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viernes, 8 de agosto de 2014

La obra de rehabilitación del Caminito del Rey está ya al 35% de su ejecución (La Opinión)

Los trabajos de la vía sobre el Desfiladero de los Gaitanes van a «buen ritmo» y su inauguración será el próximo año

08.08.2014 | 02:22
El Caminito del Rey volverá pronto a ser transitado por vecinos y turistas.
El Caminito del Rey volverá pronto a ser transitado por vecinos y turistas. 
Las obras del Caminito del Rey, situado en el Desfiladero de los Gaitanes, van viento en popa. En poco más de un mes han avanzado un 15 por ciento, según informó a La Opinión de Málaga el alcalde del municipio de Ardales, Juan Calderón, quien concretó que en estos momentos se encuentran al 35 por ciento de su ejecución.

miércoles, 6 de agosto de 2014

La Junta pasa la pelota de las viviendas irregulares en el campo a los ayuntamientos (Sur)

La consejera de Medio Ambiente insta a los consistorios «a hacer su parte» para conseguir el pleno desarrollo del decreto aprobado en 2012
EUGENIO CABEZAS @eugeniocabezas COMPETA
5 agosto 2014
01:05


Más de dos años después de la entrada en vigor del decreto andaluz 2/2012, el problema del urbanismo en el campo sigue trayendo de cabeza a los propietarios, muchos de ellos compradores «de buena fe», y a las administraciones públicas, que no saben cómo hincar el diente a un asunto que ha crecido como la espuma, hasta sumar 50.000 viviendas fuera de ordenación en la provincia y 300.000 en Andalucía.

Los precios siguen a la baja, con una caída del 5,7% en los pisos y del 9,7% en los chalés en la Costa del Sol (La Opinión)

El stock de viviendas vacías pendientes de vender en el litoral malagueño ha caído un 31,5% en un año

06.08.2014 | 05:00
El precio de la vivienda sigue a la baja en la Costa del Sol, con más incidencia en los chalés que en los pisos, lo que se puede explicar por las mayores dificultades por conseguir un comprador, según se deduce del estudio inmobiliario realizado por la consultora inmobiliaria Aguirre Newman, quien apunta que el precio medio del piso ha caído un 5,7% respecto a 2013, situándose en unos 196.956 euros, mientras que los chalés están un 9,7% más baratos y con un coste medio que ronda los 393.520 euros.

viernes, 9 de agosto de 2013

Málaga es la provincia con más suelo urbanizado en toda la franja costera (Málaga hoy)

Un informe de Greenpeace alerta de que Fuengirola, Mijas, Marbella y Torremolinos tienen construidos más del 90% de los 500 metros
RAQUEL GARRIDO MÁLAGA | ACTUALIZADO 09.08.2013 - 01:00
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Franja costera completamente urbanizada de Málaga capital
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Edificios construidos a pie de playa en Puerto Banús (Marbella).

Solo la crisis económica y el desplome del sector de la construcción ha sido capaz de poner fin a la voraz expansión del cemento y el ladrillo que durante décadas ha sufrido la costa malagueña. Pero lo hizo cuando ya se había urbanizado la mayor parte del litoral hasta el punto de que Málaga es la provincia española con menos suelo natural y más superficie ocupada en la franja de 500 metros. 

sábado, 18 de junio de 2011

Acuerdo para arreglar el Caminito del Rey. (LAOPINION)

La Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga quieren convertirlo en un recurso turístico


Vista del Caminito del Rey, que discurre por el Desfiladero de los Gaitanes.
Vista del Caminito del Rey, que discurre por el Desfiladero de los Gaitanes. La Opinión
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COVADONGA LÓPEZ El proyecto de restauración del Caminito del Rey dio ayer su primer paso tras la formalización del acuerdo. Así lo confirma el contrato que firmaron ayer de manera conjunta la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, y el presidente en funciones de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, el cual determina la cofinanciación de este proyecto.


De esta manera se establece que ambas entidades se repartirán al 50 por ciento el presupuesto destinado a este fin, lo que sumará un total de 9.076.880 de euros (algo más de 4,5 millones cada uno), que se emplearán en la restauración del camino, la adecuación de las zonas aledañas, la construcción de un museo y la habilitación de un centro para la recepción de visitantes, además de un aparcamiento. Un proyecto de gran envergadura que, como aseguró Clara Aguilera, convertirá al paraje «en un recurso turístico de primer nivel para la provincia de Málaga». El Caminito del Rey, situado en el paraje natural de El Chorro y construido hace más de un siglo, es una de las rutas más emblemáticas de la provincia malagueña y cuenta con tres kilómetros de recorrido, de los que buena parte discurren por las paredes del Desfiladero de los Gaitanes. El deterioro paulatino de estas instalaciones desembocó en su cierre temporal y de ahí la «urgencia de su restauración», explicó Salvador Pendón. Una vez que se ha acordado el presupuesto y los actores financieros, queda por determinar la licitación de las obras que según el presidente en funciones de la Diputación espera que «se realice lo antes posible para que éstas puedan comenzar este mismo año». La restauración del Caminito del Rey forma parte del Plan de Zona promovido por el gobierno andaluz para el fomento económico de espacios rurales de la comunidad, entre los que se incluye un apartado dedicado a las Sierras Occidentales de la provincia de Málaga. En este sentido, Aguilera aplaudió la actuación de la Diputación de Málaga en este Plan de Zona, por «ser una de las entidades supramunicipales que más han contribuido al desarrollo de este programa desde el principio». Salvador Pendón quiso recordar durante la rueda de prensa ofrecida ayer en la Diputación de Málaga, el «largo recorrido» de este proyecto de rehabilitación, que comenzó su andadura en 1995, aunque fue suspendido en numerosas ocasiones por la oposición de grupos ecologistas, entre otros motivos. El presidente del organismo supramunicipal quiso destacar también la «extraordinaria situación de este maravilloso enclave» y su proximidad con la estación de tren de Santa Ana, la Laguna de Fuente de Piedra, la Sierra del Torcal y las localidades de Ronda y Antequera. Así como el impacto turístico y económico que, según Pendón, supondrá para los municipios de Álora y Ardales, muy cercanos a esta zona.

