martes, 24 de noviembre de 2009

La licitación de obra pública aumenta un 4,2% en Andalucía (La Opinión)

Málaga es la segunda provincia por volumen, con 894,8 millones, por detrás de Sevilla


EUROPA PRESS Las obras licitadas por parte de las distintas administraciones públicas en Andalucía durante los primeros diez meses de 2009 en Andalucía alcanzaron los 5.228,1 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,2 por ciento en relación con el mismo período de 2008, cuando la licitación alcanzó los 5.013,1 millones, según datos de la patronal de grandes constructoras, Seopan.

El último informe de Seopan, al que tuvo acceso Europa Press, detalla que la comunidad acaparó en los primeros diez meses un 16,2 por ciento de los proyectos licitados en el conjunto nacional, cifrados en 32.252,5 millones de euros.

De este modo, Andalucía se situó como la primera comunidad autónoma por volumen de licitación, superando a Cataluña, con 5.075,1 millones de euros.

Del total de administraciones, la Junta de Andalucía fue la que más invirtió en esta materia en la región, con un total de 2.186,3 millones de euros, lo que supone un descenso del 18,5 por ciento en relación con los diez primeros meses de 2008.

La licitación en la Junta fue la de mayor cuantía, aunque fueron los ayuntamientos los que registraron mayores incrementos, puesto que las administraciones locales andaluzas licitaron obras por valor de 1.922,6 millones, un 180,9 por ciento más que en 2008; y el Gobierno central aprobó proyectos por 1.119 millones, un 31,9 por ciento menos.

Los datos reflejan que la obra civil acaparó hasta octubre de 2009 la mayor parte de la obra pública licitada en la región, con 3.469,4 millones de euros, mientras que el resto (1.758,6 millones) correspondió a obras de edificación.

Datos provinciales

Por provincias, Sevilla concentró la mayor parte del volumen licitado en los primeros diez meses del año en la comunidad autónoma, con un total de 1.230 millones de euros. Por detrás figuran Málaga, con 894,8 millones; Granada, con 698,4 millones; Cádiz, con 660,9 millones; Almería, con 601,1 millones de euros; Córdoba, con 420,7 millones de euros; Huelva, con 341,3 millones; y Jaén, con 337,8 millones de euros. A esto se suman 42,6 millones de euros correspondientes a actuaciones no localizadas en ninguna provincia determinada.

Las casas del mar (La Opinión)

CARLOS PÉREZ ARIZA Amenazados por la demolición, han vivido al borde del desahucio durante dos décadas. Tras eso años de incertidumbre, los propietarios de las casas que ocupan esa franja del litoral urbano que va desde Pedregalejo hasta El Palo y más allá, han conseguido que las leyes de Costas se adecúen a sus reclamaciones y no al revés. El ´milagro´ ha sido fruto del consenso, una palabra en desuso entre las administraciones usualmente enfrentadas desde las distintas trincheras políticas.
En 1988 se quiso aplicar a rajatabla la Ley de Costas sobre esas casas por estar situadas dentro del denominado ´dominio público marítimo-terrestre´. Pero esas construcciones, chabolas de pescadores hasta la década de los cincuenta, están allí mucho antes de que la citada ley se redactara. Las viviendas, que han crecido en altura y solidez, llevan allí ancladas algo más de un siglo. Aunque, ahora, los arquitectos propongan modernizar su entorno.
A estos viejos pescadores les ampara el derecho romano, base del nuestro. Aquellos romanos, tan modernos en tantas cosas, también previeron esta situación. Le decían uti possidetis iure, que ellos aplicaron a las conquistas territoriales, pero que en este caso es perfectamente invocado. "Lo que has poseído, poseerás".
Les ampara tal derecho y, además, han pagado sus contribuciones inmobiliarias al Ayuntamiento de Málaga. Esta institución municipal les ha apoyado siempre, dando los permisos para reformas y ampliaciones de dichas casas. Por su parte, la otra administración implicada, la Junta de Andalucía, ha terciado en la disputa con Costas para que las casas se quedaran donde están. Al final, los juristas de Madrid han cedido, procediendo a un consenso poco usual en los tiempos que corren entre los políticos españoles.
Las leyes no pueden estar por encima del bien común. En este caso, esa premisa les ha facilitado la vida a esos paleños, cuyo único ´delito´ ha sido proveerse un techo donde cobijar sus vidas ligadas a su mar. Las casas, que levantaron a fuerza de tirar de las redes, no podían tener un final de tragedia clásica. Por otra parte, ¿qué político iba a cargar con ese estigma firmando el desahucio? Si de algo saben estos pobladores paleños es de tempestades. Sus casas siempre han tenido dos puertas. Si se anegaba la que miraba a la mar, salían por detrás. Pero en esta ocasión se han quedado dentro.
Los habitantes de esa franja litoral son como una gran familia. Pescadores de toda la vida, han tenido que buscarse la vida alquilando los frontales de sus viviendas para los restaurantes y bares, donde el espeto se abrasa sobre las ascuas y los frutos del mar se venden al paladar de los turistas. Esa zona es, sin duda, una de las más pintorescas de la ciudad. Una de las formas que tiene la ciudad de acercarse a la mar de toda la vida. Donde los ciudadanos de aquí y de allá se aproximan para respirar la sal de la vida. Y esas casas están ahí para poner su grano de arena en este Mare Nostrum.

