viernes, 13 de febrero de 2009

Corredor reconoce que 'hay retrasos' en el cobro de las ayudas de 210 euros al alquiler (El Mundo)


'El proceso de control lleva un tiempo, a veces mayor del deseado'
'Una familia compre o no un piso por lo que diga la ministra de Vivienda'

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, reconoció que se están produciendo "retrasos indeseables" en la percepción de la Renta Básica de Emancipación (RBE), las ayudas de 210 euros al alquiler para jóvenes de entre 22 y 30 años puestas en marcha en enero de 2008 y aprobadas en septiembre de 2007.
En una entrevista en Punto Radio, la ministra señaló que "hay retrasos" y que éstos son "indeseables", por lo que pidió disculpas a los jóvenes que están esperando la ayuda, aunque recordó que ya hay 63.000 personas que están cobrando los 210 euros.
"Es muy difícil explicarle a un chico que está esperando sus 210 euros que tiene esperar más, pero desde el momento en que se empieza a pagar, cobra todo lo que tiene atrasado con carácter retroactivo desde que tiene" reconocido el derecho a recibirla, explicó.
La titular de Vivienda quiso dejar claro que el proceso de concesión de la Renta de Emancipación es "complejo", sobre todo en la última fase, porque se quiere que "llegue sólo" a quienes tienen derecho a ello.
"Es muy difícil explicarle a un chico que está esperando sus 210 euros que tiene esperar más"
Así, se llevan a cabo "controles complejos" para comprobar que el interesado está al corriente de sus obligaciones de pago con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
"El proceso de control lleva un tiempo, a veces mayor del deseado", dijo Corredor, quien recomendó a los jóvenes que acumulen ya muchos meses de retrasos que acudan a su entidad financiera o a la comunidad autónoma para ver cómo va el proceso.
¿Es momento de comprar?, no sabe no contesta
Preguntada por si es buen momento para adquirir un piso o conviene esperar, dijo no creer que "no habrá ninguna familia en este país que compre una casa, es decir, que haga la mayor inversión de su vida, por lo que diga la ministra de Vivienda".
'No se le está pidiendo a la banca que dé préstamos fallidos'
La ministra se refirió también a las restricciones de crédito, para afirmar que no se le está pidiendo a la banca que dé préstamos "fallidos".
Corredor defendió que la "inmensa mayoría de las familias españolas son solventes, tiene trabajo estable y su capacidad económica no se ha resentido con la crisis".
Por ello, "hay muchas familias que tienen derecho a ir al banco, acreditar su solvencia y a que la entidad financiera, dentro de su capacidad de maniobra y su valoración de riesgo, colabore".

La vivienda española también cae para el BCE (El Mundo)

De 1999 a 2005, el incremento medio anual del 'ladrillo' en España alcanzó el 13,8%
Irlanda, Malta y Finlandia, los países europeos donde el sector perdió más fuelle

Los precios nominales de la propiedad residencial bajaron en España el 3,2% en el cuarto trimestre de 2008 respecto al mismo periodo del año anterior, por detrás de Irlanda, Malta, y Finlandia, según el Banco Central Europeo (BCE). Cifra que coincide 100% con el primer descenso que ha experimentado el valor de las casas, según el Ministerio de Beatriz Corredor durante el último año, que también apuntaba hacia un 3,2%.

En un informe del boletín de febrero, el BCE asegura que la primera caída de los precios nominales de la propiedad residencial en España se produjo en el último trimestre del pasado año. El retroceso del valor de la vivienda residencial (casas y pisos) en España fue del 1,4% en la segunda mitad de 2008, respecto a igual periodo del ejercicio anterior.

Sin embargo, el precio de la vivienda había subido el 2,9 % anual en los seis primeros meses de 2008. Estas cifras contrastan con el incremento medio anual del 13,8% que registraron los precios de la vivienda en España entre 1999 y 2005, la mayor subida de los países que comparten el euro.

Irlanda y Malta, donde más cae el 'ladrillo'
Irlanda es el país de la zona del euro que lidera las caídas del precio de la vivienda, con un retroceso del 9,7% en el cuarto trimestre y del 10% en el tercer trimestre de 2008, respecto a los mismos meses de 2007. En el caso de Irlanda la bajada de los precios de la vivienda residencial fue en los seis primeros meses del año pasado del 9% y en el segundo semestre del 9,8%.

A Irlanda le siguió Malta, con un retroceso del 4,4% en los tres últimos meses de 2008. Malta también sufrió una bajada del precio de la vivienda en el cuatro trimestre de 2008. En el caso de Finlandia, al igual que en España, el retroceso se produjo sólo en el cuarto trimestre (-3,4%).

La entidad considera que en el área euro se produjo una notable ralentización

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El BCE consideró que en el conjunto del área euro se produjo una notable ralentización del crecimiento de los precios de la propiedad residencial a finales de 2008 debido a una moderación de la demanda de viviendas porque eran menos asequibles. Además, ya que la adquisición de una vivienda está financiada principalmente con deuda, el endurecimiento de las condiciones de los créditos también pueden haber influido negativamente en los últimos años.

Los estándares de crédito para los hogares se han endurecido desde comienzos de 2006, reflejando una subida generalizada en los tipos de interés nominales aplicados a las hipotecas. Ante la ralentización de los precios y de la demanda de la vivienda, se produjo también un retroceso de su oferta, según el banco europeo.

La inversión residencial real en la zona del euro se contrajo un 3,3% en el tercer trimestre de 2008, respecto al año anterior, cifra que contrasta con el crecimiento anual del 6,1 por ciento del primer trimestre de 2007. EL BCE prevé que se mantenga la moderación del crecimiento de la inversión en vivienda en los países del euro.

Madrid impugnará el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 por invasión de competencias (El Mundo)

Estima que el Plan impide al propietario de una VPO vender lel piso pasados 15 años

La Comunidad de Madrid presentará un recurso al Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación para el periodo 2009-2012 al entender que "se invaden las competencias propias" del Gobierno regional en cuanto a la regulación del régimen de vivienda protegida.

Así lo anunció el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ignacio González, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado con carácter extraordinario en Fuenlabrada, en la que acompañado de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, y del alcalde de la localidad, Manuel Robles, anunció la aprobación de impugnar esta normativa.

"Las competencias en materia de vivienda son exclusivas de las comunidades autónomas y a través de este decreto estatal se pretende condicionar las políticas de vivienda protegida de las comunidades", denunció González, quien señaló, que entre otras cosas, la norma "limita el ejercicio de la propiedad privada en cuanto al uso y disfrute de la vivienda".