La CEM indica que impulsar los PGOU ofrece "estabilidad" a los empresarios. (MALAGAHOY)

González de Lara se reúne con la Junta para "buscar fórmulas de colaboración"

EP / MÁLAGA | ACTUALIZADO 18.06.2011 - 01:00
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Remedios Martel y Javier González de Lara (centro) durante la reunión que mantuvieron ayer.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara, señaló ayer que se debe dar continuación y un impulso a los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), algo que consideró "estratégicamente clave" para la provincia, ya que, repercute, además, en ofrecer "estabilidad y seguridad jurídica" para los empresarios. Como ejemplo puso el puerto de La Bajadilla de Marbella. "Si cambiamos la percepción de que la seguridad no es algo secundario muchos ojos volverán a fijarse en la Costa del Sol para invertir, porque el mundo está evolucionando", indicó tras la reunión mantenida ayer entre la Junta de Andalucía y el comité ejecutivo de la CEM.

González de Lara señaló que durante el encuentro se abordó la "búsqueda de fórmulas de colaboración estable" y así incrementar la participación que tiene que haber entre los distintos agentes sociales para avanzar en un objetivo común, que es "aumentar y potenciar la economía malagueña" y además, trabajar para "crear las oportunidades que permitan seguir generando empleo". El presidente de la CEM también trasladó a la Junta las principales preocupaciones de los empresarios, tales como los enormes problemas de financiación; la "insostenible" morosidad pública de todas las administraciones o las dificultades que tienen las sociedades para llegar a fin de mes, entre otras. Sobre la morosidad, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Remedios Martel, señaló que la administración "está pendiente de buscar la fórmula que resuelva el problema", además de que servirá para "reactivar muchos sectores que en estos momentos están en una situación complicada". Para Martel, en el momento actual se deben "sumar" todos los esfuerzos individuales que están realizando los diferentes actores económicos, sociales e institucionales, para, según añadió "no perder ningún impulso de esa efectividad que se pretende conseguir". En este punto, González de Lara señaló que debe existir "lealtad institucional", que tal y como apuntó "es lo que necesitamos visualizar los empresarios y los ciudadanos". En este encuentro, el primero que se mantiene tras la elección de González de Lara como nuevo presidente de los empresarios malagueños, se ha trazado una hoja de ruta que tendrá una continuidad en el tiempo y que será extensiva a todo el tejido asociativo, profesional e institucional. Por su parte, el presidente de la CEM señaló que el gobierno andaluz "tiene competencia y puede hacer bastante" en materia de políticas activas de empleo y de contratación. "La Junta de Andalucía tiene herramientas a disposición para buscar fórmulas para mejorar la contratación y la empleabilidad de los más jóvenes", añadió.

domingo, 5 de junio de 2011

El planeamiento como vía de progreso. (LAOPINION)


Maripaz Fernández, Elías Bendodo, Francisco Salado y Francisco Delgado Bonilla.
Maripaz Fernández, Elías Bendodo, Francisco Salado y Francisco Delgado Bonilla. Carlos Criado

V. GUZMÁN.MARIPAZ FERNÁNDEZ, ELÍAS BENDODO, FRANCISCO SALADO Y FRANCISCO DELGADO BONILLA. MÁLAGA En este nuevo mandato, los ayuntamientos de la provincia tendrán que aplicar sus nuevos planes urbanísticos o terminar la aprobación de los PGOU para poder ponerlos en marcha, en la mayoría de los casos. Los alcaldes electos coinciden en resaltar las oportunidades que traerán estos nuevos planes, aunque eso sí aplicados con mesura y entendidos como vías para hacer progresar socioeconómicamente sus territorios. Pero no todos están de acuerdo con los POGU que se van a encontrar. Es el caso de Francisco Salado, que confiesa que no va a aprobar «el plan que ha impuesto la Junta en Rincón». «La Junta lo que tiene que hacer es respetar las competencias de los ayuntamientos en su planeamiento».

Delgado Bonilla, por su parte, apuesta por sacar suelo barato y unirlo a la creación de empleo y deposita sus confianzas en sectores con futuro en Vélez como la agroindustria, para no estar «a espaldas de las industrias que generan economía». En estos dirigentes subyace la idea de que la Junta entorpece los proyectos de los ayuntamientos. En Antequera, Manuel Barón recuerda que el PP apoyó la aprobación del plan, pero lamenta que la Junta después haya hecho muchas suspensiones. Allí, el futuro regidor también quiere informarse más sobre el proyecto del anillo ferroviario, para saber los beneficios y daños que pueda causar.