Un vecino de Cártama derriba su vivienda ilegal tras una orden judicial (La Opinión)

Un vecino de Cártama propietario de una vivienda construida en suelo no urbanizable de protección especial, en la Dehesa Alta, comenzó ayer a desmantelar su casa ante la orden del juzgado y la inminente demolición fijada por el Ayuntamiento para el 26 de noviembre.
Ya el pasado mes de julio, el juzgado ordenó la demolición de esta vivienda en sentencia firme, pero el propietario no autorizó la entrada en su domicilio, por lo que se ha pospuesto hasta ahora.
El expediente de esta vivienda se inició en 1997 y el Ayuntamiento remitió el expediente al juzgado por presunto delito contra la ordenación del territorio. En 1999 se dictó sentencia acordando la demolición de esta edificación, de 128 metros, y desde entonces hasta ahora los propietarios han estado recurriendo la sentencia.
"Son unos 2.900 expedientes de viviendas irregulares en el campo iniciados en este Ayuntamiento y se debe cumplir lo que establece la ley y las sentencias emitidas por los juzgados", señaló ayer el edil de Urbanismo, Jorge Gallardo.

Eliminan las tasas para las reformas en el centro histórico. Estepona (La Opinión)

La comisión informativa de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona aprobó ayer la modificación puntual de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para eliminar los aprovechamientos urbanísticos en el casco histórico del municipio.
El alcalde, David Valadez, explicó que a partir de su aprobación plenaria los vecinos no tendrán que pagar "cargas urbanísticas para realizar reformas en sus viviendas que, en algunos casos, suponían un gasto superior al de la licencia de obras".
El alcalde valoró esta modificación en el PGOU ya que permitirá embellecer el casco urbano, la dinamización del sector de la construcción en el municipio y el ingreso de fondos en las arcas municipales por las licencias de obras. El gobierno llevará esta medida al pleno del viernes donde tendrá que ser aprobada por mayoría absoluta.

La Junta promueve la rehabilitación de 375 viviendas en Marbella (La Opinión)

La Junta de Andalucía está impulsando 85 actuaciones de mejora de viviendas y edificios residenciales en el Área de Rehabilitación Concertada del Casco Antiguo de Marbella y San Pedro, la tercera creada en la provincia por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para revitalizar centros históricos.
La mitas de esas intervenciones ya están terminadas o en ejecución y, en su conjunto, permitirán crear unos 250 puestos de trabajo en el municipio marbellí.
Así lo dieron a conocer ayer las delegadas del Gobierno andaluz, María Gámez, y de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, durante su visita a las obras de mejora de un bloque de 20 viviendas en la barriada Divina Pastora de Marbella, cuya comunidad de propietarios recibió una subvención por parte de la Junta del 95% para eliminar humedades de las fachadas y cubiertas y renovar las instalaciones de suministro eléctrico y de agua.
Hasta ahora, la inversión de la Consejería en esta área de rehabilitación concertada asciende a 2,75 millones de euros para 375 inmuebles acogidos a las primera convocatoria de ayudas públicas de la Oficina de Rehabilitación de Marbella. Se trata de 375 viviendas de familias de las barriadas del casco antiguo –Divina Pastora, Plaza de Toros, Santa Marta, Miraflores, Leganitos, El Barrio y San Bernabé– en el caso de Marbella, y de la zona centro –Divina Pastora y Plaza de la Libertad– en el núcleo sampedreño.

Pendón apuesta por legalizar las viviendas sin variar la legislación. Sayalonga (La Opinión)

El pleno del Ayuntamiento de Sayalonga respaldó ayer de forma unánime al alcalde, al que prestará su defensa


FRAN EXTREMERA. MÁLAGA Todo es posible sin cambiar ahora la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Lo dijo ayer el presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, quien matizó que el proceso de regularización de las viviendas que se encuentran fuera de ordenación en la comarca de la Axarquía "se puede hacer, incluso, sin cambiar la ley, porque se ha hecho en otras partes de Andalucía".
Pendón respondió así a las críticas de numerosos regidores axárquicos tras las palabras del consejero de Gobernación, Luis Pizarro, el pasado miércoles.
Como portavoz de la Junta en este asunto, Pizarro se dirigió a los regidores, después de que la Fiscalía haya solicitado en las últimas semanas penas de cárcel para varios alcaldes que además están al frente del PSOE en sus respectivos municipios: "La LOUA no se modificará y no todo podrá legalizarse". Esas declaraciones fueron matizadas ayer por Pendón, al considerar que a través de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) "se pueden regularizar algunas situaciones".
La fórmula propuesta es poder emplear "planes de regularización que sean respetuosos con lo contemplado en las leyes urbanísticas". No obstante, abrió una puerta a la esperanza al manifestar que sí caben "leves modificaciones en el Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía, si bien no significará cambiar la ley".
"Ya es hora de que empecemos a desviar un poco los focos de la comarca de la Axarquía. Parece que intentamos demonizar una determinada situación", explicó con rotundidad Pendón. Pero horas más tarde volvió el foco hacia la comarca oriental. El secretario general del PP de Málaga, Francisco Salado, señaló en un comunicado que Pendón "ha fallado a los alcaldes de la Axarquía al no aportar una solución a los problemas urbanísticos y perpetuar así que siga habiendo más alcaldes imputados y condenados".
Salado recordó que el propio presidente de la Diputación y la dirección provincial de su partido "convencieron a los alcaldes para que votaran a favor del Plan de Ordenación de la Axarquía cuando realmente este ordenamiento iba en contra de los intereses de los municipios".
El PP respaldó ayer en Sayalonga –donde el alcalde, el socialista José Luis Navas, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cuatro años de cárcel– la petición de un pleno extraordinario para que el Consistorio preste su defensa al regidor "hasta donde haya que llegar". Navas se mostró muy crítico con la "persecución" que afirma que hay contra él. Ayer la Fiscalía no remitió a los juzgados de Torrox su nueva petición, "cuando el viernes sí que se apresuró a última hora para enviarla a la prensa".
Por otra parte, los ecologistas de la Axarquía (GENA) criticaron ayer que el secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Heredia, apueste por calificar de "faltas" los "delitos urbanísticos" si "no se mete la mano en la caja".

