La normativa, que prevé sanciones para los bancos y promotores que no pongan sus pisos vacíos en alquiler, amenaza con un efecto en cadena que afectaría profundamente a precios y oferta - La medida incluye incentivos para animar a los propietarios particulares a arrendar sus viviendas
14.04.2013 | 11:57
LUCAS MARTÍN Pocas veces una norma, y menos con carácter autonómico, ha despertado tanto interés informativo. El decreto social de la vivienda, que penaliza a las entidades con pisos vacíos y establece nuevas alternativas a los desahucios, ha conseguido en apenas cinco días convertirse en una auténtica bomba legislativa, con una onda de propagación que inunda las tertulias y los debates parlamentarios.
La Junta, y, sobre todo, el programa de sanciones y expropiaciones de uso, tramitado por la vía de urgencia, ha puesto en guardia a detractores, simpatizantes y observadores externos; desde que el pasado martes el Consejo de Gobierno validara la medida, la literatura generada al respecto es monumental. En los pasillos de los grupos políticos, fuera de micro, se oyen todo tipo de análisis crudos, desde los que califican el decreto de chapuza a la venezolana a los que hablan de un golpe efectivo y letal a la burbuja especulativa.
La aplicación de las medidas recogidas en el texto, que entró en vigor el pasado viernes, levanta, en cualquier caso, expectación. Y no sólo entre sus beneficiarios directos y perjudicados. La entrada en escena de miles de pisos vacíos, en régimen de alquiler asequible, amenaza con producir un efecto en cadena en el mercado inmobiliario, especialmente en lo que respecta a los precios. La Junta está empeñada en sacar a flote buena parte de las 119.000 referencias sin uso que calcula en la provincia. Eso supondría la multiplicación de la oferta. Y, además, a las bravas, mediante la presión de sanciones económicas y sociales para las entidades que se nieguen a arrendar sus propiedades desocupadas –el decreto plantea multas de 9.000 euros por vivienda y la inhabilitación de hasta seis años para la obra pública de la comunidad–.
Este aspecto de la normativa, y su posible repercusión, es el que más polémica genera. Mientras Izquierda Unida recibe el aplauso cada vez más entusiasta del PSOE y se enorgullece de haber cumplido su programa, la construcción se desespera. Sobre todo, por lo que consideran un atropello a las reglas del juego y las garantías jurídicas de los inversores. La patronal de Málaga no titubea al calificar el decreto de «intervencionismo aberrante». Los promotores dudan de una norma que entienden que fuerza el uso de propiedades legítimas y privadas. «Nosotros somos los máximos interesados en sacarle el partido a esas viviendas», señalan. El sector está molesto con el espíritu de una ley que sitúa a las inmobiliarias desde el punto de vista moral en el lado de los agresores: ni los pisos están deshabitados por gusto, señalan, ni la Junta es el garante de la solidaridad con los más débiles. En este sentido, aseguran que siempre han estado dispuestos a colaborar para buscar soluciones y recuerdan que la administración también dispone de miles de viviendas alzadas por empresas públicas como EPSA. La agrupación autonómica va todavía más allá y acusa al Gobierno Andaluz de actuar con ánimo «populista y recaudatorio».
Violeta Aragón, secretaria general de la ACP, recuerda que la construcción de viviendas ya representa una aportación económica por vía impositiva para la administración. De hecho, el 30 por ciento del coste de cada vivienda corresponde al pago de impuestos autonómicos. La Junta, en el caso de las multas, se compromete a emplear el dinero recaudado para el desarrollo de programas relacionados con la vivienda pública. Sin embargo, sobre la polémica de la ley, flota la protesta del sector, que no comprende que se les sancione por bienes por los que ya se paga anualmente en tributos.
Los promotores, al igual que el PP, cuestionan también la eficacia de uno de los aspectos mejor recibidos del conjunto de la norma: el establecimiento de estímulos e incentivos para animar a los propietarios particulares –excluidos del sistema de multas– a poner sus viviendas en alquiler. «No sabemos cómo van a pagar esas nuevas líneas de ayuda cuando todavía deben dinero de los incentivos para construir VPO», reseñan.
Ayer, el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, instó al Gobierno central a que «aplique en toda España» el decreto, para que «no sean sólo los andaluces los que tengan la protección» de la Administración ante una situación de exclusión social por perder su vivienda. Aunque, de momento, otras comunidades no copian el ejemplo. El Gobierno de Asturias, con ejecutivo socialista, ya dijo ayer que no contempla la puesta en marcha de una medida similar a la ley andaluza y optará en cambio por llegar a convenios con los bancos.
La controversia de la parte punitiva de ley ha hecho que su parte central y legislativamente más novedosa circule a nivel mediático de manera mucho menos enrevesada. La llamada expropiación de uso, que permitirá a las familias más desfavorecidas soslayar la amenaza de desahucio y permanecer durante tres años en sus hogares, supondrá la revisión de la mayoría de los casos de riesgo. En Málaga, únicamente con los datos de los hipotecados que se han dirigido a la administración en busca de intermediación, son más de trescientos.
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