viernes, 20 de junio de 2008

Vecinos de Mijas critican el poco apoyo municipal para regularizar sus casas. Mijas (Málaga Hoy)

Los afectados pedirán la suspensión de los expedientes ante los tribunales
La Asociación por la Regularización de las Viviendas de Mijas continúa luchando para solucionar su problema y apuesta por hacerlo mediante la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pendiente de aprobarse en el municipio. El colectivo pretende hacer frente a los expedientes de demolición promovidos por el Ayuntamiento, que afectan a unas dos mil viviendas, y arremetió ayer contra la actuación municipal por acelerar la tramitación de los expedientes, algo que negaron desde el Consistorio.El presidente de la asociación, Juan Antonio Blanco, denunció que "el Ayuntamiento nos recomendó desde el principio que, para ralentizar la tramitación de los expedientes obtener la suspensión de los procedimientos, los afectados debían recurrir los decretos y solicitar la suspensión de las demoliciones y las multas". Sin embargo, según los miembros de la asociación, el Consistorio ha contestado a los recursos presentados denegando las suspensiones, afirmando que 1a demolición de una vivienda no es un "daño irreparable" y penalizando la interposición de recursos con la imposición al afectado de nuevas multas. Del mismo modo, se lamentaron de que durante la tramitación de los recursos, el Ayuntamiento no suspenda la recaudación forzosa, dando lugar a embargos de cuentas y de casas. Desde el Consistorio explicaron que están dispuestos a apoyar a los vecinos dentro de la legalidad y que no tiene capacidad para suspender por vía administrativa los expedientes, "una vez que son actos firmes y consentidos por no haber sido recurridos en plazo". En el caso de las multas coercitivas, indicaron que "sólo se pueden suspender si se presenta recurso dentro del plazo establecido, aportando además un aval".El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez (PSOE), y los responsables municipales de Urbanismo, se han reunido en varias ocasiones con la Asociación para la regularización de viviendas, así como con la de Chaparral-Alberquilla, al objeto de encontrar soluciones, y se dará participación en la gestión a representantes de todos los afectados.Por el momento, según la Asociación por la regularización de viviendas, no hay otra solución que pedir la suspensión de los expedientes ante los Tribunales, y para ello es imprescindible que los plazos para recurrir no estén vencidos.El portavoz de la asociación manifestó que el Consistorio ha permitido durante años la construcción de viviendas en suelo no urbano, y que algunos vecinos han asegurado que al consultar sobre la legalidad o las consecuencias de llevar a cabo una construcción irregular, destacados miembros del Ayuntamiento transmitieron su tolerancia. Por su parte, desde el PP proponen "acordar en una Pleno la voluntad explícita para la regularización de viviendas en el término municipal e incorporar dichos términos y conceptos a la Revisión del PGOU".

Prisión incondicional para el ex edil del GIL José Ignacio Crespo y un ingeniero municipal (Málaga Hoy)

El fundador del PES, que aupó a la Alcaldía con un pacto de gobierno en 2003 a Antonio Barrientos, está acusado de cohecho, malversación, tráfico de influencias y blanqueo
La instructora de la operación Astapa contra la corrupción urbanística en Estepona dictó ayer las primeras órdenes de prisión incondicional sin fianza relacionadas con este caso. A media tarde, la juez Isabel Conejo decretó el ingreso en la cárcel del ex edil del GIL y fundador del Partido Estepona (PES), José Ignacio Crespo, y del ingeniero municipal de Obras Púbicas Javier Wittmeur, también vinculado al partido independiente creado por los ex gilistas para concurrir a las elecciones de 2003.Crespo, heredero del GIL en Estepona y ex primer teniente de alcalde del municipio entre 2003 y 2007 con el PES tras un pacto firmado con el alcalde socialista, Antonio Barrientos, fue detenido la noche del martes al llegar de viaje, después de pasar unos días con unos amigos en Murcia. Abogado madrileño, Crespo arribó en Estepona de la mano de Jesús Gil Marín y su estrecha relación con la familia Gil hizo que el patriarca, Jesús Gil, le confiara la organización de la campaña electoral de 1999. Llegó a ser el candidato frustrado a la Junta de Andalucía del GIL. Su hermana Ana María Crespo también ha caído en el marco de la operación Astapa y está en libertad provisional bajo fianza de 30.000 euros y acusada de blanqueo de capitales y cohecho.El edil del PES, en la oposición desde las últimas elecciones de 2003, llegó ayer a los juzgados con la cara tapada. La juez le imputa los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales, según fuentes judiciales.Javier Wittmeur, que llegó a las dependencias judiciales con la cara descubierta y aparentemente poco afectado, está acusado por la instructora de falsedad documental, fraude y malversación.Crespo y Wittmeur fueron trasladados al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona por la mañana, junto al arquitecto municipal Arturo Cebrián y el abogado Manuel Barroso, que es administrador único de la sociedad Ausol Estepona 2000, a la que recientemente se le adjudicó el servicio del depósito municipal de vehículos. Precisamente, Los Verdes de Estepona anunciaron hace apenas dos semanas que estudiaba recurrir la concesión porque la consideraba "sospechosa". La empresa, presuntamente, se constituyó el pasado 25 de abril, sólo un día después de la publicación del concurso de acondicionamiento, gestión, explotación y vigilancia del depósito municipal de vehículos, según Los Verdes. La mesa de contratación estuvo presidida por el edil de Hacienda, el socialista Francisco Zamorano, también detenido en esta operación. El abogado Juan Simón, primo del jefe de gabinete de la Alcaldía, José Flores, también detenido, fue trasladado a los juzgados, aunque la juez decidió posponer su declaración hasta hoy. Simón es socio de Barroso en un bufete.Barroso y el arquitecto municipal Arturo Cebrián declararon por la tarde y al cierre de esta edición, la juez aún no había decidido sobre su situación procesal. Lo mismo ocurrió con la edil socialista Asunción López, responsable de Cultura y Fiestas. Como en el caso anterior, al cierre de esta edición aún no había emitido ningún auto.El otro grupo al que la juez tenía previsto tomar declaración a última hora de la tarde eran las ediles de Playas y Educación, Marisa Rodríguez y Mariví López, respectivamente, y Pedro López, que fue gerente de Urbanismo con el PES durante el anterior mandato.Las ocho declaraciones de ayer se suman a las 13 que tuvieron lugar entre el martes por la tarde y el miércoles. Ese día, pasada la medianoche, la instructora dictó libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros para el constructor Antonio Bazán, propietario de la empresa Agrojardín, que está acusado provisionalmente de los delitos de fraude y malversación de caudales públicos. Para el técnico municipal Ignacio de la Hoz, imputado por presunto fraude y malversación, decretó libertad con fianza de 50.000 euros. Ambos están obligados a comparecer en el juzgados los días 1 y 15 de cada mes y tienen prohibido abandonar el país.Estas resoluciones judiciales se dictaron inmediatamente después de emitir los autos de los hermanos Félix y Vicente Delgado, propietarios de la constructora local Codelsa, a los que se fijó una fianza de 100.000 euros y están acusados de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. De momento, la fianza más elevada ha sido la del ex consejero delegado de la promotora Valle Romano, Luis Fernando Linares, de 500.000 euros. Tenía un plazo de tres días para abonarla desde el miércoles. Linares está imputado por los presuntos delitos de fraude, malversación y tráfico de influencias.

