jueves, 23 de febrero de 2012

Una 'estrella' rusa de la televisión vende su mansión en Marbella (Málaga Hoy)


Natasha Romanov, que se hizo conocida en un programa de mujeres millonarias de La Sexta, quiere deshacerse de su vivienda de lujo por 9,5 millones de euros
ÁNGEL RECIO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 23.02.2012 - 01:00
zoom

La mansión está ubicada en una de las zonas más lujosas de Marbella y cuenta con todo tipo de instalaciones.

Puede que les suene el nombre y hasta su cara. Se llama Natasha Romanov y participó el año pasado en un programa, tipo reality, de La Sexta llamado Mujeres ricas. Era una mujer de mediana edad, morena, guapa, casada con un multimillonario ruso que nunca apareció en escena y cuyo sueño era ser cantante. De hecho, martirizó a la audiencia durante unas semanas con los ensayos de una canción escrita para ella, llamada Baila tu piel morena, que pretendía convertir en un éxito pero que no se escuchó en la radio. Al menos, en la letra se hablaba bien del clima de la Costa del Sol y se hizo un vídeo y eso siempre es publicidad para este destino. Lo que estaba claro es que Romanov, que procede de familia aristocrática, no tenía problemas para llegar a final de mes ya que, a lo largo del programa, se pudieron ver numerosas imágenes de su mansión en Marbella. La buena noticia es que si le gustó la casa y tiene 9,5 millones de euros puede comprarla. 

La inmobiliaria Re/Max Eralia informó ayer de que Romanov ha puesto a la venta "su espectacular mansión para adquirir otra en el paradisíaco enclave del Mediterráneo". Al margen de las indudables y numerosas bondades del inmueble, la aristócrata y cantante subraya que ella misma ha sido la encargada de decorar toda la casa y "en ella hay estilos diferentes relacionados con momentos distintos de mi vida". No se sabe si ese amor por la decoración puede ser un aliciente o una rémora para posibles inversores. 

A la casa, desde luego, no le falta un detalle. La inmobiliaria asegura que está en una de las urbanizaciones más exclusivas de Marbella, la Vega del Colorado, y que tiene vistas del Mediterráneo, Gibraltar o Marruecos. La villa recibe el nombre de Flamingo, tiene 1.620 metros cuadrados construidos divididos en cuatro plantas, y se asienta sobre una parcela de 27.000 metros cuadrados. Posee un dormitorio principal de 200 metros cuadrados y dos baños individuales, sauna y sala de masajes. A eso hay que añadirle otros cinco dormitorios, una vivienda aparte para invitados, salón de lectura, comedor para 14 personas, bar con zona para DJ, bodega, solarium, cámaras de seguridad, piscina climatizada, pista de pádel y tenis, zonachillout con barbacoa, jacuzzi exterior, un área para caballos, jardín tropical, garaje cubierto para 10 coches y externo para 30 vehículos, un espacio para celebrar eventos con capacidad para 1.000 personas, un lago artificial y helipuerto.

El PP cambiará la Ley de Costas para legalizar las casas anteriores a 1988 (Málaga Hoy)


El grupo popular en el Senado debatirá hoy la moción que en la provincia de Málaga afectaría a los chiringuitos, además de las viviendas de la zona de El Palo, la residencia Marymar o el barrio de Lagos
RAQUEL GARRIDO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 22.02.2012 - 01:00
zoom

Casas de la zona de Pedregalejo ubicadas en pleno paseo marítimo.
zoom

Residencia Marymar de Benalmádena.

Todas las construcciones levantadas sobre dominio público marítimo-terrestre antes de la entrada en vigor en 1988 de la actual Ley de Costas podrían ser legalizadas si el Gobierno central lleva a cabo la modificación que el grupo parlamentario popular ya ha anunciado que pedirá. Si la controvertida legislación es revisada, las más de 400 casas de las barriadas de El Palo y Pedregalejo de la capital malagueña, la residencia Marymar propiedad de Unicaja en Benalmádena, la zona de El Copo de Torre del Mar y las 50 viviendas de Lagos y Mezquitilla en Vélez-Málaga serán regularizadas. A las que se sumarán los chiringuitos del litoral malagueño que aún están pendientes de obtener una concesión que acabe con su situación de alegalidad. 

Es el primer paso dado por los populares después de que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunciara en sus primeros días de mandato su voluntad de acometer "una profunda" reforma de la Ley de Costas, una intención que reiteró durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, el pasado 1 de febrero. Entonces, adelantó que la modificación pretenderá la protección del dominio público marítimo-terrestre, pero compatibilizando la protección del litoral con "las actividades económicas no perjudiciales". 

Según Arias Cañete, modificar la norma de 1988 será un "vehículo eficaz para mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa", justo lo que defenderá hoy la senadora del PP por Málaga, Patricia Navarro, en el Pleno de la Cámara para lograr "conciliar el interés público con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de esta ley". 