Un futuro de más vientos y olas (La Opinión)

Un informe que será presentado ante la UE alerta de que el urbanismo debe adaptarse a un nuevo clima. En el litoral mediterráneo habrá cambios en las mareas y en las borrascas


Oleaje. Pescadores en Huelin en uno de los temporales de los últimos años.
Oleaje. Pescadores en Huelin en uno de los temporales de los últimos años. L.O.

LA OPINIÓN. SANTANDER Las ciudades costeras de Europa tendrán que adaptar sus infraestructuras para el desafío que supone el cambio climático, que no sólo se está traduciendo en un paulatino incremento del nivel del mar, sino también en mayores niveles de oleaje, cambios en el viento y condiciones meteorológicas distintas. Éstos son algunos de los avances del estudio sobre los efectos del cambio climático en la costa del viejo continente que el Consejo de Europa ha encargado al Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y al Ayuntamiento de Santander, y del que ayer se ofrecieron unas primeras impresiones.
El director del Instituto de Hidráulica de la Universidad de Cantabria (UC), Íñigo Losada, señaló que las ciudades costeras de Europa, en las que residen 70 millones de personas, se enfrentan a una situación "compleja", porque sus infraestructuras no están diseñadas para soportar estas nuevas condiciones climáticas y deben "adaptarse".
Losada dijo que para ello se tienen que evaluar todo tipo de infraestructuras, como las de saneamiento, transporte, alcantarillado, abastecimiento energético y de agua, y analizar "cómo pueden verse afectadas por el nuevo clima".
"En todas las ciudades del mundo se está observando que existe una clara necesidad de tener en cuenta el cambio climático como elemento fundamental de la planificación territorial", apostilló.
El director del Instituto de Hidráulica Ambiental explicó que la costa atlántica europea está afectada, en general, por los distintos fenómenos que exponen en su informe. En el caso del Mediterráneo, el principal efecto se observa en el cambio de las mareas meteorológicas, es decir, en un aumento del nivel del mar provocado no tanto por el calentamiento global y el deshielo como por el cambio en las borrascas.
El experto apuntó que se está viviendo una "intensificación" de este tipo de eventos en las costas e insistió en que es necesaria una política de adaptación que comience por estudiar la capacidad de las infraestructuras de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas.
A nivel mundial, subrayó, es necesario tener en cuenta el cambio climático en la planificación territorial, incluidos los planes generales de ordenación urbana. "Antes veíamos el cambio climático como algo lejano, pero ahora lo vemos cada vez más cercano, y en el horizonte de 20 años en el que se planifica el territorio, vemos que el clima está cambiando", comentó.

Informe en Estrasburgo. Losada presentó junto al alcalde de Santander y presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Íñigo de la Serna, algunos detalles sobre este informe preliminar, que será expuesto el próximo 1 de diciembre, en Estrasburgo (Francia).
El alcalde incidió en que el informe pretende que en el marco del Consejo de Europa se "abandone" la idea de que el efecto del cambio climático se traduce principalmente en la elevación del mar y que se incorporen otros efectos adicionales meteorológicos, como el cambio del viento y la presión atmosférica, o las modificaciones en la dirección y la altura de la olas.
De la Serna señaló que el informe presenta dos líneas generales de trabajo, una dirigida a la adopción de políticas para la prevención contra las emisiones de gases y otra para la adaptación y mitigación del cambio climático, como obras de protección y reubicación de infraestructuras.
El objetivo es que el documento final tenga ocho o diez recomendaciones para que las entidades locales las adopten en sus políticas de gestión frente al cambio climático, aunque ayer se rehusado adelantar ninguna de ellas.

Cae una red de estafadores en el ámbito de la multipropiedad (La Opinión)

La operación finaliza con 22 arrestados en Málaga y Tenerife. Los detenidos en la Costa del Sol se hacían pasar por abogados y volvían a estafar a las víctimas





Litoral. El ´time sharing´ vuelve a ser objeto de fraude en la Costa del Sol.
Litoral. El ´time sharing´ vuelve a ser objeto de fraude en la Costa del Sol. La Opinión