Plusvalías de más de 30 millones. Estepona (La Opinión)

Los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento permitían a los promotores obtener beneficios que en algunos casos alcanzaron los 5.000 millones de las antiguas pesetas
"Yo te dejo el suelo más barato, pero, a cambio, nos echas algo en el bote". Es una explicación que puede resultar banal, pero sirve como ejemplo para entender el mecanismo que supuestamente se seguía en el Ayuntamiento de Estepona para cobrar comisiones ilegales de las empresas promotoras con las que firmaba convenios urbanísticos. Éstas, por su parte, conseguían suelo barato que, una vez edificado, les reportaba beneficios que en algunos casos superaron los 30 millones de euros. La práctica era la siguiente: el consistorio cedía un terreno al promotor, tasando su valor por debajo del precio real y, a cambio, éste ingresaba parte de la diferencia en la otra caja, en la ´b´, la del dinero incontrolado, por decirlo de otra forma. Como ya se descubrió en el Ayuntamiento marbellí durante el desarrollo de la operación ´Malaya´, en este caso también había una contabilidad ´b´, que se engordaría con los beneficios obtenidos bajo cuerda y que, según publicó ayer El País, se repartía después entre los ediles corruptos, sus formaciones políticas (PSOE y PES) y para el pago de actos municipales de concejalías.Los investigadores del caso apenas han pegado ojo desde que el pasado martes se precipitara la operación ´Astapa´ que, por el momento, ha supuesto la detención de 26 personas, entre las que se incluye el alcalde del municipio, Antonio Barrientos. Documentación. Trabajan día y noche en el análisis de la numerosa documentación intervenida, donde se reflejan algunos de estos convenios urbanísticos millonarios de los que se habrían beneficiado muchos de los imputados en el caso. La mayoría está acusada de los delitos de cohecho, blanqueo, malversación de fondos públicos, falsedad, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio, entre otros. El montante total recaudado en ´b´ es aún una incógnita, pero fuentes cercanas a la investigación apuntaron que las plusvalías obtenidas con el desarrollo de estos negocios superan, en algunos de los casos investigados, los 30 millones de euros (5.000 millones de las antiguas pesetas), como ocurre con una urbanización situada en las afueras del municipio y cuyos beneficios se habría embolsado la empresa promotora tras ´agradecérselo´ debidamente al Consistorio, según las mismas fuentes.Corrupción ¿heredada? Esta estructura de cobro, con unas dependencias para Urbanismo y Hacienda separadas del resto de los despachos municipales -más agilidad para el ciudadano, pero también menos control-, era idéntica a la creada por Jesús Gil en Marbella y es probable que en el municipio se instaurara durante el mandato de su hijo, Jesús Gil Marín. Siguiendo ese mismo hilo de conjeturas, no descartan que el socialista Antonio Barrientos se encontrara con el entramado cuando ocupó definitivamente el poder en 2003 con el apoyo de los ex miembros del GIL -convertidos en PES- (tuvo un primer intento cuando su compañero de partido Antonio Caba dimitió en 2001, y fue desbancado meses después por una moción de censura que cedió el bastón de mando a Rosa Díaz, del PP). Ven factible que lo asumiera entonces para no perder los apoyos.