Aguirre defiende la protección por 15 años
González explicó que hasta ahora las viviendas protegidas tenían un grado de protección que duraba durante 15 años a partir del cual el propietario que adquiría esa vivienda protegida podía descalificarla y venderla libremente en el mercado. Es decir, "esa vivienda que había adquirido con su esfuerzo y a través de su hipoteca, podía luego venderla y cambiar de casa yendo al mercado y obteniendo de la venta de la misma los recursos para poder pasar a otra vivienda", explicó.

Sin embargo, apuntó, "esto aparece limitado en el Decreto, se cercena la posibilidad de que haya una vivienda protegida donde el propietario pueda disponer de ella pasado el régimen establecido de protección, porque ahora es durante toda la vida de la vivienda", indicó González recalcando que ahora un propietario de vivienda protegida puede disponer "libremente" de ella y venderla a aquel "que considere oportuno".

En cambio, según denuncia la Comunidad de Madrid, el Real Decreto "impone la obligación de venderla sólo a aquellas personas que estén en un registro público de personas solicitantes de vivienda protegida". "Con lo cual no se le permite dejarla a sus hijos o a sus familiares en herencia, sino que obligatoriamente sólo puede disponer de ella a favor de ese registro", lamentó.

"A través de estas limitaciones se está cerciorando la capacidad de determinar el régimen de vivienda protegida, competencia exclusiva de las comunidades autónomas, y por eso, (el Gobierno madrileño) interpondrá en los próximos días un recurso", concluyó.

Un Plan de Vivienda... ¿de verdad para todos? (El Mundo)

Las familias numerosas se quejan de recortes en sus derechos
El Ministerio alega que aumenta el número de colectivos protegidos

¿Se inaugura con la crisis un periodo de 'sálvese quien pueda' que dejará en la cuneta inmobiliaria a inmensas minorías de españoles que adolecen de una atención singular en esta materia? O, por el contrario, ¿también en cuestiones de acceso a una vivienda está garantizada la discriminación positiva para quienes con más urgencia precisan un techo digno bajo el que cobijarse?

Todo está por ver en el incierto horizonte de estos días pero, de momento, sobre el papel, que todo lo aguanta, está garantizada la cobertura del Estado para los llamados colectivos de especial protección. Así, el Plan de Vivienda 2009-2012, que prevé una inversión total cercana a los 10.188 millones de euros, amplía los colectivos que tienen prioridad a la hora de disfrutar de una Vivienda de Protección Oficial (VPO).

En el texto se mantienen como beneficiarias de esta especial protección las familias con ingresos más bajos, personas mayores, jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y sus familias, familias numerosas y monoparentales con hijos, así como otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social que determinen las comunidades autónomas.

A ellos se les suman ahora las personas dependientes y quienes los tienen a su cargo, los separados o divorciados al corriente de pensiones alimenticias o compensatorias, si es el caso; los afectados por situaciones catastróficas y las personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación de la infravivienda.

De momento, y a la espera de que tan optimista horizonte se concrete en cifras de casas adjudicadas, los colectivos favorecidos coinciden en señalar lo positivo de recoger en un plan nacional este compromiso, si bien expresan sus temores de que todo se quede finalmente en papel mojado. "Las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Veremos cómo se resuelve el tema, porque no sería justo que se tengan más posibilidades de acceder a una casa si eres una mujer maltratada de Madrid que si lo eres de otra provincia", apunta Ana María Pérez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, con varias décadas de experiencia en la atención a mujeres víctimas de violencia de género.

En efecto, serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos los responsables de concretar el método de adjudicación, la cantidad y el tipo de hogares que se reserven para estos cupos de especial protección. "Está previsto que este proceso esté ultimado en el primer trimestre del año. A partir de ese momento se pondrán en marcha las medidas contenidas en el plan", informan en el departamento que dirige la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.

"Finalmente, el Plan nacional no da instrucciones concretas. Los planes no entran en la adjudicación de las casas, sino que son los ayuntamientos los que determinan las prioridades. La normativa del Ministerio no exige nada", considera Pablo Olangua, director general de Gestión de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).

Víctimas de violencia de género

(Foto: B. Rivas)
Concha [nombre falso] aguantó malos tratos de su ex pareja durante 10 años. Ahora paga menos de 300 euros por una piso público. 'Tenía tres hijos y ningún lugar al que ir si lo dejaba'

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El tristemente famoso colectivo formado por las mujeres que han sufrido malos tratos es uno de los que más esperanzas pone en la normativa que se deduzca del Plan nacional. La cifra de más de 80.000 condenas por este concepto desde 2005 ayuda a ilustrar el alcance del problema. "Y eso es sólo la punta del iceberg. Una vez que las mujeres se han recuperado de un drama que les produce secuelas de por vida necesitan un hogar como parte integrante del proceso de recuperación de su autonomía. Hasta este momento hemos vivido de todo. En ocasiones no se conseguía una casa de ninguna manera, pero poco a poco hemos ido logrando que esta sensibilidad cuaje en las administraciones. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ha mostrado sensible, algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que en este territorio se registró el mayor número de mujeres asesinadas el pasado año", refiere Ana María Pérez.

Según la experta, el tema es de vital importancia, en el más literal sentido de la expresión: "Lo más difícil para una mujer maltratada que denuncia es dejar a su verdugo, porque la vivienda es un instrumento de amenaza del agresor: 'Te vas a quedar en la calle con una mano delante y otra detrás'. Y los agresores no amenazan, sino que informan de lo que van a hacer. Tal y como están las cosas, la falta de vivienda puede ser un elemento de carácter disuasorio a la hora de denunciar al maltratador. Las mujeres tienen que irse pitando de su domicilio para salvar el pellejo, pero tienen miedo a quedarse sin un techo", explica Pérez.

Familias numerosas
Con menor optimismo valora la situación Jesús Contreras, presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Castilla-La Mancha. "Estamos escandalizados. El nuevo Plan de Vivienda ha quitado de un plumazo algunos de los logros conseguidos, como la excepción que permitía construir viviendas públicas de más de 90 metros cuadrados a fin de acoger a las familias numerosas. Ahora se ha dejado en manos de las administraciones autonómicas este punto, de forma que dependemos de su mayor o menor sensibilidad con el tema. Nos han condenado al hacinamiento", denuncia.

Otros aspectos que critican las familias con más de tres hijos es el, a su juicio, insuficiente margen que da el Ministerio para disponer de una renta familiar más elevada de lo común a la hora de solicitar una VPO y la prohibición de transmitir o ceder el uso de las VPO antes de 10 años, dificultando de esa manera el cambio de hogar cuando aumenta la prole.