J. TORRES. MÁLAGA Otra macrooperación de la Policía Nacional desarrollada en Málaga y Tenerife ha concluido con 22 detenidos por un presunto delito de falsificación y estafa en el ámbito de la gestión de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles o ´time sharing´. La intervención ha supuesto la detención de siete personas en la Costa del Sol, cuatro de ellas arrestadas en Fuengirola tras dos registros domiciliarios, dos detenidas en Torremolinos y una en la capital malagueña, donde también se realizó un registro. Estos detenidos son de nacionalidad francesa, tunecina, rumana y checa.
Derechos. Fuentes de la Comisaría Provincial de Málaga dijeron ayer que los estafadores contactaban con sus víctimas para comunicarles que había compradores interesados en sus derechos de uso. Sin embargo, una vez que éstos se hacían cargo de los gastos de los trámites de la compraventa, tanto los compradores como los intermediarios desaparecían con el dinero de las supuestas transacciones. Así, cuando las víctimas aceptaban la propuesta, los detenidos intercambiaban documentación con ellas y les hacían creer que eran los presuntos compradores, e incluso los abogados y notarios que garantizaban que la venta estaba cerrada. Los ahora arrestados ponían en conocimiento de los perjudicados que el dinero ofertado ya estaba a su disposición, si bien antes tenían que cumplir los trámites administrativos de liquidación de derechos, tasas, impuestos, etc. En algunos casos, las víctimas eran nuevamente estafadas. En esta ocasión la infraestructura del grupo actuaba desde la Costa del Sol y el fraude consistía en hacerse pasar por abogados que se encargaban de litigar con las empresas vendedoras de derechos. Según la investigación, afirmaban haber recuperado el dinero estafado y les aseguraban que les iba a ser devuelto, para lo que solicitaban nuevos pagos por los servicios prestados. Pero estos gastos eran inventados. Una vez que se realizaba el pago, los intermediarios desaparecían y la operación no se producía.

Comienzan las declaraciones en el juzgado sobre las supuestas irregularidades urbanísticas. Almogía (SUR)

La Justicia toma cartas en el caso de Almogía. El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga tiene previsto comenzar hoy mismo a tomar declaración a once personas sobre las supuestas irregularidades urbanísticas que se investigan en Almogía, según apuntaron fuentes judiciales.
Así, se ha citado para hoy a cuatro personas que no declararon ante los investigadores de la Guardia Civil, encargados del caso. De éstos, uno es un policía local y dos son funcionarios o tienen relación con el Ayuntamiento de dicha localidad; mientras que la tercera es la mujer de uno de ellos, indicaron las fuentes.
Por otro lado, el alcalde, Cristóbal Torreblanca, al que de forma inicial la Guardia Civil imputa los delitos de prevaricación urbanística, en relación a órdenes de paralización y concesiones, y falsedad documental, deberá comparecer mañana. Para ese mismo día se han citado a otras seis personas, entre ellas dos ediles y otro agente. El instituto armado inició esta investigación por un presunto delito de prevaricación, aunque también investigan otros como cohecho, tráfico de influencias, falsedad y alteración del precio de las cosas.

Un juez obliga a una familia a demoler su vivienda en Cártama (SUR)

«Lo hemos preferido hacer nosotros porque si lo hacía el Ayuntamiento teníamos que pagar unos 10.000 euros». Con la voz quebrada por el llanto, Dolores confesaba así las razones que han llevado a ella y a su marido a encargar la demolición de la vivienda que construyeron en una zona rural de Cártama hace unos 15 años. Ayer mismo dieron comienzo los trabajos para derribar la casa después de un largo periplo por los juzgados que terminó con una orden firme de demolición debido a que la construcción se situaba en el paraje de la Dehesa Alta, terreno calificado como suelo no urbanizable de protección especial.
El concejal de Urbanismo, Jorge Gallardo, explicó que el Consistorio había previsto este jueves para proceder a la demolición de forma subsidiaria, aunque finalmente ha sido la propia familia la que ha decidido encargarse de los trabajos. El pasado mes de julio, tal y como adelantó en su día este periódico, representantes del Ayuntamiento ya se personaron en la finca para derribar la casa, pero aquel día los dueños impidieron el acceso a su propiedad.
Otra orden de derribo
Entonces, Francisco Sánchez, marido de Dolores, se quejó de la arbitrariedad de la Justicia en estos casos y suplicó que se suspendiera la orden hasta que se resolviera la petición de indulto que habían tramitado, cosa que el juez no ha permitido finalmente. Además, otro juzgado ha ordenado el derribo de una caseta de 20 metros cuadrados en suelo no urbanizable en la zona de la Manguarra. En Cártama hay cerca de 2.900 expedientes abiertos por construcciones irregulares en el campo.

El Ayuntamiento no exigirá a las empresas avales para concursar. Coín (SUR)

El equipo de gobierno acuerda con AJEP eliminar las garantías provisionales para las pymes y los autónomos
24.11.2009 -
J. J. BUIZA

El Ayuntamiento no exigirá a las empresas avales para concursar
Clavijo y Pacheco, ayer./ J. J. B.
El Ayuntamiento de Coín ha aceptado la petición de los empresarios de la provincia y ha anunciado que no exigirá garantías provisionales a aquellas pymes y autónomos que se presenten a los concursos públicos que convoque el Consistorio.
Así lo anunció ayer el alcalde, Gabriel Clavijo, tras llegar a un acuerdo con la Asociación de Jóvenes Empresarios y Profesionales (Ajep), que le trasladó esta propuesta debido a que este tipo de avales provisionales son «una medida desproporcionada en los actuales momentos de dificultad económica», en palabras del presidente de este colectivo, Andrés Pacheco. «Suponen un elevado coste añadido, máxime cuando las entidades financieras están obligando a depositar por adelantado y con carácter indefinido el importe del aval», agregó.
El de Coín se convierte así en el primer ayuntamiento de la comarca en aprobar esta medida, que reclaman varias asociaciones, incluida la CEM (Confederación de Empresarios de Málaga).

