lunes, 30 de enero de 2012

El macrohospital frena la ampliación del Carlos Haya (SUR)


Los sindicatos aseguran que urgencias se ha quedado pequeño y relacionan la falta de reformas con la espera del nuevo centro







Entrada del servicio de urgencias del hospital general del Carlos Haya.
Entrada del servicio de urgencias del hospital general del Carlos Haya. Arciniega

LUCAS MARTÍN El problema no es nuevo; en los últimos años funciona como una coletilla de pasillo, una queja sanitaria habitual. Las urgencias del Hospital Carlos Haya, señaladas recientemente por el informe del Defensor del Paciente, se han convertido en un espacio obsoleto, anquilosado, pendiente de una severa reinterpretación. Y no sólo por las tensiones tradicionales, la alta demanda o el abusivo uso ciudadano. Los sindicatos señalan directamente a las instalaciones y a lo que denominan la excusa del macrohospital.

Las críticas desembocan en el mismo punto. En los despachos, en los consultorios, se habla de que, de momento, lo único que ha traído el futuro complejo son carencias hipotecadas, sin resolver.

Es el caso del pabellón central de las urgencias del Carlos Haya, en el que se suponía que las deficiencias, especialmente espaciales, se iban a superar con el nuevo centro. La lentitud del proyecto, que aún anda enfrascado en sus requisitos previos, ha aumentado la preocupación del sector, que se encuentra ahora con una unidad sin posibilidad de mejora inmediata y con una promesa, la del macrohospital, todavía sin cuerpo, remota. «Es como si con la excusa de que te vas a mudar de casa te despreocupas y no arreglas la que tienes. Al final, la dejas en las ruinas», indica Eugenio Pérez, secretario provincial de Satse.

En la última década, la Junta de Andalucía ha llevado a cabo diversas reformas en las instalaciones. En la de 2006, se planteó, incluso, una extensión de 500 metros cuadrados. Los sindicatos, sin embargo, las consideran menores, insuficientes. Rafael González, responsable sanitario de CCOO, habla, incluso, de «movimiento de tabiques», lo que, insiste, está muy lejos de representar una solución. Las urgencias, subraya Pérez, se han quedado pequeñas. Los pacientes oyen la patología de otros, no existe la privacidad. «Se debería haber apostado por mejorar lo que se tiene en lugar de poner la vista en el macrohospital. Ahora, con la crisis, es más difícil», detalla.

José Antonio Castro, coordinador provincial de IU, se muestra escéptico con el proyecto de la Junta. En su opinión, la sanidad pública de la provincia destaca en tecnología y en investigación, pero descuida la asistencia elemental. Para Castro, el deterioro de las urgencias del Carlos Haya responde a un problema más vasto y global, la falta de hospitales, la saturación. «Se ha intentado descargar con la cirugía ambulatoria y los centros de especialistas, pero es un proceso muy lento, pendiente también de inversiones», puntualiza. El representante de IU asegura que deficiencias como las que presenta el Carlos Haya resultan doblemente peligrosas; de un lado, fallan en la atención, y del otro deterioran el sistema público, lo que abre la puerta al trasvase de competencias hacia los hospitales privados. «Se habla de copago, pero debería ser repago, porque la sanidad ya la pagan todos los ciudadanos», indica.

Las estrecheces del hospital central son sobradamente conocidas por Juan Miguel Contosio, de UGT, que propuso, hace dos años, una propuesta de ampliación basada en el aprovechamiento de la zona ajardinada y del área ocupada actualmente, en la segunda planta, por el servicio de informática. Una solución «barata», que se declinó en favor del macrohospital. En este sentido, también se muestra tajante: «Habría sido mucho mejor invertir en mejorar las instalaciones», precisa.

Contioso coincide con sus colegas en relacionar el colapso del servicio de urgencias con la ligereza de la población, que sigue acudiendo por afecciones que podrían recibir respuesta en los centros de salud. Dolores de muelas, heridas superficiales, sinusitis. «Está claro que desviarlos a otros segmentos sería impopular», aclara.

Ana María Corredera, parlamentaria del PP, también apunta al mal uso del servicio, aunque añade una nueva variable. Muchos pacientes, sostiene, recurren a las urgencias para acelerar los plazos y ser examinados por un especialista con anterioridad. La responsable sanitaria de los populares entiende que no sólo es el déficit en infraestructuras, sino también en profesionales. Y no avista mejoras, al menos, en el horizonte más cercano. El presupuesto de la Consejería de Salud bajó un 46,7 por ciento el pasado año, y en éste sufrirá una nueva rebaja de algo más de doce puntos. Se ha pasado de 360 a 196 millones. Ninguno de ellos, enfatiza, para el futuro macrohospital. «La consejera (María Jesús Montero) me dijo en una respuesta parlamentaria que no se comprometería ni un euro para proyectos que no estuvieran ya iniciados», puntualiza.

Corredera no comparte la obstinación autonómica por el proyecto. Si no se puede, razona, habría que pensar en un tercer hospital o en la ampliación de los ya existentes, lo que comportaría el crecimiento de las unidades del Carlos Haya. ¿Será la solución que aporte el PP si se impone en las próximas elecciones? La parlamentaria se muestra cautelosa, aunque promete ampliar infraestructuras. «Estudiamos un programa con más centros de especialistas que desbloqueen las urgencias», dice.

