sábado, 4 de julio de 2009

Los 45 vecinos de Las Protegidas ya son propietarios. Torre del Mar (La Opinión)

Aquellos que se negaron a comprar las viviendas de este popular barrio torreño firmaron ayer las escrituras

I. GUERRERO. VÉLEZ MÁLAGA Los vecinos del barrio de Las Protegidas de Torre del Mar vivieron ayer un día inolvidable. Ayer, después de una noche en vela, firmaron en la Tenencia de Alcaldía las escrituras de las parcelas por las que han luchado más de cinco años. Se pone así punto y final a un proceso en el que las administraciones finalmente han reconocido el derecho moral de los vecinos de este antiguo barrio de pescadores a mantener unas viviendas que Patrimonio del Estado quería recuperar.
Ayer escrituraron 45 vecinos. Las otras 18 familias del barrio accedieron a la oferta del Ministerio de Economía de comprar las parcelas. Ahora, la alcaldesa de Vélez Málaga, María Salomé Arroyo, ha anunciado que presentará una moción ante la corporación municipal para recompensar a esos 18 propietarios.
Navidad de 2004. Todo empezó el 30 de diciembre de 2004 cuando los 63 vecinos de Las Protegidas recibieron una carta de Patrimonio del Estado comunicándoles que disponían de 15 días para decidir si querían abandonar los domicilios o pagar entre 35.000 y 62.000 euros para conseguir la propiedad de las parcelas sobre las que se levantaban sus viviendas y que reclamaba el Estado. Durante 30 años, los vecinos habían pagado una cuota por la cesión de las viviendas del general Franco a los pescadores. El cobrador que visitaba mensualmente a los vecinos para recoger la cuota falleció y se dejó sin abonar la cantidad. Patrimonio entendió que, ante el impago, el suelo seguía siendo del Estado, ya que además nunca se llegaron a escriturar las viviendas.
Las Protegidas constituyeron entonces una plataforma con la que emprendieron un largo camino para no perder sus hogares. En diciembre de 2008, tras muchas idas y venidas, el Ministerio de Economía aprobaba la permuta con el Ayuntamiento de Vélez Málaga de ceder el suelo de las viviendas a cambio de la parcela para la construcción de la futura comisaría de la Policía Nacional en Torre del Mar y pasaba las competencias a la Delegación de Economía. Fue el 27 de marzo de 2009 cuando las Protegidas y el Ayuntamiento de Vélez firmaban en Málaga lo negociado en Madrid.
Una fiesta. La presidenta de la plataforma ciudadana en favor de Las Protegidas, Sandra Galacho, anunció ayer que los vecinos piensan celebrar una fiesta para agradecer a todos los implicados su participación en esta lucha. "Empezamos cuatro mujeres sin saber nada de nada y hoy me quedo con la unión del barrio".

El 30% de empresas cerrará si el PGOU no se aprueba ya. Marbella (La Opinión)






Aniversario. El consejero de Turismo, Luciano Alonso, y Miguel Gómez Molina. P. S.

El CIT aprovechó la celebración de su vigésimo aniversario para exigir a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento que se cumplan los plazos previstos

PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA Los empresarios marbellíes no pueden esperar más. La tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad se prolonga peligrosamente para su futuro. De acuerdo con el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT), que los agrupa, el 30% de las empresas de la ciudad desaparecerán si el documento urbanístico no se aprueba cuanto antes.
"El PGOU se tiene que aprobar en julio, es vital para la economía", dijo a este diario el presidente del colectivo empresarial, Miguel Gómez Molina. Este mes, el Ayuntamiento tiene prevista la segunda aprobación provisional del Plan. Justo un año después de lo programado inicialmente, un aplazamiento que no se debería repetir, según Gómez Molina.
"Marbella ha basado su economía en el turismo residencial y en el sector de los servicios", recordó. En estos pilares fundamentó la importancia de que el PGOU se apruebe con la máxima celeridad posible, más aún en plena crisis económica.
Este fue uno de los aspectos que el presidente de CIT destacó en su discurso de ayer. La asociación celebró en la finca de La Concepción, en Marbella, su vigésimo aniversario y Gómez Molina lo aprovechó para sacar su carácter más reivindicativo.
Más de 500 empresarios forman parte de este colectivo que, a lo largo de su trayectoria, "ha logrado convertirse en un órgano de representatividad en Marbella", recalcó. Para su máximo representante, éste ha sido el mayor logro del CIT.
Durante este tiempo, sus reivindicaciones no han cambiado. "El saneamiento integral, la celebración de un gran evento en Marbella cada año, la creación de un espacio multidisciplinar para acoger ferias y congresos, las ampliaciones de los puertos deportivos de Banús y La Bajadilla; y la puesta en marcha de la videovigilancia", rememoró.
Representantes políticos y empresariales acudieron a la fiesta del CIT. El consejero de Turismo, Luciano Alonso, fue uno de ellos. Alonso agradeció el trabajo de este colectivo por cuidar la marca internacional que es Marbella para el sector que representa. Asimismo, estuvieron presentes la alcaldesa, Ángeles Muñoz; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Vicente García,; y el presidente de la Diputación y el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Salvador Pendón, entre otros.