Esta modificación beneficiaría, según dijo, a los chiringuitos de playa y a los propietarios y afectados por la aplicación "arbitraria, deficiente y errática" llevada a cabo por el anterior Gobierno del PSOE de esta ley. Para defender la propuesta, Navarro argumentará que el Parlamento europeo ya advirtió a España en 2009 que estaba aplicando la norma en materia de costas "de forma retroactiva, con arbitrariedad y sin indemnización suficiente para los afectados". 

Desde finales de los años 80 cuando el entonces jefe de la Demarcación de Costas de Málaga, Luis López Peláez, decidió retirar unos 390 chiringuitos irregulares de las playas, el Gobierno central no volvió a plantear la posibilidad de recuperar parte del dominio público ocupado sin pudor durante años hasta 2004. Fue entonces cuando la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció un plan que pretendía demoler más de un centenar de construcciones ilegales levantadas sobre la arena durante décadas aprovechando la ausencia de legislación específica. Pero los interminables procesos administrativos y judiciales que conlleva la resolución de estos complejos expedientes, que pueden durar más de diez años, y el retraso que acumula el deslinde que Costas lleva años haciendo en toda la línea de costa de Málaga han hecho que la intención de la ministra cayera en saco roto. 

También se intentó en 2009 al pretender quitar los chiringuitos de la arena y fue tal la polémica surgida que al final las competencias terminaron transferidas a la Junta. Sólo el caso de las 400 viviendas de las barriadas de El Palo y Pedregalejo de la capital ha avanzado en este tiempo, ya que el Gobierno autorizó hace un año su deslinde, un trámite que podría durar más de dos años y que además no despeja la incertidumbre sobre la necesaria desafectación de los terrenos que permitiría a los inquilinos hacerse con la propiedad. 

En Vélez-Málaga, también luchan por la permanencia de sus viviendas, los vecinos de Lagos, Mezquitilla y San Daniel, además de gran parte de la zona de El Copo de Torre del Mar. Unas 50 casas centenarias están dentro del dominio público marítimo terrestre y desde hace años buscan una solución para el deslinde con la Dirección General de Costas. El expediente fue iniciado por la Asociación La Bajamar que defendía que la línea de costa había sido modificada tras la construcción del puerto de Caleta que había llevado aparejada la degradación de la playa. 

El derribo del antiguo hotel Marymar de Benalmádena, adquirido y convertido posteriormente por Unicaja en una residencia de ancianos que fue cerrada el año pasado por su mal estado. La demolición de este edificio, levantado en 1961 sobre miles de metros cuadrados en la playa de Arroyo de la Miel y que constituye una barrera para el paseo marítimo del municipio, ha sido un reto de Costas durante varias décadas aunque nunca ha tenido éxito. 

Pero la propuesta del PP cuenta con el rechazo total del coordinador provincial de Izquierda Unida y número 1 por Málaga en las elecciones autónomicas del 25 de marzo, José Antonio Castro, quien alertó del "deterioro y el retroceso de 30 años" que supondrá la modificación de la Ley de Costas. Así, acusó al Gobierno central de querer "dar una vuelta de tuerca para garantizar el uso privado del dominio público y recalcó que la situación del litoral "no puede permitir una nueva ofensiva del ladrillo en las costas". 

La Costa del Sol tiene una ocupación superior al 90% en los primeros 100 metros de costa.

La Ley de Costas priorizará las licencias de los chiringuitos (La Opinión)


La modificación paralizará las sanciones incoadas en los últimos años por la aplicación de la norma

Detalle de uno de los establecimientos provisto de un asador de espetos o espetero.
Detalle de uno de los establecimientos provisto de un asador de espetos o espetero.  L.O.
L. MARTÍN El Gobierno dio ayer un nuevo paso hacia la futura reforma de la ley de Costas con la aprobación de una moción en el Senado, presentada por el PP, en la que se insta a abordar el cambio de la normativa, especialmente en lo que respecta a sus motivos más polémicos, la ocupación del espacio marítimo-terrestre por parte de viviendas y de establecimientos como los chiringuitos de la Costa del Sol.

La medida, aprobada con la oposición del PSOE, urge a poner freno a la indeterminación jurídica que afecta a este tipo de construcciones, pendientes, en el caso de buena parte de los negocios, de la renovación de la licencia necesaria para funcionar. Según la senadora Patricia Navarro, que expuso ayer la petición, ésta será la prioridad de la reforma de ley, que tiene previsto agilizar los trámites para resolver los problemas administrativos de los empresarios. Después quedará discutir las obras necesarias para adecuar las instalaciones, para las que la actual ley fija una serie de límites, tanto en sus dimensiones como en su ubicación.