Personas con discapacidad

(Foto: B. Rivas)
Elena Cruz reside en una casa pública adaptada desde hace seis años. 'Ojalá las administraciones siguieran apoyando, porque yo la tuve que comprar sin ayudas'

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En el Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi) lo tienen claro: "Las viviendas que se destinan actualmente a personas con minusvalía son hogares en los que nadie viviría si no tuviera una discapacidad: baños enormes, como sí la persona hiciera su vida en el aseo; o las habitaciones y pasillos llenos de barras de sujeción... No todos los discapacitados tenemos las mismas necesidades. Una persona sorda, por ejemplo, no necesita un baño enorme y sí que los avisos de emergencia sean también luminosos. La apuesta ha de ser por viviendas que resulten útiles para todos, con discapacidad o sin ella, aunque sabemos que esto no se consigue de la noche a la mañana", reconoce Óscar Moral, asesor jurídico de la institución.

Divorciados y separados

(Foto: Kike Para)
Carlos acaba de recibir una casa pública: 'Desde que el juez me dio la tarjeta roja había vivido con mi madre. No he podido tener una relación estable hasta este momento'

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"El problema cae como una losa sobre el padre que se separa. De la noche a la mañana se ve en la calle, pues la casa se queda en manos de los hijos en usufructo, y él tiene que buscar un nuevo hogar. Poder contar con la protección del Estado en ese momento para tener prioridad en la concesión de un piso es muy importante o, de lo contrario, se dan casos que conocemos bien de hombres que se han quedado en una situación de miseria absoluta: sin techo, pagando la hipoteca de la casa donde no viven, pasando una pensión alimenticia a sus hijos y, en ocasiones, una compensatoria a su ex esposa... Un callejón sin salida", explica Juan Luis Rubio, presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS).

"Hay que dar respuesta al menos a los más urgentes. Lo ideal sería potenciar un parque de viviendas en alquiler para separados. Incluso hemos propuesto pisos compartidos, donde los que hayan pasado por una separación puedan vivir juntos, compartiendo los gastos, como hacen los jóvenes", refiere el responsable de la Asociación, quien considera que es falso que se estén produciendo menos rupturas matrimoniales por no disponer de una vivienda.

La Junta advierte que no permitirá que se alteren los límites con el deslinde. Marbella (Málaga Hoy)

El PP dice que el PSOE cambia su discurso porque "no sabe salir de la falsa polémica"
La Junta de Andalucía no permitirá que se ejecute el expediente de deslinde entre Marbella y Benahavís si constituye una alteración de los límites municipales. Así lo aseguró ayer la consejera de Gobernación, Clara Aguilera, al responder a una pregunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz en relación con la controversia surgida por dicho expediente, sobre el que pesan las acusaciones de la oposición (PSOE e IU) de supuestos intereses por parte de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), dado que la operación afectaría a terrenos que son propiedad de sociedades gestionadas por su marido y su cuñado e, incluso, a su actual residencia.

Aguilera explicó que la normativa autonómica que regula la demarcación municipal de Andalucía establece que las líneas de deslinde ya definidas son "inamovibles" salvo en casos excepcionales, algo que no ocurre en esta ocasión. Para la Junta, "no quedan establecidos con claridad los motivos del cambio de límites del deslinde", que datan de 1873 y que el Instituto Cartográfico de Andalucía ratificó en 2007 "sin que nadie dijera nada", afirmó la consejera. Informó de que se ha solicitado al Consistorio marbellí información complementaria para aclarar el expediente.

El portavoz del equipo de Gobierno de Marbella, Félix Romero (PP), destacó que el PSOE ha cambiado su discurso porque "no sabe salir de la falsa polémica que ha creado". "Resulta muy curioso que ahora ya no hablen de enriquecimiento de la alcaldesa y sus familiares y que hayan modificado radicalmente sus acusaciones porque saben que tendrán que rendir cuenta de sus falsedades ante los tribunales", apuntó. Aseveró que el expediente persigue "fijar claramente las lindes en algunas zonas colindantes" entre dos municipios y "de ningún modo supone alteración o modificación del término municipal".

Un convenio acuerda agilizar la reparación de cubiertas que estarán listas en un mes (Málaga Hoy)

El concejal de Carretera de Cádiz ha explicado que de los 16.000 metros cuadrados de lonas puestas en cubiertas, alrededor de 8.000 necesitarán ser arregladas en su totalidad, lo que supone un presupuesto de 2 millones de euros

La mancomunidad de vecinos de San Andrés, una de las barriadas más afectadas por el tornado del pasado 1 de febrero en Málaga, ha firmado hoy un convenio con las empresas reparadoras de las cubiertas de la zona mediante el cual se agilizará su reparación para que estén finalizadas en un mes. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Díaz, y el del distrito de la Carretera de Cádiz, Julio Andrade, han informado hoy de la firma de dicho acuerdo, que tratará de arreglar los daños del tornado en las cubiertas de los edificios "en el plazo más breve posible". Así, han destacado que, dado el mal estado de los inmuebles, es "importante" que comiencen y finalicen "cuanto antes porque las lonas colocadas no aislan de las lluvias". "Estas cubiertas garantizarán que sean las definitivas" ha manifestado Andrade, que ha indicado que las viviendas más afectadas han sido las de los pisos superiores y los áticos.

El concejal del distrito más afectado por el temporal, Andrade, ha explicado que, de los 16.000 metros cuadrados de lonas puestas en cubiertas, alrededor de 8.000 metros cuadrados necesitarán ser arregladas en su totalidad, es decir, unas cinco manzanas, lo que supondrá un presupuesto de dos millones de euros.

"No sabemos cuantos edificios necesitarán arreglos parciales, pero igualmente se suplirán" ha apuntado el edil, que ha señalado que habrá unas cinco empresas que se encargarán de dichas mejoras, que trabajarán con material traído desde Valladolid.

Andrade ha declarado que de este modo se eliminan los interlocutores, y que será la mancomunidad la que se encargue de coordinar junto a la empresa que dirige y hace las gestiones con los seguros.

Por su parte, el edil de Urbanismo ha indicado que una empresa de actuaciones subsidiarias del Ayuntamiento está actuando en las viviendas que carecen de seguros, lo que supondrá una cuantía de 150.000 euros.

"También hemos reforzado fachadas y acondicionado aceras" ha manifestado Díaz, que ha añadido que los técnicos municipales están haciendo labores de tasación y peritaje en más de trescientas viviendas afectadas de la barriada de Nuevo San Andrés.

Ambos concejales han resaltado la importancia de la "cercana y estrecha" colaboración de las administraciones local, autonómica y estatal, para arreglar los daños causados por el tornado del pasado 1 de febrero, que ocasionó daños en numerosas viviendas, vehículos y naves industriales.

