domingo, 14 de abril de 2013

El decreto de vivienda enfrenta a la Junta con el mercado inmobiliario (La Opinión)


La normativa, que prevé sanciones para los bancos y promotores que no pongan sus pisos vacíos en alquiler, amenaza con un efecto en cadena que afectaría profundamente a precios y oferta - La medida incluye incentivos para animar a los propietarios particulares a arrendar sus viviendas

14.04.2013 | 11:57
El decreto de vivienda enfrenta a la Junta con el mercado inmobiliario
El decreto de vivienda enfrenta a la Junta con el mercado inmobiliario
Pocas veces una norma, y menos con carácter autonómico, ha despertado tanto interés informativo. El decreto social de la vivienda, que penaliza a las entidades con pisos vacíos y establece nuevas alternativas a los desahucios, ha conseguido en apenas cinco días convertirse en una auténtica bomba legislativa, con una onda de propagación que inunda las tertulias y los debates parlamentarios.

Los constructores afirman que el nuevo decreto crea ´inseguridad jurídica´ (La Opinión)


La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga considera que el Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, que entró en vigor este pasado jueves en Andalucía, crea "inseguridad jurídica", especialmente en los posibles compradores de inmuebles y a los que cuentan con una segunda residencia en la provincia.
El presidente de la ACP, José Prado, ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que son "plenamente conscientes" de la problemática social existente en parte de la población, que no puede hacer frente a los pagos de su hipoteca por la situación de crisis económica actual; sin embargo, ha apuntado que los promotores "no pueden ser los únicos a los que se dirija la Junta de Andalucía".
Así, ha manifestado que en Andalucía hay unas 50.000 viviendas en manos de promotores públicos de viviendas, es decir, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), las diputaciones o los institutos municipales de vivienda de los diferentes ayuntamientos. A su juicio, deberían ser éstas las viviendas que se pongan a disposición de aquellos que no pueden hacer frente a sus pagos.
"Es un drama social y la Junta y el Gobierno deberían atenderles con nuestros impuestos, al igual que el 0,7 por ciento se destina a África deberían destinar un porcentaje a paliar estas tragedias sociales", ha indicado Prado, quien ha señalado que en el caso de Málaga capital "hay 2.000 viviendas cerradas porque los bancos no dan financiación para la gente".
Con las 7.000 viviendas aproximadamente que existen en los 101 municipios de la provincia de Málaga en manos de promotores públicos "se podría paliar, perfectamente, esta carencia", ha afirmado, insistiendo en que los promotores no están de acuerdo en que sean ellos a los que se les "meta la mano en el bolsillo de nuevo".
"No estamos de acuerdo con ese intervencionismo, nos están coaccionando con sanciones, esto es una confiscación a los empresarios y si el Gobierno quiere las viviendas que las expropien y paguen el justiprecio pero no que expropien el uso, que es una figura jurídica que no existe", ha apostillado.
A juicio del presidente de los promotores y constructores malagueños, el nuevo decreto de la Junta va contra la Constitución Española, en concreto ha citado los artículos 53 de la Propiedad Privada y el 14 sobre Igualdad de Trato.
"Acción populista" que alarga el problema
Prado ha considerado que esta normativa, ya en vigor y de la que podrían beneficiarse en Málaga 39 personas, según datos del propio Gobierno andaluz; es una "acción populista para salir en los medios de comunicación".
Además, en su opinión, este decreto no hace sino alargar el problema tres años "e incrementar la deuda de las familias, por los intereses de demora". "Posponen el problema. Políticamente creen que es un triunfo pero el problema continúa porque a los tres años el banco dirá, págueme usted", ha puntualizado.
En este punto, ha lamentado que se haya aprobado sin haberse consensuado con el sector, por lo que ha instado al Gobierno andaluz a retirarlo y a sentarse con los bancos para llegar a acuerdos de pagos con las familias "pero no de confiscación".
Prado ha aludido igualmente a las deudas que mantiene el Gobierno autonómico con los constructores y promotores en el marco del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2008-2012. "Son decenas de millones los que debe en subvenciones que los promotores no han recibido y que a muchos les ha llevado a la Ley Concursal", ha apuntado.
"La Junta de Andalucía debe hacerse cargo del dinero de los alquileres y los presupuestos de la Junta son escasísimos", ha continuado, calificando el nuevo decreto de la vivienda como "un 'bluf' y un brindis al sol".
Las administraciones, según el constructor malagueño, están legislando "a golpe de impresionar al público y arrancar votos", por lo que ha criticado también el Plan de Protección del Litoral del Gobierno autonómico, que está provocando que los posibles compradores "no se atrevan a adquirir una vivienda en el litoral por si se la expropian".
"No podemos luchar contra molinos de viento, quieren cargarse el turismo residencial que cuenta en la Costa del Sol con medio millón de viviendas desde los años 70", ha incidido, y ha declarado que el nuevo decreto de vivienda "crea pánico social en los países socios de la Unión Europea" al señalar "que se presumirá que la vivienda no está habitada cuando no se destine al uso residencial previsto durante más de seis meses consecutivos en el curso de un año".
El decreto especifica que se presumirá que la vivienda no está habitada cuando la misma no cuente con contrato de suministro de agua o de electricidad o presente un nulo o escaso consumo de suministros, calculados con base en la media habitual de consumo por vivienda y año. No obstante, apostilla que quedan excluidas de ello las edificaciones destinadas a un uso regulado en la legislación turística, siempre que cuenten con las correspondientes licencias urbanísticas y de apertura; las viviendas de las personas físicas cuyo uso exclusivo sea el de esparcimiento o recreo, las que sean usadas de forma efectiva mediante su arrendamiento por temporadas o las deshabitadas de titularidad de personas físicas.
Según Prado, el decreto "establece sanciones de hasta 9.000 euros para las personas jurídicas que tengan pisos vacíos y no los pongan en alquiler, por considerarlo como falta grave pero libera del compromiso de poner en alquiler viviendas vacías a las personas físicas".
"Está hecho a medida de unos cuantos y permitirá a los políticos andaluces seguir manteniendo fuera de esta norma sus segundas, terceras o cuartas residencias, que podrán seguir vacías dependiendo exclusivamente de la voluntad de sus propietarios", ha declarado, y ha citado casos como los del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, "con dos viviendas en Huelva; la consejera de Presidencia, Susana Díaz, con otras dos en Sevilla o el responsable de Turismo, Rafael Rodríguez, con tres casas en Málaga", entre otros.