En Coín, la revisión del plan está parada, pero Fernández Tapia quiere desarrollar lo que hay ahora y potenciar las zonas de oportunidad tanto industriales como residenciales y turísticas. Mijas apuesta por desarrollar en el futuro sectores como el empresarial, el de golf o el marítimo. «No nos interesa crecer en población», dice Nozal. En Ronda, Maripaz Fernández lamenta que tanto el plan para el casco histórico como el PGOU están paralizados. «Ha habido especulación y hay que empezar de cero».

jueves, 5 de mayo de 2011

Los veinte proyectos singulares del PP para Málaga (La Opinión)

El Partido Popular desgranó ayer parte de su programa electoral para Málaga capital, dando a conocer 20 proyectos que espera impulsar entre este año y 2015


Imagen cuatro de los proyectos singulares del PP para Málaga.
Imagen cuatro de los proyectos singulares del PP para Málaga.

En esta selección se encuentran iniciativas que son de exclusiva competencia municipal, mientras que hay otras seis que se comparten con otras administraciones públicas y cuatro en las que se recurrirá a la iniciativa privada para encontrar la financiación necesaria

LAOPINIONDEMALAGA.ES Los proyectos presentados por el Partido Popular se han subdividido en tres categorías: los proyectos municipales (1-10), los que deberá realizar con otras administraciones (11-16) y, por último, los que recurren al apoyo privado (17-20).

Proyectos municipales | Diez proyectos que dependen del Ayuntamiento

1. «Manzana Verde» en El Duende para el ahorro energético en el hogar
En una parcela en El Duende se construirán 160 viviendas de VPO y renta libre para fomentar la cohesión social y contará con medidas para potenciar el uso de las energías renovables y el reciclaje de residuos. El PP lo califica de pionero en Europa. Está a la espera de que se concrete el traslado de los Servicios Operativos y la EMT.

2. Plan de Especial de Protección del Monte Gibralfaro
Actuación que persigue la protección de la biodiversidad y fauna, la recuperación de espacios monumentales y patrimoniales y la construcción de un aula medioambiental para uso ciudadano. Incluye hacer caminos para que sea visitable. De la Torre recordó que la Junta de Andalucía negó al Ayuntamiento fondos europeos Feder. Pendiente de inicio.

3. Parque de Verdiales en el Puerto de la Torre
Nueva zona verde en el Puerto de la Torre que sirva como escenario permanente para el encuentro de pandas de verdiales y complemento a la celebración del 28 de diciembre en la Venta de San Cayetano. Promesa pendiente del anterior mandato.

4. El Soho de Málaga
Proyecto de renovación cultural y comercial del Ensanche de Heredia entre la Alameda Principal y el puerto. Se busca crear un barrio de las artes en esa zona con la mejora del espacio público, creación de plazas, zonas de juego infantiles y la peatonalización de gran parte de las calles. Se inició el año pasado.

5. Uso permanente del recinto ferial durante todo el año
Construcción de espacios para ser usados el resto del año por los colectivos ciudadanos o para el ensayo de bandas de música y de compañías de teatro. También sería un complemento para el Palacio de Ferias. Reclamación histórica de los colectivos.

6. Edificio Centiex de Promálaga en el Parque Tecnológico
Incubadora de empresas pensada para iniciativas de cierto tamaño, de 10 a 12 empleados y centradas en la innovación. En desarrollo.

7. El móvil para hacer pequeños pagos sin dinero ni tarjeta
La implantación del monedero electrónico permitiría abonar pequeñas compras sin necesidad de dinero en metálico o de las tarjetas de crédito. Sólo se necesitaría un móvil. Se quiere implantar en comercios y servicios públicos. En desarrollo.

8. Parque de homenaje a la memoria histórica en San Rafael
El cementerio de San Rafael se convertirá en un gran parque que tendrá como eje la memoria histórica, con un panteón donde se depositen los restos encontrados y un pequeño museo. Además, se incluirán diversos equipamientos ciudadanos como jardines, fuentes y pistas de skate. Es una promesa anterior.

9. Seguir la construcción del bulevar sobre las vías soterradas
Con la primera fase de las obras a punto de adjudicarse, el PP se compromete a continuar con el resto de las actuaciones para construir esta nueva vía.

10. Centro de ensayo para las bandas de música
Disponer un espacio para que puedan ensayar estas formaciones sin molestar a los vecinos. Sería temporal hasta habilitar el recinto ferial. Es una promesa nueva.


Con otras administraciones | La necesaria colaboración con la Junta y el Gobierno

11. El tercer hospital en el distrito Este como alternativa al macrohospital
El PP sigue apostando por el tercer hospital en la zona Este como una alternativa más rápida y eficaz al macrohospital prometido, del que no hay proyecto. Sin embargo, las competencias son de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento sólo podría ofrecer dos parcelas para su posible ubicación: finca El Tinto y Witenberg.