La Junta acepta el plan de VPO previsto en el PGOU de Málaga (La Opinión)

La Consejería de Vivienda ha emitido un informe favorable. Ya solo faltan los de Comercio y la Agencia del Agua

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El Plan General de Ordenación Urbano (PGOU) de Málaga ha encontrado por fin un aliado importante en la Junta de Andalucía, ya que la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, la misma que deberá emitir el dictamen final sobre la aprobación definitiva del plan, ha emitido su informe sectorial favorable sobre el PGOU.
Se trata de uno de los informes sectoriales preceptivos que la Junta aún no había emitido y que fue reclamado por el Gobierno autonómico. Precisamente, fue la delegada de la Consejería de Vivienda en Málaga, Josefa López, la que de manera sorprendente anunció a finales del año pasado que al PGOU de la capital le faltaban varios informes de la Junta de Andalucía, entre ellos el que debería emitir ella misma.
Por fin este informe ha llegado y en el mismo el Gobierno andaluz acepta los plazos y el calendario propuestos por el Ayuntamiento dentro del PGOU para la construcción de viviendas protegidas. Así, la consejería ha examinado las fichas de suelo urbano no consolidadas en el PGOU y ha comprobado que en las reservas de suelo destinadas a estos inmuebles "se establecen los plazos a los que se refiere" la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), según informó ayer la propia consejería.
El informe sectorial positivo lo emitió Vivienda y Ordenación del Territorio el pasado 3 de febrero en respuesta al escrito del departamento de Planteamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento con fecha 28 de enero y que fue recibido en la delegación provincial dos días después.

Satisfacción. El nuevo PGOU prevé la construcción de un total de 36.225 nuevas viviendas, de las cuales 12.911 serán de VPO, lo que supone un 36 por ciento del total, y que se unirán a las que todavía quedan por desarrollar del plan de 1997, con lo que la cifra ascenderá a 70.116 viviendas, de las que 20.943 serán de VPO.
Al respecto, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, mostró ayer su satisfacción por la emisión de este informe positivo "que ya esperábamos pues tanto los plazos como el calendario había sido negociado con los responsables de la consejería".
Díaz señaló que ya sólo quedan dos informes sectoriales por emitirse para aprobar el PGOU de la capital, ambos por la Junta de Andalucía, uno por parte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y el segundo por la Agencia Andaluza del Agua. "Esperamos que sean emitidos lo antes posible pues ya están fuerza de plazo", subrayó el concejal de Urbanismo.

Comienza el arreglo de las cubiertas que dañó el tornado (La Opinión)

La mancomunidad de vecinos de San Andrés firmó ayer el contrato con las empresas que harán los trabajos

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA La reparación de uno de los percances más dañinos que causó el tornado del pasado 1 de febrero, el deterioro de las cubiertas de cerca de un centenar de bloques de viviendas, la mayoría de ellos en la barriada de San Andrés, pudo iniciarse ayer mismo gracias a que por la mañana la mancomunidad de vecinos de dicha barriada firmó con las empresas reparadoras un contrato para impulsar los trabajos que permitirán que, "de manera definitiva", se reemplacen las cubiertas en mal estado por otras nuevas y modernas, según anunció el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz.
El edil aseguró que los términos del contrato garantizan que las reparaciones de las cubiertas se llevarán a cabo tanto en los inmuebles que tienen seguro como en los que no. La previsión es que la reparación de las cubiertas esté culminada en un mes.

Otras actuaciones. En una primera estimación se ha presupuestado en unos dos millones de euros el coste de estos trabajos, según adelantó el concejal del distrito de Carretera de Cádiz, Julio Andrade. Manuel Díaz, por su parte, indicó que para dar agilidad a los trabajos habrá una empresa que se encargará de coordinar todas las actuaciones y que se responsabilizará de subcontratar al resto de empresas necesarias. También, con el fin de dar agilidad a las actuaciones, se establecerán varios grupos de trabajo. Además de las cubiertas, Díaz informó de que se está trabajando en las fachadas, puesto que el primer día ya hubo una que se desprendió, habiendo otras tres en las que hay que hacer actuaciones de refuerzo, a lo que se han destinado unos 150.000 euros. La Gerencia de Urbanismo, además, ha contratado por 120.000 euros las obras de urbanización y acerado de la calle Puerto Oncala, la zona de la plaza de las Tres Cruces y Cortés El Viejo, en Nuevo San Andrés, previendo que a principios de la próxima semana se inicie en el entorno del colegio Félix Rodríguez de la Fuente.
Por otra parte, los técnicos municipales están llevando a cabo la peritación de las más de 300 viviendas sin seguro, que, por tanto, no pueden acogerse al Consorcio, sino a las ayudas del Real Decreto del Gobierno que regula las subvenciones por situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica o a las de la Junta de Andalucía.

Consorcio. Andrade se extendió sobre los últimos datos que ha generado la actividad desplegada tras el tornado señalando que se ha recibido un total 1.439 solicitudes de ayuda, de las que 1.232 corresponden a la barriada de Nuevo San Andrés. Asimismo, 994 fueron presentadas por particulares y 51 por empresas para acogerse al Consorcio de Seguros, mientras que 394 son para el Real Decreto. De las reclamaciones, 765 son por vehículos, 553 por viviendas y 121 por enseres.
El concejal añadió que por parte del Ayuntamiento todavía continúan abiertas las oficinas instaladas para atender a los afectados por el tornado en el centro social de Tres Cruces, en Nuevo San Andrés, y en las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC) de los distritos de Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz.
Por último, ambos concejales resaltaron la colaboración "cercana y estrecha" de las administraciones local, autonómica y estatal para actuar ante los daños causados por el tornado.

Desalojados cinco vecinos de un edificio de la calle Carretería (La Opinión)

La casa se encontraba en muy mal estado. Los afectados declaran que son inquilinos, mientras la propiedad señala que se trata de ´okupas´ sin contrato

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA Una montaña de maletas fue apilada ayer, a primera hora de la mañana, delante del número 31 de la calle Carretería, un edificio de tres plantas de porte decimonónico, con los cristales rotos y las paredes desconchadas.
La Policía Local desalojó ayer a cinco vecinos por el mal estado de la vivienda. Según explicó un comerciante de los alrededores, no era la primera vez que la policía había avisado del desalojo. "Lo que no sé es cómo no se han caído antes los balcones. La fachada se caía a pedazos", sentenció.
Uno de los vecinos desalojados, acompañado de una mujer, explicó a La Opinión que la casa está habitada por inquilinos. "Llevamos viviendo 11 años, esto me lo traspasó una tía mía", aseguró. Uno de los comerciantes también ratificó que se trata de un inquilino. Sin embargo, el propietario de un bar situado en el edificio desalojado no comparte esa opinión: "Llevo 26 años trabajando aquí y estas personas son ´okupas", recalcó.