El suelo se encarece en Málaga, aunque cae un 7,7% en España (La Opinión)

El precio medio del metro cuadrado en España es de 250,9 euros y en la provincia es 57,3 euros más caro. Los empresarios dicen que el mercado está paralizado
La crisis del ladrillo ya se deja notar, incluso, en la materia prima de los constructores: el suelo. El Ministerio de la Vivienda hizo ayer públicos unos datos que revelan que el precio del metro cuadrado ha bajado en España una media del 7,7%, lo que, en definitiva, tendría que servir para bajar el coste final de la vivienda, dado que muchos empresarios justificaban la subida desorbitada de los pisos, en época de bonanza, en el importante incremento de la superficie urbanizable (entre un 40% y un 60% del precio de mercado del parque inmobiliario). Sin embargo, en Málaga no sólo no ha bajado, sino que ha subido. Un 1,9% en concreto, durante el primer trimestre de 2008.La provincia malagueña, junto con Sevilla y Cádiz, mantiene al alza el valor del terreno urbanizable (en Andalucía, cayó un 4,8% en el primer trimestre del año en relación con el primer trimestre de 2007, hasta alcanzar los 243,4 euros por metro cuadrado). La ministra Beatriz Corredor señaló ayer que el metro cuadrado vuelve al nivel que tenía en 2004, es decir, se ha situado en 250,9 euros de media en el territorio nacional. Sin embargo, en Málaga cuesta 308,2 euros, es decir, 57,3 euros más caro que en España y 64,8 euros más costoso que en Andalucía. En el resto de provincias andaluzas se registraron descensos en el precio del metro cuadrado de suelo urbano, de forma que en Granada descendió un 20,8% hasta los 172,9 euros; en Huelva descendió un 19,7% hasta los 200,6 euros; en Córdoba descendió un 11,4% hasta los 243 euros; en Almería bajó un 10,2% hasta los 324,3 euros; y en Jaén descendió un 0,7% hasta los 171,6 euros.Aunque todo depende del municipio, según Violeta Aragón, gerente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP). Es cierto, como asegura el Ministerio, que el precio del suelo subió un 1,9% en el primer trimestre de 2008, pero con matizaciones, ya que en las grandes ciudades el metro cuadrado se abarató un 4,8%. La mayor subida, por tanto, se ha registrado en los municipios medianos, de más de 10.000 habitantes pero menos de 50.000, donde el suelo urbano ha aumentado su precio un 10,8%.Transacciones. Entre enero y marzo, el número de compraventas de suelo realizadas en España ha sido de 8.892 operaciones, un 30,6% menos que las realizadas en el mismo periodo de tiempo de hace un año. Estas transacciones supusieron una superficie transmitida de 14,9 millones de metros cuadrados, por un valor de 4.245,9 millones de euros.El frenazo inmobiliario es una dolorosa evidencia que está agudizando la profunda desaceleración económica. Los empresarios malagueños dicen que el mercado está absolutamente paralizado. Juan Moreno, secretario de la ACP, sostiene que los datos ofrecidos ayer por la ministra "no reflejan la realidad del sector en la práctica". Moreno señala que la oferta de suelo es casi inexistente y que, por tanto, es difícil que sufra cambios el precio del metro cuadrado. De hecho, según el secretario de los promotores y constructores malagueños, las empresas que cuentan con reserva de suelo esperan a que mejore la situación para comenzar a construir.En esta misma idea ahonda Aragón, quien señala que el suelo urbanizable apenas existe debido a los retrasos en la aprobación de los nuevos planeamientos urbanos en la provincia.

Prisión sin fianza para el edil Crespo y un ingeniero municipal. Estepona (La Opinión)

