domingo, 4 de mayo de 2008

La nueva estación de autobuses de San Pedro tiene que esperar al PGOU (Málaga Hoy)

La oposición reclama una instalación provisional mientras se dispone de suelo y se ejecuta la obra, pero el soterramiento de la N-340 dificulta encontrar un sitio
Los usuarios del transporte público de San Pedro Alcántara, en Marbella, deben seguir esperando para contar con una nueva estación de autobuses. Desde que cerró hace más de dos años la que había en la avenida Luis Braille, el núcleo de población sólo dispone de una improvisada taquilla que dista mucho de lo que se espera en un enclave turístico. Sin embargo, la construcción de otro inmueble no va a ser inmediata, ya que el teniente de alcalde de San Pedro, Miguel Troyano (PP), ha anunciado que habrá que esperar a la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para buscar un suelo.Según las estimaciones del equipo de gobierno, el documento urbanístico no habrá pasado todos los trámites legales hasta principios del próximo año, por lo que aún quedan varios meses para que puedan iniciarse las obras.Mientras, la oposición considera que el Ayuntamiento y Grupo Avanza, la empresa concesionaria del servicio que absorbió a Portillo, deberían buscar una localización temporal para que las personas que viajan en autobús tengan una construcción donde refugiarse de las inclemencias del tiempo o tomar un café.Troyano comenta que se ha pensado en acondicionar una instalación provisional en la avenida Salamanca, pero no se ejecutarán los trabajos hasta que dé comienzo la segunda parte de las obras del soterramiento. El motivo es que el Consistorio desconoce si el trazado proyectado por el Ministerio de Fomento para soterrar la travesía sampedreña afectará a las inmediaciones de la avenida Salamanca. No obstante, el edil popular asegura que en cuanto se aclare este aspecto, se hará todo lo posible para que San Pedro cuente con esa improvisada estación hasta que el nuevo PGOU eche a andar.PSOE e IU le han solicitado al equipo de gobierno que, mientras se resuelven los entuertos urbanísticos, se cree una segunda taquilla al otro lado de la avenida Luis Braille. El portavoz de la coalición de izquierdas, Enrique Monterroso, considera "peligroso" que las personas tengan que cruzar una carretera tan transitada como la antigua nacional 340 para adquirir su billete. El teniente alcalde de San Pedro apunta que, en la actualidad, esto resulta imposible de realizar porque "no existe espacio físico en la zona" debido a las obras de soterramiento que están en marcha.Pero no son las únicas quejas que ha recogido la oposición sobre el servicio que presta el Grupo Avanza. Monterroso asegura que varios vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara se han quejado de que, a determinadas horas, se ha eliminado la línea que va hasta el Hospital Costa del Sol, porque el autobús que hacía la ruta se "ha destinado" a transporte escolar.

Las obras de reurbanización de Lo Cea terminarán en junio. Rincón de la Victoria (Málaga Hoy)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria tiene previsto finalizar las obras de reurbanización de Lo Cea el próximo junio. Hace prácticamente un año que comenzaron los trabajos y en octubre tendrían que haber terminado. Sin embargo, la ampliación de las zonas de actuación, el incremento de servicios y otras mejoras del proyecto han dilatado los plazos.El alcalde de Rincón, José Miguel Fernández (PSIRV), ha adelantado que se están rematando los últimos detalles de la obra y se arreglan algunos "pormenores que no se habían tenido en cuenta", entre ellos la incorporación de rampas en el acerado para el acceso de discapacitados.

