente del Ministerio de Fomento.

De esta forma, el Ayuntamiento no vería alterados los ritmos del nuevo planeamiento urbano aunque, en contrapartida no tendría operativo la totalidad del PGOU.

La segunda opción que tiene abierta el Ayuntamiento pasa por acometer los cambios que exige Aena y después pasar a la Comisión Provincial de Urbanismo la totalidad del PGOU para su aprobación inicial.

La delegada de Vivienda y Ordenación del Territorio no supo precisar ayer cuánto tiempo retrasaría esta segunda opción el plan de ordenación urbana.

"Si el Ayuntamiento quiere relegar la ordenación de un sector nada le impide seguir adelante con la tramitación del resto, pero también sería oportuno aprobarlo lo más completo posible", precisó Josefa López, aunque matizó que se haría "un flaco favor si se aprueba por cachitos". Además recordó que sobre el PGOU también pesa una declaración de impacto ambiental negativa.

Por otra parte, el arquitecto Damián Quero, autor del nuevo documento urbanístico de Málaga, mostró ayer su "sorpresa" por el informe negativo de Aena en relación a las nueve torres. Quero informó que "para ir sobre seguro" se pidió asesoramiento a una consultora aeronáutica y posteriormente se abrió una línea de colaboración con Aena para determinar si existían zonas en las que colisionan los parámetros que garantizan la seguridad aérea con el crecimiento proyectado de la ciudad.

En este sentido se detectaron dos puntos de fricción: en un bloque de La Térmica y en otro de la parcela de Repsol. En el primer caso uno de los edificios se encontraba en el área de un radar de ruta, no de aterrizaje, de la línea Málaga Madrid "que está previsto trasladar a un punto más alto, por lo que realmente este no sería un problema". En cambio, una de las torres de Repsol se aproximaba a uno de los límites establecidos por Aena. En este caso lo oportuno, según Damián Quero, es "realizar un estudio concreto para afinar", puesto que los primeros análisis son generales.

Extrañado porque finalmente hayan sido nueve las torres que exceden los límites de altura que se consideran apropiados en esta zona para no interferir en la seguridad aérea, el arquitecto del PGOU de Málaga opina que a partir de este momento lo que queda es "una etapa de aproximar posiciones. En otros sitios, al menos, así lo hemos hecho con Aena".

El redactor del plan general matiza que los espacios de servidumbre aérea no son algo inamovible, puesto que dependen de las zonas donde se localicen los radares y de las alturas de las torres de radiofrecuencia. Desde este punto de vista entiende que "existe margen" para acordar con Aena algunos cambios de modo que se garantice la seguridad aérea y, al tiempo, se permita el desarrollo de la ciudad.

Desde el Ministerio de Fomento, portavoces oficiales han indicado que los parámetros de las servidumbres aeronáuticas responden a criterios internacionales cuyo fin exclusivo es "garantizar la seguridad de las operaciones de las aeronaves". Estas condiciones que en el caso de Málaga se ven condicionadas por las características geográficas al hallarse la ciudad entre el mar y la montaña, son "de obligado cumplimiento, salvo que expresamente la autoridad competente haga una excepción porque no se vea afectada la seguridad de las maniobras que realizan las aeronaves".

En este sentido, desde Fomento se afirma que a pesar de que se rebaja sustancialmente la altura de las nueve torres algunas de ellas superan los límites generales de la zona de servidumbre, pero se permiten "porque se ha comprobado que no afectan a la seguridad de las maniobras de las aeronaves". Además, se tienen en cuenta las futuras necesidades de servidumbre aérea que planteará la segunda pista del aeropuerto.

Libertad con cargos para tres de los imputados en la trama de Alcaucín (Málaga Hoy)

La juez mantiene la imputación por varios delitos a la hija del ex alcalde, la hija de un empresario de Vélez y la secretaria del arquitecto de la Diputación

La primera fase de la operación Arcos se ha saldado con la imputación de las trece personas que fueron detenidas el 27 de febrero cuando se destapó la presunta trama de corrupción urbanística en Alcaucín. Ayer pasaron por el Juzgado número 3 de Vélez-Málaga las tres únicas acusadas que hasta el momento no habían pasado a prestar declaración ante la titular, Irene Urbión. Las tres quedaron en libertad con cargos, según informaron fuentes judiciales.

