Los afectados pedirán la suspensión de los expedientes ante los tribunales
La Asociación por la Regularización de las Viviendas de Mijas continúa luchando para solucionar su problema y apuesta por hacerlo mediante la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pendiente de aprobarse en el municipio. El colectivo pretende hacer frente a los expedientes de demolición promovidos por el Ayuntamiento, que afectan a unas dos mil viviendas, y arremetió ayer contra la actuación municipal por acelerar la tramitación de los expedientes, algo que negaron desde el Consistorio.El presidente de la asociación, Juan Antonio Blanco, denunció que "el Ayuntamiento nos recomendó desde el principio que, para ralentizar la tramitación de los expedientes obtener la suspensión de los procedimientos, los afectados debían recurrir los decretos y solicitar la suspensión de las demoliciones y las multas". Sin embargo, según los miembros de la asociación, el Consistorio ha contestado a los recursos presentados denegando las suspensiones, afirmando que 1a demolición de una vivienda no es un "daño irreparable" y penalizando la interposición de recursos con la imposición al afectado de nuevas multas. Del mismo modo, se lamentaron de que durante la tramitación de los recursos, el Ayuntamiento no suspenda la recaudación forzosa, dando lugar a embargos de cuentas y de casas. Desde el Consistorio explicaron que están dispuestos a apoyar a los vecinos dentro de la legalidad y que no tiene capacidad para suspender por vía administrativa los expedientes, "una vez que son actos firmes y consentidos por no haber sido recurridos en plazo". En el caso de las multas coercitivas, indicaron que "sólo se pueden suspender si se presenta recurso dentro del plazo establecido, aportando además un aval".El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez (PSOE), y los responsables municipales de Urbanismo, se han reunido en varias ocasiones con la Asociación para la regularización de viviendas, así como con la de Chaparral-Alberquilla, al objeto de encontrar soluciones, y se dará participación en la gestión a representantes de todos los afectados.Por el momento, según la Asociación por la regularización de viviendas, no hay otra solución que pedir la suspensión de los expedientes ante los Tribunales, y para ello es imprescindible que los plazos para recurrir no estén vencidos.El portavoz de la asociación manifestó que el Consistorio ha permitido durante años la construcción de viviendas en suelo no urbano, y que algunos vecinos han asegurado que al consultar sobre la legalidad o las consecuencias de llevar a cabo una construcción irregular, destacados miembros del Ayuntamiento transmitieron su tolerancia. Por su parte, desde el PP proponen "acordar en una Pleno la voluntad explícita para la regularización de viviendas en el término municipal e incorporar dichos términos y conceptos a la Revisión del PGOU".
La Asociación por la Regularización de las Viviendas de Mijas continúa luchando para solucionar su problema y apuesta por hacerlo mediante la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pendiente de aprobarse en el municipio. El colectivo pretende hacer frente a los expedientes de demolición promovidos por el Ayuntamiento, que afectan a unas dos mil viviendas, y arremetió ayer contra la actuación municipal por acelerar la tramitación de los expedientes, algo que negaron desde el Consistorio.El presidente de la asociación, Juan Antonio Blanco, denunció que "el Ayuntamiento nos recomendó desde el principio que, para ralentizar la tramitación de los expedientes obtener la suspensión de los procedimientos, los afectados debían recurrir los decretos y solicitar la suspensión de las demoliciones y las multas". Sin embargo, según los miembros de la asociación, el Consistorio ha contestado a los recursos presentados denegando las suspensiones, afirmando que 1a demolición de una vivienda no es un "daño irreparable" y penalizando la interposición de recursos con la imposición al afectado de nuevas multas. Del mismo modo, se lamentaron de que durante la tramitación de los recursos, el Ayuntamiento no suspenda la recaudación forzosa, dando lugar a embargos de cuentas y de casas. Desde el Consistorio explicaron que están dispuestos a apoyar a los vecinos dentro de la legalidad y que no tiene capacidad para suspender por vía administrativa los expedientes, "una vez que son actos firmes y consentidos por no haber sido recurridos en plazo". En el caso de las multas coercitivas, indicaron que "sólo se pueden suspender si se presenta recurso dentro del plazo establecido, aportando además un aval".El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez (PSOE), y los responsables municipales de Urbanismo, se han reunido en varias ocasiones con la Asociación para la regularización de viviendas, así como con la de Chaparral-Alberquilla, al objeto de encontrar soluciones, y se dará participación en la gestión a representantes de todos los afectados.Por el momento, según la Asociación por la regularización de viviendas, no hay otra solución que pedir la suspensión de los expedientes ante los Tribunales, y para ello es imprescindible que los plazos para recurrir no estén vencidos.El portavoz de la asociación manifestó que el Consistorio ha permitido durante años la construcción de viviendas en suelo no urbano, y que algunos vecinos han asegurado que al consultar sobre la legalidad o las consecuencias de llevar a cabo una construcción irregular, destacados miembros del Ayuntamiento transmitieron su tolerancia. Por su parte, desde el PP proponen "acordar en una Pleno la voluntad explícita para la regularización de viviendas en el término municipal e incorporar dichos términos y conceptos a la Revisión del PGOU".
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