Estima que el Plan impide al propietario de una VPO vender lel piso pasados 15 años
La Comunidad de Madrid presentará un recurso al Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación para el periodo 2009-2012 al entender que "se invaden las competencias propias" del Gobierno regional en cuanto a la regulación del régimen de vivienda protegida.
Así lo anunció el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ignacio González, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado con carácter extraordinario en Fuenlabrada, en la que acompañado de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, y del alcalde de la localidad, Manuel Robles, anunció la aprobación de impugnar esta normativa.
"Las competencias en materia de vivienda son exclusivas de las comunidades autónomas y a través de este decreto estatal se pretende condicionar las políticas de vivienda protegida de las comunidades", denunció González, quien señaló, que entre otras cosas, la norma "limita el ejercicio de la propiedad privada en cuanto al uso y disfrute de la vivienda".
Aguirre defiende la protección por 15 años
González explicó que hasta ahora las viviendas protegidas tenían un grado de protección que duraba durante 15 años a partir del cual el propietario que adquiría esa vivienda protegida podía descalificarla y venderla libremente en el mercado. Es decir, "esa vivienda que había adquirido con su esfuerzo y a través de su hipoteca, podía luego venderla y cambiar de casa yendo al mercado y obteniendo de la venta de la misma los recursos para poder pasar a otra vivienda", explicó.
Sin embargo, apuntó, "esto aparece limitado en el Decreto, se cercena la posibilidad de que haya una vivienda protegida donde el propietario pueda disponer de ella pasado el régimen establecido de protección, porque ahora es durante toda la vida de la vivienda", indicó González recalcando que ahora un propietario de vivienda protegida puede disponer "libremente" de ella y venderla a aquel "que considere oportuno".
En cambio, según denuncia la Comunidad de Madrid, el Real Decreto "impone la obligación de venderla sólo a aquellas personas que estén en un registro público de personas solicitantes de vivienda protegida". "Con lo cual no se le permite dejarla a sus hijos o a sus familiares en herencia, sino que obligatoriamente sólo puede disponer de ella a favor de ese registro", lamentó.
"A través de estas limitaciones se está cerciorando la capacidad de determinar el régimen de vivienda protegida, competencia exclusiva de las comunidades autónomas, y por eso, (el Gobierno madrileño) interpondrá en los próximos días un recurso", concluyó.
La Comunidad de Madrid presentará un recurso al Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación para el periodo 2009-2012 al entender que "se invaden las competencias propias" del Gobierno regional en cuanto a la regulación del régimen de vivienda protegida.
Así lo anunció el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ignacio González, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado con carácter extraordinario en Fuenlabrada, en la que acompañado de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, y del alcalde de la localidad, Manuel Robles, anunció la aprobación de impugnar esta normativa.
"Las competencias en materia de vivienda son exclusivas de las comunidades autónomas y a través de este decreto estatal se pretende condicionar las políticas de vivienda protegida de las comunidades", denunció González, quien señaló, que entre otras cosas, la norma "limita el ejercicio de la propiedad privada en cuanto al uso y disfrute de la vivienda".
Aguirre defiende la protección por 15 años
González explicó que hasta ahora las viviendas protegidas tenían un grado de protección que duraba durante 15 años a partir del cual el propietario que adquiría esa vivienda protegida podía descalificarla y venderla libremente en el mercado. Es decir, "esa vivienda que había adquirido con su esfuerzo y a través de su hipoteca, podía luego venderla y cambiar de casa yendo al mercado y obteniendo de la venta de la misma los recursos para poder pasar a otra vivienda", explicó.
Sin embargo, apuntó, "esto aparece limitado en el Decreto, se cercena la posibilidad de que haya una vivienda protegida donde el propietario pueda disponer de ella pasado el régimen establecido de protección, porque ahora es durante toda la vida de la vivienda", indicó González recalcando que ahora un propietario de vivienda protegida puede disponer "libremente" de ella y venderla a aquel "que considere oportuno".
En cambio, según denuncia la Comunidad de Madrid, el Real Decreto "impone la obligación de venderla sólo a aquellas personas que estén en un registro público de personas solicitantes de vivienda protegida". "Con lo cual no se le permite dejarla a sus hijos o a sus familiares en herencia, sino que obligatoriamente sólo puede disponer de ella a favor de ese registro", lamentó.
"A través de estas limitaciones se está cerciorando la capacidad de determinar el régimen de vivienda protegida, competencia exclusiva de las comunidades autónomas, y por eso, (el Gobierno madrileño) interpondrá en los próximos días un recurso", concluyó.
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