Vélez participará con 3,3 millones en el proyecto del palacio de congresos. Vélez-Málaga (SUR)

El pleno del Ayuntamiento veleño aprobó ayer en pleno la firma de un convenio de colaboración con la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes y la Diputación de Málaga para sacar adelante el proyecto del palacio de congresos. Según el acuerdo plenario, que sólo fue votado en contra por el PP, el proyecto contará con un presupuesto de 9.990.000 euros, de manera que cada administración, incluido el Ayuntamiento, participará con una aportación de 3,3 millones.
El grupo municipal PP se quedó sólo al proponer que el proyecto sea financiado íntegramente por la Junta de Andalucía y la Diputación, tal y como figura recogido en el plan de iniciativa común suscrito en su día entre PSOE e IU y que sirvió para sacar adelante la moción de censura. Asimismo, el PP se quedó sólo al pedir que el proyecto del palacio de congresos se ejecute por el importe al que asciende al único proyecto redactado hasta el momento y que se eleva a 20 millones de euros.
El grupo socialista dijo en este sentido que lo importante es que el proyecto se haga, aunque ello signifique tener que rebajar la inversión y que el Ayuntamiento participe económicamente en su ejecución.

El Ayuntamiento solicita a Cultura que se implique en la restauración del Acueducto del Águila. Nerja (SUR)

El proyecto, valorado en 792.000 euros, será financiado en un 70 por ciento por la Junta con la Iniciativa de Turismo Sostenible
24.11.2009 -
EUGENIO CABEZAS
NERJA

El Ayuntamiento solicita a Cultura que se implique en la restauración del Acueducto del Águila
El Acueducto del Águila está declarado BIC. / E. C.
El Ayuntamiento de Nerja solicitará formalmente a la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía su implicación económica en el proyecto de restauración y puesta en valor del Acueducto del Águila, un monumento del siglo XIX, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y situado en las proximidades de la pedanía nerjeña de Maro, y que será recuperado dentro de la Iniciativa de Turismo Sostenible de la Axarquía (ITS), que ha puesto en marcha la Consejería de Turismo, que prevé una inversión de 4,3 millones de euros en 2010, en un total de 18 actuaciones en 15 municipios de la comarca.
El proyecto global contempla una inversión de 792.000 euros, de los que el 70% (554.780 euros) serán aportados por la Consejería de Turismo con cargo a este plan pionero, que persigue dinamizar y mejorar la oferta turística de la comarca oriental. El 30% restante corresponde a la aportación municipal, aunque el alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), anunció ayer que presentará una moción al pleno para pedir la implicación de Cultura, con un 50% de esta parte.
Así, la Consejería de Cultura, que según el regidor «tiene buena disposición» para respaldar el proyecto, aportaría 118.862 euros, una cantidad idéntica a la del Consistorio. El proyecto se prevé licitar a comienzos de 2010, con un plazo de ejecución previsto de un año.
La restauración del Acueducto es la más costosa de las 18 actuaciones previstas en la comarca, seguida de un nuevo centro de interpretación de las ruinas romanas del Faro de Torrox, por 624.000 euros.

Los programas de rehabilitación de viviendas ayudan a crear más de 400 empleos. Marbella (SUR)

El Gobierno andaluz destinará en 2010 un millón de euros a ayudas para reformar casas Las subvenciones alcanzan hasta el 95 %
24.11.2009 -
C. G.
MARBELLA

En plena crisis económica, cualquier actuación que ayude a generar empleo es recibida con los brazos abiertos. Es el caso de los planes de rehabilitación de inmuebles puestos en marcha por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta. En los últimos años han generado un total de 450 puestos de trabajo, según explicó ayer la delegada provincial del ramo, Josefa López. En concreto, las inversiones para la puesta a punto de inmuebles dentro del Área de Rehabilitación Concertada, que abarca los cascos antiguos de Marbella y San Pedro, han beneficiado a más de 250 trabajadores. En el caso de los programas genéricos de rehabilitación del Gobierno andaluz, los puestos creados ascienden a 200.
López visitó ayer las obras de mejora que se han realizado en un bloque de 20 viviendas de la barriada de Divina Pastora, en la calle San Vicente. Le acompañó la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, que destacó la importancia de las subvenciones de la Junta. «Son situaciones que no podrían haber afrontado con recursos propios», señaló junto al inmueble, en el que se han renovado las instalaciones eléctricas y de suministro de agua, así como la cubierta y la fachada y paredes.
Sin ascensor
Esta obra se enmarca dentro del Área de Rehabilitación Concertada de la Junta, que beneficia a los cascos antiguos de Marbella y San Pedro Alcántara y donde se prevén poner a punto casi dos mil viviendas de familias con recursos limitados. Según recordó Gámez, las ayudas oscilan entre el 50 y el 95 por ciento del coste del proyecto, en función de las rentas. Las reformas se acometen o bien en viviendas o bien en espacios comunes de bloques que arrastran deficiencias, mayormente la falta de ascensor. «Mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos y favorecemos la integración social», anotó López. En total, en el área de rehabilitación concertada la inversión supera los 2,75 millones para 375 familias. En los programas genéricos, el presupuestos asciende ya a 2,2 millones, con 600 familias beneficiadas. En 2010 la previsión es invertir un millón de euros más.
Plan Proteja
Por otro lado, la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio visitó ayer junto al alcalde de Istán, José Miguel Marín la actuación desarrollada con cargo al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Plan Proteja) en la localidad, que ha permitido la adecuación y el embellecimiento del Mirador. La actuación ha comprendido la preparación del terreno y el movimiento de tierras, la pavimentación rústica del Mirador con piedra de Casares y la construcción de jardineras, entre otros.