La Junta invertirá 3,7 millones en la rehabilitación de 23 bloques (Málaga Hoy)

El Gobierno andaluz firma 221 convenios que generarán 3.600 puestos de trabajo




La Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía invertirá 3,7 millones de euros en la rehabilitación de las zonas comunes de 23 bloques de viviendas en la capital malagueña en los que viven unas 600 familias, lo que supondrá la creación de 400 puestos de trabajo.

La delegada del gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, y la delegada provincial de Vivienda, Josefa López, firmaron ayer los citados 23 convenios con las comunidades de vecinos de los edificios, de los que 19 pertenecen a seis distritos de la capital [Centro, Este, Ciudad Jardín, Bailén-Miraflores, cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz] y cuatro están en los municipios de Marbella y Fuengirola. Según Gámez, los distritos donde se concentrarán el mayor número de actuaciones son Cruz de Humilladero, Ciudad Jardín y Carretera de Cádiz. Así, la mayoría de las obras son para el arreglo de fachadas y cubiertas, renovación del suministro de electricidad, agua, saneamiento y gas y para la eliminación de barreras arquitectónicas. En 11 de estas comunidades, las ayudas suponen el 95% del importe total de los trabajos, mientras que en las 12 restantes, la Junta aportará el 75%, según informó ayer la delegada del gobierno andaluz.

En total, las dos convocatorias de ayudas del Programa de Rehabilitación Singular de la Consejería de Vivienda (2005 y 2007) han supuesto la firma de 221 convenios para la mejora de 5.671 viviendas en dieciséis municipios de la provincia por valor de 33,83 millones y han creado 2.300 puestos de trabajo. De estos acuerdos, 157 han sido para acondicionar bloques de la capital que albergan un total de 4.063 viviendas y que suponen el 65% de las ayudas para la provincia.

El resto han sido destinados a los municipios malagueños de Coín, Ronda, Marbella, Benalmádena, Alhaurín el Grande, Fuengirola, Antequera, Campillos, Estepona, Nerja, Pizarra, Torremolinos, Torrox, Vélez-Málaga y Cártama.

La Fiscalía denuncia al alcalde de Ronda por prevaricación (La Opinión)

El fiscal sostiene que el regidor y varios ediles aprobaron el proyecto de actuación de una casa en suelo no urbanizable

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA La sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga ha presentado una denuncia ante el Juzgado Decano de Ronda contra el alcalde de la localidad, Antonio María Marín Lara, varios ediles del Ayuntamiento y el arquitecto municipal en la época de los hechos por un supuesto delito de prevaricación.
En marzo de 2005, se recibió en el Consistorio una solicitud para que se aprobase el proyecto de actuación de una vivienda unifamiliar en terreno no urbanizable. Según la Fiscalía, "no se acreditó presuntamente la necesidad de que se construyera la casa", un extremo exigido por la ley cuando de proyectos de actuación se trata.
En diciembre de 2005, la Junta de Andalucía pidió la documentación del proyecto al Ayuntamiento de Ronda y, en junio de 2007, emitió un informe contrario a esta actuación.
A pesar de ello, en agosto de 2007, el técnico municipal, que contaba con la misma documentación, siempre según el relato de la Fiscalía de Málaga, "parece que contradice el informe de la Junta e informa favorablemente".
El 9 de octubre de 2007 se aprobó el proyecto de actuación. La Fiscalía ha denunciado a todos los ediles que votaron a favor de esta decisión, incluido el regidor rondeño, Antonio Marín Lara, y el arquitecto municipal en la época de estos hechos. En mayo de 2008 se otorgó la licencia de obras para la construcción de la vivienda.
La Fiscalía entiende que "todos ellos han podido incurrir en un supuesto delito de prevaricación". Ahora, el Juzgado Decano de Ronda deberá turnar la denuncia entre los órganos de Instrucción. El juez asignado deberá decidir entonces si admite a trámite la denuncia y, por tanto, si inicia una investigación sobre los hechos. Por el momento, no se puede hablar de que exista imputación alguna. Este periódico intentó ayer ponerse en contacto con el regidor en varias ocasiones sin conseguirlo.