Para Rafael González, el problema de las instalaciones se suma a la carencias de camas, que calcula ya en más de un millar en Málaga. El sindicalista apuesta por consolidar «lo que tenemos», en lo que coincide con Fermín Parrondo, del Sindicato de Médicos, que critica la falta de mantenimiento, de inversión. «Vamos camino de una sanidad a la cubana, con prestigio, pero tercermundista. Parece como si estuviéramos acostumbrándonos al deterioro», sentencia.

Art Natura presenta este lunes las alegaciones a la rescisión del contrato (SUR)


Royal Collections, promotora de Art Natura, prevé presentar este lunes sus alegaciones al inicio del expediente de rescisión del contrato aprobado el pasado 20 de enero por el Ayuntamiento de Málaga. En total, registrará en torno a un centenar de documentos "fehacientes" y en los que, según el presidente de esta entidad, Fulgencio Alcaraz, "se demuestran los incumplimientos sistemáticos del Ayuntamiento desde hace cuatro años".
De este modo, Royal Collections apura el plazo de 10 días dado por el Ayuntamiento de Málaga para la presentación de alegaciones desde la notificación, el pasado día 20, del acuerdo adoptado por la junta de gobierno local.
Las alegaciones se presentarán "muy documentadas, probando las falsedades y las manipulaciones hechas por el Ayuntamiento a lo largo de este calvario de más de cuatro años", según Alcaraz, quien ha insistido en que la resolución del contrato es "absolutamente injusta y dictada a sabiendas". Por ello, ha dejado claro que "sólo abandonaremos los edificios si así lo decide un juez".
Entre estos documentos, se encuentran, según ha señalado a Europa Press Alcaraz, "reclamaciones por sucesivos incumplimientos del Ayuntamiento, así como la demostración; denuncias que presentamos por exceso de gasto o por gastos indebidos; escritos de las más altas instancias, no sólo españolas, a las que se invitó a unas inauguraciones que luego se frustraron, incluyendo la Casa Real, o contactos con touroperadores extranjeros para traer a visitantes".

Abrir con entrada gratuita
Ha vuelto a plantear, pese a "las pérdidas económicas que ello supondría", su disposición a abrir el Museo de las Gemas de forma gratuita para los visitantes "durante el tiempo que sea necesario, al menos un mes", de modo que "sepan de verdad lo que hay". Para ello, ha precisado que el Ayuntamiento "tendría que poner las puertas de seguridad y las rejas, conectar el agua y activar las escaleras mecánicas y los ascensores".
De hecho, Alcaraz ha asegurado que desde su entidad "siempre estaremos abiertos a que haya un acuerdo", pero, como ha apuntado, "sinceramente, no confiamos en que se pueda alcanzar, porque el Ayuntamiento no quiere que haya un arreglo".
Según el representante de Royal Collections, que ha reiterado que en la actuación en los edificios de Tabacalera no se han gastado 20 millones como argumenta el equipo de gobierno del PP, sino más de 40; han llegado a pasar al Ayuntamiento hasta 164 notas de gastos que no se tenían que hacer "porque nadie lo había solicitado, porque no eran necesarios, porque su precio era exagerado o porque eran obras que la constructora no tenía que cobrar dos veces". En total, trabajos por un valor de unos 17 millones de euros.
Alcaraz ha aclarado, asimismo, que Art Natura está obligada por contrato a adelantar el pago de una serie de bienes y servicios -impuestos, seguros, mobiliario, etcétera- y "por trimestre llevábamos las facturas al Ayuntamiento, que las intervenía una a una". Por tanto, ha subrayado, "el Consistorio nunca nos ha dado dinero".
Más aún, ha afirmado que, "tras poner el primer recurso judicial, hace 13 meses que el Ayuntamiento no nos ha pagado ni una sola factura". De hecho, de los 7,1 millones de euros gastados, el Consistorio les ha pagado sólo 5,6 millones, según el representante de la concesionaria. "Si esto no se explica, la gente cree que somos unos aprovechados", ha lamentado. 

Auditoría
Precisamente, ha apoyado la petición de los grupos de la oposición municipal para conocer todos los gastos realizados en los edificios de Tabacalera, las cantidades pagadas en concepto de canon y los modificados. "Queremos que se vea a fondo todo lo gastado -ha expuesto- para que sepan qué nos han pagado y por qué conceptos, y a lo mejor se llevan la sorpresa de quién se ha beneficiado directa o indirectamente". "Que miren una por una nuestras facturas", ha instado.
La mayoría absoluta del equipo de gobierno rechazó en el pleno del pasado jueves la creación, como demandaba IU y con el apoyo del PSOE, de una comisión de investigación sobre Art Natura, después de su fallida apertura en la antigua fábrica de Tabacalera. Un proyecto que, no obstante, fue calificado por el concejal de Cultura, Damián Caneda, como "fracaso".
Alcaraz ha rechazado de nuevo el argumento municipal de que no se inició la actividad expositiva tras el plazo dado de 120 días para la apertura al público del Museo de las Gemas, ya que "nosotros abrir, abrimos" el pasado día 18. No obstante, la apertura fue fallida al no contar ni con la licencia ni con el necesario informe de Bomberos.
Según lo acordado el 20 de enero en la junta de gobierno local, el Consistorio reclamará a Royal Collections la devolución de 6,3 millones de euros en concepto de canon y los intereses correspondientes, así como una cantidad por el daño a la imagen de la ciudad derivado de este conflicto.