Cae una red de estafadores en el ámbito de la multipropiedad (La Opinión)

La operación finaliza con 22 arrestados en Málaga y Tenerife. Los detenidos en la Costa del Sol se hacían pasar por abogados y volvían a estafar a las víctimas

Litoral. El ´time sharing´ vuelve a ser objeto de fraude en la Costa del Sol. La Opinión

J. TORRES. MÁLAGA Otra macrooperación de la Policía Nacional desarrollada en Málaga y Tenerife ha concluido con 22 detenidos por un presunto delito de falsificación y estafa en el ámbito de la gestión de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles o ´time sharing´. La intervención ha supuesto la detención de siete personas en la Costa del Sol, cuatro de ellas arrestadas en Fuengirola tras dos registros domiciliarios, dos detenidas en Torremolinos y una en la capital malagueña, donde también se realizó un registro. Estos detenidos son de nacionalidad francesa, tunecina, rumana y checa.

Derechos. Fuentes de la Comisaría Provincial de Málaga dijeron ayer que los estafadores contactaban con sus víctimas para comunicarles que había compradores interesados en sus derechos de uso. Sin embargo, una vez que éstos se hacían cargo de los gastos de los trámites de la compraventa, tanto los compradores como los intermediarios desaparecían con el dinero de las supuestas transacciones. Así, cuando las víctimas aceptaban la propuesta, los detenidos intercambiaban documentación con ellas y les hacían creer que eran los presuntos compradores, e incluso los abogados y notarios que garantizaban que la venta estaba cerrada. Los ahora arrestados ponían en conocimiento de los perjudicados que el dinero ofertado ya estaba a su disposición, si bien antes tenían que cumplir los trámites administrativos de liquidación de derechos, tasas, impuestos, etc. En algunos casos, las víctimas eran nuevamente estafadas. En esta ocasión la infraestructura del grupo actuaba desde la Costa del Sol y el fraude consistía en hacerse pasar por abogados que se encargaban de litigar con las empresas vendedoras de derechos. Según la investigación, afirmaban haber recuperado el dinero estafado y les aseguraban que les iba a ser devuelto, para lo que solicitaban nuevos pagos por los servicios prestados. Pero estos gastos eran inventados. Una vez que se realizaba el pago, los intermediarios desaparecían y la operación no se producía.