jueves, 15 de octubre de 2009

El comité de empresa denuncia a la alcaldesa por presuntas irregularidades. Manilva (Málaga Hoy)

Los trabajadores denuncian "un sistema de corruptelas en la contratación de personal"

REDACCIÓN / MANILVA, MANILVA | ACTUALIZADO 15.10.2009 - 05:01
    Prevaricación, fraude en la contratación, discriminación grave y pagos indebidos a trabajadores municipales. Éstas son algunas de las presuntas irregularidades que, a juicio del comité de empresa del Ayuntamiento de Manilva, habría cometido la alcaldesa, Antonia Muñoz (IU). Su presidente, Francisco J. Román, interpuso ayer una denuncia en el juzgado de guardia de Estepona al considerar que la regidora "podría haber generado un sistema de corruptelas" en la contratación de personal en el Consistorio, siendo los beneficiarios "afiliados o militantes de IU, y familiares", y constituyendo "una red de clientelismo político" muy alejada de los criterios de igualdad constitucionales.

    Así, el comité de empresa denuncia la conversión en indefinidos de contratos laborales de algunos trabajadores, cuyo "único requisito era haber concurrido junto a ella en las listas de IU en las anteriores elecciones". Asegura tener "fundados indicios" de que se estarían abonando gratificaciones a determinado personal, causando "perjuicio a las arcas municipales" y en contra de los informes de la interventora, añadiendo además que las empresas municipales contratan "sin control alguno a los trabajadores" para recompensar "afinidades políticas prestadas, mediante la emisión del voto en las elecciones municipales". Además, no se da cuenta del dinero público que se gasta en el pago de los mismos, quienes tampoco aparecen "en la abultadas nómina del Ayuntamiento".

    Ante la falta de reacción por parte del Consistorio, de los partidos políticos de la localidad, o de la Inspección de Trabajo, donde se han interpuesto denuncias al entender que se vulneraban los derechos fundamentales y sindicales o por la contratación irregular de trabajadores, el comité de empresa ha pedido la intervención de la Justicia ante la presencia "de indicios suficientes y racionales" en la comisión de presuntas irregularidades por parte de la alcaldesa y del concejal de Economía y Recursos Humanos, Diego Díaz (IU).

    A todo esto se le suma que el Ayuntamiento incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y la existencia "de cheques, órdenes de pago, y transferencias bancarias de dudosa legalidad".

    En este sentido, la alcaldesa ha asegurado no tener noticias de la denuncia y ha rechazado las acusaciones. Muñoz espera que los denunciantes hayan accedido a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento "con concurso público y no a dedo". A su juicio, es un error "bastante grande" meterse con los trabajadores y dijo que en el ayuntamiento "no está entrando apenas nadie".

    El Ayuntamiento de Manilva está gobernado por cinco ediles de IU y es apoyado desde la oposición por los cuatro concejales del PSOE tras el acuerdo por la gobernabilidad suscrito entre ambas direcciones provinciales después de que el gobierno se quedara en minoría tras abandonar el mismo dos ediles de una formación independiente. El pacto supuso la salida del gobierno de los otros dos ediles de este grupo.

    Repsol podrá extraer gas de la Costa del Sol si no afecta al turismo (Málaga Hoy)

    El Gobierno ha dado el visto bueno al estudio de impacto ambiental del proyecto de perforación que se llevaría a cabo en 2011 entre la costa de Fuengirola y Mijas


    zoom

    Playa de Fuengirola llena de bañistas en pleno verano.



    La multinacional Repsol YPF podrá extraer gas de los fondos marinos de la provincia de Málaga siempre y cuando lo haga entre los meses de enero y mayo para no afectar el paso de cetáceos ni al turismo de la zona. El Gobierno central ha dado el visto bueno al estudio de impacto ambiental del proyecto de sondeo Siroco de la empresa petrolera que pretende perforar un pozo de extracción entre las costas de Fuengirola y Mijas.

    El informe, que se encuentra en fase de información pública, da luz verde a Repsol para iniciar la perforación de las bolsas de gas que se calcula que hay en una superficie de unos 16 kilómetros cuadrados al considerar poco probable que se produzca "ningún daño irreversible en los ecosistemas" y en el caso de una posible afección concluye que sería "temporal y el medio marino se recuperaría tras el cese de la actividad".

