En los acuerdos urbanísticos se incluían donaciones al Ayuntamiento que podrían haber ido a parar a los bolsillos de particulares. Las investigaciones revelan «un hervidero de tráfico de influencias»
La investigación sobre la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona no ha hecho más que empezar. Así lo indican fuentes del caso, que esperan que la documentación intervenida en los registros en dependencias municipales dé fruto en breve. De momento, los expertos analizan unos treinta convenios urbanísticos suscritos por el alcalde Antonio Barrientos con distintas empresas promotoras y constructoras en el periodo 2003-2007, que constituirían, presuntamente, una de las principales fuentes de financiación municipal. En los convenios se acordaban cantidades que figuraban como donaciones al Ayuntamiento, aunque no se precisaban sus fines. Ahora se trata de establecer el destino de este dinero, sobre el que, al parecer, no existía ningún control ni fiscalización, y que podría haber ido a parar a bolsillos particulares de los imputados y a financiar al PSOE y al PES (algunos de cuyos integrantes procedían del GIL). Además, las pesquisas tratan de concretar la supuesta adjudicación a dedo de determinados servicios públicos a cambio de contraprestaciones económicas y la colocación de familiares y amigos en el consistorio.«En algunas ocasiones las donaciones eran de cantidades equivalentes a las contraprestaciones de los aprovechamientos de suelo fijados en los convenios», explican fuentes del caso. De cualquier forma, afirman que existen «indicios serios» de que la valoración que se hacía del suelo objeto del convenio estaba siempre por debajo del precio de mercado y que, por tanto, eran perjudiciales y contrarios a los intereses del Ayuntamiento de Estepona. A cambio las empresas recibirían contraprestaciones urbanísticas. De hecho, en uno de sus autos la jueza que instruye el caso asegura que existen indicios de que empresarios, o profesionales vinculados a éstos, habrían intentado conseguir convenios urbanísticos «muy favorables» a través de «retribuciones varias a autoridades y técnicos», según fuentes judiciales. Los expertos policiales tratan de seguir el rastro del dinero de las donaciones, que no tenían un fin predeterminado, y sobre el que no se habría ejercido una fiscalización alguna.Asimismo, las pesquisas se centran también en la identificación de los mecanismos de ocultación del dinero de procedencia ilícita y en el blanqueo del mismo. Al parecer, los imputados podrían utilizar como instrumentos a determinadas empresas que facturarían entre si y con el Ayuntamiento el pago de distintos servicios. En esta cuestión la averiguación patrimonial puede ser decisiva para determinar el presunto blanqueo.Las investigaciones tratan de concretar el montante de dinero al que asciende la 'caja B' del Ayuntamiento de Estepona, aunque, en principio, parece inferior al del 'caso Malaya'. Las fuentes señalan que hasta la fecha se habría podido comprobar fehacientemente sólo un pago de 42.000 euros.
Tráfico de influencias
Lo que sí han revelado las primeras pesquisas a través de las intervenciones telefónicas que han motivado algunos de los arrestos es que el Ayuntamiento de Estepona eran un «hervidero de tráfico de influencias». Así califican las fuentes las numerosas conversaciones captadas durante la investigación entre miembros y técnicos de la corporación municipal referidas a tratos de favor, prebendas, colocaciones de personas a dedo y adjudicaciones de servicios públicos a determinadas empresas. Este 'modus operandi' parecía estar implantado en el consistorio de Estepona, a donde habrían llegado contratados para trabajar en él familiares y amigos de miembros y técnicos de la corporación. Asimismo, este sistema de favores revela también, según las fuentes, una forma de obtener rédito electoral que se asemejaría a la fórmula empleada por el antiguo GIL en la vecina Marbella.
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