La juez imputa al ex concejal del GIL y actual representante del PES los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y malversación, mientras que Javier Wittmeur está acusado de los supuestos ilícitos de falsedad en documento público y fraude
La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, decretó ayer prisión incondicional y sin fianza para el ex concejal del Grupo Independiente Liberal (GIL) y actual portavoz municipal del Partido de Estepona (PES), José Ignacio Crespo, y para el técnico de urbanismo Javier Wittmeur. Ambos declararon en la mañana de ayer ante la magistrada en el marco de la operación ´Astapa´ contra la corrupción urbanística y política en el municipio.Crespo fue detenido en la madrugada del miércoles y ayer la jueza lo envió a prisión por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. A Wittmeur se le achacan los ilícitos de falsedad en documento público, fraude a la Hacienda Pública y malversación de caudales. Por otro lado, el ex coordinador de Urbanismo con el PES, Pedro López, quedó en libertad bajo fianza de 300.000 euros. No podrá salir de España y deberá comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado. Está imputado por cohecho y malversación. Manuel Barroso, empresario cuya entidad es la encargada de gestionar el depósito de vehículos retirados de la vía pública -Ausol-, podrá eludir la prisión si abona 15.000 euros. Se le imputa un delito de blanqueo de capitales y las medidas cautelares adoptadas contra él son idénticas a las decididas sobre López.Ayer también declararon la edil de Educación, María Victoria López, y la responsable de Cultura, Asunción López. Según las familias, ambas quedaron en libertad bajo fianza de 30.000 euros, mientras que Marisa Rodríguez, delegada de Playas, deberá abonar 50.000 euros. Al cierre de esta edición, no se conocían los cargos que la juez les imputaba ni las medidas cautelares, al igual que ocurría con el arquitecto municipal Arturo Cebrián. Todos ellos comparecieron ayer ante la juez Isabel Conejo.Junto a Manuel Barroso, fue traslado ayer también ante la autoridad judicial el socio de éste, Juan Simón, aunque finalmente éste no declaró y se ha prorrogado su periodo de detención. Ambos están ligados a la concesionaria de la grúa.La mesa de contratación del servicio de retirada de coches de la vía pública fue presidida por el concejal de Hacienda de Estepona, Francisco Zamorano, también detenido en el marco de la operación ´Astapa´ y que podría prestar hoy declaración junto a otros compañeros de Corporación y el alcalde de la villa, Antonio Barrientos. El número de arrestados asciende ya a 26, aunque la operación contra la corrupción urbanística continúa abierta y en las próximas horas se producirán nuevas detenciones con seguridad. Anteriores declaraciones. Asimismo, otros trece de los detenidos han quedado en libertad con cargos, algunos de ellos con importantes de fianzas a satisfacer, en los dos primeros días de declaraciones judiciales. El miércoles pasado quedaron libres el ex consejero delegado de Valle Romano, Luis Fernando Linares, quien tendrá que hacer frente a una fianza de 500.000 euros, así como dos abogados de la empresa, que tendrán que pagar 100.000 euros para eludir la cárcel. Todos ellos están imputados por fraude y malversación, aunque los letrados suman a estos cargos el de tráfico influencias.El empresario local Enrique González Ceano también se libró de la cárcel al quedar en libertad con cargos, mientras que los hermanos Félix y Vicente Delgado, dueños de la constructora Codelsa, se librarán de la cárcel si abonan sendas fianzas de 100.000 euros. El empresario Antonio Bazán eludirá las rejas si paga al juzgado 300.000 euros, al tiempo que el arquitecto Ignacio de la Hoz debe abonar 50.000 euros. A estos ocho se suman los que declararon el pasado martes: el presidente del grupo cordobés Prasa, José Romero, que ayer abonó una fianza de 300.000 euros; Ana María Crespo, que debe hacer lo propio con 30.000, al igual que ocurre con el detenido J. L. C. A. En este sentido, M. C. H. y Andrés Flores, jefe del servicio jurídico de Urbanismo, quedaron libres con cargos. Entre los delitos que se imputan a los detenidos se encuentran malversación, falsedad, cohecho, blanqueo, tráfico de influencias y fraude a la Hacienda Pública. A medida que continúen las declaraciones, es posible que se añadan a estos ilícitos los de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios públicos y contra la ordenación del territorio.Inicio. Un fleco de la operación ´Malaya´, en virtud de un convenio ilegal ratificado por la Corporación esteponera, precipitó la investigación. En concreto, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han realizado 32 registros en empresas y domicilios de cinco provincias (Málaga, Madrid, Córdoba, Vizcaya y Guipúzcoa), y se incautaron de abundante documentación y ordenadores. En la sede de Urbanismo de Estepona, por ejemplo, se hicieron con todos los expedientes urbanísticos de los últimos cinco años.

Vecinos piden al Consistorio de Mijas que pare las demoliciones (La Opinión)

El equipo de gobierno municipal insiste en ofrecer su colaboración y en que sólo las puede paralizar un juez
Muchos mijeños viven estos días episodios de una gran angustia ante el temor de que sus viviendas ilegales puedan ser derruidas. Ante esta situación, la asociación para la regularización de las viviendas de Mijas manifestó ayer su oposición frente al equipo de gobierno del Ayuntamiento al considerar que no actúa con todas las armas legales que tiene a su alcance a la hora de ralentizar los expedientes de demolición, que a su vez, son promovidos por el propio Consistorio. El presidente de la asociación vecinal, Juan Antonio Blanco, aseguró que si se paraliza el proceso de revisión de los expedientes todos los vecinos pueden esperar a que llegue el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ver qué ocurre con sus casas. Blanco, denunció que los anteriores equipos de gobierno del Ayuntamiento mijeño han permitido durante años la construcción de estas viviendas y que ahora los ciudadanos pagan las consecuencias.Colaboración. Por su parte el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de encontrar soluciones al asunto. Desde el Consistorio se han puesto todas las medidas posibles al alcance de los ciudadanos pero el caso de este municipio no es comparable al de otras localidades. Los vecinos han sido los que han construido las viviendas a título personal y, habitualmente, en suelo rústico. No se trata de urbanizaciones que luego se han recalificado, explican desde la Administración local.El Ayuntamiento no tiene capacidad legal para suspender por vía administrativa los expedientes del restablecimiento del orden jurídico perturbado. A su vez, el Consistorio afirma que si el propietario ha interpuesto un recurso contencioso es únicamente el juez quien puede decidir.