La aventura de buscar minipiso en la capital (Málaga Hoy)

Un comprador puede toparse con estudios de apenas 22 metros útiles en su deriva por la ciudad
Dice el sentido común que vivir en apenas 26 o 27 metros cuadrados es una aberración, aunque a muchos no les queda otro remedio que acudir a una fórmula que les permite tener un techo de su propiedad bajo el que guarecerse a precios relativamente asumibles. Asequibles por su cuantía, pero que en ningún caso tienen relación objetiva con la superficie que se adquiere. Imaginen a cualquiera de ustedes que, en la búsqueda de un piso nuevo, acude a una de las numerosas agencias inmobiliarias que hay en la capital de la Costa del Sol. Requisitos que impone el potencial comprador: vivienda de escasas dimensiones, al objeto de minimizar en lo posible el desembolso económico; localización, el centro histórico, y piso de obra nueva. Con estas premisas, el interesado dedica parte de la mañana a ver de primera mano los productos seleccionados previamente por la comercial. El recorrido nos aleja de los puntos neurálgicos de la urbe: la Plaza de la Merced, la calle Victoria, la Plaza de la Constitución. Es el coste de disponer de poco metálico en la cartera y en la cuenta corriente.En estas estamos cuando se produce la primera parada. Un coqueto y bonito edificio, recién construido, situado en calle Lagunillas, a diez minutos de La Merced, pero con un pequeño inconveniente: carece de plazas de aparcamiento. Aconseja uno de los responsables de la promotora que se puede utilizar un solar situado justo enfrente, colmado de vehículos a primera hora de la mañana y en el que, todo apunta, a corto plazo acogerá otro bloque de apartamentos.El comprador se topa de lleno con el primero de los estudios. Superficie construida, 45,28 metros cuadrados, aunque de ellos sólo 33,75 son útiles. El habitáculo da para un dormitorio, un baño y un comedor con cocina americana incorporada. Todo en muy poco espacio. La estampa, aunque con tamaño de cromo, no impacta ni hace salir huyendo al visitante. El precio: 140.000 euros, resultado de la rebaja que la constructora realiza por un breve periodo de tiempo. Asumiendo esta información, cada metro del estudio sale por más de 3.100 euros.Pero los 45,28 metros del piso de Lagunillas son una mansión, por así decir, si se comparan con los siguientes apartamentos en ser mostrados. La impresión del comprador se torna incredulidad cuando contempla la fachada del edificio que, según parece, alberga el estudio. El inmueble, situado en calle Altozano, en las cercanías de El Ejido, muestra claros signos de abandono, marcado por el paso del tiempo y destaca la ausencia de cualquier atisbo de rehabilitación. Y a pesar de ello osa adentrarse y ver el producto que se le ofrece.Lo que se encuentra en su interior vuelve a hacer saltar todas las alarmas. Un piso de grandes dimensiones compartimentado en seis estudios distintos, con una superficie media que ronda los 32 metros construidos. Un pasillo da paso a las puertas de los seis apartamentos; todos dotados de parqué y con cocina americana, pero sin electrodomésticos. La propietaria del inmueble subraya las bondades de los pisos y la buena ubicación, aunque los detalles no son nada alentadores. Uno de ellos tiene 30 metros cuadrados construidos, 22,34 útiles y cuesta aproximadamente 105.000 euros. O lo que es lo mismo, si el potencial comprador se decidiese tendría que pagar 3.500 euros por cada uno de los pocos metros en los que viviría. Un precio excesivo. El más grande de los incluidos en esta promoción tiene 37 metros construidos, 30 útiles, y cuesta 110.000 euros. La pregunta que se hace el visitante tras este recorrido es hasta qué punto la necesidad lleva a las personas a vivir enlatados, puesto que, aunque las condiciones de muchos de estos productos no son para nada inadecuadas, sí parece indigno reducir la aventura de vivir a poco más de 25 metros.

