lunes, 6 de julio de 2009

Mijas cuenta con más de 3.750 construcciones irregulares. Mijas (SUR)

Mijas cuenta con 3.750 construcciones en situación irregular, de las que un 30% podrían regularizarse vía planificación, asegura el alcalde, Antonio Sánchez (PSOE), que espera que se halle "algún resquicio por el que, sin conculcar la legalidad, se pueda encontrar una solución".
Del censo de edificaciones irregulares, un millar tiene expediente abierto y Sánchez asegura que lo importante es –como van a hacer– paralizar las multas coercitivas, ya que "una vez que se abre expediente, inmediatamente hay que imponer las multas que concluían con la demolición". Sánchez asegura que instarán directamente la demolición, pero no con un plazo corto para ejecutarla, sino de un año, ya que "no es tan fácil encontrar una vivienda alternativa" y, además, darán "un margen" para que se pueda acudir al juzgado.
El alcalde precisó que así "aún más se amplía el plazo mientras la Junta o los servicios jurídicos del Ayuntamiento encuentran una fórmula legal que permita la regularización". Sánchez indicó que la regularización de algunas viviendas pasaría por la revisión del PGOU, que se impulsará, "pero mientras hay que encontrar mecanismos que permitan dilatar". También considera que para el resto "tiene que haber una herramienta que, ahora, con la ley en la mano, probablemente no haya, pero es posible que deba adaptarse la ley o que muchas viviendas queden fuera de ordenación".

El PGOU aprueba legalizar los Jardines del Príncipe. Marbella (SUR)

Su promotor ha pasado de tener que eliminar el 60% de su edificabilidad o destruir más de la mitad de la promoción a ceder 3.200 metros cuadrados


Ilegal. Fachada de la promoción Jardines del Príncipe en la milla de oro. l.t.

PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA Era la crónica de una legalización anunciada para los vecinos de Marbella. La deshabitada promoción de Jardines del Príncipe queda tan intacta en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad malagueña como los arcos ´gilistas´ que acotan el centro de la ciudad. La última versión del documento urbanístico, a la que ha accedido este diario, legaliza el conjunto residencial y rebaja las compensaciones que su promotor tenía que ceder inicialmente a cambio de su regularización.
El texto, elaborado por el arquitecto Manuel González Fustegueras y aprobado inicialmente por la corporación municipal en julio de 2007, ya incluía el edificio en el proceso de normalización de viviendas irregulares. Además, su promotor tenía que reducir su edificabilidad en un 60% para lograr su legalización.
En octubre de 2008, el gobierno municipal del PP apoyado por el PSOE aprobó provisionalmente y por primera vez un PGOU modificado. En éste, ya se habían reducido las cesiones que los desarrolladores de la parcela debían abonar para regularizarla. Tenían que ofrecer una parcela de 7.000 metros cuadrados dentro del mismo edificio.
En el nuevo texto, pendiente de una segunda aprobación provisional, las compensaciones son menores. A este respecto, el promotor deberá ceder 1.000 metros cuadrados dentro de la promoción y una parcela exterior de 2.200 para equipamiento público, tal y como figura en el plan de ordenación urbana del municipio.
El inmueble se ubica al comienzo de la conocida ´milla de oro´ de la localidad en un suelo urbanizable. Su ilegalidad radica en el exceso de edificabilidad. El edificio consta de cuatro plantas más áticos en una parcela donde el plan vigente, de 1986, sólo permite la construcción de adosados y viviendas unifamiliares. En total, se han consolidado 99 apartamentos de lujo en una zona donde, como máximo, podían construirse 18 chalés.
A su alrededor, se dispersan viviendas unifamiliares que están habitadas desde hace años y cumplen las normativas. La promoción supuso una pantalla artificial entre sus inmuebles y sus vistas al mar que tuvo como consecuencia directa la pérdida de su valor económico además de su calidad de vida, según se denunció en su día. Ya desde 1999, antes de que comenzara su construcción, los residentes de este área se movilizaron en su contra.
Presentaron denuncias ante la Fiscalía, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento. La licencia municipal otorgada por el gobierno del Grupo Independiente Liberal era irregular. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo corroboró en 2005. En esta fecha, el TSJA anuló el permiso y decretó su derribo. En 2007, este fallo adquiriría la condición de firme. El Tribunal desestimó el recurso de casación que presentó la promotora. Ahora, el PGOU está a punto de legalizarlo pese a estar deshabitado.