12. La continuación del paseo marítimo desde la Térmica a Torremolinos
La idea sería continuar el actual paseo de Poniente hacia Torremolinos, enlazando la desembocadura del Guadalhorce, Guadalmar, Arraijanal y el Parador de Golf. Se primarían los recorridos peatonales y en bicicleta, con una actuación poco agresiva con el entorno. Depende de la negociación con Costas.

13. El parque del Campamento Benítez, el gran debate sobre el modelo
Apuesta clara por un parque metropolitano, con una inversión de 20 millones a cargo de Fomento, la Junta y el Ayuntamiento. Diversidad de usos y flora mediterránea.

14. El Auditorio de Música, que está a punto de despegar
El proyecto del Auditorio de Música tiene un presupuesto de unos 90 millones de euros,
a pagar entre el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento. El proyecto ya está terminado y a la espera de completar su revisión. Las obras se iniciarán a finales de este año.

15. El impulso definitivo a la reforma del río Guadalmedina
Aunque De la Torre insiste en preferir la opción que cubre todo el cauce, deja abierta la solución definitiva al consenso. Considera que en los próximos años se debe dar un impulso que asegure su remodelación, tras varios años perdidos.

16. La prisión provincial, a la espera de que se ceda el terreno
El uso de la antigua prisión provincial decidido por el Ayuntamiento –sede de los Servicios Operativos y con destino ciudadano y cultural– está pendiente de iniciar su desarrollo a que el Gobierno ceda la propiedad del edificio a la ciudad, que se está retrasando desde hace años.


Apoyo privado | La inversión privada para sacar adelante los proyectos

17. Construcción de un hotel en una parcela del dique de Levante
Francisco de la Torre propone destinar una parcela del dique de Levante, junto a la estación marítima, para construir un hotel. Sin embargo, es terreno portuario y el desarrollo sería privado. Además, el Ayuntamiento ya negó esta idea hace cuatro años, cuando lo propuso la Autoridad Portuaria.

18. Un centro deportivo especializado en los deportes de raqueta
La propuesta deportiva es construir un centro especializado en los deportes de raqueta junto al Martín Carpena. Tendría capacidad para acoger competiciones internacionales y se centraría, sobre todo, en el tenis y pádel. La construcción y gestión sería privada, como la mayor parte las instalaciones deportivas.

19. El prometido acceso al monte Gibralfaro en funicular
De la Torre ha desempolvado la promesa del funicular para subir al Gibralfaro. El proyecto está prácticamente terminado y consistiría en un túnel con dos vías y que iría por la ladera norte del monte, desde Mundo Nuevo al castillo. Propone que sea una empresa privada quien asuma la obra, aprovechando el mercado potencial de 3 millones de turistas.

20. La recuperación temporal de los antiguos Astoria y Victoria
Los antiguos cines Astoria y Victoria se derribarán en un futuro para construir una sala de exposiciones para traer muestras de otros museos. Sin embargo, es un proyecto a largo plazo y propone su rehabilitación temporal, mediante financiación privada, para habilitar los actuales edificios para salas de ensayos de música, teatro, danza y centro de grabación. El coste rondaría un millón de euros. Sus usos se trasladarían cuando se acometiera el proyecto definitivo.

sábado, 26 de marzo de 2011

La Diputación no modificará la Ley Urbanística andaluza. (LAOPINION)

La Asociación de Viviendas Irregulares ha recibido el rechazo de la institución para cambiar la ley.


EUROPA PRESS La Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI) ha recibido el rechazo de la Diputación de Málaga en la ronda de reuniones que lleva manteniendo con los municipios malagueños de más de 20.000 habitantes con el objetivo de modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que, en la provincia de Málaga, afecta a unas 80.000 viviendas irregulares.

Según ha señalado la presidenta de APVI, María del Mar Vázquez, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, ha manifestado que "no puede utilizar una Administración pública para ir en contra de otra, cuando hay un decreto por medio", motivo por el que no se ha mostrado partícipe a colaborar con la asociación.

Asimismo, ha asegurado que Pendón considera que "debemos ser sancionados con dureza por lo que hemos hecho", y en este sentido, se ha preguntado si la situación de irregularidad en la que se encuentran estas viviendas es motivo suficiente para que "vayamos a la cárcel". "Para él, todos los vecinos son culpables, ya que no tiene en cuenta ningún tipo de necesidad o problema que puedan tener", ha lamentado.

Por tanto, Vázquez ha destacado "la mentalidad súper arcaica" del máximo responsable del ente supramunicipal y de la Junta, dado que "a pesar de que sabe que la LOUA no está bien, no quiere rectificar en nada". Asimismo, ha asegurado que, para la asociación, la reunión con Pendón "ha sido una decepción", ya que "esperábamos que nos escuchara" para que "contribuyera a agilizar la gestión con el resto de ayuntamientos de la provincia".

RESPUESTA

Por su parte, el presidente de la Diputación ha explicado que las viviendas irregulares que se encuentran en terreno protegido "no son legalizables, aunque se modifique la LOUA", ya que su clasificación responde a una decisión del Ayuntamiento a través del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En este sentido, ha destacado la defensa que viene haciendo desde hace 30 años de la regularización de las viviendas irregulares, "las que son legalizables", ha precisado, indicando que se trata de "un problema muy grave que afecta a un territorio muy importante de la provincia de Málaga".