Estepona cambiará el PGOU para eximir de pagar cargas urbanísticas en el centro (SUR)

Propondrá en el pleno del viernes una modificación del planeamiento para considerar este suelo como consolidado
24.11.2009 -
MERCEDES PERIÁÑEZ / YEDALAMO
ESTEPONA

Estepona cambiará el PGOU para eximir de pagar cargas urbanísticas en el centro
el cambio evitará que se paguen cargas de suelo. /M.P.
Los vecinos de Estepona están a un paso de no tener que pagar aprovechamientos urbanísticos por la ejecución de obras dentro del casco histórico. El equipo de gobierno propondrá en el pleno que se celebrará este viernes una modificación puntual de elementos del actual Plan General de Ordenación Urbana-que data de 1994- con la que se eximirá a los propietarios de estas obligaciones urbanísticas. El asunto requiere mayoría de 13 votos para salir adelante, por lo que necesitará el respaldo de al menos un voto de la oposición.
Este cambio jurídico será posible ya que estos suelos (definidos como sistemáticos y asistemáticos) se han ido desarrollando a lo largo del tiempo hasta adquirir en la actualidad la categoría de urbano consolidado. De forma que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece la inexistencia de obligaciones de cesión de suelo y de aprovechamiento urbanístico. Si bien, sólo se exigirá la cesión del suelo «estrictamente necesario» para que la parcela quede urbanizada en las condiciones establecidas por la ordenación urbanística.
Más caros que la licencia
En un principio, desde el Consistorio se aseguró que con la adaptación del planeamiento vigente a la normativa de la Junta se daría carpetazo a este problema; si bien, esta gestión todavía no se ha concluido. De hecho, esta circunstancia ha obligado a muchos vecinos a esperar a la culminación de este trámite administrativo para comenzar a realizar sus obras. Y es que, estos aprovechamientos llegaban incluso a superar el coste de la licencia de obra, alcanzando en algunos casos los 60.000 euros.
La aprobación el pasado mayo del plan especial del casco histórico de Estepona permitió volver a conceder licencias de obras en esta zona, donde no se podía construir desde hace seis años. Desde la entrada en vigor de este plan especial, más de 60 vecinos han solicitado la ejecución de obras en sus viviendas. Según el alcalde de Estepona, David Valadez, la supresión de estos aprovechamientos significará un embellecimiento del casco urbano, la dinamización del sector de la construcción y el ingreso de recursos económicos en las arcas municipales.

La Junta prevé que Marbella tenga su nuevo PGOU en enero (SUR)

El Gobierno andaluz espera tener el expediente completo , con los informes sectoriales, esta semana Mantiene su compromiso de acortar los plazos
24.11.2009 -
CRISTINA GONZÁLEZ
MARBELLA

La Junta prevé que Marbella tenga su nuevo PGOU en enero
María Gámez y Josefa López visitaron uno de los bloques del caso antiguo que se reforma con ayudas de la Junta. /JOSELE-LANZA
Si no surge ningún contratiempo de última hora, Marbella podrá estrenar su primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en dos décadas el próximo enero. El nuevo planeamiento, que en las últimas semanas se había atascado en la burocracia por la falta de cuatro informes sectoriales que debían emitir tanto el Gobierno andaluz como el central, parece tener el camino casi despejado y se prepara para encarar la recta final de su tramitación.
Así lo explicó ayer la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, que señaló que a mediados de semana el Ayuntamiento recibirá el dictamen de impacto ambiental de la Junta; un informe considerado «fundamental». Con este documento, el expediente del Plan estará definitivamente completo y empezará la cuenta atrás para que el Ejecutivo regional le dé el visto bueno definitivo. «Esperamos que sea en enero; esperamos que no sea en febrero», anotó López cuando se le preguntó por un plazo para que tenga todas las bendiciones.
Ese fue precisamente el compromiso del consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas: Acortar los cinco meses de plazo que tiene la Junta para pronunciarse sobre el plan a la mitad e incluso a dos meses, dada la excepcionalidad del caso de Marbella, ya que fue la propia Junta, cuando ostentó las competencias urbanísticas, la que inició la redacción del PGOU. «Dependerá de cuándo se pueda dar por finalizado el expediente; entonces nos pondremos a trabajar sin perder tiempo porque el Plan de Marbella es una prioridad», abundó la delegada provincial del ramo.
De momento, el único informe sectorial que está físicamente en la Delegación Municipal de Urbanismo es el de la Consejería de Cultura. Restarían el de la Consejería de Medio Ambiente, el que llegará esta misma semana, y los dos dependientes del Gobierno central: el de Costas y el de Carreteras. En el primer caso el dictamen está listo a falta de algunos retoques, según indicaron fuentes municipales. El de Carreteras iría más rezagado.
Silencio administrativo
«Seguramente alguno no va a estar pero lo vamos a dar por presentado por silencio administrativo», explicó López. De hecho, el plazo de dos meses para emitir los informes cumplió el pasado octubre, ya que el PGOU se aprobó a finales de julio de este año. Pese a este calendario oficial, el Ayuntamiento aseguró que prefería esperar para incorporar dictámenes que afectan de lleno al modelo de ciudad, caso del de impacto medioambiental.
Una vez el expediente se dé por completado y esté en manos de la Junta, empezará a contar el plazo de cinco meses que marca la ley para que el Gobierno andaluz se pronuncie. «Cuando la alcaldesa (Ángeles Muñoz) hablaba de finales de diciembre era porque el plazo que tenían las administraciones para hacer los informes finalizaba en octubre y a partir de ahí sí daba finales de año pero la realidad es que a día de hoy el informe no está completo», abundó la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, que visitó ayer la ciudad acompañada de la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez.
Al margen de la burocracia, los técnicos de las administraciones local y autonómica hace semanas que mantienen reuniones para analizar distintos aspectos del documento e intentar agilizar en la medida de lo posible lo que resta de tramitación. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento recibe ya a los primeros inversores interesados en poner en marcha proyectos al calor del nuevo Plan General, tanto que incluso está prevista la puesta en marcha de una oficina para el asesoramiento a los empresarios interesados en traer actuaciones a la ciudad, caso de centros universitarios, colegios concertados y hasta un museo. Por la sede de Urbanismo también han asomado los primeros promotores dispuestos a asumir el pago de las compensaciones para regularizar sus viviendas. De momento son sólo seis o siete, pero se espera que la cifra siga creciendo.
Será el nuevo camino, con un planeamiento flamante, que comenzará a andarse después de enero.
Atrás quedarán más de tres años de aprobaciones, dimes y diretes y alegaciones. Los comienzos fueron peculiares. El documento lo redactó la Junta de Andalucía después de retirarle en 2006 las competencias urbanísticas al Ayuntamiento presidido por Marisol Yagüe. Con el PP ya en el equipo de gobierno y el control del urbanismo nuevamente, se aprobó inicialmente en julio de 2007 pese a que no convencía del todo a los nuevos responsables municipales. Recibió más de 8.500 alegaciones. Posteriormente introdujeron algunos cambios y se llevó a una primera aprobación provisional en octubre de 2007. Nuevo aluvión de alegaciones. En julio de este año el equipo de gobierno le daba el segundo visto bueno provisional.