El alcalde de Mijas pide una solución para las 3.750 construcciones ilegales del municipio. Mijas (SUR)

En Mijas hay 3.750 construcciones en situación irregular, de las que un 30% podrían regularizarse vía planificación, según el alcalde, Antonio Sánchez, que espera que se halle «algún resquicio por el que, sin conculcar la legalidad, se pueda encontrar una solución».
Del censo de edificaciones irregulares, un millar tiene expediente abierto y Sánchez dijo que lo importante es -como van a hacer- paralizar las multas coercitivas, ya que «una vez que se abre expediente, inmediatamente hay que imponer las multas que concluían con la demolición». Afirmó que instarán directamente a la demolición, pero con un plazo de ejecución de un año, ya que «no es tan fácil encontrar una casa alternativa».

Adjudicada la obra para crear una nueva explanada en el puerto pesquero. Estepona (SUR)

El proyecto, que costará 1,1 millones de euros, se destinará a la carga y descarga de vehículos pesados
Adjudicada la obra para crear una nueva explanada en el puerto pesquero
El puerto pesquero se someterá a una remodelación casi integral de sus infraestructuras. La Junta de Andalucía ha adjudicado a la empresa Bonifacio Solís las obras de reurbanización de esta zona por un importe de 1,19 millones de euros, según informaron desde la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, dependiente de la Junta. La actuación, contempla la creación de una nueva explanada delante de la lonja, que se destinará a la carga, descarga y maniobra de los vehículos pesados. El plazo de ejecución de la obra es de siete meses, a contar a partir de la firma del contrato . Durante este periodo se proporcionará empleo a unos 30 trabajadores, según las mismas fuentes.
Las obras comprenden la demolición de unos antiguos cuartos de redes y almacenes para poder poder conectar el vial existente en el dique de levante con el que se encuentra situado en la zona este. Con la comunicación de estas dos vías se circunda por completo el puerto por la zona sur y se genera una explanada delante de la lonja que mejorará notablemente las operaciones de carga, descarga y aparcamiento por parte de los vehículos que transportan habitualmente los productos pesqueros.
La nueva explanada tendrá capacidad para nueve plazas de camiones de muelles de carga, una cifra similar para camiones pequeños y 17 plazas para turismos. En total, incluyendo tanto la explanada como la conexión de los viales, las obras de reurbanización se extenderán sobre 9.694 metros cuadrados de superficie.
Más obras
Este proyecto se unirá a las obras de ampliación y modernización de la lonja pesquera, que aún no han concluido. Está previsto que este recinto se convierta en un centro de comercialización, de forma que las instalaciones cuenten con una tecnología moderna que introduzca a los pescadores dentro de los canales de comercialización. Con este sistema, desde los barcos se podrá conocer la cantidad y el tipo de pescado que los profesionales llevan hasta las subastas. Este proyecto, también financiado por la Junta de Andalucía, supondrá una inversión de 800.000 euros.
El recinto portuario estrenó el pasado febrero su varadero. Las obras permitieron habilitar un espacio para la futura edificación de talleres y la implantación de nuevas actividades productivas relacionadas con el mantenimiento de la flota.

Urbanizaciones se lanzan a la firma de convenios con el Ayuntamiento para mejorar servicios básicos. Marbella (SUR)

Más de 70 núcleos residenciales han pedido ayuda para mejorar, entre otros, asfaltado o saneamiento
El Consistorio hace el proyecto y no cobra licencia