"Y por fin parece que la Junta de Andalucía, en el decreto que anuncia la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, va a establecer tres procedimientos a la hora de abordar esta situación que, según anunció el pasado 4 de marzo, afectaría a un total de 12.760 edificaciones irregulares de la comarca de la Axarquía que, de esta forma, podrán tener vías de solución", ha indicado.

En concreto, Pendón ha explicado que, "primero, se encuentran las casas irregulares que se pueden legalizar vía Plan General; segundo, a través de planes especiales de regularización, y, tercero, mediante la aplicación de la disciplina a aquellas que estén en terrenos que soporten algún tipo de protección, es decir, lo que no sea legalizable".

"Esto último no se puede solucionar modificando una ley, sino vía Plan General", ha precisado, al tiempo que ha indicado que del orden de los ayuntamientos son aquellos terrenos que tengan grado uno de protección, como son los Lugares de Interés Comunitario (LIC), que los declara la Unión Europea, y los que sean Paraje Natural.

Con este decreto, Pendón ha señalado que "se van a poder legalizar la inmensa mayoría" de las viviendas irregulares, teniendo en cuenta que la Consejería de Obras Públicas contempla la posibilidad de la regularización a través del PGOU. De esta forma, la solución pasaría por que el Consistorio descalificara estos terrenos, ha apuntado.

No obstante, el presidente de la institución provincial ha señalado que, "suponiendo que se derogue la LOUA, tiene que haber un proceso de adaptación que no puede significar carácter retroactivo", por lo que "la ley vigente tiene que seguir en vigor". Por ello, estarían "en suspensión todas esas viviendas irregulares cinco o seis años hasta que dispusiera otra vez".

OTROS ENCUENTROS

La presidenta de APVI también mantuvo la pasada semana diversos encuentros con representantes de varios municipios malagueños, como el teniente de alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón y el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova; y "todos apoyan la iniciativa", ha asegurado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga, a través de su concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, también se ha mostrado "de acuerdo" con la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y, según ha apuntado a Vázquez, "está buscando una solución al desmadre urbanístico que hay en los diseminados, dentro de sus posibilidades y con en la LOUA en la mano", ha indicado.

En este sentido, Díaz ha asegurado a la presidenta de APVI que "el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga está realizando los inventarios de esas viviendas irregulares", pero, a pesar de ello, Vázquez ha puntualizado que, "tal y como está la LOUA, no pueden resolver el problema".

Sin embargo, desde la asociación han asegurado que "no nos vamos a rendir", ya que "todos" los alcaldes de los municipios con los que se han reunido hasta ahora "apoyan la iniciativa". En concreto, el regidor de Mijas, Antonio Sánchez, mostró la pasada semana su apoyo a APVI en su idea de presentar un texto para la modificación de la LOUA ante el Parlamento Andaluz.

La Asociación Provincial de Viviendas Irregulares también cuenta con la colaboración del delegado de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Enrique Benítez, y del alcalde del municipio malagueño de Coín, Gabriel Clavijo, fruto de dos reuniones que la presidenta ha calificado de "muy positivas"; así como de otros municipios malagueños con los que ha contactado telefónicamente, como es el caso de Teba, Alfarnate y Campillos.

Sin embargo, la presidenta de APVI ha señalado que "hasta que tengan lugar las elecciones municipales, los políticos no se van a decantar", indicando que, "como ciudadanos, queremos que nos escuchen y que atiendan nuestras necesidades". De esta forma, prevén llevar a cabo una manifestación, antes de los comicios, a las puertas de la delegación de la Junta de Andalucía en Málaga.

domingo, 13 de marzo de 2011

50.000 viviendas quieren amnistía. (SUR)

El decreto que abrirá la vía de la legalización a las construcciones irregulares en la Axarquía ha dado alas a los propietarios del resto de la provincia

