Su promotor ha pasado de tener que eliminar el 60% de su edificabilidad o destruir más de la mitad de la promoción a ceder 3.200 metros cuadrados
Ilegal. Fachada de la promoción Jardines del Príncipe en la milla de oro. l.t.
PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA Era la crónica de una legalización anunciada para los vecinos de Marbella. La deshabitada promoción de Jardines del Príncipe queda tan intacta en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad malagueña como los arcos ´gilistas´ que acotan el centro de la ciudad. La última versión del documento urbanístico, a la que ha accedido este diario, legaliza el conjunto residencial y rebaja las compensaciones que su promotor tenía que ceder inicialmente a cambio de su regularización.
El texto, elaborado por el arquitecto Manuel González Fustegueras y aprobado inicialmente por la corporación municipal en julio de 2007, ya incluía el edificio en el proceso de normalización de viviendas irregulares. Además, su promotor tenía que reducir su edificabilidad en un 60% para lograr su legalización.
En octubre de 2008, el gobierno municipal del PP apoyado por el PSOE aprobó provisionalmente y por primera vez un PGOU modificado. En éste, ya se habían reducido las cesiones que los desarrolladores de la parcela debían abonar para regularizarla. Tenían que ofrecer una parcela de 7.000 metros cuadrados dentro del mismo edificio.
En el nuevo texto, pendiente de una segunda aprobación provisional, las compensaciones son menores. A este respecto, el promotor deberá ceder 1.000 metros cuadrados dentro de la promoción y una parcela exterior de 2.200 para equipamiento público, tal y como figura en el plan de ordenación urbana del municipio.
El inmueble se ubica al comienzo de la conocida ´milla de oro´ de la localidad en un suelo urbanizable. Su ilegalidad radica en el exceso de edificabilidad. El edificio consta de cuatro plantas más áticos en una parcela donde el plan vigente, de 1986, sólo permite la construcción de adosados y viviendas unifamiliares. En total, se han consolidado 99 apartamentos de lujo en una zona donde, como máximo, podían construirse 18 chalés.
A su alrededor, se dispersan viviendas unifamiliares que están habitadas desde hace años y cumplen las normativas. La promoción supuso una pantalla artificial entre sus inmuebles y sus vistas al mar que tuvo como consecuencia directa la pérdida de su valor económico además de su calidad de vida, según se denunció en su día. Ya desde 1999, antes de que comenzara su construcción, los residentes de este área se movilizaron en su contra.
Presentaron denuncias ante la Fiscalía, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento. La licencia municipal otorgada por el gobierno del Grupo Independiente Liberal era irregular. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo corroboró en 2005. En esta fecha, el TSJA anuló el permiso y decretó su derribo. En 2007, este fallo adquiriría la condición de firme. El Tribunal desestimó el recurso de casación que presentó la promotora. Ahora, el PGOU está a punto de legalizarlo pese a estar deshabitado.
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