Cambio. El pasado 11 de junio, el regidor rondeño y ocho concejales del Partido Andalucista se integraron en las filas del PSOE, de forma que los andalucistas se quedaron sin representación en el Ayuntamiento. Así, todos ellos se catalogaron como ediles no adscritos. Según dijo entonces Marín Lara, "el PSOE representa el andalucismo real; por ello, éste es el espacio natural de todos los que sienten Andalucía y el espacio natural de Antonio Marín".
Aseguró ese mismo día que el cambio obedeció a una reflexión personal que ha durado más de un año. También se pasaron al PSOE buena parte de los militantes andalucistas de la Serranía de Ronda.

Memoria. La Fiscalía de Medio Ambiente denunció en la memoria del área de 2008 que las diligencias de investigación aumentaron un 36% (hasta las 360), de forma que a lo largo del pasado ejercicio se presentaron 137 denuncias o querellas.
De esas 360, casi 280 se incoaron por delitos contra la ordenación del territorio. En los últimos años ha aumentado la colaboración de los ayuntamientos con la Fiscalía, de modo que el Consistorio malagueño presentó 65 denuncias; 22 el de Vélez Málaga; Torremolinos interpuso siete, mientras que Casares y Alcaucín sólo denunciaron una vez.
No obstante, la mayoría de los denunciantes fueron anónimos, particulares o grupos políticos, mientras que la Guardia Civil presentó 51 denuncias.

El Ayuntamiento plantea la construcción de 63 VPO a finales de año. Cuevas del Becerrro (SUR)


El Ayuntamiento plantea la construcción de 63 VPO a finales de año
Terrenos del proyecto.
El Consistorio de Cuevas del Becerro proyecta la construcción de un total de 63 Viviendas de Protección Oficial en su término municipal, según ha explicado el alcalde de esta localidad, Joaquín Esquina. Por tanto, ya se ha dado luz verde con la aprobación inicial, en la última sesión plenaria, de esta promoción que se edificará sobre los terrenos conocidos como Huerta de Mandrés.
Demanda vecinal
Este proyecto provocará un antes y un después en Cuevas del Becerro, en palabras de Esquina, puesto que es la primera vez después de quince años que se construirán VPO. Las obras podrían iniciarse a finales de año. Los terrenos cuentan con una superficie de 11.000 metros cuadrados y será la empresa Ojansa la encargada de ejecutar el proyecto. De este modo, la nueva promoción, que llevará el nombre de Urbanización Jardines de la Huerta, dará respuesta a la demanda de los habitantes de Cuevas. Se trata de viviendas, adosados y áticos, de dos y tres dormitorios. Además, el 50 por ciento de los terrenos se convertirán en espacios verdes, con jardines, caminos de paseo, un lago y una zona infantil. Estas actuaciones contribuirán a embellecer la entrada al municipio, ya que los terrenos se sitúan en la zona.

El próximo pleno se pronunciará sobre las alegaciones del Plan General. Antequera (SUR)

De nuevo un año más, el pleno del mes de julio tratará sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Antequera. En esta ocasión, la corporación se pronunciará sobre la resolución de alegaciones a la aprobación provisional del documento.
Según explicó ayer el alcalde, Ricardo Millán (PSOE), las 442 alegaciones que se presentaron han sido ya resueltas. Las 335 que pedían que el campo de fútbol tierra no fuese calificado como residencial serán atendidas, por lo que la zona quedará como equipamiento deportivo y terciario, ya que se prevé hacer una franja comercial en la fachada que da al Paseo Real. Además, también se han tenido en cuenta alegaciones particulares por errores de grafía, límites de parcelas o edificabilidad, pero que no afectan a lo sustancial del documento. De esta manera, más del 80% de las alegaciones se proponen al pleno para que sean aceptadas, mientras se pide que se rechacen las presentadas por IU y Antequera Habitable, así como las de otros particulares que también pedían cambios en la Cita.
El PGOU provisional se mandó a las distintas consejerías junto a las alegaciones y ya han emitido sus informes sectoriales Cultura y Telecomunicaciones, que, según apuntó el alcalde, son favorables. Cuando todas se hayan pronunciado, el documento se remitirá a la Comisión Provincial de Urbanismo para que se pronuncie.

Tradición o urbanismo improvisado (SUR)