13.03.11 - 01:44 -
LAS hay aisladas en el campo y agrupadas en diseminados rurales. Igualmente, hay algunas que fueron levantadas por sus propietarios para crear una familia y otras concebidas como segunda residencia e incluso para el turismo rural; las hay con vistas al mar y mirando a la sierra; también hay finalizadas y otras que se han quedado a medio hacer; están las que se construyeron en zonas protegidas y aquéllas en la que la calificación ambiental del terreno llegó a posteriori; y por último, las que durante décadas han poblado los montes en suelo no urbanizable. El perfil de la vivienda irregular en la provincia es tan amplio y variado como complejo es el proceso para dar solución a las cerca de 50.000 casas sobre las que pesa la espada de Damocles de las impugnaciones de licencias, las multas coercitivas y la amenaza de una posible demolición desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en 2002, con la que la Junta quiso poner freno a las construcciones indiscriminadas en el campo.
La cifra no es exacta, aunque sí una estimación bastante aproximada del mapa de las viviendas en suelo rústico que han brotado por todos los rincones de la provincia y que ahora esperan una amnistía como la planteada en la Axarquía. Desde los 'campitos' de Estepona hasta el Valle del Guadalhorce, pasando por Mijas, Marbella, la Vega de Antequera y la Serranía de Ronda. Ni siquiera los ayuntamientos saben a ciencia cierta el número de edificaciones irregulares (incluidas otras construcciones como piscinas, muros o terrazas), de ahí que el primer paso para solucionar el conflicto sea la elaboración de un inventario municipio por municipio y casa por casa como herramienta para la posterior ejecución de planes locales de inspección.
Ésa es la primera condición que ha puesto sobre la mesa la Junta de Andalucía para abrir la vía de la regularización mediante un decreto (estará redactado en un plazo máximo de seis meses) que permitirá el reconocimiento de estas construcciones, dotándolas de los servicios y equipamientos básicos que ahora son en muchos casos inexistentes. Aunque no será gratuito, puesto que la actuación deberá salir del bolsillo de los propietarios en concepto de compensaciones.
«La hoja de ruta empieza por el inventario, algo fundamental porque cada casa tiene una situación diferente y requiere una solución prácticamente personalizada», apunta el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas, Enrique Benítez.
La sombra del derribo
Se podrán salvar la mayoría de las casas que se encuentran fuera de ordenación, las construidas ilegalmente pero que han prescrito después de cuatro años y aquéllas a las que no se les puede exigir la restitución de la realidad física anterior. Pero no todas. La sombra del derribo rondará a las levantadas en suelo protegido y las edificadas al margen de la ley no prescritas. «No es imposible, pero sí que la solución va a ser más complicada», reconoce Benítez. Bien distinto será el panorama de las que se realicen a partir de ahora al margen de los planes generales de ordenación urbanística (PGOU) o los planeamientos de rango superior. «Seremos tajantes y contundentes», advierte el dirigente de Obras Públicas.
La nueva normativa, anunciada para la Axarquía aunque extensible a todo el ámbito regional, ha sido recibida por los propietarios con optimismo, pero también con cautela y escepticismo por haberse hecho pública a dos meses de unas elecciones municipales. «Lo único que pedimos es que no hagan política con nosotros. Si hasta ahora no había forma de solucionar el problema, ¿por qué ahora sí se puede si la LOUA sigue siendo la misma?», se pregunta María del Mar Vázquez, presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI).
La entidad constituida el pasado mes de diciembre y que ya agrupa a 65 colectivos vecinales aboga directamente por modificar la ley, una propuesta que pretende llevar al Parlamento autonómico, si es posible, con el respaldo de los dos grandes partidos (PSOE y PP). El mensaje es claro: «Legalizar todas las casas en las que se pueda cambiar la calificación del suelo y dotar los servicios básicos a aquéllas que se queden fuera de ordenación y estén ocupadas», explica Vázquez, quien recalca que los vecinos no son los únicos responsables de esta situación. «Ha habido mucha permisividad. Durante años, los ayuntamientos se han lavado las manos, han cobrado el IBI y demás impuestos para luego abrir expedientes y ordenar derribos», subraya.
La elección de la Axarquía para dar a conocer el decreto no fue casual. La comarca ha llevado la voz cantante en los últimos años exigiendo soluciones, hasta el punto de que los 31 alcaldes axárquicos han llegado a solicitar reiteradamente la reforma y modificación de la LOUA como vía para la normalización urbanística. El plante ha sido tal que varios regidores están imputados e incluso condenados por dar licencias o haber mirado para otro lado. De momento, 11.025 viviendas son susceptibles de ser legalizadas, aunque en el horizonte aún pueden quedar otras tantas a juicio de los grupos ecologistas.
No son las únicas. En Mijas, la presión vecinal ha ido 'in crescendo' en los últimos años, hasta el punto de que el propio Ayuntamiento optó por paralizar el envío de multas coercitivas. Esta misma semana se ha dado luz verde a la revisión del PGOU en suelo no urbanizable, lo que conduciría a la regularización de la inmensa mayoría de las 3.000 casas 'ilegales' existentes, quedándose al margen las que invaden el dominio público y las zonas de especial protección. «La ley no lo permite en ningún caso», resalta el alcalde mijeño, Antonio Sánchez.
La misma solución es la que plantean en Estepona para los 'campitos', como se conocen popularmente los diseminados rurales. En los últimos años se han multiplicado hasta superar las 3.000 construcciones, de las que unas 800 están en suelo protegido por el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental.
El interior tampoco es ajeno a esta problemática, especialmente en los pueblos regados por el Guadalhorce. Uno de los puntos más calientes es Cártama, donde se han ejecutado varias órdenes de demolición y se han producido manifestaciones de afectados reclamando soluciones para las más de 3.500 edificaciones. Ni siquiera la capital se escapa, con 44 núcleos de población asentados fundamentalmente en Campanillas, Los Montes y Puerto de la Torre en los que cerca de 1.200 casas se han quedado fuera de ordenación en el nuevo PGOU. En Antequera, las estimaciones apuntan a 800, una cifra que se duplicaría si el radio de búsqueda se amplía a toda la comarca.

Los alcaldes empiezan a promover la legalización de 10.000 casas más. (MALAGAHOY)

EL URBANISMO IRREGULAR EL ANUNCIO DE LA JUNTA DE UN DECRETO ABRE LAS PUERTAS A LA NORMALIZACIÓN MASIVA

Se trata de viviendas enclavadas en la Costa del Sol y el Guadalhorce que se suman a las 11.000 de la Axarquía y las 16.500 de Marbella · La Fiscalía advierte que el decreto de regularización bendice la impunidad

REDACCIÓN / MÁLAGA | ACTUALIZADO 13.03.2011 - 01:00
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Vista de viviendas diseminadas en la comarca de la Axarquía.