Alhaurín el Grande estrenará en otoño el nuevo pabellón deportivo (SUR)


El Ayuntamiento adjudica los trabajos de electricidad y las cubiertas del edificio. La inversión asciende a dos millones

Para el próximo otoño podría estar finalizado el segundo pabellón cubierto del polideportivo municipal de Alhaurín el Grande, según las previsiones dadas a conocer por el alcalde, Juan Martín Serón. El recinto, que se encuentra junto al pabellón ya existente y cuyas obras están muy avanzadas, encara ya su recta final después de que hace unos días el Ayuntamiento adjudicara los trabajos de electricidad y la colocación de las cubiertas ligeras, según informó el Consistorio. El presupuesto total de este segundo recinto cubierto es de dos millones de euros, de los que la Junta de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Empleo sufraga 957.000 euros, mientras que el importe restante corre a cargo del Ayuntamiento alhaurino. Como se recordará, las obras fueron iniciadas a principios del pasado año por la Escuela Taller Fahala VI. Tras concluir el periodo de prácticas del centro, los trabajos prosiguieron de la mano de un equipo de monitores y una decena de alumnos salidos de la misma escuela taller. El nuevo pabellón cubierto ocupa 1.700 metros cuadrados construidos, en los que se incluye una pista polivalente de 26 por 14 metros. Asimismo, dispone de equipamientos complementarios tales como oficinas, servicios, vestuarios, enfermería, cafetería y almacén, «con soluciones arquitectónicas y de diseño moderno», según un portavoz municipal. La pista estará rodeada de tres gradas, las cuales dispondrán de accesos especiales para discapacitados. También habrá una comunicación directa entre los dos pabellones cubiertos. Su diseño posibilitará además darle un uso social y cultural, con idea de que acoja diversos eventos populares. El primer edil ha destacado la importancia para la localidad de contar con un segundo pabellón, lo que permitirá descongestionar el actual, el cual, según añadió, se encuentra a pleno rendimiento durante todo el año por la gran demanda existente.

El avance del Plan General de Ordenación Urbana se hará público en un mes. Ronda (SUR)


La recién estrenada concejala de Ordenación del Territorio y Vivienda, María José Martín de Haro, ha anunciado que el documento de avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ronda será publicado en el plazo de un mes, momento a partir del cual será sometido a exposición pública durante tres meses para que los ciudadanos y sectores interesados puedan presentar las alegaciones correspondientes. El alcalde de la ciudad, Antonio Marín, ya ha firmado el edicto que permitirá publicar el documento en base al acuerdo adoptado en la última sesión plenaria de diciembre de 2007, por lo que el documento acumula un retraso de casi tres años según la programación prevista. Del mismo modo, el Ayuntamiento ha habilitado una oficina que recepcionará las alegaciones y ofrecerá información sobre el avance. Las instalaciones están ubicadas en los antiguos Juzgados de la ciudad. El retraso del PGOU ha provocado el malestar en sectores como el de los agricultores, que rechazan la protección especial de 16.000 hectáreas de cultivos en término municipal y el de los constructores, arquitectos y promotores puesto que el número de viviendas proyectadas se ha reducido a la mitad (de 8.000 a 4.000) como consecuencia de la adaptación del documento al Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (POTA).

Una inmobiliaria del municipio organiza una subasta de viviendas. Vélez-Málaga (SUR)


El grupo inmobiliario Costahogar ha organizado la subasta de viviendas que se realizará en el municipio. La iniciativa persigue facilitar a las personas interesadas en adquirir una vivienda poder hacerlo en una condiciones más ventajosas, ya que todos los inmuebles partirán de un precio inferior al de mercado, entre un 10 y 30 por ciento.Fuentes de la empresa, que tiene su sede en el municipio veleño, han señalado que los vendedores han aceptado rebajar el precio de sus viviendas, que son de renta libre y de nueva construcción, para poder participar en la subasta, que tendrá lugar previsiblemente a mediados de julio.Este sistema de venta es nuevo en al comarca de la Axarquía, ya que nunca antes de había utilizado para vender viviendas. Según Costahogar, en el paquete de inmuebles que saldrán a subasta las hay que están ubicadas en Vélez, Torre del Mar y Torrox-Costa, entre otros puntos.

Los afectados cifran en 8.000 las construcciones irregulares, de las que 2.000 ya están expedientadas. Mijas (SUR)


La asociación por la regularización critica que el Ayuntamiento no paralice los procedimientos sancionadores, mientras éste asegura no tener potestad para hacerlo