El embargo de bienes muebles en Málaga se multiplica por 5 a principios de 2008 (Málaga Hoy)

La Seguridad Social se apropió en enero y febrero de este año de más de 1.100 propiedades ante el impago de deudas · El dato contrasta con las 260 contabilizadas del año pasado
La ralentización económica y la crisis financiera de los últimos meses parece que empieza a tener sus primeras consecuencias visibles en Málaga. Los datos aportados por la Tesorería de la Seguridad Social a este periódico ponen de relieve que en los primeros dos meses del año el número de embargos de bienes muebles -es decir, de vehículos, sueldos...- se ha multiplicado por cinco respecto al mismo periodo de 2007. En concreto, mientras en enero y febrero del presente ejercicio se contabilizaron 1.113 actuaciones (429 y 687, respectivamente), el año pasado la cifra fue de apenas 260, casi un 80% menos. Una tendencia que, sin embargo, no se observa al analizar los datos globales de 2007 respecto a 2006. La Seguridad Social se incautó de un total de 19.712 bienes muebles el año pasado, un 10% menos que en la anualidad anterior (21.866). Los efectos de la amenaza económica no se dejan sentir del mismo modo en lo que respecta a los denominados bienes inmuebles, es decir, de los edificios y viviendas. Aunque la cifra de embargos impulsada a lo largo de 2007 no deja de ser importante. En este periodo, según el director provincial de la Seguridad Social, Francisco Javier de Santiago, las deudas de los propietarios obligaron a embargar 2.710 inmuebles (edificios, viviendas...), dato similar a 2006, cuando fueron 2.721. A pesar de lo espectacular de los números, De Santiago precisó que es "una tónica habitual" en los últimos ejercicios y recordó que el embargo en sí no tiene como consecuencia directa la puesta en subasta de los bienes. De hecho, afirmó que en 2007 fueron muy pocas las propiedades que fueron vendidas para ajustar los endeudamientos.De los más de 2.700 embargos producidos, la mayoría se localiza entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, con 326, 333 y 340, respectivamente. Y la mayor parte, aunque De Santiago Pérez elude concretar, se localizan en los municipios de la costa occidental de Málaga, coincidiendo con las zonas en las que mayor desarrollo de la construcción se ha producido en los últimos años.Entre los meses de enero y febrero los datos recopilados por este ente constatan la realización de 482 embargos, lo que supone un importante incremento respecto al mismo periodo de 2007, cuando la cifra fue de 380. Aunque el director provincial no vincula directamente este hecho con la caída de la economía española. "Se nota una cierta recesión en los últimos meses y es verdad que nos cuesta algo más cobrar lo que antes, pero la situación es normal", dijo.En este contexto, De Santiago Pérez aclaró que el objetivo que persigue la Seguridad Social con estas actuaciones no es tanto la puesta en venta de los bienes como "provocar una reacción inmediata del afectado, con el fin de que pague lo que debe". "Es una manera de dar un toque de atención y suele tener un gran valor inducido", comentó. Respecto al futuro, se mostró "optimista" y confió en que en unos meses la situación se normalice.Actualmente, la Tesorería dispone en la provincia de nueve unidades de recaudación ejecutiva, con un total de 75 personas, que se dedican a perseguir al deudor. "Cuando nosotros presentamos la providencia de apremio, que es como una orden para que se pague, le decimos al afectado que sabemos que debe una cantidad de dinero determinado y que vamos a ir a por él. Si no abona su deuda acudimos a la vía del embargo y si sigue sin pagar se subastan los bienes", explicó. Pero el director provincial asevera que la posición inicial del organismo es la de la mano tendida, siempre y cuando haya voluntad por parte del deudor. "Si hay una empresa que nos dice que ha tenido ciertos problemas, tratamos de hallar una fórmula de solución. Cada caso se estudia de manera particular, porque nosotros no estamos para ahogar a nadie, pero tienen que tener claro que la Tesorería no es una entidad financiera".Un dato que pone de relieve el buen comportamiento de los pagadores a lo largo del pasado año es el de la tasa de morosidad, que a finales de 2007 estaba por debajo del 1%, lo que supone un hito histórico. "Eso es lo mismo que decir que de cada cien empresas obligadas a pagar una o no llega o no puede hacerlo", sentenció.