Según precisaron, la jueza ha mantenido la imputación por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y cohecho contra Mónica Martín, la hija mayor del ex alcalde José Manuel Martín Alba (expulsado del PSOE) en prisión por varios delitos en el marco de esta misma operación. A Rosana Tejada, hija de un empresario veleño también imputado en el caso, se le acusa de un presunto delito de cohecho, y por un presunto delito de participación en falsedad documental contra la secretaria del jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña.

Las tres mujeres estuvieron declarando en la mañana de ayer en el edificio de la Plaza de San Francisco de la capital axárquica. La primera en salir fue la secretaria de la Diputación que lo hizo hacia las 11:40 horas. Cuarenta minutos bastaron para que abandonase el juzgado la hija del empresario y cinco minutos después de la una de la tarde lo hizo la hija del regidor. Las tres dejaron el edificio por su propio pie acompañadas de sus abogados.

En la primera fase, la instructora decretó prisión sin fianza sólo para el ex alcalde José Manuel Martín Alba, por presuntos cohecho, prevaricación, blanqueo, prevaricación urbanística y falsedad documental; y para el jefe adjunto del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial José Mora, al que se le imputan inicialmente los delitos de cohecho, falsedad documental y prevaricación urbanística. Dejó en libertad con cargos a las otras ocho personas a las que tomó declaración. A los tres empresarios implicados con fianzas de 120.000 euros y al yerno de uno de ellos con 30.000 euros. Así, el aparejador, imputado por el delito de prevaricación urbanística, y el asesor fiscal, imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio, quedaron en libertad sin fianza.

Entre el lunes y el martes de la próxima semana se espera que declaren en el juzgado, entre 12 y 14 personas "al considerar que pueden estar imputadas en varios delitos", según estimó el subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna quien aportó que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el apoyo del Servicio de Protección de la Naturaleza había tomado declaración a varias personas. Entre las acusadas de la segunda fase de la operación estaría otro arquitecto de Diputación, un ex secretario municipal ya jubilado, un empresario y un arquitecto privado.

Turismo licita el proyecto de la nueva piscina cubierta de Torre del Mar (SUR)

Las instalaciones, presupuestadas en 2,7 millones, comenzarán este mismo año
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha sacado a licitación la redacción del proyecto básico y de ejecución de la nueva piscina cubierta de Torre del Mar, una instalación que será utilizada para actividades deportivas de natación y waterpolo, desarrollo de campeonatos y competiciones, y también para otras de carácter terapéutico.
La redacción del proyecto cuenta con un presupuesto de 133.711 euros y un plazo para la presentación de propuestas que expira el día 13 de abril.
La construcción de la piscina se prevé que comience este mismo año. La inversión prevista inicialmente rondo los 2,75 millones de euros, cantidad que será cofinanciada al 50 por ciento por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Vélez, según el convenio de colaboración suscrito por ambas administraciones en septiembre de 2008.
Las nuevas instalaciones constarán de una piscina cubierta con dos vasos, uno de ellos de 25 por 16,6 metros y otro de 16,6 por 8 metros, gradas con capacidad de 250 espectadores, gradas para deportistas, vestuario y sauna. La profundidad será de ,180 metros.
Competiciones
La piscina de mayor tamaño se usará para enseñanzas y perfeccionamiento de la natación, competiciones, natación sincronizada y waterpolo mientras que la pequeña se destina a natación terapéutica y para la tercera edad, acuagim, matronación, natación postparto e igualmente, para iniciación, aprendizaje y perfeccionamiento de la natación.
Esta actuación se enmarca en el Plan de Infraestructuras Deportivas de Andalucía que recoge una inversión de 1.824 millones de euros hasta 2016, cofinanciada al 50% por el Gobierno autonómico y los ayuntamientos, para mejorar los equipamientos de carácter público de los diferentes municipios, según informó ayer la Junta en un comunicado. La inversión prevista por la Consejería para 2009 asciende a 19,85 millones de euros.