    Pero sí hace referencia a algunos aspectos ambientales que se deberán proteger como es el paso de los cetáceos en la zona de estudio propuesta. El delfín común será la especie más sensible, ya que su hábitat coincide con el área donde se pretende extraer gas. La época de mayor sensibilidad, según el estudio de impacto ambiental, viene determinada por la reproducción de esta especie y que suele discurrir entre primavera y otoño, momento en el que coincide además el paso migratorio de otras muchas especies.

    La cercanía del área del proyecto de Repsol con el Estrecho de Gibraltar también condicionaría la ruta migratoria para las aves marinas. En concreto, se hace especial hincapié en la pardela balear, una especie autóctona de carácter pelágico que se encuentra amenazada. La mayoría de la población se desplaza una vez que termina el periodo de cría entre mayo y julio, mientras que de septiembre a noviembre es cuando vuelven del Atlántico.

    También la importancia del sector turístico en esta zona de la Costa del Sol durante los meses de verano se considera motivo más que suficiente para que los trabajos de perforación previstos por Repsol se lleven a cabo entre enero y mayo para no afectar a los turistas que acuden en la temporada alta. En el caso de que la empresa no pueda acogerse a este periodo por la falta de disponibilidad de la plataforma de extracción, el estudio de impacto ambiental indica que "se evaluará la necesidad de incorporar nuevas medidas". Las pruebas de producción previstas por la multinacional española tendrán una duración aproximada de 29 días y se desarrollarán entre enero u mayo de 2011. Este proyecto, denominado sondeo exploratorio Siroco, contempla la movilización y el anclaje de la plataforma de perforación en una zona ubicada a unos nueve kilómetros al sur de Mijas y a doce kilómetros al suroeste de Fuengirola, además de la perforación del pozo que permitirá saber si es viable realizar la extracción de gas en un futuro.

    Una actividad que, según el estudio de impacto ambiental, no tendrá ningún perjuicio en la flora marina, ya que las praderas de Posidonia oceánica del Lugar de Interés Comunitario de Calahonda están situadas a unos ocho kilómetros de distancia. En total, se han identificado y evaluado 68 impactos distintos sobre los fondos marinos de esta zona derivados de las actividades relacionadas con el sondeo exploratorio que se llevará a cabo y con las potenciales situaciones de emergencia.

    Los impactos de mayor relevancia serían debidos a derrames accidentales de combustible por la rotura de tanques o de otras sustancias peligrosas. Aunque el informe del Gobierno central sostiene que el riesgo es "sumamente bajo" al tratarse de un pozo de exploración de gas. No obstante, Repsol deberá garantizar que haya un técnico de vigilancia ambiental en la plataforma para supervisar que se cumplan con todas las medidas de seguridad durante el tiempo que dure la campaña de perforación.

    La gestión de los lodos y los ripios que se deriven de esta perforación deberán ser gestionados en tierra para evitar la turbidez del agua.

    Los vecinos de Visolmar tendrán sus viviendas gracias al Ayuntamiento (La Opinión)

    Las 50 familias que fueron afectadas por la quiebra de la promotora Visolmar y que quedaron sin recibir sus viviendas, a pesar de estar construidas desde hace unos dos años, verán solventado su problema en breve gracias a la intervención que el primer teniente de alcalde, y concejal de Urbanismo, Jesús Fortes, ha mantenido entre las tres partes implicadas: la promotora, el Banco Popular, con quien los propietarios suscribieron la hipoteca, y los afectados.
    Según Fortes, hubo entendimiento entre las partes y en la nueva propuesta, el Banco Popular asume la compra de los inmuebles no vendidos, cancelándose así la deuda existente. Eso sí, según el acuerdo, los propietarios deberán hacerse cargo de la obra de urbanización, último requisito para poder hacer la entrega de las viviendas y que desde Visolmar no se ha podido acometer por la mala situación económica que arrastraba. También, gracias a la petición expresa del edil de Urbanismo, el Banco Popular revisará las condiciones del préstamo para intentar mejorarlo.