La Asociación por la Regularización de Viviendas en Mijas, presidida por Juan Antonio Blanco, denunció ayer la actitud mostrada por el Ayuntamiento con el tratamiento de la regularización, ya que « continúa dictando órdenes de demolición e imponiendo cuantiosas multas a los afectados». Según se explicó desde la asociación, el Consistorio afirma que «la demolición de una vivienda no es un daño irreparable».Hasta ahora, y según informó el propio Blanco «sólo hay expedientes urbanísticos abiertos contra una cuarta parte de las construcciones ilegales del municipio, donde se estiman unas 8.000 edificaciones irregulares». Para el presidente de la asociación «no deja de sorprender que normalmente las viviendas expedientadas son las más humildes, excluyendo las construcciones más lujosas y las casas edificadas con ánimo especulativo».Según los miembros de la asociación, el propio Ayuntamiento «ha cometido irregularidades en los expedientes de demolición alterando el trámite de la Audiencia», que posibilita al expedientado conocer el informe sancionador antes de la propuesta de resolución. Esta omisión, a su juicio, afecta al derecho de defensa del expedientado. Pese a esta irregularidad, el Consistorio se niega a anular los expedientes excusándose en que «el hecho de que no exista este trámite no es una causa de indefensión».Desde la asociación se continúa animando a todos los afectados a que «se recurran los expedientes y se acuda a los tribunales». Además, la plataforma ha organizado una asamblea general para el próximo 5 de julio en el Auditorio Municipal en la que los afectados estudiarán qué estrategias seguir para agilizar la regularización.
Tribunales
La asociación ha presentado durante el último mes varios contenciosos ante los tribunales para la paralización de expedientes sancionadores, aunque por ahora no ha habido un pronunciamiento judicial. Por parte del Consistorio se asegura que «es el juez quien tiene que dictar la suspensión de los expedientes y que en ningún caso se oponen a la suspensión de la sentencia siempre que se acredite adecuadamente que se trata de la única vivienda de la familia». Además, insistieron en que «una vez que son actos firmes por no haber sido recurridos en plazo, el Ayuntamiento no tiene capacidad legal para suspender los expedientes por vía administrativa». En el caso de las multas coercitivas, se pueden suspender tras la presentar un recurso y aportar un aval.Por su parte, el PP recordó la propuesta formulada en el pleno de abril, de la que aún no han tenido respuesta, según la cual la adopción de un acuerdo unánime de la Corporación posibilitaría solicitar a los juzgados la paralización de los expedientes de demolición de viviendas irregulares y así ganar tiempo hasta su regularización vía Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Impulsan la recuperación de los Jardines del Muro, que costeará el adjudicatario del bar y la terraza. Benalmádena (SUR)


El nuevo concesionario deberá realizar las obras de mejora, por valor de 80.000 euros, en un plazo de dos meses. Parques y Jardines se encargará de acondicionar el entorno

El deterioro al que los Jardines del Muro se han visto sometidos en los últimos años obliga a realizar una fuerte inversión para recuperar uno de los rincones más emblemáticos de Benalmádena Pueblo. Pero la delicada situación de las arcas municipales no permite acometer este proyecto de mejora, de ahí que el pleno municipal aprobara ayer -con la abstención de todos los grupos de la oposición- sacar a concurso la explotación del bar y la terraza de este paraje, cuyo adjudicatario estará obligado a realizar en el plazo de dos meses una serie de obras de mejora en las instalaciones. «Recuperar el bar del templete y todo el entorno suponía un desembolso superior a los 80.000 euros que nos resultaba complicado asumir teniendo en cuenta la situación deficiente de las arcas municipales. Por ello, nos ha parecido interesante sacar un pliego de condiciones para que el adjudicatario del bar se ocupe de estos arreglos», explicó la teniente de alcalde de Benalmádena Pueblo, Sandra Martín.El documento contempla, además del mantenimiento del entorno durante los 15 años de concesión, la creación de nuevos servicios públicos, la correcta conexión de las instalaciones con las redes de abastecimiento de agua, energía eléctrica y saneamiento, además de abordar la pintura de las instalaciones, arreglar las pérgolas de madera del establecimiento y recuperar las luminarias. En cuanto al arreglo y acondicionamiento de los jardines previos a la apertura del bar, la labor corresponderá a los empleados de Parques y Jardines.La intención municipal es que el establecimiento sirva de incentivo para la recuperación de este espacio, aunque cumpliendo con unos horarios de apertura y cierre «prudentes» para no molestar a los vecinos. «Queremos que las excelentes terrazas y vistas de los Jardines del Muro vuelvan a estar dotadas de vida, que vuelvan a recuperarse como uno de los principales atractivos turísticos de nuestro pueblo», concluyó la edil.

Rafael Duarte, concejal de Urbanismo: «Si no estoy implicado, espero que se vea como algo normal y no extraño» (SUR)