El estudio de impacto ambiental del puerto deportivo entre Nerja y Torrox estará antes del verano (SUR)

El documento es preceptivo para poder proseguir con los trámites del proyecto

El futuro puerto deportivo proyectado en el límite entre Nerja y Torrox está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. El proyecto está pendiente ahora de la aprobación de un estudio de impacto medioambiental por parte de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, un trámite que lleva pendiente desde comienzos del pasado año. No obstante, el departamento que dirige Remedios Martel tiene previsto concluir este documento antes del próximo verano, según explicó ayer a SUR la propia delegada durante una visita a Nerja.
Martel apuntó que los técnicos están trabajando intensamente en este tema, y destacó la apuesta de la Junta por este proyecto, ya que contribuiría a mejorar la oferta turística de la zona. No obstante, matizó que aún habrá que conocer el documento, en el que se especificarán la ubicación más idónea y sus dimensiones.
500 puntos de atraque
En los últimos meses, los regidores municipales de Nerja y Torrox, José Alberto Armijo (PP) y Toñi Claros (IU), respectivamente, han criticado la lentitud en la tramitación de este estudio de impacto medioambiental, que es preceptivo para continuar con el desarrollo del proyecto. Así, en una última reunión con la directora general de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, Montserrat Badía, ésta les trasladó la necesidad de concluir el estudio de impacto.
En principio, el puerto se ubicaría en el entorno de la playa de Vílchez y tendría 500 puntos de atraque. Se haría por una concesión de obra pública, con una inversión de 33 millones.

El edil del PP, Domingo Lozano, será el nuevo responsable del Urbanismo en Alcaucín (SUR)

La concejala del grupo mixto, María Antonia Guerrero, llevará el área de Bienestar Social

El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcaucín, formado por PA, PP y la edil tránsfuga María Antonia Guerrero, cuyo voto fue decisivo para arrebatar la Alcaldía al PSOE poniendo al frente del Consistorio al andalucista, Guillermo Pérez, ha acordado ya el reparto de delegaciones. En la composición del nuevo gobierno local, el área de Urbanismo, dejará de estar en manos de la ex edil socialista María Antonia Guerrero, que a gestionar las delegaciones de Bienestar Social, Salud, Consumo, Mujer, Igualdad y Tercera Edad.
La responsabilidad del Urbanismo en el municipio, cuyo ex alcalde, José Manuel Martín Alba, se encuentra en prisión por el 'caso Alcaucín', recaerá sobre el portavoz del PP, Domingo Lozano, que además llevará las delegaciones de Infraestructura, Obras, Servicios Municipales y Vivienda.
La edil del PA, Susana Román, por su parte estará al frente de Barriadas, Agricultura, Medio Ambiente y Educación, mientras que el también andalucista Custodio Guerrero gestionará Juventud, Deportes y Turismo.
El alcalde se ha reservado Personal, Seguridad Ciudadana, Hacienda, Fiestas y Cultura. No obstante, el regidor ha manifestado su intención de seguir la marcha de todas las áreas para garantizar el funcionamiento correcto de las mismas, y en especial la de Urbanismo para comprobar que se cumplan siempre la más absoluta legalidad.
Sólo la edil popular Sonia Ruiz no tendrá delegaciones a su cargo a petición propia por falta de tiempo debido a ss trabajo.