    Denuncian a la alcaldesa de Manilva por contrataciones irregulares (La Opinión)

    El comité de empresa del Ayuntamiento de Manilva ha denunciado a la alcaldesa, Antonia Muñoz, por considerar que ha realizado contrataciones a dedo dentro de la plantilla municipal.
    La denuncia fue interpuesta el pasado 13 de octubre en el juzgado de guardia de Estepona por Francisco J. Román, presidente del comité de empresa.
    Según se desprende de la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, Antonia Muñoz "podría haber generado un sistema de corruptelas en la contratación de personal y en su remuneración". Así, los denunciantes aseguran que las contrataciones realizadas por la regidora manilveña han favorecido a determinadas personas a las que "se trata de premiar el apoyo político prestado a su formación".
    En este sentido, Román asegura que muchos de los beneficiarios de estos contratos han sido simpatizantes de Izquierda Unida y familiares de Antonia Muñoz por lo que, a su juicio, se ha creado una red de clientelismo político muy alejada de los criterios de igualdad constitucionales.
    En la denuncia también se explica que el comité de empresa no ha podido investigar estas acusaciones ya que "la alcaldesa no ha entregado los documentos que le exige la ley". Por ello, afirman, han puesto el asunto en manos de la justicia. Este periódico intentó ayer, sin éxito, ponerse en contacto con la alcaldesa para conocer su versión.

    El Ayuntamiento inicia la batalla jurídica por mantener su PGOU (La Opinión)

    El alcalde anuncia que recurrirá ante el TSJA los proyectos rechazados por la Junta


    Planos. El alcalde y el concejal de Urbanismo durante la presentación del PGOU en el Ayuntamiento.
    Planos. El alcalde y el concejal de Urbanismo durante la presentación del PGOU en el Ayuntamiento. C. Criado

    JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El Ayuntamiento de Málaga someterá finalmente el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga (PGOU) a las exigencias de la Junta y del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), según aseguró ayer el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, que anunció a continuación que el Consistorio ya prepara un recurso que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para defender el mantenimiento de los proyectos que la Administración autonómica ha rechazado, como la construcción por encima de las rondas, el mantenimiento de las casas de El Palo o las viviendas en Campanillas.
    El alcalde ratificó ayer lo que ya había anunciado a finales de julio, cuando explicó que "estamos estudiando los posibles recursos ante los tribunales ya que hay temas muy difíciles de cumplir". Además, De la Torre aseguró que no entiende por qué se sorprende la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, sobre la idea del Ayuntamiento de llevar el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga al TSJA.
    "Ya dijimos desde el primer día que había aspectos del POTAUM que nos parece que invaden competencias y que son aspectos desacertados". En este sentido, el alcalde argumentó : "Yo creo que es bueno recurrir judicialmente determinados proyectos, y no por el simple ejercicio de ver cómo funciona el Estado de Derecho, que funciona un poco lento en España". Igualmente, el alcalde agregó que "es bueno que aprendamos hasta dónde debe llegar el límite de la capacidad autonómica y donde está el límite nuestro, que debe ser respetado".
    Por otro lado, De la Torre indicó que eso no impide que "nuestra relación con la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía sea de lealtad institucional y de colaboración y trataremos de ayudarle a salir del lío que se ha metido por lo del Arraijanal, si podemos ayudar y sin comprometer el ritmo del plan urbanístico".

    El alcalde declarará hoy por la denuncia presentada por IU sobre Los Merinos. Ronda (SUR)

    El alcalde de Ronda, Antonio Marín, declarará hoy ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Ronda por un presunto delito medioambiental, contra la ordenación del territorio y supuesta prevaricación tras la denuncia presentada por Izquierda Unida (IU) en 2007 en relación a la autorización del proyecto urbanístico de Los Merinos, que contempla la construcción de 800 chalés de lujo, dos campos de golf y tres hoteles de cinco estrellas.
    Marín, que acudirá a los Juzgados a las 10.00 horas, siempre ha mantenido que actuó dentro de la legalidad ya que este complejo estaba contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ronda y que contaba con los informes técnicos pertinentes.
    Por este motivo, el regidor rondeño ya anunció que ha pedido el archivo de la denuncia al entender que se trata de un trámite administrativo más y no penal y ha insistido de nuevo en que no se cometió ninguna irregularidad en la concesión de licencias para la construcción de Los Merinos.