Los alcaldes de la provincia confían en que otras 10.000 viviendas ilegales enclavadas en la Costa del Sol y el valle del Guadalhorce puedan acogerse al decreto prometido por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para legalizar 11.000 de las 12.760 casas levantadas en suelo rústico en la comarca de la Axarquía. El parque de viviendas ilegales de la provincia se acerca a las 45.000 edificaciones. Es decir, si en cada una de estas casas vivieran tres personas se obtendría una población superior a la de Cádiz capital. Sin embargo, las medidas adoptadas primero por el Ayuntamiento de Marbella para incluir en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, por tanto, legalizar 16.500 de sus 18.000 viviendas fuera de planeamiento y el anuncio de la Junta de aprobar con carácter inminente un decreto amnistiador que sólo dejará en la ilegalidad aquellas edificaciones construidas en suelo expresamente protegido deja claro que el camino de la legalización masiva está abierto.

El Ayuntamiento de Mijas ya ha remitido a la Consejería que dirige Josefina Cruz los datos de 3.000 de sus 3.700 viviendas, al tiempo que en el Pleno extraordinario celebrado el miércoles se dio a conocer que el equipo de gobierno que preside Antonio Sánchez (PSOE) trata de revisar el suelo no urbanizable del municipio para regularizar todas las casas, salvo las que estén en dominio público o áreas de especial protección. En Estepona se localizan 3.000 chalés fuera de planeamiento construidos con licencias para aperos de labranza que también se quieren introducir en el PGOU. Y, por si acaso el PP le toma el relevo al socialista David Valadez en las próximas municipales, ya ha hecho saber que está dispuesto a negociar la regularización.

El Ayuntamiento de Coín que gobierna Gabriel Clavijo (PSOE) también realiza un censo de viviendas irregulares para ver cuántas de ellas son susceptibles de normalizar y en Cártama, donde se contabilizan otras 3.000 viviendas en suelo no urbanizable, el alcalde, José Garrido (PSOE), ya ha indicado que el 80% podrán incluirse en el PGOU. Las únicas salvedades serán las que estén en zonas inundables y las de protección especial.

En la Serranía de Ronda se comienzan a oír las primeras voces que piden que se aplique en algunos puntos del término municipal de Ronda el mismo decreto que ha posibilitado la regularización de casas en la Axarquía. En concreto, el primer teniente de alcalde, Francisco Cañestro, solicitó esta misma vara de medir para las viviendas ubicadas en el paraje conocido como Los Navares y Tejares, donde hace años que se construyeron varias docenas de casas, la mayoría de ellas ubicadas en las proximidades del cauce del río Guadalevín. De hecho, para acceder a las mismas existen sendos caminos asfaltados y hasta existe un cruce sobre la circunvalación de Ronda con señalización incluida.

El decreto de legalización se ha anunciado para la Axarquía, aunque en realidad, como dice el abogado José Carlos Aguilera "no puede ser un traje a medida" para nadie, porque las normas, por naturaleza, son de aplicación general a todo el territorio. Todas estas viviendas son ilegales porque contravienen lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que entró en vigor en enero de 2003, precisamente cuando la consejera Josefina Cruz era directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Esta ley acotó en términos generales la construcción en zonas rústicas a las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales mientras que el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, de 2006, reforzaba el carácter proteccionista. Sin embargo, gran parte del urbanismo ilegal ha emergido precisamente en la última década, o sea, cuando existían más normas dirigidas a preservar y ordenar el territorio.

Miguel Ángel Torres, de Ecologistas en Acción de la Axarquía, alude a "una dejación grave de responsabilidades" en los ayuntamiento que, "expresamente" han desistido de "ejercer la disciplina urbanística y perseguir las ilegalidades", con el amparo "de la propia Junta y la Diputación, más aún cuando muchos de estos alcaldes son también diputados provinciales". En la misma línea interpreta que estos ayuntamientos y estos alcaldes han sido tan reticentes a la elaboración de planes de ordenación urbana "porque lo que quieren es que no haya ordenación".

Desde Ecologistas en Acción se subraya que el panorama ocasionado por ese abandono de responsabilidades "se quiere vender como un problema social de pequeños agricultores que han construido una casita porque no tenían dinero para comprar una vivienda. Esto no es así. Aquí lo que funciona es una trama de intereses, un lobby de ladrilleros que no sólo presionan para que se legalice lo ilegal, sino para que todo siga igual. Si no, ¿tiene sentido acaso que en un pueblo del tamaño de Cómpeta haya decenas de inmobiliarias y que todavía hoy se siga construyendo en las mismas condiciones?".

El letrado José Carlos Aguilera, que ha defendido a varios alcaldes imputados en delitos contra la ordenación del territorio, apunta, sin embargo, que "cuando una persona ha comprado o construido una vivienda, ha obtenido una licencia, ha acudido a un notario que autoriza la correspondiente escritura y la inscribe en el Registro de la Propiedad no puede verse sorprendido por un proceso penal o un expediente administrativo". En su opinión, cuando esto ocurre sólo hay un "diagnóstico": "el ordenamiento jurídico estás mal configurado y tiene fallos que comprometen la seguridad jurídica".