La Junta solicita al Consistorio que localice suelo para construir viviendas protegidas. Vélez-Málaga (SUR)

Josefa López cifra en 3.186 las VPO que se necesitan en el municipio para atender la demanda de los próximos 10 años Vivienda y Ordenación del Terrotorio ofrece a los promotores privados vías de colaboración para que ejecuten pisos

DATOS
Necesidades de VPO en el municipio: 3.168 para atender la demanda de los próximo 10 años.
Tramitaciones: Desde 2006 se han tramitado 356 viviendas protegidas.
Privadas: Sólo 123 de las 356.
Solicitud: La Junta pide al Ayuntamiento que localice suelo para viviendas protegidas.La delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Málaga, Josefa López, se ha reunido con la alcaldesa, María Salomé Arroyo, para solicitar la colaboración del Ayuntamiento en la localización y ofrecimiento de suelo al Gobierno andaluz para construir vivienda protegida en esta localidad.
López ha informado de que un estudio elaborado en 2008 estimaba que en esta localidad deberían edificarse 3.186 pisos protegidos para cubrir la demanda a diez años vista, sobre todo, teniendo en cuenta que hay 20.112 jóvenes de entre 18 y 35 años de edad y que representan el 29,7 por ciento de la población total.
Desde 2006 hasta la actualidad, Vivienda ha tramitado sólo seis expedientes para un total de 356 viviendas protegidas, todas ellas en régimen general para la venta. Cuatro de la promociones, que suman 187 inmuebles, las promueve la Empresa Municipal de Promoción y Vivienda (EMVIPSA) que recibió en 2006 la calificación provisional para el inicio de las obras para 107 pisos protegidos. Los 80 inmuebles restantes proyectados están pendientes de que Vivienda resuelva la petición para la calificación provisional.
De las dos promociones de VPO impulsadas por la iniciativa privada, ya se ha finalizado una con 123 viviendas, que obtuvo la calificación definitiva por parte de la Delegación Provincial a finales de 2008. El pasado 11 de marzo, Vivienda recibió una solicitud de un promotor privado para construir 46 viviendas protegidas para la venta, pendiente de obtener la calificación provisional.
Colaboración
La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), según López, trabajará en colaboración con el Ayuntamiento para obtener suelo para construcción viviendas protegidas. En este sentido, la delegada provincial y de responsables de la EPSA mantuvieron ayer con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga un encuentro que forma parte de una ronda de contactos que mantiene la Delegación Provincial con los ayuntamientos de la Costa del Sol tanto oriental como occidental, que son los que registran una mayor demanda de vivienda protegida.
La Consejería, a través de EPSA, efectuó entre noviembre y diciembre pasados una oferta pública para adquirir suelo urbanizable para construir VPO dirigida sobre todo a los promotores privados.
De forma complementaria, desde Vivienda se están estableciendo vías de colaboración y comunicación con las administraciones locales para cumplir con uno de los tres grandes objetivos que recoge el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012: promover el acceso a la vivienda protegida en régimen de compra y alquiler.
López ha explicado que para poder atender la demandas de viviendas que existe en la zona, la EPSA ofrece la oportunidad a los promotores privados de comprar la viviendas que ejecuten ante los problemas que encuentran los compradores a la hora de formalizar un préstamos hipotecario.
Por último, la delegada provincial ha señalado que la adaptación del PGOU permitirá la reserva del 30 por ciento de los sectores urbanizables para viviendas protegidas.

El PP critica que la financiación del CHARE salga de un acuerdo urbanístico. Mijas (SUR)

El concejal del PP Ignacio Souvirón criticó ayer que «el convenio para la construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE) de la localidad se hará con promotores privados que cederán y financiarán las obras a cambio de obtener licencia para la construcción de alrededor de 5.000 viviendas, de las que aproximadamente la mitad serán de VPO, por tanto, ese dinero sí saldrá de las arcas municipales».
Con respecto al acuerdo, el edil aseguró que «este plan no corresponde a un crecimiento sostenible y sólo servirá para que el Ayuntamiento ingrese 25 millones de euros que, si el proyecto fuese financiado por la Junta, como debe ser, se invertirían en otras iniciativas locales».