Un proceso independiente de la compra de fincas en el litoral provincial (SUR)


El proceso para fijar los nuevos límites del dominio público marítimo terrestre iniciado por la Demarcación de Costas es independiente del que lleva a cabo el Ministerio de Medio Ambiente para la adquisición de fincas con el objetivo de preservarlas del avance del ladrillo. Así, los trámites que han implicado la convocatoria de reuniones con los propietarios no tienen nada que ver con la compra de parcelas en las playas de Carabeo y El Playazo.En el primero de estos dos casos, el Ministerio sacó recientemete a información pública el expediente de expropiación forzosa de 1.980 metros cuadrados. Por su parte, en la zona de El Playazo, el Ayuntamiento está promoviendo convenios con los propietarios para evitar que se llegue a una expropiación forzosa, de forma que los dueños consiguen aprovechamientos en la zona posterior a los primeros cien metros a cambio de ceder sus parcelas junto a la playa.En la provincia, Medio Ambiente quiere incorporar al dominio público siete fincas, que abarcan una superficie de 530.000 metros cuadrados y corresponden a 4,9 kilómetros de litoral. Se trata del delta del Río Vélez, la playa de El Morche, el paraje de Arraijanal en la capital, la playa del Pinillo y las Dunas de Artola en Marbella, junto con las playas nerjeñas de El Playazo y Carabeo.

El 80% de los propietarios alegará contra el deslinde de Costas entre Algarrobo y Nerja (SUR)


Los dueños de las parcelas situadas en la franja costera rechazan los nuevos límites fijados por Medio Ambiente Los consistorios recurrirán para seguir gestionando los paseos marítimos

EL PROCESO
Objetivo: Fijar los límites del dominio público marítimo terrestre en la franja litoral comprendida entre Algarrobo y Nerja. Este procedimiento no se llevaba a cabo desde la década de los sesenta.
Alegaciones: Tras las reuniones mantenidas en distintos puntos de la costa axárquica, los 250 propietarios de parcelas y ayuntamientos tienen un plazo de quince días hábiles para presentar los recursos.
Plazo: Concluirá en 2010.
La Demarcación de Costas ha iniciado los trámites para fijar unos nuevos límites al dominio público marítimo terrestre en la franja entre Algarrobo y Nerja. Los expedientes ya han sido expuestos a los propietarios de las parcelas situadas en primera línea de playa, en sesiones públicas que se llevaron a cabo en distintos puntos del litoral en las últimas semanas. Ahora, se ha abierto un plazo de quince días hábiles para presentar las alegaciones.Este procedimiento no se llevaba a cabo desde los sesenta, por lo que la mayoría de los dueños de las parcelas tienen previsto presentar alegaciones al proyecto, que persigue adaptar la actual situación de esta franja del litoral axárquico a la Ley de Costas de 1988. Así, el 80% de los alrededor de 250 dueños tiene previsto presentar recurso, según estimaron fuentes del Ministerio de Medio Ambiente.En los últimos años, estos trámites se han llevado a cabo en el resto del litoral de la provincia, de manera que sólo quedaba pendiente la franja -de unos treinta kilómetros- comprendida entre Algarrobo y Nerja, en el límite con la provincia de Granada. Las alegaciones serán remitidas al Ministerio de Medio Ambiente, que a su vez se las trasladará a la Abogacía del Estado. Según las fuentes, este trámite supondrá incorporar una franja de entre cinco y diez metros de litoral respecto a los actuales límites. En ningún caso se procederá al derribo de las edificaciones ya construidas, aunque en caso de incorporarse al dominio público, su situación administrativa cambiará considerablemente.Así, en el caso de Nerja -donde se incorporarán los taludes de los acantilados- algunos propietarios consultados por SUR mostraron su malestar porque los nuevos límites fijados les supondrán perder buena parte de sus terrenos. No obstante, este procedimiento es independiente del puesto en marcha por el Gobierno Central para la adquisición de fincas en el litoral andaluz, con el objetivo de protegerlas de la especulación y del desarrollo urbanístico.Las fuentes consultas dijeron que cada caso será estudiado «de forma particular, para llegar a un acuerdo», lo que incluye compensaciones económicas o reconocimientos de propiedad, concesiones, etc. Los ayuntamientos de Torrox y Algarrobo alegarán para mantener la gestión de los paseos marítimos, de forma que el límite se fije en el muro de ribera actual.