    El Ayuntamiento cree necesaria la restauración de las murallas. Ronda (SUR)

    El Consistorio quiere evitar posibles desplomes de la construcción, que data del siglo VIII

    15.10.09 -

    La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ronda, Josefa Becerra, ha alertado sobre el mal estado de conservación de algunos tramos de las murallas, construcciones que bordean parte del casco urbano de Ronda levantadas durante la época de la ocupación musulmana en el siglo VIII.
    De esta forma, Becerra ha explicado que es necesario poner en marcha un proyecto de restauración para paliar el estado de deterioro que presentan algunos tramos. Ya los vecinos de la zona Este de la ciudad también han advertido sobre posibles desplomes si no se pone remedio a esta situación.
    Concretamente, Becerra ha insistido en que es necesaria la revisión del perímetro de las murallas y que preocupa especialmente el estado de desgaste que presenta el mortero situado entre los sillares, así como el adobe que se encuentra en mal estado.
    Bajo presupuesto
    Las murallas bordean parte del conjunto histórico-monumental de la ciudad del Tajo, desde el barrio de San Francisco hasta el de Padre Jesús y es uno de los monumentos más visitados. Sobre la financiación de la actuación, Becerra ha dicho que este proyecto podría ser de coste bajo, por lo que se intentará meter en los Presupuestos Municipales de 2010.
    Al mismo tiempo, la edil socialista ha explicado que la concejala de Turismo, Maribel Morales, estaría dispuesta a apoyar dicho proyecto al tratarse de un monumento fundamental en el circuito rondeño.

    Vélez exige al Gobierno una nueva revisión del catastro para rebajar los valorales en vigor. Vélez-Málaga (SUR)

    El equipo de gobierno reclama una reducción mínima de entre el 15 y 20%

    El Ayuntamiento se pone así al lado de los colectivos que exigen la bajada del IBI


    15.10.09 -
    El equipo del gobierno del Ayuntamiento (PSOE, IU y GIPMTM), a través del área municipal de Hacienda, ha solicitado al Gerencia Regional del Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, la realización de una nueva revisión de los valores castastrales de los bienes inmuebles del municipio por considéralos sobrevalorados.
    La petición, que fue entregada ayer en mano por el edil de Hacienda, Fermín Domínguez, al gerente del Catastro en Andalucía, José Ferrari, en la capital andaluza, tiene como finalidad conseguir la realización de una nueva revisión antes de los cinco años que establece la legislación tras la aprobación de la última ponencia de valores, acto que tuvo lugar en el caso de Vélez en 2008. Esto significa que el municipio debería esperar como mínimo otros tres años para poder realizar una nueva revisión.
    Domínguez, entregó asimismo al responsable del Catastro un informe elaborado por los técnicos municipales en el que se expresa que los actuales valores están sobrevalorados y que en nada se corresponden con el momento de actual de crisis por el que atraviesa el sector inmobiliario y la economía en general.
    Para los técnicos municipales y el responsable de las cuentas del Ayuntamiento, al coincidir la última revisión realizada en el municipio con el 'boom' inmobiliario y el alza de los precios de la vivienda se realizó una valoración que hoy en día supera incluso los valores de mercado.
    Respuesta
    Según Domínguez, tanto la memoria como la petición de revisión que realiza el Ayuntamiento serán trasladadas ahora a la Subdirección General de Valoración en Madrid, lo que significa que la respuesta a la demanda municipal no se conocerá hasta dentro de unos ocho días. El edil ha reconocido por otra parte que desde su departamento se ha solicitado una rebaja de los valores actualmente en vigor de entre el 15 y 20%, aunque la última palabra la tendrá el Catastro.
    Con las gestiones que está llevando a cabo el área de Hacienda, el equipo de gobierno se coloca al lado de los colectivos de comerciantes y empresarios de Vélez y Torre del Mar, así como de las diversas asociaciones vecinales que han exigido al Ayuntamiento la rebaja de los recibos del IBI, demandas antes las que el Consistorio ha anunciado su intención de disminuir el tipo del 0,85 al 0,75 en 2010 y al 0,70 en 2011.