Descartan el 'parking' público de Santa Amalia por su «elevado coste». Fuengirola (SUR)

El PSOE critica que se busque la rentabilidad al proyecto en una zona donde también está previsto un aparcamiento privado

El aparcamiento público proyectado en Santa Amalia no verá finalmente la luz. El Ayuntamiento ha desestimado su construcción aduciendo su «elevado coste», ya que rondaría los siete millones de euros y, para que fuera viable para las arcas municipales, obligaría a vender sus plazas por unos 25.000 euros, máxime teniendo en cuenta las dificultades a la hora de vender las 604 plazas para residentes del aparcamiento del Elola (aún están libres tres cuartas partes, tal y como publicó SUR el pasado 25 de febrero), que salen por 12.000 euros.
Unas explicaciones que no satisfacen al PSOE. Su viceportavoz municipal, Javier García León, criticó ayer el «incumplimiento de una promesa electoral del PP» y exigió al equipo de gobierno que explique el motivo «por el que van a salir tan caras estas plazas» en comparación con las del resto del municipio. Además, el edil denunció que «de momento, lo que ha conseguido el equipo de gobierno es que el aparcamiento privado previsto en Doña Sofía no tenga competencia y pueda hacer negocio», refiriéndose al complejo deportivo que pretende vender sus plazas por «entre 35.000 y 39.000 euros».
En este sentido, la concejala socialista Paloma Alonso se preguntó «desde cuándo un Ayuntamiento busca la rentabilidad económica en un proyecto».
Unas críticas que rechazó la edil de Urbanismo, Ana Mula, quien indicó que la decisión de no construir el 'parking' responde a la intención de «velar por la economía de los fuengiroleños» y acusó al PSOE de «intentar confundir a los vecinos al mezclar el proyecto del aparcamiento de Santa Amalia con una actividad privada» que ha previsto «dos plantas de aparcamiento para cubrir una necesidad de explotación comercial, algo que exige la normativa urbanística».
Por otra parte, la diputada socialista en el Congreso, Ana Fuentes, visitó ayer la ciudad para destacar la «importante inversión del Gobierno y la Junta para suplir las deficiencias de Fuengirola», en relación a las obras incluidas en el Plan Zapatero y el Proteja, que suman 13,2 millones de euros.

Aprobado de forma definitiva el proyecto de lujo de la Casa Real saudí. Marbella (SUR)

El convenio entre el Ayuntamiento de Estepona y la sociedad Asturion Fundation, vinculada a la Casa Real saudí, para la creación de una urbanización de lujo en la zona de Cancelada. El pleno desestimó ayer las alegaciones presentadas por varios partidos políticos sin representación municipal y suscitó un intenso debate entre la Corporación.
Finalmente, se acordó que se exija a los promotores del proyecto que se comprometan a iniciar las obras de urbanización «cuanto antes» para generar puestos de trabajo en el municipio. Este aspecto se exigirá tras la aprobación del plan de sectorización donde se fijarán los parámetros para el desarrollo de estos suelos. Miembros del PES demandaron además conocer la cantidad de vivienda protegida que se hará con el desarrollo de este sector.

El Ayuntamiento recupera una parcela cedida por Gil a un procesado en 'Malaya'. Marbella (SUR)


El empresario Máximo Filippa construyó un campo de golf en una finca en Las Chapas de uso religioso-cultural El Consistorio acudirá a los tribunales si en 30 días no desaloja
21.03.2009 - M. J. CRUZADO MARBELLA