Urbanizaciones se lanzan a la firma de convenios con el Ayuntamiento para mejorar servicios básicos
En Los Monteros, los operarios ya han tomado las calles para renovar el pavimento en cinco kilómetros de calles. /JOSELE-LANZA
Asfaltado, saneamiento, redes de pluviales, líneas telefónicas que sobrevuelan las viviendas, transformadores al aire libre y un largo etcétera de deficiencias. Ya sea por la antigüedad, ya sea porque los promotores se ampararon durante la 'era GIL' en el caos urbanístico que imperó en la ciudad, lo cierto es que decenas de urbanizaciones del término municipal arrastran desde hace años deficiencias considerables en algunos de sus servicios más básicos, lo que merma la calidad de vida de sus vecinos. Una situación de abandono a la que se le empieza a dar la vuelta.
Los núcleos residenciales se están lanzando a la firma de convenios con el Ayuntamiento en virtud al marco de colaboración que se abrió a principios de 2008 y que permite a las comunidades de propietarios ahorrarse un buen puñado de euros en las obras que emprendan: la redacción del proyecto y el coste de la licencia corre a cargo del Consistorio. Hasta el momento más de 70 urbanizaciones han firmado ya acuerdos y la cifra sigue en aumento. Una semana sí, otra también, algún núcleo residencial se cuela en los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y la maquinaria se pone en marcha.
«Cada vez tenemos más», reconoce el director del Área de Urbanizaciones, Javier García, que apunta que de las demandas más frecuentes, caso de las obras de asfaltado o de acerado, se está pasando a otras más ambiciosas como la construcción de puntos limpios, rotondas o parques. «En la mayoría de los casos se trata de urbanizaciones antiguas, pero también se dan mucho en que los promotores, que están desaparecidos, dejaron infraestructuras básicas sin terminar», subraya. El problema reside en que en su día no se le requirió un avalan como garantía, por lo que son los propios vecinos los que tienen que hacerse cargo de las mejoras.
Tramitación
En la lista de beneficiarios aparecen por igual urbanizaciones de Las Chapas, Marbella, Nueva Andalucía y San Pedro y algunas tan conocidas como Marbesa, Los Monteros, Caribe Playa, Guadalmina alta o La Carolina, entre otras muchas. En todos los casos los trámites a seguir son idénticos. Primero hay que presentar la solicitud de adhesión con una copia de la aprobación del acuerdo adoptado por la comunidad de propietarios con las actuaciones a seguir y el compromiso de los particulares de asumir el coste económico de las obras.
Una vez aprobado el acuerdo en Junta de Gobierno Local el resto de los pasos ya queda en manos del Ayuntamiento. El Servicio Técnico de Urbanismo se encarga de la elaboración del proyecto. «Al principio se alargó más pero ya estamos finalizándolo en unos tres meses», abunda García. Los beneficiarios cuentan, una vez tengan sobre la mesa la pertinente licencia, con seis meses para ejecutar la obra, a la que se realiza un seguimiento y control por parte de los técnico municipales de los trabajos que se realicen.
Para actuaciones que ya estaban en marcha, tan sólo pendientes de la concesión de la licencia, es posible aún acogerse al convenio marco aunque sea para ahorrar en la autorización. La fórmula es desistir de la petición del permiso y sumarse al convenio marco, que está a pleno rendimiento. Actualmente en tres casos la obra ya ha concluido, en cinco están pendientes de ejecutarse, 17 se encuentran inmersas en la redacción del proyecto y nueve ya lo tienen sobre la mesa. El resto, está en una fase más incipiente, a la espera de obtener el visto bueno del equipo de gobierno al acuerdo.
En Marbella hay aproximadamente unas 800 urbanizaciones, según apunta García, que puso el acento en que, pese a lo que se pueda pensar, no todas son de lujo ni de un nivel adquisitivo alto. «También las hay con 40 ó 50 y más humildes, que presentan mayores deficiencias», abundó. Aquí reside también, a su juicio, la importancia del convenio marco con las urbanizaciones, impulsado directamente por la alcaldesa, Ángeles Muñoz. «Conseguimos que se mejore la ciudad a la vez que se le da un servicio a estos núcleos residenciales porque en muchos casos están cerca de accesos a la playa o son una zona de tránsito habitual para muchas personas», anotó el director del Área de Urbanizaciones. De hecho, el tipo de infraestructuras más demandadas, por este orden, es el asfaltado de las calles, el saneamiento, las redes de pluviales o el soterramiento de las líneas telefónicas. Y de alguna u otra manera, las mejoras benefician no sólo a los vecinos sino a un área más amplia.

