jueves, 23 de febrero de 2012

La Ley de Costas priorizará las licencias de los chiringuitos (La Opinión)


La modificación paralizará las sanciones incoadas en los últimos años por la aplicación de la norma

Detalle de uno de los establecimientos provisto de un asador de espetos o espetero.
Detalle de uno de los establecimientos provisto de un asador de espetos o espetero.  L.O.
L. MARTÍN El Gobierno dio ayer un nuevo paso hacia la futura reforma de la ley de Costas con la aprobación de una moción en el Senado, presentada por el PP, en la que se insta a abordar el cambio de la normativa, especialmente en lo que respecta a sus motivos más polémicos, la ocupación del espacio marítimo-terrestre por parte de viviendas y de establecimientos como los chiringuitos de la Costa del Sol.

La medida, aprobada con la oposición del PSOE, urge a poner freno a la indeterminación jurídica que afecta a este tipo de construcciones, pendientes, en el caso de buena parte de los negocios, de la renovación de la licencia necesaria para funcionar. Según la senadora Patricia Navarro, que expuso ayer la petición, ésta será la prioridad de la reforma de ley, que tiene previsto agilizar los trámites para resolver los problemas administrativos de los empresarios. Después quedará discutir las obras necesarias para adecuar las instalaciones, para las que la actual ley fija una serie de límites, tanto en sus dimensiones como en su ubicación.

La idea del Gobierno es optar por una vía no traumática y esclarecer el régimen de ocupación del área pública situada junto a la orilla. En primer lugar, para homogeneizar la aplicación de la norma y, en segundo término, con ánimo de hacer converger el respeto al medio ambiente y el crecimiento económico. En lo que respecta a los chiringuitos, lo primero, abundó Navarro, es estudiar al detalle la situación de los establecimientos y apresurar la concesión de las licencias.

En este sentido, la senadora ratificó las observaciones del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que en su primera comparecencia ya aventuró un cambio legislativo destinado a restablecer la seguridad jurídica en el sector. A la ley le queda todavía camino, pero lo que está claro es que entre sus preceptos estará la paralización de todas las sanciones y procedimientos incoados en los últimos años como consecuencia de la ejecución de la ley de Costas. Esto significa, en la práctica, que los empresarios no tendrán que hacer frente a las multas interpuestas en los últimos años por ocupar las lindes protegidas por la normativa.

También se revisará, avanzó Navarro, al carácter retroactivo de las sanciones, que no podrán evaluar las construcciones anteriores a su aprobación, que data de 1988. La moción presentada ayer en el Senado pide ajustar la compensación de los derechos adquiridos «de buena fe y de forma legítima». En la provincia, existen alrededor de medio millar de viviendas emplazadas en el dominio público. El objetivo del Gobierno al respecto es legalizar estos inmuebles y romper con lo que considera una aplicación «injusta y arbitraria de la ley». «Ellos han sido víctimas de los arrebatos del Gobierno. Nunca la aplicación de una ley sembró tanta incertidumbre veinte años después de ser aprobada», resaltó.

Para la senadora, los negocios radicados junto al mar ejercen una suerte de «activismo ecologista», ya que, insiste, cuidan de la limpieza y el estado de las playas. «Ninguna zona del litoral está tan cuidada como la que tiene negocios. Son quienes avisan de incidencias», reseñó.

Navarro, aclaró, además, que la ley que resulte después de todo este proceso tendrá prevalencia sobre cualquier otra normativa desarrollada por las comunidades autónomas. Incluso, por aquellas con las competencias transferidas, como es el caso de la Junta de Andalucía, que en abril del pasado año asumió la responsabilidad en algunos aspectos relativos a la ordenación del mar. El proceso implicó el desembolso de 2,11 millones de euros y la movilización de 62 trabajadores.

La petición aprobada en el Senado contó con el apoyo de PP, CiU, Entesa, Grupo Vasco y Grupo Mixto y el rechazo del PSOE, que considera que la reforma se inspira en las ideas de la fundación FAES, ligada al PP. Un extremo que Navarro recusó expresamente en su conversación con este periódico: «La propia Unión Europea ya recomendó aclarar la ley. Esto no es una iniciativa partidista. Al final de la pasada legislatura hubo senadores que registraron la petición», argumentó.

No hay comentarios:

Publicar un comentario