DE nuevo el urbanismo a debate. Ahora resulta que el modelo de desarrollo urbanístico que se ha llevado a cabo en la Axarquía no ha sido algo improvisado, sino que es fruto de la costumbre de realizar asentamientos en hábitats pequeños y dispersos. Al menos, así consta en una propuesta que la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía está intentando consensuar con todas los ayuntamientos y los grupos políticos con representación en la entidad. Según los promotores de la moción, el desarrollo urbanístico de los últimos años se ha encontrado con un marco normativo disperso y cambiante que ha hecho muy complicado a los ayuntamientos una interpretación clara de la norma, hasta el punto de haber colocado a los responsables municipales en una difícil encrucijada cada vez que se registraba la solicitud de una licencia de obra. Asimismo expresa que el Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía no ha acertado a dar respuesta a los modos de ordenación existentes ni a las peculiaridades del territorio. Así las cosas, la Mancomunidad quiere promover un pacto social por el urbanismo de la comarca que permita reactivar la construcción. Paralelamente, la entidad expresa inicialmente su conformidad con la postura ya expresada por los alcaldes del PSOE de que los procedimiento judiciales abiertos por la construcción de viviendas en suelo no urbanizable se resuelvan en el ámbito del derecho administrativo y no en el ámbito penal. Desde luego es otra visión del urbanismo, pero los alcaldes deben saber que estas alturas algunas de sus consideraciones no son faciles de compartir. Es cierto que en los campos de la comarca ha habido casas de apero y aldeas, pero eso es una cosa y otra muy distinta ver el paisaje de la comarca plagado de viviendas residenciales por todos partes. ¿Qué construcción es la que quiere volver a impulsar la Mancomunidad? Está claro que la polémica continúa y que será muy interesante asistir al debate que se avecina para ver dónde se sitúa cada cual.
RINCÓN
Cuentas de crisis
La situación económica del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria está peor que nunca. El área de Intervención calcula el déficit en más de 13,5 millones de euros y señala que el Ayuntamiento ha superado ya en 6,5 millones la capacidad de endeudamiento permitida por la ley. Ante esta situación, sin duda complicada, se ha aprobado por el pleno un nuevo plan de saneamiento a seis años vista y se va a pedir un préstamo de cinco millones de euros para reducir la deuda con empresas y autónomos, que asciende a 20 millones de euros. Según la legislación vigente, el Consistorio no podrá solicitar otro préstamo hasta que no mejore su situación económica. Para la oposición municipal (PP e IU), detrás de esta situación está el nulo control del gasto que se han llevado a cabo y la política económica practicada por el gobierno, que señala como culpable a la crisis y el bajón del sector de al construcción. Lo peor de todos es que por lo que se ve serán los servicios municipales los primeros a localidad con tantas demandas y tanta población. Menos mal que el plan, que se sepa, no prevé de momento ninguna subida en los impuestos municipales.
VÉLEZ-MÁLAGA
Política
Las relaciones entre gobierno y oposición en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga parecen cada día más irreconciliables. Así quedó de manifiesto el pasado lunes en el pleno ordinario, en el que por cierto se aprobó definitivamente el presupuesto municipal de 2009, y así queda reflejado en cada una de las iniciativas y acciones que parten de cada una de las partes. Los reproches son constantes. Lo último ha sido el recurso del PP contra el proceso de selección del gerente de urbanismo por entender que ha sido «amañado» para colocar en el puesto a una persona vinculada al IU. Resulta, cuanto menos curioso, que esto lo diga una formación que cuando estuvo gobernando defendió al proponer el nombramiento del anterior gerente que debía ser ocupado por una persona de plena confianza del equipo de gobierno, entonces formado por PP y PA. Tampoco dicen los populares, ahora en la oposición, que la persona que ellos nombraron como gerente aspira otra vez al cargo. Al final, todo apunta a que de lo que se trata es de incordiar al adversario.

Vecinos de Las Protegidas logran la propiedad de las casas después de cinco años de movilizaciones. Vélez-Málaga (SUR)

Las 45 familias del barrio de pescadores de Torre del Mar, conocido como Las Protegidas, podrán dormir a partir de hoy tranquilos. Después de cinco años de movilizaciones, los vecinos pudieron firmar ayer ante notario las esc
Para ello, ha sido necesaria la permuta por parte del Ayuntamiento de los terrenos sobre el que se levantan la barriada por el suelo sobre el que se construirá la futura comisaría de la Policía Nacional. El cambio permitió que el consistorio pudiera hacerse con la titularidad del suelo de la barriada, que fue construida por el Gobierno central, durante la dictadura, por lo que la mayoría de las familias que ahora han accedido a la propiedad vienen ocupando las viviendas desde 1948. Desde su construcción, los vecinos habían venido pagando al Estado sólo 9 pesetas mensuales hasta 1978.
Finalmente, los nuevos propietarios han tenido que pagar una cantidad muy inferior a la que Patrimonio del Estado exigió a los moderadores de las casas en 2004, que oscilaba, dependiendo de la superficie, entre los 30.000 y 72.000 euros.
Sólo 19 de las 64 familias aceptaron entonces las condiciones de Patrimonio, mientras que el resto se negó a ello por considerar que las viviendas eran de su propiedad. Los residentes optaron entonces por crear una plataforma en defensa de sus intereses y reclamar al Estado la titularidad de las viviendas en una condiciones mucho más favorables.
Valoración
Al final, estas 46 familias sólo han tenido que abonar 330,69 euros, en concepto de compra-venta; entre 300 y 500 , en gastos de notaria, y entre 700 y 3.150 euros por el impuesto de transmisión patrimonial, y ello gracias a que el Ayuntamiento ha calculado la liquidación sin tener en cuenta la última revisión catastral.
Aunque el Ayuntamiento considera injusto la diferencia abonado por unos y otros, de momento no se ha encontrado ninguna solución que permita poner fin a ese trato claramente desigual.
El Ayuntamiento ha impuesto como condición a los nuevos propietarios que durante los próximos cinco años no puedan vender sus casas.
El acto de firma de escrituras se celebró ayer en la Tenencia de Alcaldía sin la presencia de los medios de comunicación.