La falta de iniciativa pública y privada frena la recuperación del Centro Histórico (SUR)

Las licencias de obra caen a la mitad en dos años y los proyectos de rehabilitación se abaratan para hacerlos viables para las empresas
Los programas para las zonas más degradadas tardan en despegar

La falta de iniciativa pública y privada frena la recuperación del Centro Histórico
Aspecto que presenta la calle Beatas, una de las más deterioradas del Centro, que todavía espera medidas que impulsen su recuperación. / CARLOS MORET
La recuperación del Centro Histórico sigue, pero no al ritmo de años anteriores. El retroceso de la iniciativa privada a causa de la crisis y la demora de los proyectos promovidos por las administraciones públicas han hecho que la puesta a punto del casco antiguo se vea frenada. Se terminan proyectos pendientes desde hace años, pero se inician muy pocos. Así lo corrobora la estadística de las licencias de obras concedidas por la Gerencia de Urbanismo. De enero a mayo de este año se tramitaron 17 permisos para el casco antiguo, la mitad de los cursados en 2007.
Además, permanecen estancados por el momento destacados proyectos residenciales como los previstos en el antiguo edificio de Félix Sáenz, en la esquina de la plaza de la Constitución con la calle Granada, en la plaza del Teatro y en el antiguo cine Astoria. No obstante, algunos de sus promotores confían en poder retomarlos en breve tras la realización de excavaciones arqueológicas o la resolución de problemas financieros.
En cuanto a la iniciativa pública, no contribuye a la revitalización del Centro el retraso de cuatro años en el plan autonómico de las 'tecnocasas' para regenerar algunos de los sectores más deteriorados, ni la demora en el plan municipal de la Judería, si bien ha comenzado a andar el programa apoyado con fondos europeos por el que el Ayuntamiento impulsará hasta 2013 la construcción de equipamientos y renovará el pavimento de varias calles.
Diversos promotores y expertos consultados por este periódico reconocieron que la crisis económica ha ralentizado el ritmo constructor y rehabilitador en el casco antiguo. «Ha caído la financiación de los proyectos y la actividad está muy parada», apuntó David Castellón, de la empresa Centro Histórico 2002. Este promotor subrayó que hay muy poca obra nueva en el corazón de la ciudad por parte de los privados, que todavía tienen a la venta estudios y apartamentos que no han conseguido colocar por tener un precio muy elevado, que todavía se mantiene en muchos casos pese a la crisis.
Sin financiación
«Se están haciendo rehabilitaciones, muchas de ellas derivadas de las inspecciones técnicas obligatorias que se hicieron el año pasado, pero hay poco nuevo porque los bancos no dan la financiación necesaria», argumentó Castellón.
Por su parte, Antonio Trujillo, de la constructora Picasso, también confirmó la caída de la obra nueva en el casco antiguo y un descenso igualmente en los proyectos de rehabilitación de edificios. «Ya no se hacen grandes rehabilitaciones de varios millones de euros como antes, ya que los bancos no dan crédito. Ahora sólo se ven proyectos de rehabilitación parcial que rondan los cien mil euros», matizó este constructor, que añadió que las ventas siguen todavía muy paradas.
Excavaciones
Además, Trujillo llamó la atención sobre la complicación que todavía suponen las obligatorias excavaciones arqueológicas para las obras en el Centro. En ese sentido, criticó que la labor de los arqueólogos se prolonga en algunos casos más de un año, con el consiguiente incremento de costes para el empresario. «La arqueología es necesaria, pero a veces se convierte en una lacra. No hay más que darse un paseo por el Centro para ver que hay muy pocas obras en marcha porque se encuentran todavía en esa fase», señaló este empresario, que exigió más agilidad a la Consejería de Cultura a la hora de analizar los resultados de las prospecciones.
Otras fuentes expertas consultadas coincidieron igualmente en señalar que la recuperación del Centro Histórico va ahora a un ritmo más lento. «Hay una iniciativa latente, pero que se ve frenada porque los compradores de viviendas no pueden acceder a las casas por la dificultades para obtener un préstamo hipotecario», manifestaron. No obstante, destacaron que el hecho de que los precios no hayan caído en el casco antiguo al mismo nivel que lo han hecho en el resto de la ciudad demuestra que «el mercado sigue actuando y que el Centro sigue siendo aún un goloso escaparate de la ciudad».