Mijas cuenta con 3.750 construcciones en situación irregular, de las que un 30% podrían regularizarse vía planificación, asegura el alcalde, Antonio Sánchez (PSOE), que espera que se halle "algún resquicio por el que, sin conculcar la legalidad, se pueda encontrar una solución".
Del censo de edificaciones irregulares, un millar tiene expediente abierto y Sánchez asegura que lo importante es –como van a hacer– paralizar las multas coercitivas, ya que "una vez que se abre expediente, inmediatamente hay que imponer las multas que concluían con la demolición". Sánchez asegura que instarán directamente la demolición, pero no con un plazo corto para ejecutarla, sino de un año, ya que "no es tan fácil encontrar una vivienda alternativa" y, además, darán "un margen" para que se pueda acudir al juzgado.
El alcalde precisó que así "aún más se amplía el plazo mientras la Junta o los servicios jurídicos del Ayuntamiento encuentran una fórmula legal que permita la regularización". Sánchez indicó que la regularización de algunas viviendas pasaría por la revisión del PGOU, que se impulsará, "pero mientras hay que encontrar mecanismos que permitan dilatar". También considera que para el resto "tiene que haber una herramienta que, ahora, con la ley en la mano, probablemente no haya, pero es posible que deba adaptarse la ley o que muchas viviendas queden fuera de ordenación".
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