El alcalde de Sayalonga, imputado por presuntas irregularidades urbanísticas (SUR)


Un juzgado de Torrox abre diligencias al regidor, José Luis Navas, por un supuesto delito contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho El mandatario se muestra convencido de que el asunto será archivado
DATOS


Juzgado de Torrox: Cita al alcalde como imputado por un presunto delito urbanístico.Motivo: Construcción de cuatro viviendas en suelo rústico, en la zona conocida como Bajatillo.Denuncia: Del Seprona ante la Fiscalía, después de una inspección rutinaria.

Alcalde: José Luis Navas dice que está seguro de la legalidad de sus actuación como alcalde.


Un juzgado de Torrox ha citado como imputado al alcalde de Sayalonga, el socialista José Luis Navas, para declarar en un procedimiento judicial abierto por presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas con la construcción de cuatro viviendas en suelo agrícola. En concreto, al regidor se le imputan presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho. Navas, sin embargo, ha asegurado que las cuatro viviendas agrícolas cuentan con todos los permisos y licencias municipales, por lo que dice estar seguro de la legalidad de su actuación como alcalde. Asimismo, el mandatario se ha mostrado convencido del sobreseimiento y archivo del caso una vez que el juzgado que ha abierto las diligencias conozca y analice toda la documentación. El procedimiento judicial se inicia a raíz de una denuncia realizada ante la Fiscalía por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por la construcción de cuatro viviendas en suelo rústico, concretamente en la zona conocida como Bajatillo, según ha declarado el alcalde.


Denuncia


Las presuntas irregularidades urbanísticas por las que el juzgado torroxeño ha citado a declarar a Navas fueron detectadas a raíz de una inspección rutinaria de los agentes del Seprona, aunque el alcalde dice estar convencido de que detrás se esconde la denuncia de un particular. «Son cuatro viviendas agrícolas que cuentan con su preceptivo proyecto de actuación», según el regidor. El proyecto de actuación es exigido para justificar el uso agrario de la parcela en la que se quiere edificar. «Estamos hablando de casas que están construidas desde hace entre tres y un año en parcelas que superan los 5.000 metros cuadrados y que toda la vida se han dedicado al cultivo del níspero y el olivo», ha asegurado Navas. El alcalde ha anunciado su intención de iniciar acciones legales una vez que se archive la causa para restituir su imagen. «No se puede acusar gratuitamente a nadie de esta manera, porque no hay ningún indicio de delito», ha asegurado Navas.El de Sayalonga no es el único alcalde de la comarca que está procesado por un presunto delito urbanístico. Recientemente, la Fiscalía de Málaga ha solicitado un año y medio de prisión y 17 años de inhabilitación especial para cargo público para el alcalde socialista de La Viñuela, Juan Millán, por conceder presuntamente tres licencias de obras para viviendas unifamiliares en suelo calificado como no urbanizable y sin realizar los trámites necesarios en los expedientes.


Otros casos


También la Fiscalía ha denunciado al alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín (PSOE), por conceder presuntamente licencias de reforma cuando en realidad se trataba de nuevas construcciones en suelo no urbanizable. El pasado mes de marzo, el ex alcalde popular de Cómpeta, Leovigildo López, ya retirado de la vida pública, era condenado a siete años de inhabilitación para empleo y cargo público y a doce meses de multa por un delito de prevaricación urbanística, también relacionado con la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable.

El alcalde de Sayalonga, imputado por presuntas irregularidades urbanísticas (SUR)


Un juzgado de Torrox abre diligencias al regidor, José Luis Navas, por un supuesto delito contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho El mandatario se muestra convencido de que el asunto será archivado
DATOS

Juzgado de Torrox: Cita al alcalde como imputado por un presunto delito urbanístico.Motivo: Construcción de cuatro viviendas en suelo rústico, en la zona conocida como Bajatillo.Denuncia: Del Seprona ante la Fiscalía, después de una inspección rutinaria.
Alcalde: José Luis Navas dice que está seguro de la legalidad de sus actuación como alcalde.