    Medio centenar de familias esperan la entrega de sus casas tras la quiebra de la promotora. Benalmádena (SUR)

    Medio centenar de familias se han visto afectadas por la quiebra de la constructora Visolmar, lo que ha imposibilitado la entrega de una promoción de viviendas en Arroyo de la Miel que sólo estaba pendiente de las obras de urbanización. Una situación de la que se ha hecho eco el Ayuntamiento, que ayer acogió una reunión entre las tres partes implicadas: los vecinos afectados, la promotora y el Banco Popular, entidad con quien los propietarios contrayeron el préstamo hipotecario. Tras la mediación municipal, encabezada por el edil de Urbanismo, Jesús Fortes, el banco asumirá la compra de todas las viviendas que se han quedado sin vender, cancelándose así la deuda contraída por Visolmar. Por su parte, los propietarios se encargarán de acometer las obras de urbanización, un mal menor que tendrán que afrontar para poder recibir las llaves de sus viviendas.
    Por otro lado, la entidad financiera también se ha comprometido a revisar de nuevo las condiciones del préstamo, con objeto de que los vecinos obtengan mejoras sustanciales como una reducción en la penalización por el retraso del pago de las cuotas o la rebaja también en el tipo de interés, según informaron fuentes municipales.

    Repsol reactiva el proyecto para buscar gas en el litoral malagueño (SUR)

    La compañía pretende realizar sondeos en 2011 para confirmar los indicios que apuntan a la existencia de un yacimiento frente a las costas de Mijas y Fuengirola El estudio de impacto ambiental se encuentra en periodo de alegaciones
    15.10.2009 -
    FRANCISCO JIMÉNEZ
    FUENGIROLA

    Repsol reactiva el proyecto para buscar gas en el litoral malagueño
    A. TORRES
    Repsol ha dado un nuevo paso en su intención de buscar yacimientos de gas en el litoral malagueño. La petrolera acaba de presentar en el Ministerio de Industria el estudio de impacto ambiental del proyecto denominado 'Sondeo exploratorio Siroco', consistente en la prospección del fondo marino a unos diez kilómetros de la costa, a la altura de la Punta de Calaburras (Mijas), para confirmar los indicios que apuntan a la existencia de reservas de hidrocarburos en esta zona.
    Para ello, la multinacional utilizaría una plataforma de perforación semisumergible y anclada, además de dos barcos de apoyo, un helicóptero y un almacén en tierra. Una logística que ya en 2005 despertó el rechazo del sector turístico y, especialmente, del pesquero por el daño que podrían sufrir los caladeros. Incluso la Junta de Andalucía llegó a mostrar sus reservas, amenazando con acudir a la vía judicial ante la falta de garantías de los sondeos. Ante esta situación, el Gobierno tomó cartas en el asunto y aprobó un decreto que modificaba los permisos de investigación otorgados a Repsol en el que se exigía la realización de un estudio medioambiental previo.
    Temporada turística
    La intención de la petrolera es ejecutar los sondeos entre enero y mayo de 2011. Un periodo que no está elegido al azar, precisamente para esquivar la temporada estival, además de para no entorpecer el paso de aves migratorias que se suele dar en el último cuatrimestre del año. Ésta es una de las principales propuestas que recoge el estudio de impacto ambiental, que durante los próximos 30 días permanecerá expuesto a información pública en la Subdelegación del Gobierno en Málaga.
    El documento, encargado por Repsol a la consultora especializada en medio ambiente United Research Services, concluye que la exploración sería «compatible, ya que no es previsible que se produzca ningún daño irreparable en los ecosistemas y que las potenciales afecciones al medio serían temporales y se recuperaría de forma inmediata o en un breve plazo de tiempo tras el cese de la actividad».
    Los impactos de mayor relevancia detectados están relacionados con derrames accidentales de combustible o de otras sustancias peligrosas para el entorno, aunque el informe de URS destaca que la probabilidad de que se produjera un vertido importante es «sumamente baja». Además, para garantizar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad, durante el tiempo que durara la campaña de perforación se dispondría de un técnico de vigilancia ambiental en la plataforma prevista.
    El programa de perforación tendría una duración aproximada de un mes, para lo que sería necesario trasladar hasta la zona una plataforma móvil de exploración para tomar muestras del subsuelo.
    Extracción invisible
    «Si se confirmara que hay reservas en cantidades rentables desde un punto de vista comercial, entonces nos pondríamos a planificar el operativo para acometer la extracción con el máximo cuidado y rigor, lo que supondría al menos otros dos años», aseguraron a este periódico desde la compañía. En cuanto al impacto que podría generar la futura explotación, en Repsol garantizan que no sería visible, puesto que se realizaría a través de una cabeza submarina conectada a una planta en tierra firme, similar a la actuación que se está llevando a cabo en aguas de Huelva.
    Una vez transcurridos los 30 días de plazo para la presentación de alegaciones al estudio de impacto ambiental, el siguiente paso de la multinacional será pronunciarse sobre las propuestas que pudieran recibirse desde los distintos organismos públicos y privados antes de remitir de nuevo el informe al Ejecutivo central, que es el que deberá dar el visto bueno al proyecto.