La idea del Gobierno es optar por una vía no traumática y esclarecer el régimen de ocupación del área pública situada junto a la orilla. En primer lugar, para homogeneizar la aplicación de la norma y, en segundo término, con ánimo de hacer converger el respeto al medio ambiente y el crecimiento económico. En lo que respecta a los chiringuitos, lo primero, abundó Navarro, es estudiar al detalle la situación de los establecimientos y apresurar la concesión de las licencias.

En este sentido, la senadora ratificó las observaciones del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que en su primera comparecencia ya aventuró un cambio legislativo destinado a restablecer la seguridad jurídica en el sector. A la ley le queda todavía camino, pero lo que está claro es que entre sus preceptos estará la paralización de todas las sanciones y procedimientos incoados en los últimos años como consecuencia de la ejecución de la ley de Costas. Esto significa, en la práctica, que los empresarios no tendrán que hacer frente a las multas interpuestas en los últimos años por ocupar las lindes protegidas por la normativa.

También se revisará, avanzó Navarro, al carácter retroactivo de las sanciones, que no podrán evaluar las construcciones anteriores a su aprobación, que data de 1988. La moción presentada ayer en el Senado pide ajustar la compensación de los derechos adquiridos «de buena fe y de forma legítima». En la provincia, existen alrededor de medio millar de viviendas emplazadas en el dominio público. El objetivo del Gobierno al respecto es legalizar estos inmuebles y romper con lo que considera una aplicación «injusta y arbitraria de la ley». «Ellos han sido víctimas de los arrebatos del Gobierno. Nunca la aplicación de una ley sembró tanta incertidumbre veinte años después de ser aprobada», resaltó.

Para la senadora, los negocios radicados junto al mar ejercen una suerte de «activismo ecologista», ya que, insiste, cuidan de la limpieza y el estado de las playas. «Ninguna zona del litoral está tan cuidada como la que tiene negocios. Son quienes avisan de incidencias», reseñó.

Navarro, aclaró, además, que la ley que resulte después de todo este proceso tendrá prevalencia sobre cualquier otra normativa desarrollada por las comunidades autónomas. Incluso, por aquellas con las competencias transferidas, como es el caso de la Junta de Andalucía, que en abril del pasado año asumió la responsabilidad en algunos aspectos relativos a la ordenación del mar. El proceso implicó el desembolso de 2,11 millones de euros y la movilización de 62 trabajadores.

La petición aprobada en el Senado contó con el apoyo de PP, CiU, Entesa, Grupo Vasco y Grupo Mixto y el rechazo del PSOE, que considera que la reforma se inspira en las ideas de la fundación FAES, ligada al PP. Un extremo que Navarro recusó expresamente en su conversación con este periódico: «La propia Unión Europea ya recomendó aclarar la ley. Esto no es una iniciativa partidista. Al final de la pasada legislatura hubo senadores que registraron la petición», argumentó.

El Consistorio entrega un 'párking' de 117 plazas a Vera como pago por las obras. Rincón de la Victoria (SUR)


El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria rubricará hoy en pleno el acuerdo suscrito con la empresa Construcciones Vera por el cual esta firma se hará con la propiedad del aparcamiento subterráneo construido en una parcela municipal de la urbanización Las Pedrizas de Monte Victoria, situada junto al cementerio municipal, como medio para saldar la deuda de 1,2 millones que el Consistorio mantiene con esta constructora desde que en 2007 dio por concluidas las obras del recinto público de aparcamientos, que cuenta con un total de 117 plazas.
Así, en un principio iba a ser el Ayuntamiento el que gestionara el 'párking', pero debido a que no se han conseguido vender todas las plazas, pues apenas hay una docena con propietarios, el equipo de gobierno del PP ha decidido entregar el recinto como medio para saldar la deuda contraída para construirlo, bajo la fórmula de la dación en pago. Ahora será la empresa Construcciones Vera la que se encargue de vender las plazas. Los vecinos de la zona han mostrado ya su interés en adquirir estos aparcamientos.
El acuerdo con la constructora incluye la cesión al Ayuntamiento de la pista polideportiva situada justo encima del 'párking', que permanece cerrada. Así, este complejo deportivo seguirá siendo de titularidad municipal y se abrirá al público próximamente para el uso y disfrute de los vecinos, según explicó el alcalde, Francisco Salado (PP).

Una sentencia ordena demoler una construcción ilegal. Ronda (SUR)


La Audiencia de Málaga ha revocado una sentencia de un juzgado de lo penal de la capital que condenó a una mujer que realizó un edificación ilegal en Ronda a seis meses de cárcel y a una multa de 3.600 euros, pero no ordenó la demolición solicitada por el fiscal. El tribunal ha estimado el recurso del Ministerio Público y ha condenado además a la acusada a demoler lo construido y a devolver a su estado original la parcela sobre la que se edificó, que tiene la consideración de suelo no urbanizable.
Las obras de una casa con primera planta comenzaron sobre otra construcción previamente existente, sin licencia de obras, amparándose la procesada en una autorización municipal concedida para la reforma de una caseta de aperos.