Suelos apolillados. Armando Robles, el constructor y promotor que se encargará de rehabilitar el edificio, negó a este periódico, en nombre de la propiedad, que fueran inquilinos. "Que lo demuestren con papeles", subrayó. Además, precisó que se trata de ´okupas´ y añadió que alguno de los desalojados ya estuvo de ´okupa´ en otra vivienda cercana. "El techo estaba que se caía y los suelos apolillados", resaltó.
La concejala de Servicios Sociales, Mariví Romero, explicó al diario que cuatro de los vecinos se han marchado a casas de familiares, mientras que una mujer, que se encontraba enferma, ha sido enviada al hospital. Mariví Romero explicó que, cuando salga, "seguramente irá por su estado a un piso tutelado". En cualquier caso, la concejala subrayó que para Servicios Sociales "es igual que sean ´okupas´ o no porque deben ser realojados".

La Junta avisa a Marbella de que no cambie sus lindes (La Opinión)

El PSOE recuerda que el Gobierno andaluz es el competente para modificarlas y el PP niega la alteración

P. SÁNCHEZ / AGENCIAS. MARBELLA La polémica en torno a la nueva linde entre Benahavís y Marbella propuesta por la alcaldesa de este último municipio, Ángeles Muñoz, continúa. La consejera de Gobernación, Clara Aguilera, volvió a advertirle ayer de que los ayuntamientos no son los órganos competentes para efectuar un deslinde entre municipios. Es más, "la Junta de Andalucía no permitirá una alteración de sus límites municipales", añadió.
El Gobierno andaluz pedirá toda la información complementaria que sea necesaria para aclarar este asunto, denunciado por el grupo municipal socialista de la ciudad. El PSOE sospecha de los posibles "intereses personales" de la regidora a la hora de efectuar el deslinde, ya que afecta a su propia vivienda particular y a terrenos que son propiedad de sociedades gestionadas por su marido y cuñado.
De esta forma, Aguilera contestó ayer en el Parlamento autonómico a una pregunta socialista sobre la controversia surgida después de que los grupos de la oposición en el Ayuntamiento, PSOE e IU, hayan pedido una comisión que investigue el deslinde.
La consejera explicó que la Junta tiene conocimiento desde el pasado 9 de enero del acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento marbellí el 18 de diciembre para iniciar este expediente. En él, "no quedan establecidos con claridad los motivos del cambio de límites del deslinde", que datan desde 1873 en virtud del Instituto Cartográfico de Andalucía, que los ratificó en 2007 "sin que nadie dijera nada", añadió.
La norma que regula la demarcación municipal de Andalucía establece que las líneas de deslinde ya definidas son "inamovibles" salvo en casos excepcionales, que no concurren en esta ocasión.
Falsa polémica. El portavoz municipal del PP, Félix Romero, recordó ayer que gran parte de los documentos ya obran en poder de la propia Administración autonómica. "El expediente administrativo que se ha iniciado se fundamenta sobre los planes de urbanismo vigentes de Marbella, Benahavís y Ojén, que cuentan con el visto bueno de la administración competente en urbanismo, la Junta de Andalucía".
Félix Romero criticó la "falsa polémica" reavivada por el PSOE, que ha emprendido una "huida hacia adelante" después de que Ángeles Muñoz les amenazara con llevarles a los tribunales por "calumniarla e injuriarla", ya que asegura que no tiene ningún interés personal en la maniobra de deslinde.

La Diputación financiará la adaptación del PGOU de Benalmádena (La Opinión)

El ente provincial aportará 160.000 euros y medios técnicos para redactar el texto y digitalizar la cartografía del municipio

El presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, y el alcalde de Benalmádena, Javier Carnero, firmaron ayer un convenio a través del cual el organismo provincial se compromete a aportar 160.080 euros en los dos siguientes ejercicios. Ambas instituciones colaborarán en el trabajo de los últimos trámites para proceder a la regulación del urbanismo en el municipio. Así, mediante este acuerdo, se redactará el expediente único de cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y se adaptará a la nueva Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA).
Carnero comentó que dicha adaptación permitirá, entre otros factores, disponer de suelo para la construcción de viviendas protegidas, lo que cuenta con una doble vertiente: social y económica. "La adaptación ayudará a que las familias puedan acceder a un hogar con un precio asequible y supone una oportunidad para crear empleo, debido a los nuevos puestos de trabajo que generan estos proyectos" dijo.
Por otra parte, Salvador Pendón destacó el trabajo que desempeña la Diputación pues a través de la Oficina de Planeamiento Central y Comarcal Urbanístico atienden y prestan asesoramiento a 45 municipios de menos de 10.000 habitantes, aunque en el caso de Benalmádena el planeamiento se elabora desde la Sociedad de Planificación y Desarrollo (Sopde), al igual que sucede en otros municipios como Rincón de la Victoria o Vélez Málaga.
Entre las ventajas que supone finalizar los trámites del PGOU se encuentra la amplia bolsa de viviendas de protección oficial (VPO) proyectadas por el Ayuntamiento de Benalmádena que, según explicó Carnero, no arrancarán antes de que estén cumplidos los trámites.
Así, el Ayuntamiento dirigirá y orientará el trabajo de los técnicos de la Diputación, y ésta, por su parte, ofrecerá su asesoramiento en la redacción del texto refundido, la adaptación del PGOU vigente a la LOUA, la depuración de la digitalización del PGOU vigente y la implantación del PGOU sobre una nueva cartografía.

Enajenan suelo para construir 16 VPO. Villanueva del Trabuco (SUR)

El Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco enajena una parcela propiedad municipal situada en el sector UR-5 de las Normas Subsidiarias para la construcción de 16 Viviendas de Protección Oficial de régimen general. Los interesados tendrán un mes para presentar sus ofertas en el Consistorio con un presupuesto base de 202.586,11 euros.