    El PP defiende la protección de las casas de El Palo como bienes de interés cultural (SUR)

    El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, defendió ayer que las viviendas de las barriadas de El Palo, Pedregalejo, Las Acacias, El Dedo y La Araña sean declaradas Bien de Interés Cultural, al considerarlas «una seña de identidad para la ciudad». De esta manera, se evitaría su demolición por parte de la Dirección General de Costas.
    El líder provincial, junto a la vicesecretaria de Acción Política del PP, Ana Carmen Mata, y el coordinador de Política Sectorial, Carlos Conde, mantuvieron un encuentro con la asociación vecinal Rebalaje donde mostraron su apoyo a sus reivindicaciones. Los vecinos exigen desde hace años la regularización de sus viviendas, que se legalicen y se les dote de las escrituras para que no sean demolidas, ya que, según Demarcación de Costas, se ubican en zona de dominio público marítimo-terrestre.
    Bendodo declaró que la solución a este conflicto pasa por el deslinde, que se contemplaba en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital de 1997, y por dar las escrituras a los propietarios. Al tiempo, anunció el compromiso de presentar una moción en el Ayuntamiento de Málaga en la que se recojan las reclamaciones de los vecinos.

    La Junta deja en manos de Fomento la llegada del Cercanías a la Marina (SUR)

    La consejera de Transportes y el alcalde acuerdan que el proyecto del bulevar salga a licitación a finales de este año

    15.10.09 -

    Que la línea del Cercanías se prolongue o no hasta la plaza de la Marina es una decisión que corresponde en exclusiva al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Fomento, y al Ayuntamiento. La consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, dejó clara ayer en Málaga su posición al respecto de esta propuesta del alcalde, Francisco de la Torre, al afirmar que el diseño del tramo más complejo del metro de Málaga, el paso bajo la Alameda Principal y el Parque, proseguirá su andadura sin esperar a la decisión de las otras dos administraciones. Con todo, Aguilar participará en la próxima reunión que mantendrá el regidor con responsables de Adif. En este punto cabe recordar las reiteradas manifestaciones en contra que ha hecho en los últimos meses la secretaria de Estado de Transportes, Concepción Gutiérrez.
    Mano tendida
    La iniciativa tiene, como principal argumento a favor, la oportunidad de excavar de una sola vez los dos túneles, en uno de los puntos más sensibles de la capital, como es la Alameda Principal. En contra está el hecho de que ambos diseños no son del todo compatibles, y que el recorrido desde la plaza de la Marina hasta Correos, donde se situará la última estación del tren cuando concluya su remodelación, se podrá hacer a bordo del metro.
    El diseño que la Junta está llevando a cabo para llevar el suburbano hasta La Malagueta prosigue por tanto su andadura de forma autónoma, y aunque estará culminado a finales de año, se prevé que en abril se pueda licitar, una vez que se alcance el acuerdo con el Consistorio para paliar la afección sobre el tráfico y la vegetación; y culmine la supervisión por parte de Ferrocarriles Andaluces. Ambos dirigentes coincidieron en destacar que la obra se hará con el máximo consenso institucional.
    Más fructífero fue el encuentro entre Aguilar y De la Torre en lo que concierne a las obras del bulevar sobre las vías soterradas del ferrocarril, para el que se ha establecido un calendario que culminará a mediados de noviembre, en un nuevo encuentro que supondrá el espaldarazo definitivo al proyecto, con vistas a licitar las obras a finales de año o principios del próximo.
    Sobre los tramos del metro que ya están en ejecución, Aguilar concretó que se ha alcanzado el 87% de la línea 2 (Carretera de Cádiz) que se pondrá en servicio, junto con el recorrido en superficie de la línea 1 (Universidad) a finales del año 2011. Preguntada por el sustituto de Enrique Urkijo -actualmente director de Desarrollo Estratégico de Renfe- al frente de la dirección de la Oficina del Metro, la consejera anunció que la decisión está «bastante avanzada», aunque no reveló la identidad del candidato.