Paso al frente para desbloquear las obras del aparcamiento de Pueblosol. Benalmádena (SUR)

Ayuntamiento y Tremón se dan un mes para encontrar una salida negociada La propietaria se debate entre concluir el 'parking' o venderlo a otra empresa
Paso al frente para desbloquear las obras del aparcamiento de Pueblosol
Las obras presiden el centro de Arroyo. /F. J.
«Un mes como mucho». Ése es el tiempo que le queda al 'parking' de Pueblosol para salir del letargo en el que lleva inmerso dos años. Así al menos lo aseguraba ayer Enrique Moya tras la reunión que mantuvo con los propietarios del subsuelo donde se ubicarán el aparcamiento de 800 plazas y una zona comercial de 2.200 metros cuadrados. Representantes del grupo Tremón visitaron ayer el Ayuntamiento de Benalmádena para iniciar una ronda de contactos encaminada a desbloquear el proyecto. Durante el encuentro, tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo, Jesús Fortes, insistieron en la importancia de terminar el edificio, por lo que animaron a la constructora (inmersa en un concurso de acreedores) a ponerse manos a la obra o bien a vender la propiedad a alguna de las empresas que han mostrado interés en hacerlo, tal y como avanzó este periódico el pasado 27 de junio. La primera respuesta de Tremón ha sido la de seguir negociando, sin que de momento se descarte ninguna de las dos posibilidades.
«El encuentro ha sido bastante positivo, ya que ambas partes queremos alcanzar un acuerdo en el menor tiempo posible», comentó Enrique Moya, quien insistió en que, «si bien aún no se ha materializado nada, podría llevarse a cabo en un mes, o incluso antes". En este clima de optimismo, en que el 'parking' pueda entrar en servicio el próximo año.
En este punto, Fortes comentó que el mensaje que para la empresa ha sido «la absoluta prioridad para que esta zona esté abierta lo más pronto posible y en coordinación con las obras de las avenidas García Lorca y la Constitución, que implican una merma de aparcamientos». Además, Fortes lamentó que «en los dos últimos años no se haya mantenido contacto con la empresa propietaria de estos aparcamientos, por lo que se ha perdido un tiempo crucial».
Unas declaraciones que rechazó de plano el anterior alcalde, Javier Carnero, quien quiso dejar claro que en su etapa al frente del Ayuntamiento se produjeron varias reuniones para alcanzar un acuerdo, si bien ninguna llegó a buen puerto. Por ello, se mostró escéptico. «La empresa va a intentar marear como lo hizo anteriormente; por eso fuimos al Consejo Consultivo para declarar nulo el contrato», sentenció.

Luz verde a la nueva sede de Obras Públicas y Vivienda en Tiro de Pichón (SUR)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento dio ayer luz verde al proyecto de la Junta de Andalucía para instalar las sedes provinciales de las Consejería de Obras Públicas y de Vivienda y Ordenación del Territorio en una parcela situada en la barriada de Tiro de Pichón, como ya informó este periódico (ver SUR 4/10/2007).
Se trata de un solar situado junto a la zona deportiva de este sector de la ciudad, en el número 72 de la avenida de Ortega y Gasset. En el borde este de la parcela existe un edificio dedicado a laboratorio de control de calidad de Obras Públicas que en principio iba a ser demolido pero que finalmente se integrará en el proyecto tras una campaña emprendida por el Colegio de Arquitectos.
Por lo tanto, el diseño final lo conserva y prevé otro inmueble de nueva planta para uso administrativo que tendrá ocho alturas y cuatro sótanos.
Por otra parte, el Consistorio aprobó la concesión administrativa a favor de la Cofradía de la Misericordia de una parcela de 29,54 metros cuadrados, procedente de una finca mayor que segrega, junto a la iglesia del Carmen. De esta forma, se integra esta parcela en otra de 198,66 metros cuadrados sobre la que se constituyó un derecho de superficie a favor de la misma cofradía para construir su casa hermandad.