El abogado Diego Martín Reyes que conoció de primera mano el desmadre del urbanismo durante su etapa como presidente de la gestora de Marbella agrega otro ingrediente: la responsabilidad de las administraciones que por acción u omisión permitieron el desbarajuste y que, por tanto, ante una eventual demolición de lo ilegal se verían obligadas a indemnizar a los compradores de buena fe. "El mensaje que transmite una legalización masiva es que aquí no pasa nada", coinciden en señalar el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, el abogado Diego Martín Reyes y el ecologista Miguel Ángel Torres.

"El Derecho Penal tiene el doble objetivo de castigar las conductas delictivas y de prevenir que se repitan. En el caso del urbanismo la sanción más eficaz es la demolición. Si se elimina, te cargas esa misión. Además, son delitos que tienen consecuencias muy perniciosas. Sus efectos son para siempre, por lo que hay que restablecer ese atropello al medio ambiente, al paisaje, a la propia ordenación territorial y a los recursos naturales. Debe primar el interés general sobre el individual", concluye Antonio Morales. El fiscal jefe, además, recurre a criterios económicos para defender la preservación del medio ambiente "porque si una zona tiene valor turístico gracias a sus cualidades naturales habrá que cuidarla, ¿no?".

Ecologistas en Acción entiende que el decreto creará un "precedente insoslayable: cualquier persona podrá hacerse una vivienda con o sin licencia porque al final será legalizada. No habrá razón jurídica para que la norma sea diferente para unos y para otros". El anuncio de la consejera ha sido ampliamente interpretado en clave electoral para contrarrestar los vaticinios adversos que las encuestas dan al PSOE. No obstante, los responsables de Ecologistas en Acción reconocen que "no tenemos compañeros de camino" en alusión a la unánime actitud la parrilla política en este asunto, y Diego Martín Reyes observa que se ha producido "un cambio de visión política en la comunidad autónoma en los últimos siete u ocho años", desde que la propia Josefina Cruz impulsó la LOUA hasta ahora, cuando plantea una vía para acomodar las actuaciones que la infringieron. Sin embargo, desde su punto de vista el interés electoral que pueda haber no responde tanto al potencial de votos que pueda cosechar el PSOE "como al riesgo de que haya una rebelión de los candidatos a las alcaldías de esos municipios, pueblos de apenas 2.000 ó 3.000 habitantes en los que la construcción ilegal es un problema gravísimo".

El que la LOUA esté en vías de modificación a través de un decreto es otro elemento de inquietud. La consejera, en su comparecencia de la semana pasada, no fue más allá, pero lo cierto es que un decreto no tiene capacidad para modificar una norma de rango superior como es una Ley, según coinciden en apreciar tanto el abogado José Carlos Aguilera como el ecologista Miguel Ángel Torres. La única fórmula jurídica sería un decreto legislativo, pero Josefina Cruz no precisó ese extremo.

José Carlos Aguilera cree que un anuncio en estas condiciones "crea unas expectativas que pueden verse defraudadas". Defiende sencillamente cambiar la LOUA "porque el problema es la ley". Desde su punto de vista, lo oportuno es abrir la mano y no limitar las construcciones a su vinculación con actividades agrícolas, ganaderas o forestales. Además, advierte que muchas edificaciones irregulares en el campo "pueden y deben regularizarse a través de los PGOU, porque los ayuntamientos son los responsables del problema y los que, en virtud del principio de autonomía municipal, tienen la obligación y potestad de resolverlo". Para Martín Reyes lo correcto hubiera sido cerrar el capítulo de la edificación ilegal en rústico en 2003 a través de la propia LOUA. "Se pudo y se debieron contemplar esas construcciones fuera del ordenamiento, pero no se hizo. Ahora buscar otras vías, como un decreto, para cambiar la ley no es una buena solución".

Mientras se resuelve la fórmula que bendecirá las construcciones ilegales en suelo rústico, 11 alcaldes y ex alcaldes han sido condenados por autorizar viviendas en suelos no urbanizables, decenas de promotores han sido penados, numerosas causas judiciales se apilan en lo juzgados y el Código Penal, que entró en vigor hace apenas unas semanas, ha agravado las condenas para quienes permiten por acción u omisión los atropellos contra el territorio y la ordenación urbanística.

¿Un decreto de legalización les afectaría? Este es otro de los puntos oscuros que está por resolver. El Código Penal, ante los delitos urbanísticos, es un libro en blanco. Establece penas por construir en suelo no urbanizable pero es la norma administrativa la que determina qué es y qué no es urbanizable. Parte de los expertos consultados coinciden en que las causas penales se verán afectadas hasta el punto de que la amnistía administrativa también implicaría una amnistía penal porque no se puede condenar a nadie si el atropello urbanístico cometido es legalizable.

Sin embargo, Diego Martín Reyes tiene dudas. A falta de conocer el contenido de la norma legalizadora aclara que "un decreto no cambiaría la calificación del suelo. Una cosa es que una construcción se legalice o tolere desde el punto de vista urbanístico y que no le afecte una orden de demolición, pero la esencia del delito se va a mantener, por tanto, no tendría consecuencias penales".