Invertirán un millón en el nuevo campo de fútbol de Archidona (SUR)

Tendrá césped artificial y dimensiones homologadas para competiciones El aforo será de 925 personas sentadas

El campo de fútbol de Archidona se remodelará tanto, que dará como resultado uno nuevo. La Pajarita tendrá césped artificial, dimensiones homologadas para competiciones internacionales, graderío para 925 personas sentadas, vestuarios, almacenes y oficinas para el club Archidona Atlético y para otros equipos deportivos.
Las obras costarán en torno a 950.000 euros, a los que hay que sumar los 55.460 euros que costará la redacción del proyecto y del plan de seguridad y la dirección de obras. La empresa Arquitectura Ingeniería y Territorio S.L. (AIT), de Almería, será la encargada de elaborarlos después de haber presentado el mejor anteproyecto de entre todas las empresas invitadas, según apuntó ayer el alcalde, Manuel Sánchez.
Las nuevas instalaciones que se construirán sobre el actual recinto La Pajarita, en la zona de ensanche de la localidad, contarán así con césped artificial y ampliarán la anchura del campo de 58 a 62 metros cuadrados, lo que permitirá celebrar en el recinto competiciones internacionales, según añadió el edil de Deportes, Juan José Pastrana.
La entrada del público se situará en la fachada Oeste del recinto, compuesta por dos grupos de edificios y el graderío central, que tras ampliarse el actual pasará a contar con aforo para 925 personas sentadas. En los edificios se habilitarán cuatro vestuarios de 120 metros cuadrados y dos zonas para aseos de 60 metros cuadrados que dispondrán de paneles solares para el agua sanitaria caliente, además se propondrá a la empresa adjudicataria la realización de aseos y vestuarios para el equipo arbitral, que tendrán un acceso exclusivo al recinto junto con los deportistas. También se construirán aseos para el público y se habilitará un espacio para el uso administrativo y social que sirva de sede para el club de fútbol y para otros equipos deportivos. Los almacenes ocuparán 80 metros cuadrados y la cafetería, 67; además se habilitará una zona de aparcamientos y un talud ajardinado en el exterior.
Las obras, en junio
Según Sánchez, el inicio de las obras se prevé para junio y tendrán una duración de ocho meses, ya que AIT tardará unos tres meses en redactar el proyecto y deberán salir a concurso las obras, financiadas junto al proyecto por la Consejería de Deportes (en un 49%), la Diputación (23%) y el Ayuntamiento (33%). El alcalde también apuntó que se ha reservado suelo en el PGOU para hacer pistas de atletismo y que en poco tiempo se podrá inaugurar la piscina cubierta; además, se mejorarán las pistas del Molino don Juan.

Vecinos de Las Protegidas siguen sin acceder a la titularidad de las viviendas. Torre del Mar (SUR)

Han pasado cinco años desde que los vecinos de la barriada de Las Protegidas, de Torre del Mar, comenzaran las primeras movilizaciones para exigir la titularidad de las viviendas que ocupan desde 1948. Un lustro después siguen sin tener la titularidad del suelo sobre el que se levanta la barriada, a pesar de que en diciembre pasado el Ministerio firmara la orden autorizando la permuta de los terrenos por el solar municipal cedido para la nueva Comisaría de Policía.
Ante esta situación, las familias afectadas acudieron ayer al Ayuntamiento para reclamar al equipo de gobierno que se agilice el procedimiento que les permita convertirse en propiedad de las viviendas.
La permuta entre Ayuntamiento y Hacienda hace que el suelo para se ser considerado patrimonio municipal. Sólo así la administración municipal podrá ceder la propiedad de las casas a sus inquilinos, la mayoría familias de pescadores.
El Ayuntamiento ha establecido un precio de 362 euros, más los gastos de escritura, como precio de venta del suelo. A cambio, los nuevos propietarios no podrán vender las viviendas durante los próximos cinco años.
La barriada está formada por 64 viviendas. Un total de 19 familias aceptaron con anterioridad las condiciones exigidas por Patrimonio del Estado para comprar las casas, que pasaban por pagar entre 30.000 y 60.000 euros. Ahora estos 19 quieren beneficiarse de las mismas condiciones fijadas para las 45 por el Ayuntamiento.

La asociación de viviendas irregulares exige conocer el informe jurídico. Mijas (SUR)

El presidente de la Asociación para la Regularización de Viviendas en Mijas (ARV), Juan Antonio Blanco afirmó ayer que el colectivo aún no conoce el informe jurídico redactado por un experto para la solución del conflicto y que «ni siquiera se ha mostrado el catálogo de edificaciones ilegales que el Ayuntamiento está realizando». Por ello, quisieron manifestar su descontento con el primer edil, Antonio Sánchez.
«La buena disposición de la que presume en los medios no es la que tiene con los verdaderos afectados», aseguró Blanco, quien además recordó que «pese a que se han entregado diez solicitudes para un encuentro, la asociación lleva sin reunirse con el regidor desde el pasado mes de julio».
Por ello solicitan al equipo de gobierno que se tomen las medidas necesarias para atajar este problema «agilizando la revisión del PGOU, herramienta indispensable para la legalización de las viviendas que son susceptibles de regularización», concluyó.

La Diputación colaborará en la adaptación del PGOU de Benalmádena a la Ley de Suelo (SUR)

La culminación de este trámite permitirá liberar suelo para VPO
Benalmádena contará con los recursos humanos y tecnológicos de la Sociedad de Planificación y Desarrollo (Sopde) de la Diputación a la hora de adaptar su planeamiento a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Un proceso administrativo que permitirá sentar las bases del desarrollo futuro de la ciudad, además de liberar suelo para VPO, ya que como reconoció el alcalde, Javier Carnero, «no podrán arrancar antes de que se cumpla este trámite». Esta colaboración es fruto del acuerdo firmado ayer entre el primer edil y el presidente de la Diputación, Salvador Pendón.
Para Carnero, la adaptación del PGOU a la Ley de Suelo constituye «una prioridad», ya que permitirá normalizar la situación urbanística de la localidad. Por su parte, el presidente del ente supramunicipal destacó la importancia de contar con un planeamiento urbanístico en orden ante la actual coyuntura económica y social. «La adaptación a la LOUA posibilitará, entre otros factores, la disponibilidad de suelo para viviendas protegidas, lo que cuenta con un doble componente social y económico:, ayudando a las familias a acceder a un hogar con precio asequible y apoyando tanto al empleo, por los nuevos puestos de trabajo que generan estos proyectos; como al sector de la construcción, uno de los más afectados por la presente crisis

El parón en la construcción frena la extracción de áridos y atrasa la restauración de la cantera del Puerto. Mijas (SUR)

Los trabajos de recuperación se prolongarán hasta mediados de 2010 Crearán una zona deportiva y recreativa

