Los afectados cifran en 8.000 las construcciones irregulares, de las que 2.000 ya están expedientadas. Mijas (SUR)

La asociación por la regularización critica que el Ayuntamiento no paralice los procedimientos sancionadores, mientras éste asegura no tener potestad para hacerlo

La Asociación por la Regularización de Viviendas en Mijas, presidida por Juan Antonio Blanco, denunció ayer la actitud mostrada por el Ayuntamiento con el tratamiento de la regularización, ya que « continúa dictando órdenes de demolición e imponiendo cuantiosas multas a los afectados». Según se explicó desde la asociación, el Consistorio afirma que «la demolición de una vivienda no es un daño irreparable».Hasta ahora, y según informó el propio Blanco «sólo hay expedientes urbanísticos abiertos contra una cuarta parte de las construcciones ilegales del municipio, donde se estiman unas 8.000 edificaciones irregulares». Para el presidente de la asociación «no deja de sorprender que normalmente las viviendas expedientadas son las más humildes, excluyendo las construcciones más lujosas y las casas edificadas con ánimo especulativo».Según los miembros de la asociación, el propio Ayuntamiento «ha cometido irregularidades en los expedientes de demolición alterando el trámite de la Audiencia», que posibilita al expedientado conocer el informe sancionador antes de la propuesta de resolución. Esta omisión, a su juicio, afecta al derecho de defensa del expedientado. Pese a esta irregularidad, el Consistorio se niega a anular los expedientes excusándose en que «el hecho de que no exista este trámite no es una causa de indefensión».Desde la asociación se continúa animando a todos los afectados a que «se recurran los expedientes y se acuda a los tribunales». Además, la plataforma ha organizado una asamblea general para el próximo 5 de julio en el Auditorio Municipal en la que los afectados estudiarán qué estrategias seguir para agilizar la regularización.

Tribunales

La asociación ha presentado durante el último mes varios contenciosos ante los tribunales para la paralización de expedientes sancionadores, aunque por ahora no ha habido un pronunciamiento judicial. Por parte del Consistorio se asegura que «es el juez quien tiene que dictar la suspensión de los expedientes y que en ningún caso se oponen a la suspensión de la sentencia siempre que se acredite adecuadamente que se trata de la única vivienda de la familia». Además, insistieron en que «una vez que son actos firmes por no haber sido recurridos en plazo, el Ayuntamiento no tiene capacidad legal para suspender los expedientes por vía administrativa». En el caso de las multas coercitivas, se pueden suspender tras la presentar un recurso y aportar un aval.Por su parte, el PP recordó la propuesta formulada en el pleno de abril, de la que aún no han tenido respuesta, según la cual la adopción de un acuerdo unánime de la Corporación posibilitaría solicitar a los juzgados la paralización de los expedientes de demolición de viviendas irregulares y así ganar tiempo hasta su regularización vía Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).