Un estudio revela que en Málaga se construye cinco veces menos que en 2005 (SUR)

La Fundación Cajamar difundió ayer un estudio en el que revela que en la provincia de Málaga se construyen cinco veces menos viviendas que hace cuatro años. Según el informe, el metro cuadrado de las viviendas que están a la venta ha caído hasta un 10,7% en la provincia y de 10.464 casas construidas en el primer trimestre de 2005 se ha pasado a 1.576 en el cuarto trimestre de 2008.
Málaga es la provincia andaluza que más ha reducido su número de viviendas iniciadas y la sexta en España con mayor cantidad de casas terminadas sin vender, según indica Cajamar. El deterioro del sector de la construcción continúa debido, entre otras cosas, al descenso de un 33% en el número de compra de viviendas en 2008 con respecto al año anterior. De acuerdo con el estudio, Málaga y Almería son los escenarios donde se ha registrado el mayor daño de la situación inmobiliaria, mientras que Valladolid y Murcia son las provincias que mejor han resistido la situación de crisis.

Urbanismo ensaya el reciclaje de residuos de obras para hacer viales (SUR)

La calle Pascal, situada en el polígono industrial Villa Rosa, será objeto de un trabajo de investigación promovido por la Gerencia Municipal de Urbanismo y las empresas Tecniobra, Aristerra, Cemosa y Hormigones y Minas para la utilización de materiales procedentes de residuos de la construcción en la realización de firmes de viales. Se trata de un estudio pionero que trata de analizar la aplicación de nuevas tecnologías a las obras de ingeniería civil y contribuir al desarrollo sostenible. Para ello, junto al proyecto de la calle Pascal, en la que se ejecutan obras para renovar el pavimento, desde Urbanismo se redactará un documento con recomendaciones para el empleo de residuos de construcción y demolición y residuos de hormigón en los pavimentos de la ciudad.
Esta iniciativa se ha recogido en un convenio firmado entre el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, y de las empresas implicadas en la investigación que conformarán, a su vez, una comisión de seguimiento que supervisará la evolución del trabajo y analizará los resultados obtenidos en el proyecto.

Los dueños de Arraijanal proponen crear el parque en el campo de golf (SUR)

Los propietarios de la parcela idean una alternativa para mantener su proyecto que pasa por un acuerdo entre la Junta y el Gobierno central
Los dueños de Arraijanal proponen crear el parque en el campo de golf
Terrenos del campo de golf, en primer término, y de Arraijanal. / SALVADOR SALAS
El anuncio realizado por la Junta de Andalucía relativo a la adquisición de los terrenos de Arraijanal para realizar un parque marítimo sigue de actualidad. La propuesta autonómica, que supone anular la reflejada por el Ayuntamiento en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para construir hoteles, viviendas y oficinas en la parcela, ha motivado una reunión de la decena de propietarios del suelo con el fin de adoptar una postura cara al inicio de las negociaciones con el Gobierno andaluz. Según pudo conocer este periódico, en el encuentro que mantuvieron los dueños de Arraijanal se acordó, por un lado, no admitir que la Junta infravalore el precio de la finca, como ayer informó SUR, y por otro, plantear algunas soluciones alternativas que pudieran hacer viable la operación para la Administración regional y le eviten el desembolso de los 150 millones de euros que, como poco, tendría que aportar para hacerse con los terrenos.
Según las fuentes consultadas, una de esas alternativas pasa por convertir el campo de golf de Guadalmar, propiedad del Gobierno central, en un parque. «Si la cuestión es crear un parque litoral en este entorno, pues podría ser una buena idea realizarlo en los terrenos del campo de golf», apuntaron las fuentes. Esto requeriría de un acuerdo entre la Junta y el Estado para compensar a este último con otros suelos en los que poder realizar un campo más amplio (el actual dispone de 18 hoyos).
Además, el campo invade la zona de dominio público del litoral y debe retranquearse unos 40 metros para no hacerlo. Por ello, el proyecto de Arraijanal recogido en el PGOU reserva una franja que permitiría la ampliación del recinto hacia el este, lo que compensaría la superficie del retranqueo.
Continuidad
Por lo tanto, la propuesta supone el traslado del golf a otro lugar más amplio y la realización en su lugar del parque, que podría penetrar en la parcela de Arraijanal con alguna franja de zonas verdes para darle continuidad. No obstante, en ella se mantendrían los hoteles y las viviendas planteadas por los privados para darle un uso turístico.
De aceptarse esta idea, los propietarios estarían dispuestos a financiar las obras del parque como una carga externa de la urbanización de Arraijanal. Hay que recordar que ya habían concertado con el Ayuntamiento financiar obras en este entorno y en otros puntos por valor de 28 millones.
«Con esto, el Gobierno andaluz consigue prácticamente a coste cero tener el parque marítimo que desea en esta zona del litoral de Málaga que, por otra parte, ejercería eficazmente de conexión entre el paseo marítimo de la capital y el de Torremolinos», precisaron las fuentes, que recordaron que el PGOU prevé un puente peatonal en la desembocadura del Guadalhorce.