El concejal de Urbanismo asegura que detectó «excesos» y «anomalías» que eran fruto del gobierno en coalición con los ex concejales del GIL
Dicen de él que es el adalid de la legalidad. Desde que puso un pie en el Ayuntamiento hace un año Rafael Duarte convirtió el rigor en la piedra angular de su gestión, máxime cuando tenía que enderezar la herencia de ex gilistas, salpicada por irregularidades que nunca escondió. Ahora se enfrenta a la peor papeleta: La detención de cinco de sus compañeros y un interminable registro de la sede de Urbanismo, delegación que ostenta.
Llegó después de poner orden en la situación urbanística de Marbella, tras la 'operación Malaya'. ¿Venía aquí con la misma intención?
Llegué por un compromiso personal con el alcalde, Antonio Barrientos, que encontró en mi función en la gestora marbellí un perfil adecuado para asumir la delegación de Urbanismo con rigor y solvencia. Él tenía la lección aprendida. Tras los últimos cuatro años donde en el tiempo de gobierno en coalición con el grupo PES (ex giles) había apreciado algunos excesos en la gestión urbanística que no quería que se repitieran.
¿Durante este tiempo ha detectado situaciones irregulares?
Lo que se nota en un Ayuntamiento que ha vivido una época muy acelerada de crecimiento es que estos aumentos llevan consigo crecimientos de toda la estructura municipal y eso genera disfunciones en las resoluciones administrativas. He visto excesos y anomalías, pero nada comparable a lo de Marbella.
¿Cuáles son esas diferencias?
En Marbella había un comportamiento desaforado y apartado de la legalidad muy grave y evidente en sus manifestaciones, y muy prolongado en el tiempo. Era una desfachatez. Me duele escuchar a la alcaldesa de Marbella pedir ahora elecciones intentando comparar un suceso con otro cuando la diferencia es abismal. Aquí lo que puede haber, a lo sumo, son algunos excesos puntuales.Ha abierto expedientes a empresas sin licencias y ha sacado a la luz adjudicaciones ilegales.
¿Esta labor está vinculada con lo investigado?
Siempre que hay un cambio en Urbanismo hay un cambio de criterio. Desde que llegué ha habido cambios importantes en la gestión para eliminar los vestigios que quedaban de los herederos del GIL porque no teníamos confianza en ellos. Se reforzaron los controles buscando una legalidad y la mayor idoneidad en las resoluciones. Ha habido un cambio.
¿Cree que la gestión que se hizo en el anterior mandato en Urbanismo, dirigido por Barrientos, fue la correcta?
Fue la única posible a la vista de la conformación que tenía el gobierno. Era un gobierno muy complejo sostenido en un pacto con personas cuya honorabilidad está en entredicho porque una parte de ellos han sido condenados por el Tribunal de Cuentas (en referencia a José Ignacio Crespo) y también por antecedentes claros del grupo del que provienen (GIL) y eso puede haber afectado en la tramitación de algunos asuntos. Resulta llamativo que una operación contra la corrupción urbanística no salpique al concejal del área.La operación no es sólo de carácter urbanística, sino que comprende ramas muy diversas en la función del Ayuntamiento y es justo reconocer que afecta a Hacienda y a la contratación de personal, entre otros. Dicho esto, si no estoy implicado espero que no se valore como algo extraño sino como algo normal. Sólo llevo un año y una gran parte de los hechos que son objetos de esta operación policial se remontan a tiempo atrás. Situación desagradableEstuvo presente en el registro de Urbanismo.
¿Cómo se desarrolló?
Estuve durante las más de 15 horas que duró y la situación era desagradable pero en todo momento mantuvimos buena comunicación.
¿Qué documentación solicitaron?
Los registros iban vinculados con aspectos muy generales de las decisiones administrativas, muchos de ellos de pura normalidad en el funcionamiento de los ayuntamientos. No de operaciones inmobiliarias grandes o operaciones de Hacienda de gran resonancia.
¿Qué escenario se abre ahora para el Ayuntamiento de Estepona?
Es un escenario de incertidumbre. Estamos en una situación de transición donde el alcalde accidental no pertenece al PSOE y que tiene que desempeñar esa tarea hasta que se resuelva la situación personal de Barrientos. Tenemos que esperar a ver cuáles son las decisiones judiciales y a partir de entonces tomar las nuestras para retomar la normalidad. Asume ahora la portavocía del PSOE.
¿Está dispuesto a ser el alcalde?
Mis compañeros han decidido que de forma transitoria haga las funciones de portavoz, sin haber sido designado formalmente. La situación de quién va a ser alcalde no puedo hacerla depender del número que ocupo en la lista. Tiene que valorarse a la persona idónea para afrontar el resto de la legislatura, que va a ser compleja y hay que esperar a la nueva conformación de la lista.
Si se le propusiera, ¿estaría dispuesto a asumir la Alcaldía?
Si el partido me lo exige y me lo proponen mis compañeros no creo que vaya a abandonar este barco. Eso es un sí.Si mis compañeros determinaran que soy la persona más adecuada para asumir la Alcaldía, no diría que no, pero no creo que ahora me pueda plantear dejar Urbanismo.

Dictan las dos primeras órdenes de prisión para Crespo y un técnico (SUR)

Prisión incondicional sin fianza para dos de los 26 detenidos en el golpe a la corrupción urbanística con epicentro en Estepona. La jueza que instruye la bautizada como 'Operación Astapa' dictó ayer las dos primeras órdenes de este calibre para José Ignacio Crespo, ex edil del Grupo Independiente Liberal (GIL) y actual portavoz y concejal del Partido Estepona (PES), y para el ingeniero X. W, según informaron fuentes judiciales. Son las dos primeras órdenes de ingreso en prisión decretadas por la instructora de la causa, que hasta ayer había decidido la libertad provisional para los trece que pasaron a disposición judicial en las dos primeras jornadas. Con las fianzas de ayer, éstas oscilan entre los 15.000 y 500.000 euros, y sobre todos los detenidos pesan cargos.A Crespo, detenido en la madrugada del martes después de que arrestaran a su hermana en la misma operación, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, le imputa los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. En cambio a X. W., le acusa de falsedad en documento público, fraude y malversación.Crespo, abogado madrileño que engrosó en las filas gilistas de la mano del ex alcalde esteponero Jesús Gil Marín, fue el primero de los ocho previstos ayer en prestar declaración ante la jueza. Lo hizo durante cerca de dos horas; la mitad del tiempo que empleó X. W., que también fue enviado ayer a prisión. La salida de ambos, prácticamente al unísono, causó un gran revuelo entre el centenar de personas, entre vecinos, familiares, compañeros de trabajo y medios de comunicación, que se dieron cita por la tarde en las inmediaciones de la sede judicial, sita en la avenida Juan Carlos I.
Más comparecencias
Al cierre de esta edición, ya habían testificado el arquitecto municipal Arturo Cebrián, para el que la magistrada dictaminó libertad bajo fianza de 30.000 euros; el presidente de una empresa de grúas, M. B. (para el que se decretó libertad bajo fianza de 15.000 euros); y Pedro López, ex gerente de Urbanismo con el Partido Estepona (PES) durante el anterior mandato, para el que la jueza dictó libertad bajo fianza de 300.000 euros por los presuntos delitos de cohecho y malversación.Las concejalas de Cultura, María Asunción López; Educación, María Victoria López Cabezón; y Playas, María Luisa Rodríguez Pino, también comparecieron ante la magistrada, que decretó libertad bajo fianza de 30.000 euros las dos primeras y 50.000 euros en el caso de la edil de Playas. Eran casi las dos de la mañana, y María Luisa Rodríguez Pino, visiblemente emocionada, fue la única que hizo declaraciones a los periodistas: «Estoy bien, pero ha sido terrible», dijo Rodríguez, que aseguró ser «totalmente inocente» y fue recibida con aplausos y gritos de ánimo por un grupo de familiares y amigos.Hoy está previsto que desfilen por los juzgados el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), el concejal de Hacienda, Francisco José Zamorano (PSOE), el edil Manuel Reina (PES), el jefe del gabinete de Alcaldía, José Flores, y Juan Simón, miembro de la ejecutiva del PSOE local. A todos ellos la jueza Isabel Conejo les prorrogó las órdenes de detención, ya que fueron arrestados el pasado lunes. Fuentes de la constructora Prasa aseguraron ayer que el máximo responsable de la empresa José Romero había abonado los 300.000 euros de fianza que le había impuesto la jueza para eludir la prisión.