Los alcaldes de la Axarquía se plantan (SUR)

Los mandatarios dicen sentirse engañados por la Junta con el urbanismo y amenazan con renunciar a sus cargos
24.11.2009 -
AGUSTÍN PELÁEZ
VÉLEZ-MÁLAGA

Los alcaldes de la Axarquía se plantan
Los alcaldes esperan reunirse esta semana con el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas. / E. G.
«Como alcalde de Comares le he llegado a plantear a mis compañeros de partido en la comarca que lo que tenemos que hacer es plantarnos y decirle a la Junta que hasta aquí hemos llegado». Así expresaba ayer el regidor comareño, el popular Manuel Robles, su malestar con la Junta de Andalucía por lo que esta sucediendo en la Axarquía con el urbanismo, sobre todo después de que el consejero de la Presidencia, Luis Pizarro, afirmara la pasada semana que la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) no se modificará para legalizar las viviendas irregulares que existen en la comarca.
El presidente de la Diputación, Salvador Pendón, se ha sumado también a las palabras de Pizarro al afirmar que el procedimiento de regularización de las viviendas que ahora mismo están fuera de ordenación en la Axarquía «se puede hacer, incluso, sin cambiar la ley porque se ha hecho en otras partes de Andalucía».
Pese a todo, Robles considera que lo que «debemos hacer los alcaldes es plantarnos e irnos con la cabeza alta o darles las varas de mando a la Junta para que sean ellos que gobiernen en los pueblos. Lo que no puede ser es que en las grandes ciudades de la costa se siga construyendo sin ningún problema y en el interior no podamos hacer absolutamente nada», señala el regidor.
El malestar de los ediles del PP es equiparable al que sienten los regidores socialistas de la comarca, algunos de los cuales también se plantean la posibilidad de renunciar a sus cargos en los ayuntamientos e incluso pedir ceses en la Junta de Andalucía, por entender que no están recibiendo el respaldo necesario.
Enfrentamiento
Este enfrentamiento no es extraño, teniendo en cuenta que hay mandatarios que culpan a la Junta de la situación jurídica por la que atraviesan algunos ediles, precisamente por recurrir los proyectos de actuación que han servido a los ayuntamientos para conceder las licencias de obras en el no urbanizable.
«No hay una sola vez que no nos veamos que no nos preguntemos si merece la pena continuar en política y volver a presentarnos», asegura el alcalde de Colmenar, Pedro Fernández (PSOE), imputado por un presunto delito de prevaricación por omisión, para quien hay casos de alcaldes que están siendo acusados por la Fiscalía que sencillamente han podido estar mal asesorados.
«Existe preocupación entre los alcaldes porque cuando se gobierna en ayuntamientos grandes se cuenta con toda una batería de técnicos que te asesoran, pero en los pequeños, donde a veces sólo cuentas con el asesoramiento del secretario una vez a la semana porque lo tienes compartido con otro municipio, es muy difícil hacer las cosas perfectas. Por eso decimos que resolver los temas por la vía de Contencioso Administrativo puede permitir resolver cualquier defecto en la tramitación, y que la vía penal dejarla sólo para los casos de corrupción», señala Fernández.
Para regidores como el de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda, también del PSOE, al que la Fiscalía ha solicitado cuatro años de prisión y 20 de inhabilitación por dos presuntos delitos de prevaricación urbanística, la Junta de Andalucía ha engañado demasiadas veces a los mandatarios axárquicos con el urbanismo.
Para este alcalde, uno de los problemas a los que se están enfrentando los ayuntamientos se deriva de la postura que ha mantenido hasta ahora la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de recurrir todos los proyectos de actuación utilizados para conceder licencias de obras en el campo. «En Málaga, la Consejería ha informado negativamente estos proyectos por norma, mientras que en otras provincias no es así. Además su informe no es vinculante. Si hubieran dicho que lo era seguro que ningún Ayuntamiento habría concedido una sola licencia para construir casas en el no urbanizable», asegura Aranda.
Preocupación
El nerviosismo y la preocupación entre los alcaldes se ha acentuado en las últimas semanas al expresar la Junta de Andalucía que la LOUA no se cambiará, todo ello coincidiendo con la constitución de la Mesa por el Urbanismo, precisamente con la intención de facilitar la regularización de las viviendas ilegales que existen en la zona.
Los alcaldes de la comarca tenían previsto reunirse de nuevo ayer en la mesa, que fue desconvocada ante la previsible visita esta semana a Málaga del consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, con quien esperan reunirse de nuevo para seguir tratando el problema del urbanismo.