NUEVAS ACTUACIONES
En el patio de la cantera: Crear una zona deportiva y un espacio húmedo para las especies anfibias
En la pared: En el lado sudoeste, crear huecos para la anidación de aves. La crisis económica afecta a todos los sectores de la población y, en especial, a la construcción. Un parón que, lógicamente, también incluye a las canteras. Se construye menos y, por tanto, se extraen menos áridos. Una situación que en el caso del yacimiento del Puerto tiene otra consecuencia: el retraso del proceso de restauración del monte, que arrancó en 2002 con el objetivo de que estuviera listo a finales de 2008. Sin embargo, la imagen de la cantera es bien distinta, ya que aunque se han producido avances, se ha frenado la ejecución de los bancales para su posterior siembra de vegetación.
El Ayuntamiento insiste en que se va mejorar el proyecto de regeneración planteado inicialmente, estimándose que los trabajos terminarán como máximo en junio de 2010. Pese a los cálculos, aseguran que la prórroga no se ha fijado de forma oficial y, «si hay repuntes en la construcción, los plazos se podrían acortar». Por su parte, la Delegación de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta apunta a que el proceso sigue todos los trámites legales para ser prorrogable, como lo demuestra el plan de labores presentada por la empresa explotadora, Dolomitas Españolas.
Novedades
Las mejoras propuestas con respecto al proyecto inicial pasan por la creación de una zona húmeda de poca profundidad en el patio de cantera para favorecer la vida animal, especialmente la de las especies anfibias que habitan en la sierra. Esta nueva balsa se abastecería con el agua procedente de las escorrentías. Otra importante actuación en el patio prevé transformarlo en un espacio deportivo y recreativo con vegetación autóctona, muy parecido al que ya existe en el antiguo yacimiento local de Los Arenales. Para ello, la plataforma de entrada se habilitará como aparcamiento.
También se quiere evitar el impacto visual dejando tal y como está la pared suroeste. Para conocer si se podía contemplar esta posibilidad se ha realizado un estudio geotécnico que certifica su estabilidad. Este informe se ha remitido a Minas para su visto bueno. Además, en esa misma pared, un cortado de unos 90 metros de alto, se tallarán huecos para facilitar la anidación de las diversas especies de aves rapaces que habitan en la zona.
La intención del Ayuntamiento con esta propuesta es una recuperación modélica desde el punto de vista ambiental y que además permitirá devolver el espacio a los ciudadanos para su disfrute, además de compensar al municipio por el retraso en la restauración. Así, la intención es ganar un espacio natural similar al de la cantera de Los Arenales, una recuperación que fue premiada a nivel nacional e internacional.
Críticas ecologistas
Pese a las mejoras anunciadas, el colectivo Ecologistas en Acción de Mijas tiene previsto enviar un escrito a la Corporación para que se rechace la prórroga. Según el grupo, «bajo ningún concepto el Consistorio debe ceder ante las peticiones de los canteros, ya que la prioridad es atender al compromiso adquirido ante los ciudadanos». Para su presidente, Juan Alarcón, «no hay explicación alguna para que ahora se produzca tal retraso, máxime cuando existía una comisión de seguimiento que velaba por el cumplimiento de los plazos marcados por las administraciones cuando se firmó la mejora del yacimiento».

Remodelación de la Torre de la Sal. Casares (SUR)

Los trabajos para la rehabilitación de la Torre de la Sal ya han comenzado. El proyecto, presupuestado en 174.020 euros, incluye el acondicionamiento del entorno, la restauración del exterior, la mejora del interior y la señalización de la zona. La Torre de la Sal se asienta sobre un yacimiento fenicio, aunque su construcción es del siglo XVI.

La Junta rechaza el acuerdo con Benahavís y afirma que las lindes «son inamovibles» (SUR)

La consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha rechazado el acuerdo de Marbella con Benahavís al subrayar que, según la normativa autonómica que regula la demarcación municipal de Andalucía, las lindes ya definidas «son inamovibles» salvo en casos excepcionales, que no concurren en esta ocasión. Aguilera anunció ayer en el Parlamento que pedirá información complementaria al Ayuntamiento para aclarar el expediente de deslinde con Benahavís. Respondía así a una pregunta del PSOE sobre la controversia surgida en Marbella en los últimos días y después de que la oposición en el municipio (PSOE e IU) pidiera la creación de una comisión al respecto.
La consejera añadió que la Junta tiene conocimiento desde el pasado 9 de enero del acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Marbella el 18 de diciembre para iniciar un expediente de deslinde con Benahavís.
Para la Junta, «no quedan establecidos con claridad los motivos del cambio de límites del deslinde», estimó Aguilera, que datan desde 1873 y que el Instituto Cartográfico de Andalucía ratificó en 2007 «sin que nadie dijera nada». Aguilera recordó que la única administración competente para variar los límites de los términos municipales es la Junta.
El equipo de gobierno del Consistorio, a través de su portavoz, Félix Romero, respondió que «no hay ninguna alteración» de las lindes y que la misma mañana de ayer se remitía el expediente a la Junta, al tiempo que acusó al PSOE de crear «una falsa polémica». «No hay ningún cambio sobre los límites, únicamente se ha iniciado un expediente administrativo no concluido que se está tramitando», concluyó Romero.

Tirón de orejas del Parlamento Europeo a la legalización de viviendas en el futuro PGOU. Marbella (SUR)

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado un contundente informe contra los desmanes urbanísticos cometidos en España y en el que Marbella y la legalización de viviendas en el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no salen bien paradas. El documento, propuesto por la eurodiputada Margrete Auken y contra el que votaron sin éxito socialistas y populares españoles, incluye una enmienda del eurodiputado verde David Hammerstein acerca del urbanismo local y especialmente del nuevo PGOU.
Además de mostrar su preocupación por la planificación urbana en el municipio, «donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas que infringen probablemente la legislación comunitaria en materia de protección de medio ambiente, de participación pública, de política del agua y de contratación pública», el informe pone el acento en la próxima aprobación del Plan: «Están a punto de ser legalizadas gracias a un nuevo plan general urbano, que no brinda seguridad jurídica ni garantías a los compradores, los propietarios o los ciudadanos en general».
El documento será sometido a al pleno en marzo. Ayer, el portavoz de Ecologistas en Acción, Rafael Ávila, destacó que refleja las críticas que el colectivo vienen repitiendo «desde hace lustros». Señaló además que Hammerstein redactó la enmienda tras su visita a Marbella «donde pudo conocer de primera mano la situación del urbanismo».

Urbanismo critica que la Delegación de Medio Ambiente no quiera debatir sobre el PGOU (SUR)

El Ayuntamiento se ha encontrado con distintas posturas en la Junta de Andalucía a la hora de debatir el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya aprobación lleva pendiente ya casi tres años. Por un lado, ha acordado con la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio un calendario de reuniones para los próximos meses con el fin de avanzar en el análisis del documento, a la espera de que lleguen los informes que faltan de otras administraciones públicas. Por otro, ha recibido la negativa de la Delegación Provincial de Medio Ambiente a reunirse para debatir el plan, más allá del pronunciamiento que ésta emitió en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en la que rechazó propuestas como la urbanización de los suelos de Arraijanal.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, mostró ayer su «sorpresa e indignación» por la actitud de Medio Ambiente. Según sostuvo, se produjo una primera reunión en la que se acordó mantener nuevos encuentros para discutir el PGOU. «Ahora nos dicen que no hay nada de lo que hablar, que ya está todo dicho en la DIA», señaló.
Por su parte, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha emitido uno de los informes que faltaban en el sentido favorable a los plazos de las VPO incluidas en el plan.