Una treintena de convenios centran la investigación de la trama de Estepona (SUR)


En los acuerdos urbanísticos se incluían donaciones al Ayuntamiento que podrían haber ido a parar a los bolsillos de particulares. Las investigaciones revelan «un hervidero de tráfico de influencias»
La investigación sobre la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona no ha hecho más que empezar. Así lo indican fuentes del caso, que esperan que la documentación intervenida en los registros en dependencias municipales dé fruto en breve. De momento, los expertos analizan unos treinta convenios urbanísticos suscritos por el alcalde Antonio Barrientos con distintas empresas promotoras y constructoras en el periodo 2003-2007, que constituirían, presuntamente, una de las principales fuentes de financiación municipal. En los convenios se acordaban cantidades que figuraban como donaciones al Ayuntamiento, aunque no se precisaban sus fines. Ahora se trata de establecer el destino de este dinero, sobre el que, al parecer, no existía ningún control ni fiscalización, y que podría haber ido a parar a bolsillos particulares de los imputados y a financiar al PSOE y al PES (algunos de cuyos integrantes procedían del GIL). Además, las pesquisas tratan de concretar la supuesta adjudicación a dedo de determinados servicios públicos a cambio de contraprestaciones económicas y la colocación de familiares y amigos en el consistorio.«En algunas ocasiones las donaciones eran de cantidades equivalentes a las contraprestaciones de los aprovechamientos de suelo fijados en los convenios», explican fuentes del caso. De cualquier forma, afirman que existen «indicios serios» de que la valoración que se hacía del suelo objeto del convenio estaba siempre por debajo del precio de mercado y que, por tanto, eran perjudiciales y contrarios a los intereses del Ayuntamiento de Estepona. A cambio las empresas recibirían contraprestaciones urbanísticas. De hecho, en uno de sus autos la jueza que instruye el caso asegura que existen indicios de que empresarios, o profesionales vinculados a éstos, habrían intentado conseguir convenios urbanísticos «muy favorables» a través de «retribuciones varias a autoridades y técnicos», según fuentes judiciales. Los expertos policiales tratan de seguir el rastro del dinero de las donaciones, que no tenían un fin predeterminado, y sobre el que no se habría ejercido una fiscalización alguna.Asimismo, las pesquisas se centran también en la identificación de los mecanismos de ocultación del dinero de procedencia ilícita y en el blanqueo del mismo. Al parecer, los imputados podrían utilizar como instrumentos a determinadas empresas que facturarían entre si y con el Ayuntamiento el pago de distintos servicios. En esta cuestión la averiguación patrimonial puede ser decisiva para determinar el presunto blanqueo.Las investigaciones tratan de concretar el montante de dinero al que asciende la 'caja B' del Ayuntamiento de Estepona, aunque, en principio, parece inferior al del 'caso Malaya'. Las fuentes señalan que hasta la fecha se habría podido comprobar fehacientemente sólo un pago de 42.000 euros.
Tráfico de influencias
Lo que sí han revelado las primeras pesquisas a través de las intervenciones telefónicas que han motivado algunos de los arrestos es que el Ayuntamiento de Estepona eran un «hervidero de tráfico de influencias». Así califican las fuentes las numerosas conversaciones captadas durante la investigación entre miembros y técnicos de la corporación municipal referidas a tratos de favor, prebendas, colocaciones de personas a dedo y adjudicaciones de servicios públicos a determinadas empresas. Este 'modus operandi' parecía estar implantado en el consistorio de Estepona, a donde habrían llegado contratados para trabajar en él familiares y amigos de miembros y técnicos de la corporación. Asimismo, este sistema de favores revela también, según las fuentes, una forma de obtener rédito electoral que se asemejaría a la fórmula empleada por el antiguo GIL en la vecina Marbella.