Un juzgado de Torrox ha citado como imputado al alcalde de Sayalonga, el socialista José Luis Navas, para declarar en un procedimiento judicial abierto por presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas con la construcción de cuatro viviendas en suelo agrícola. En concreto, al regidor se le imputan presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho. Navas, sin embargo, ha asegurado que las cuatro viviendas agrícolas cuentan con todos los permisos y licencias municipales, por lo que dice estar seguro de la legalidad de su actuación como alcalde. Asimismo, el mandatario se ha mostrado convencido del sobreseimiento y archivo del caso una vez que el juzgado que ha abierto las diligencias conozca y analice toda la documentación. El procedimiento judicial se inicia a raíz de una denuncia realizada ante la Fiscalía por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por la construcción de cuatro viviendas en suelo rústico, concretamente en la zona conocida como Bajatillo, según ha declarado el alcalde.
Denuncia
Las presuntas irregularidades urbanísticas por las que el juzgado torroxeño ha citado a declarar a Navas fueron detectadas a raíz de una inspección rutinaria de los agentes del Seprona, aunque el alcalde dice estar convencido de que detrás se esconde la denuncia de un particular. «Son cuatro viviendas agrícolas que cuentan con su preceptivo proyecto de actuación», según el regidor. El proyecto de actuación es exigido para justificar el uso agrario de la parcela en la que se quiere edificar. «Estamos hablando de casas que están construidas desde hace entre tres y un año en parcelas que superan los 5.000 metros cuadrados y que toda la vida se han dedicado al cultivo del níspero y el olivo», ha asegurado Navas. El alcalde ha anunciado su intención de iniciar acciones legales una vez que se archive la causa para restituir su imagen. «No se puede acusar gratuitamente a nadie de esta manera, porque no hay ningún indicio de delito», ha asegurado Navas.El de Sayalonga no es el único alcalde de la comarca que está procesado por un presunto delito urbanístico. Recientemente, la Fiscalía de Málaga ha solicitado un año y medio de prisión y 17 años de inhabilitación especial para cargo público para el alcalde socialista de La Viñuela, Juan Millán, por conceder presuntamente tres licencias de obras para viviendas unifamiliares en suelo calificado como no urbanizable y sin realizar los trámites necesarios en los expedientes.
Otros casos
También la Fiscalía ha denunciado al alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín (PSOE), por conceder presuntamente licencias de reforma cuando en realidad se trataba de nuevas construcciones en suelo no urbanizable. El pasado mes de marzo, el ex alcalde popular de Cómpeta, Leovigildo López, ya retirado de la vida pública, era condenado a siete años de inhabilitación para empleo y cargo público y a doce meses de multa por un delito de prevaricación urbanística, también relacionado con la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable.

Los enlaces de la Ronda Oeste encaran la recta final con el montaje de los puentes (SUR)


Una decena de viaductos se integrarán en breve en la remodelación de los accesos de Alameda-Barriguilla, que acomete el Ministerio de Fomento Permitirá paliar el colapso circulatorio que afecta a la zona de Teatinos y el PTA