Un informe sostiene que construir al norte de la ronda ayudaría a reforestar (SUR)

El estudio original de Limonar Alto se encuadra en las recomendaciones de los expertos que abogan por ocupar un 10% con casas y dejar el restode zonas verdes
La propuesta inicial, de cuatro mil viviendas, fue reducida por el Ayuntamiento a 500

Un informe sostiene que construir al norte de la ronda ayudaría a reforestar
Terrenos de la zona de Limonar Alto, al norte de la ronda./ A. SALAS
La propuesta original para urbanizar los terrenos situados al norte de la Ronda Este no es la que el Ayuntamiento recogió en el documento del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Según pudo conocer este periódico, el informe inicial encargado por los propietarios de los suelos avalaba la construcción de viviendas a cambio de conseguir un total de 297 hectáreas de monte reforestadas y otras muchas mejoras en el sector, de tal forma que el territorio entre la autovía y el inicio del paraje natural de Los Montes se configuraba como una nueva área de ciudad para reequilibrar la estructuración urbana, volcada hacia el oeste en los últimos planes generales.
El estudio, realizado por los arquitectos Salvador Moreno Peralta y Ángel Asenjo, y por el ingeniero José Alba, abarca una superficie de 734 hectáreas que, al ser cuatro veces superior a la reflejada por el PGOU, permite articular un ámbito más eficaz a nivel de comunicaciones y servicios que contribuyan a mejorar la zona este de la ciudad. Así, sólo a nivel de infraestructuras viarias, se plantean 167 millones de euros en la construcción de calles cuyo trazado podría permitir la conexión de Pedregalejo y El Palo mediante el valle del arroyo Jaboneros, y enlaces entre Ciudad Jardín y el eje litoral oriental.
Asimismo, se proponen proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento por valor de 43,5 millones de euros, y 29,7 millones para la reforestación del monte, lo que supone una inversión total de 241 millones de euros en infraestructuras urbanas. Para poder soportar un coste de esta magnitud, se calcula la construcción de unas cuatro mil viviendas, pero sólo permitidas en las zonas que no suponen perjuicio para las características geológicas y ambientales del lugar.
Equilibrio
El Ayuntamiento sólo ha contemplado en el sector localizado al norte de la ronda en el PGOU unas quinientas casas. Sin embargo, según fuentes consultadas, esta reducida cantidad haría complicado soportar la inversión de infraestructuras necesarias para su desarrollo. De hecho, al margen de las cuestiones puramente ambientales, la Junta de Andalucía indicó en su declaración de impacto ambiental sobre el nuevo plan general que la actuación denominada como 'Limonar Alto' -rechazada en cualquier caso por el Gobierno andaluz- representa un «modelo de urbanización de muy baja densidad, lo que supone un elevado consumo de suelo y de recursos energéticos que se aleja de los principios de sostenibilidad que se proclaman en la memoria del PGOU». De ahí que el estudio inicial planteado para la urbanización al norte de la circunvalación oriental apueste por una superficie más amplia que haga más real el equilibrio entre casas proyectadas e inversiones a sufragar por los promotores de esas viviendas.
Por otro lado, el informe, que reserva un 20% de las edificaciones para equipamientos sanitarios, deportivos, educativos o de otro tipo, arroja que tanto éstas como las de uso residencial -chalés de unas dos plantas- únicamente ocuparían aquellas zonas que no supongan riesgo medioambiental alguno y que tengan una pendiente inferior al 35%. Esto implica que la huella de las casas no supondría más del 10% de la superficie del territorio.
Precisamente, éste es el porcentaje límite expresado por expertos como José Damián Ruiz Sinoga, profesor titular de Geografía Física de la Universidad, para urbanizar ámbitos como éste. Según su planteamiento, el 90% restante debe quedar para su reforestación y adecuación contra la erosión.
Con todo, la Junta ha rechazado ya en varios informes la propuesta de urbanizar por encima de la autovía. Su decisión definitiva al respecto se conocerá en la próxima aprobación del PGOU.