El plan para regularizar las casas de Monte Dorado se retrasa. LAOPINION


Cuatro años después de haber iniciado en marzo de 2009 su tramitación para dar cobertura legal a la barriada de Monte Dorado, una de las zonas de autoconstrucción ilegal más antiguas y más extensas de las enclavadas en la capital, el Ayuntamiento no ha podido aún aprobar el plan especial que regularizará todo este barrio.
El retraso se debe a la fuerte contestación que el proyecto del plan especial obtuvo entre los vecinos, al que le presentaron decenas de alegaciones y posteriormente por las exigencia de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Obras Públicas.
Ello ha obligado al Ayuntamiento a llevar a cabo ayer una segunda aprobación provisional del plan promovido de oficio.
La innovación aprobada ayer viernes recoge una serie de adaptaciones y aclaraciones que se realizan conforme al informe sectorial de la Consejería de Obras Públicas y a la obtención de información nueva trasladada por distintos propietarios. Se trata de modificaciones que se justifican dentro de los parámetros previstos en el PGOU y no se consideran cambios sustanciales a la vista de la ordenación ya aprobada provisionalmente. Se trata de una zona de 143.252 metros cuadrados, el número máximo de viviendas es de 171, en su mayoría ya están edificadas ( autoconstruidas); se establecen 55.599 metros cuadrados para zonas verdes, 9.840 para equipamientos y 25.665 para viales.
Entre las adaptaciones incorporadas figura, sobre todo, la ampliación de dos viarios peatonales que ha incidido en las superficies de las parcelas residenciales, áreas libres y equipamientos adyacentes; y se indica que las parcelas por edificar deberán justificar una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados. El proyecto de urbanización tiene un coste de unos 2,3 millones de euros, cuya tramitación se está concluyendo de cara a ser aprobado definitivamente. Se remitirá a la Consejería de Agricultura, Pesca para que emita un informe preceptivo en un mes.
Críticas del PSOE
Por su parte, el PSOE criticó con severidad la gestión llevada hasta ahora por el Ayuntamiento al recordar que «haya tardado 16 años en ser aprobado el plan especial de manera provisional, pese a estar contemplado en el PGOU desde el año 1997», según indicó su concejal Sergio Brenes. Para el PSOE, esta tardanza se debe a que «es una zona cerrada a las plusvalías urbanísticas, sin procesos de especulación sobre el suelo, donde no se podían firmar convenios urbanísticos por lo que no se preocuparon de desarrollarlo». Finalmente, según el PSOE, Urbanismo ha dado la razón a las alegaciones presentadas que de manera mayoritaria pedían reducir los costes de urbanización, eliminar 2 viales que no se justificaban, descontar las obras de calles, que habían sido pagadas por los propios vecinos y, por último, evitar la expropiación y demolición de varias viviendas del entorno de la calle El Solitario en Mangas Verdes.