ALAMEDA-BARRIGUILLA
Obras que integran el proyecto de remodelación de accesos desde la Ronda Oeste y la A-357: Enlace Centro-Ciudad de la Justicia: Arrancará en las inmediaciones de la Comisaría Provincial, cruzará la ronda mediante dos puentes y llegará hasta la glorieta donde confluyen la avenida de Gregorio Prieto y la calle Mefistófeles, cerca del Hipercor y de la Ciudad de la Justicia. Esto permitirá llegar a los barrios de Teatinos, Soliva y Puerto de la Torre sin atravesar la A-357.
Eje subterráneo desde la A-357 hacia la Ronda Oeste: Eliminará los atascos crónicos en la entrada a Málaga desde la A-357, mediante un eje subterráneo que saldrá de la A-357 hacia la Ronda Oeste, aunque justo antes de llegar a ésta se bifurcará para poder tomar la A-7 en ambos sentidos. Este ramal acabará con el cuello de botella de los dos carriles de la autovía.
Salida hacia la avenida de Andalucía y la Universidad: Un carril partirá del cruce con la línea férrea y discurrirá paralelo a la circunvalación hacia el Centro. Este ramal tendrá hasta cuatro carriles y posibilitará la entrada a la avenida Ortega y Gasset, en su intersección con la calle Juan Gris; hacia la plaza de Manuel Azaña (Comisaría), y hacia la A-357, en sentido Campanillas. Otras actuaciones: Se ampliará el número de carriles y se eliminarán cruces peligrosos actualmente existentes. En total se intervendrá sobre 23 ejes, con un presupuesto de 28,7 millones de euros.Puesta en servicio: Se prevé que las obras estén concluidas antes del final de este año.

Una decena de estructuras metálicas de grandes dimensiones aguardan en los laterales de los tajos, en el acceso a la capital desde Teatinos, el Guadalhorce y el Palacio de Ferias. Muy cerca, los pilares sobre los que éstas se asentarán en breve ya despuntan en el horizonte, en medio de un trasiego incansable de vehículos. Es mediodía y la larga caravana de coches y vehículos pesados da buena cuenta de la urgencia con la que se debía intervenir en este sector.Las obras de remodelación de los enlaces de Alameda-Barriguilla, uno de los habituales puntos negros de retenciones de la Ronda Oeste, entrarán en el plazo de un mes en su recta final, con el montaje de los puentes que conformarán los nuevos ejes de entrada y salida de la capital hacia las autovías A-7 (Torremolinos) y A-357 (Guadalhorce). El objetivo es que los nuevos accesos estén operativos antes de finales de este año.Se trata de una decena de viaductos, algunos de los cuales sobrevuelan carreteras con un volumen de tráfico próximo a los 250.000 vehículos diarios, por lo que los trabajos se acometerán en horario nocturno. La principal será el salto de la Ronda Oeste, una obra complicada y cuya fase crítica también arrancará en fechas próximas.El proyecto prevé intervenir en un total de 23 ejes. Se asemeja a un gigantesco 'Scalextric', en pleno corazón de la Ronda Oeste, que ahora dispondrá de un ramal directo que canalizará la circulación de salida del Centro de la ciudad hacia las zonas de expansión del noroeste de la capital.
Vuelo sobre la autovía
Arrancará en las inmediaciones de la Comisaría Provincial, cruzará la ronda mediante dos puentes y llegará hasta la glorieta donde confluyen la avenida de Gregorio Prieto y la calle Mefistófeles, cerca del Hipercor y de la Ciudad de la Justicia. Esto permitirá llegar a los barrios de Teatinos, Soliva y Puerto de la Torre sin atravesar la A-357.Otra actuación eliminará los atascos crónicos en la entrada a Málaga desde la A-357, mediante un eje subterráneo que saldrá de la A-357 hacia la Ronda Oeste, aunque justo antes de llegar a ésta se bifurcará para poder tomar la A-7 en ambos sentidos. Este ramal acabará con el cuello de botella de los dos carriles de la autovía.Otro punto habitual de retenciones, la salida hacia el Centro (avenida de Andalucía) y la Universidad, se corregirá mediante un carril que partirá del cruce con la línea férrea y discurrirá paralelo a la circunvalación hacia el Centro. Este ramal tendrá hasta cuatro carriles y posibilitará la entrada a la avenida Ortega y Gasset, en su intersección con la calle Juan Gris; hacia la plaza de Manuel Azaña (Comisaría), y hacia la A-357, en sentido Campanillas. De esta forma, los vecinos de las zonas de expansión de Málaga acabarán con los atascos crónicos que les afectan.