El botellón echa el cierre (SUR)

El Ayuntamiento prohíbe definitivamente beber fuera de los bares al no encontrar un espacio alternativo al paseo de los Curas
La policía vigilará el consumo de alcohol en zonas no permitidas

El botellón echa el cierre
La estampa de grupos de jóvenes bebiendo en el paseo de los Curas pasará este fin de semana a la historia. / SALVADOR SALAS
«Nos vemos en los bares». Parafraseando a los míticos Celtas Cortos, el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, Elías Bendodo, anunció ayer el acuerdo de la Junta de Gobierno Local para prohibir definitivamente en la capital el consumo de alcohol fuera de los bares y terrazas. El recinto habilitado para hacer botellón los viernes y sábados (inicialmente también era los jueves) desde hace tres años en el paseo de los Curas, echará el cierre definitivamente hoy, último día en que estará permitida esta práctica en la ciudad. De manera que el siguiente fin de semana la única opción para consumir alcohol serán los propios locales de ocio. En caso contrario, quienes sean descubiertos bebiendo en la calle se enfrentarán a multas de 300 euros y el decomiso inmediato de las bebidas.
Los asiduos tendrán que esperar hasta la próxima Feria de Agosto para poder beber en la calle, pues la norma quedará en suspenso en fechas festivas como la mencionada, además de Semana Santa, Nochebuena y Nochevieja.
La medida de eliminar la zona de botellón llega tras varios meses de estudios y consultas, en los que se ha puesto de relieve la imposibilidad, dijo Bendodo, de encontrar un espacio alternativo donde trasladarlo que tuviera el consenso de vecinos, jóvenes y hosteleros. El cambio se produce en este momento, en primer lugar, por la fuerte caída de asistentes al recinto del paseo de los Curas que se produce en la época estival; pero también por el avance de las obras para la apertura al uso ciudadano de los muelles 1 y 2 del puerto, y que supondrán, previsiblemente en el mes de octubre, el derribo de la verja de hierro que separa este espacio del Parque.
Málaga pasa a formar parte del grupo de ciudades españolas donde no está autorizada esta práctica, entre las que destacan Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Alicante, Castellón, Bilbao, Santiago de Compostela, Cádiz, Murcia, Melilla y todas las ciudades de las comunidades de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Cantabria y Canarias.
Descenso de público
La prohibición viene respaldada además por los datos del estudio que el Área de Juventud ha elaborado, y que constatan un importante descenso de usuarios del 'botellódromo' malagueño. Su director, Mario Cortés, recalcó que la afluencia de público ha pasado de los 5.000 jóvenes que, como media, acudían al eje plaza de La Merced-plaza del teatro Cervantes-jardines de la Catedral, a los 1.500 que lo hacen tras el cambio de ubicación. Agregó que no se está produciendo un relevo generacional, esto es, el fenómeno -como moda que toca a su fin- pierde adeptos entre los de menor edad, y ya prácticamente no tiene seguidores entre los mayores de 25 años.
Refuerzo policial
Ante la posibilidad, puesta de relieve por los vecinos de varios distritos que han padecido este problema, de que la prohibición traiga consigo una dispersión del fenómeno en forma de mini botellones por toda la ciudad, la portavoz del equipo de gobierno municipal, Carolina España, aseguró que se producirá un refuerzo de los agentes de la Policía Local en horario nocturno los fines de semana, con un total de cincuenta agentes al día.
Estudio de alternativas
Antes de tomar la decisión, el Ayuntamiento ha analizado media docena de ubicaciones alternativas, que se han descartado por uno u otro motivo. Destaca el recinto ferial de Cortijo de Torres, que choca con la negativa de los participantes -puesta de relieve en las encuestas que ha hecho Juventud- a desplazarse hasta allí, por estar lejos de los bares del Centro; además de la oposición de los vecinos de Los Prados y el Duende y el alto riesgo de accidentes de tráfico.
En el caso de la explanada de Martiricos, además de no ser del agrado de los jóvenes y la cercanía a núcleos de viviendas en la Roca y Martiricos, se han tenido en cuenta las molestias por el tránsito de cientos de personas de madrugada por varias calles de camino a las zonas de marcha.
También se analizó la trasera de la Casona del Parque, junto a la sede del Ayuntamiento, el Banco de España y el Rectorado, que cumplía el requisito de estar cerca de los bares de copas, pero que no se ha considerado viable por razones de seguridad y por su escasa capacidad. El campus de El Ejido, el paseo marítimo de Poniente, la zona universitaria de Teatinos, y los aparcamientos junto a la Autoridad Portuaria también fueron objetivo de estudio, aunque sin éxito.
Consumo excesivo
El análisis que Juventud ha llevado a cabo sobre el botellón arroja datos preocupantes sobre el consumo de alcohol entre los jóvenes malagueños. Casi el 91% de los asistentes afirma beber combinados. Pero lo peor es la cantidad, pues la media de consumo es de cuatro o cinco copas por persona. El 87% reconoce que posteriormente se acerca a bares y discotecas del Centro, donde hacen al menos otra consumición. El 51% hace suya la frase: «Al botellón se acude para emborracharse». Una razón de peso para poner coto a esta práctica.
En esta información han colaborado
M. J. Cruzado, J. J. Buiza, A. Peláez, C. Martín, M. Periáñez y M. C. Jaime.