El Ayuntamiento de Marbella ha dado 30 días de plazo al empresario procesado en el 'caso Malaya' Máximo Filippa para que desaloje una finca ubicada en Las Chapas en la que ha construido un campo de golf. De lo contrario, acudirá a los tribunales. Recupera así de oficio una parcela calificada en el PGOU de 1986 como equipamiento cultural «destinada a zona religiosa-cultural». Basa su decisión en que, independientemente del convenio urbanístico que suscribió el procesado con Jesús Gil en 1993, el uso de la parcela como campo de golf es «incompatible» con su calificación urbanística.
El empresario ha sido procesado recientemente en 'Malaya' por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias en relación a la urbanización La Trinidad. Sin embargo, el expediente de recuperación de la parcela, ubicada en el sector URP-VB-Ib Elviria III, es muy anterior a su procesamiento en la presunta trama de corrupción. Se inició el 23 de septiembre de 2008, dos meses antes de que el juez instructor del caso, Óscar Pérez, solicitara al Consistorio información sobre las operaciones urbanísticas acordadas durante años con Filippa y seis antes de que decidiera procesarlo.
Máximo Filippa, en representación de la empresa Green Life Golf Club S.L., ha presentado un total de nueve alegaciones contra el expediente municipal basándose en el convenio urbanístico que cerró con el Ayuntamiento hace 16 años cuando Jesús Gil era aún alcalde de Marbella y la recalificación posterior del terreno de equipamiento cultural público a privado. Han sido rechazadas una por una. El Ayuntamiento le recuerda que carece de concesión administrativa para el campo de golf y que la parcela sigue siendo de titularidad municipal; eso sí, se reserva el derecho de «iniciar un expediente de concesión administrativa sobre la misma».
El juez pide los convenios
El juez instructor del 'caso Malaya', Óscar Pérez, solicitó el pasado mes de diciembre al Ayuntamiento de Marbella la relación de «todos los convenios urbanísticos, licencias de obras de primera ocupación o de cualquier otra naturaleza» que se acordaron con algunas de las empresas de Armando y Máximo Filippa, éste último procesado en la causa. Catorce días más tarde el Consistorio remitió un listado con 12 expedientes que corresponden a otros tantos convenios formalizados entre 1998 y 2001, la mayoría para la construcción de viviendas relacionadas con las promociones La Trinidad, Green Life Village S.L. y Green Life Elviria.

PSOE e IU exigen al Ayuntamiento que retire un planeamiento «inviable» (SUR)

Los partidos de la oposición exigieron ayer al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que retire los proyectos de construcción de las torres en Repsol, la Térmica y el polígono de San Rafael, dado que son «inviables», al igual que «otros que se incluyen en el PGOU».
El grupo municipal socialista se felicitó de que el informe de Aviación Civil «nos haya dado la razón». El portavoz, Rafael Fuentes, recordó que «hace nueve meses denunciamos que se trataba de un proyecto inviable porque atenta contra la seguridad de la aviación civil, pero el señor alcalde se encabezonó y se encaprichó con estas construcciones». El resultado, según el responsable socialista, es que «Málaga ha perdido nueve meses». «De la Torre piensa que la ciudad es suya, pero está obligado a cumplir la ley», zanjó.
Desde IU, su portavoz en el Ayuntamiento, Pedro Moreno Brenes, criticó que el equipo de gobierno del PP siga adelante con la idea de levantar las torres pese a contar con informes sectoriales contrarios. «El alcalde sigue en la dinámica de buscar la confrontación y negar la evidencia», apuntó Brenes, que denunció que el PGOU «es insostenible e insolidario».
Dos de las principales federaciones de asociaciones de vecinos -Unidad y Solidaridad- también mostraron su rechazo a estos proyectos, que achacaron al «frenesí urbanístico del PP».

La trama de Alcaucín alcanza ya a cinco arquitectos y once constructores (SUR)

Los nuevos imputados en la 'operación Arcos' están al frente de pequeñas empresas, algunas de ellas familiares La Guardia Civil da por concluida esta segunda fase del caso