Cambio en los jardines de Pedro Luis Alonso (SUR)

Los jardines de Pedro Luis Alonso, junto a la Casona del Parque, ofrecen un cambio de imagen después de que el Consistorio haya suprimido el cerco de ciprés que rodeaba esta zona verde, dentro del proyecto para renovarla y dotarla con varias especies rosales. El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, criticó ayer que se hayan suprimido los cipreses, ya que eran una seña de identidad de este espacio verde. Por su parte, la concejala de Parques y Jardines, Teresa Porras, rechazó las críticas de IU y explicó que la actuación respeta fielmente el diseño original del creador del jardín, el arquitecto Guerrero Strachan.

Vecinos y comerciantes de la calle La Unión apuestan por mantener el doble carril (SUR)

Recogen firmas contra la propuesta del Ayuntamiento de dejar una única calzada tras las obras del suburbano
24.11.2009 -
JESÚS HINOJOSA
MÁLAGA

Vecinos y comerciantes de la calle La Unión apuestan por mantener el doble carril
Simulación del efecto de la propuesta. / SUR
La propuesta lanzada por el equipo de gobierno municipal para renovar el eje de la calle La Unión una vez que finalicen las obras del metro, y que supone dejar un único carril de circulación en la vía, se ha encontrado con el rechazo de vecinos y comerciantes de este sector del distrito de Cruz del Humilladero. Según pudo conocer este periódico, algunos de ellos han emprendido una campaña para recoger firmas que exigen el mantenimiento de los dos carriles de circulación en la calle una vez que terminen los trabajos del suburbano.
Mario Fernández, uno de los comerciantes de la vía, aseguró que el rechazo de los propietarios de los negocios a la idea presentada por el Ayuntamiento «es unánime». «Dejar la calle La Unión con un único carril es provocarle un infarto al barrio. Si dejan una sola calzada será como cortar la calle, nadie querrá pasar por aquí», explicó este comerciante, al tiempo que resaltó que el efecto de la obra del metro en la zona ha sido «desolador». «No queremos que pase lo mismo cuando finalice, por eso nos hemos puesto a recoger firmas», señaló Mario, quien aseguró que se han recopilado las de casi todas las tiendas de la zona y las de más de un millar de vecinos del barrio.
La petición que ha recabado estos apoyos insiste en mantener dos carriles para la circulación y aparcamientos a ambos lados de la calzada, si bien se acepta la supresión de los estacionamientos en uno de los dos márgenes siempre que el tramo de calle tenga una anchura inferior a quince metros, según explicó Mario Fernández.
En el mismo sentido, Antonio Vega, presidente de la asociación de vecinos La Cooperación del sector Cruz del Humilladero, señaló que ya a finales del año pasado se realizó una encuesta en la que la opinión mayoritaria de los vecinos fue que la calle se quede como hasta ahora tras la obra del metro. «Esto no se puede comparar con la calle Larios, debe existir un carril para el tráfico de paso, pero también otro de servicio para residentes y comerciantes. En esta calle viven miles de personas y la calle tiene que dar un servicio a los vecinos», argumentó Vega, quien no obstante se mostró a favor de que se amplíen las aceras en aquellos tramos en que sea posible. «Otra cosa sería atentar contra el sentido común», aseveró.
Encuesta en la web
El presidente de este colectivo dijo que en su web (www.cruzdelhumilladero.org) está abierta una encuesta sobre cómo debe quedar la calle tras la construcción del metro y anunció que en los próximos días remitirán al Ayuntamiento un escrito para exigir el mantenimiento de los dos carriles de tráfico.
Por su parte, Elvira de la Torre, gerente de la Asociación de Comerciantes de Cruz del Humilladero, manifestó que el Consistorio ha lanzado una propuesta que todavía no es definitiva y que está recibiendo la opinión de vecinos y comerciantes. «La idea es que la solución que se adopte tenga el máximo consenso posible», señaló al tiempo que indicó que todavía no están cuantificadas las firmas recogidas por los comerciantes.
La actuación diseñada por Urbanismo para la calle La Unión, por la que circulan de media unos 14.000 vehículos al día en jornada laborable, consiste en dejar un solo carril de tráfico, aceras con una anchura entre dos y ocho metros, 241 metros lineales de estacionamiento y la plantación de 160 árboles. Además, se habilitará una nueva red de baldeo y alumbrado público, y contenedores soterrados.