El equipo de gobierno municipal insiste en ofrecer su colaboración y en que sólo las puede paralizar un juez
Muchos mijeños viven estos días episodios de una gran angustia ante el temor de que sus viviendas ilegales puedan ser derruidas. Ante esta situación, la asociación para la regularización de las viviendas de Mijas manifestó ayer su oposición frente al equipo de gobierno del Ayuntamiento al considerar que no actúa con todas las armas legales que tiene a su alcance a la hora de ralentizar los expedientes de demolición, que a su vez, son promovidos por el propio Consistorio. El presidente de la asociación vecinal, Juan Antonio Blanco, aseguró que si se paraliza el proceso de revisión de los expedientes todos los vecinos pueden esperar a que llegue el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ver qué ocurre con sus casas. Blanco, denunció que los anteriores equipos de gobierno del Ayuntamiento mijeño han permitido durante años la construcción de estas viviendas y que ahora los ciudadanos pagan las consecuencias.Colaboración. Por su parte el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de encontrar soluciones al asunto. Desde el Consistorio se han puesto todas las medidas posibles al alcance de los ciudadanos pero el caso de este municipio no es comparable al de otras localidades. Los vecinos han sido los que han construido las viviendas a título personal y, habitualmente, en suelo rústico. No se trata de urbanizaciones que luego se han recalificado, explican desde la Administración local.El Ayuntamiento no tiene capacidad legal para suspender por vía administrativa los expedientes del restablecimiento del orden jurídico perturbado. A su vez, el Consistorio afirma que si el propietario ha interpuesto un recurso contencioso es únicamente el juez quien puede decidir.
Muchos mijeños viven estos días episodios de una gran angustia ante el temor de que sus viviendas ilegales puedan ser derruidas. Ante esta situación, la asociación para la regularización de las viviendas de Mijas manifestó ayer su oposición frente al equipo de gobierno del Ayuntamiento al considerar que no actúa con todas las armas legales que tiene a su alcance a la hora de ralentizar los expedientes de demolición, que a su vez, son promovidos por el propio Consistorio. El presidente de la asociación vecinal, Juan Antonio Blanco, aseguró que si se paraliza el proceso de revisión de los expedientes todos los vecinos pueden esperar a que llegue el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ver qué ocurre con sus casas. Blanco, denunció que los anteriores equipos de gobierno del Ayuntamiento mijeño han permitido durante años la construcción de estas viviendas y que ahora los ciudadanos pagan las consecuencias.Colaboración. Por su parte el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de encontrar soluciones al asunto. Desde el Consistorio se han puesto todas las medidas posibles al alcance de los ciudadanos pero el caso de este municipio no es comparable al de otras localidades. Los vecinos han sido los que han construido las viviendas a título personal y, habitualmente, en suelo rústico. No se trata de urbanizaciones que luego se han recalificado, explican desde la Administración local.El Ayuntamiento no tiene capacidad legal para suspender por vía administrativa los expedientes del restablecimiento del orden jurídico perturbado. A su vez, el Consistorio afirma que si el propietario ha interpuesto un recurso contencioso es únicamente el juez quien puede decidir.
No hay comentarios:
Publicar un comentario