La 'operación Arcos' se extiende a más arquitectos y empresarios de la Axarquía. La segunda tanda de imputaciones, que se ha desarrollado esta semana en la Comandancia de la Guardia Civil, eleva a 25 el número de personas supuestamente implicadas en la trama.
Tras esta nueva fase de la operación, el caso salpica ya a cinco arquitectos -dos de ellos de la Diputación Provincial- y a once empresarios de la construcción, según confirmaron a este periódico las fuentes consultadas.
Esta semana, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Seprona de la Guardia Civil han interrogado en calidad de imputados a tres arquitectos. Uno de ellos trabaja para el ente supramunicipal y los otros dos se dedican al sector privado. Los investigadores les atribuyen, según el caso, presuntos delitos de falsedad documental o contra la ordenación del territorio.
No obstante, el supuesto grado de implicación de estos profesionales sería tangencial al nudo gordiano de la investigación, que indaga en una supuesta trama de corrupción urbanística en la Axarquía.
Según las fuentes consultadas, las citaciones de estos arquitectos obedecen en la mayoría de los casos a que sus firmas habrían aparecido reflejadas en expedientes o informes sobre proyectos urbanísticos en terreno rústico.
Estas tres imputaciones de profesionales de la arquitectura se suman a las dos que se realizaron el 27 de febrero, cuando se desató la 'operación Arcos'. Aquel día, la Guardia Civil detuvo al jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación, José Mora -aún en prisión provisional por el caso- y a un aparejador que trabajó en Alcaucín.
El segundo gremio al que más ha salpicado la operación ha sido el de los empresarios de la construcción. De los tres detenidos en la primera fase -un constructor veleño, otro de Alcaucín y el último de Cartaya (Huelva)- se ha pasado a un total de once imputados.
Los ocho últimos han pasado estos días por la Comandancia de la Guardia Civil para ser interrogados por su presunta implicación en delitos contra la ordenación del territorio que se están investigando en la operación. Se trata por lo general de pequeñas empresas de construcción, algunas familiares.
Con esta segunda tanda de imputaciones se da por cerrada esta fase de la investigación, aunque no se descarta que de las declaraciones puedan salir nuevos implicados. Entre tanto, los agentes continúan tomando declaración a testigos del caso, en torno a una veintena, que están siendo citados para testificar ante la Guardia Civil.

El alcalde plantea sacar las torres del PGOU y no descarta otras alternativas (SUR)

De la Torre muestra su disposición a dialogar con Fomento, al que acusa de haber actuado con «deslealtad institucional»

El futuro de las torres previstas en los antiguos depósitos de Repsol, la Térmica y el polígono de San Rafael está en el aire. El informe preceptivo de Aviación Civil que rebaja la altura de estos rascacielos por motivos de seguridad aérea ha reavivado el debate en torno a la idoneidad de estas construcciones en la capital y ha obligado al Ayuntamiento a plantearse la posibilidad de modificar estos proyectos e incluso dejarlos temporalmente fuera de la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, mostró ayer su «sorpresa» y «malestar» por la actuación del Ministerio de Fomento que, a su juicio, ha actuado con «deslealtad institucional» al romper la discreción y no respetar el calendario de reuniones previstas en torno al estudio de las incompatibilidades entre el PGOU y el Plan Director del aeropuerto.
Sin embargo, el regidor destacó la disposición del Consistorio a seguir dialogando para llegar a una solución sobre los terrenos afectados. Para ello, los técnicos de Urbanismo ya están trabajando con una consultora especializada con la que analizan la posible viabilidad de unos proyectos «importantes para Málaga».
Reuniones
De la Torre explicó que tras la última reunión celebrada con Aena, el 26 de febrero, se fijó un nuevo encuentro para marzo. En este sentido, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, criticó que «en lugar de celebrar esta reunión interna, nos encontramos con este informe, que cinco minutos después de entrar en el Ayuntamiento ya estaba en los medios de comunicación».
El primer edil, que se preguntó por qué Fomento no planteó antes estas cuestiones, insistió en que el documento no elimina los rascacielos, «sólo los modifica», y admitió la posibilidad de recortar metros de altura a las torres afectadas.
Ante el posible retraso que este asunto podría acarrear a la tramitación del nuevo PGOU, el Ayuntamiento planteará a la Junta su aprobación definitiva dejando fuera temporalmente las construcciones cuestionadas a la espera de hallar una solución. La delegada de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, explicó que la ley contempla esta posibilidad, pero instó al Consistorio a agotar el tiempo para buscar un consenso con Aena, modificar el plan en lo que sea necesario y aprobar un documento «lo más completo posible» que evite trámites posteriores.