Ayuntamiento y Junta se responsabilizan de los retrasos en el proyecto del macrohospital (SUR)

El Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía se responsabilizaron ayer de los retrasos que sufre el proyecto para construir el macrohospital. El edil de Urbanismo, Manuel Díaz, afirmó que la Gerencia de Urbanismo lleva más de quince días intentando reunirse con el SAS para ofrecer suelo destinado al megahospital. Díaz dijo eso en respuesta a unas declaraciones de la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, que criticaba al Ayuntamiento por los retrasos. Por su parte, fuentes de la Delegación de Salud aseguraron que técnicos del SAS se pusieron ayer mismo en contacto con el Ayuntamiento para fijar una reunión en la que hablar sobre el megahospital. «Nos alegramos del repentino interés que Urbanismo muestra sobre el tema», señalaron.

El Consistorio aprueba hoy el plan para convertir Gibralfaro en un parque urbano (SUR)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento que hoy se celebra tiene previsto aprobar de manera inicial el plan urbanístico para convertir el monte de Gibralfaro en un parque urbano. Según fuentes consultadas por este periódico, en el documento no se contempla forzosamente la construcción de un funicular para conectar el Centro con el castillo que corona el monte, un proyecto que ha provocado el rechazo de la plataforma ciudadana constituida para la defensa de este espacio. «El funicular se plantea como una opción, ni se descarta ni se impone», comentaron las fuentes.
El plan para convertir Gibralfaro en parque, que tardará varios años, está valorado en 28 millones de euros.

Un convenio muy seguro le pone techo a San Andrés (SUR)

Dos aseguradoras y la mancomunidad de vecinos de la barriada dañada por el tornado firman un acuerdo para que el arreglo de las cubiertas de los bloques se haga en un mes


El Ayuntamiento propició el encuentro y Axa y Caser pusieron la sensibilidad necesaria para acabar cuanto antes con los desperfectos causados por el tornado. Las dos compañías aseguradoras firmaron en la mañana de ayer un convenio con la mancomunidad de vecinos de Nuevo San Andrés -la zona más afectada por este fenómeno meteorológico- para agilizar la reconstrucción de las cubiertas de los bloques.
El ámbito de actuación son 59 comunidades que representan más de 1.800 viviendas. De ellas, 15 carecen de seguro y 44 sí lo tienen. No obstante, las aseguradoras se han comprometido a repararlos en su totalidad.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, dijo que sería contraproducente dejar sin arreglar el tejado de los bloques que no tienen póliza porque en caso de lluvia afectaría igualmente a las zonas reparadas. Se da por hecho que las compañías cobrarán la ayudas que correspondan por arreglar las cubiertas de las comunidades que no tienen seguro. Se van a poner entre 90 y 100 cubiertas.
Con este convenio se pretende agilizar los trámites que permitan el arreglo de las cubiertas cuanto antes, «aprovechando ahora que el tiempo nos ha dado una tregua», indicó Díaz. Primero, empresas autorizadas por la Junta deberán retirar lo que queda de las antiguas cubiertas al estar construida con amianto, material cancerígeno. Una vez retiradas se procederá a colocar las nuevas «en el plazo más breve posible». Se va a intentar que sea en un mes.
Fachadas y aceras
Las dos aseguradoras han confiado en Hexa el arreglo de los desperfectos, si bien esta empresa podrá subcontratar los trabajos con otras para ganar tiempo. Asimismo, Urbanismo está llevando a cabo la reaparación de las fachadas dañadas mediante las empresas que realizan las obras subsidiarias de la Gerencia. Al mismo tiempo se va a acerar y pavimentar las calles afectadas por el tornado. La inversión supera los 150.000 euros.
Por otra parte, los técnicos municipales están llevando a cabo la peritación de las más de 300 viviendas sin seguro, que, por tanto, no pueden acogerse al Consorcio, sino a las ayudas del real decreto que regula las subvenciones por situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica o de la Junta de Andalucía.
Manuel Díaz compareció en la conferencia de prensa acompañado por el concejal del Distrito de Carretera de Cádiz, Julio Andrade, que informó de la atención municipal a los afectados. Se mantiene abierta la oficina situada en el centro social y biblioteca de Tres Cruces, en la propia barriada, entre las 8.30 y las 14.30 horas.
Hasta ayer se han recibido 1.439 solicitudes por daños. 900 corresponden a particulares, 51 a empresas y 394 a viviendas sin seguros. De ese total, 1.210 pertenecen a vecinos del distrito de Carretera de Cádiz. De esas 1.439 reclamaciones, 765 son por daños en vehículos, 553 en viviendas y 121 en enseres.
Julio Andrade dijo que se mantendrá algunos días más abierta la oficina de atención a los afectados, sin bien ya es insigificante el número de solicitudes para que el Consorcio de Seguro cubran los desperfectos. «En realidad es para que la gente pueda llevar algún papel para completar el expediente», señaló el edil del distrito de Carretera de Cádiz.

La obra de construcción del aparcamiento de El Calvario concluirá el próximo mes. Estepona (SUR)

La obra del aparcamiento de El Calvario se encuentra en su fase final. Los trabajos estarán concluidos en la segunda quincena del próximo marzo, según el edil delegado del área, Eduardo Alarcón. Posteriormente, la empresa concesionaria, Bonifacio Solís, tendrá que pedir las licencias municipales para poder abrir sus puertas.
Los trabajos se iniciaron en diciembre de 2006 sobre una parcela de 8.400 metros cuadrados de superficie. El aparcamiento tendrá capacidad para un total de 569 plazas, distribuidas en dos plantas y media. El proyecto de obra contempla además en la parte superior del recinto la creación de un parque.
El precio de los aparcamientos, en régimen de concesión por 65 años, es de 16.000 euros más IVA, mientras que aquellas que se ofertan en régimen de alquiler tienen un coste de 100 euros mensuales.
La concesionaria ha cerrado ya la venta de un centenar de plazas, entre las que se encuentran las reservadas a personas con discapacidad, motos y trasteros. Los residentes de la zona tienen prioridad para la adquisición de una de estas plazas.