miércoles, 10 de septiembre de 2008

Promotores rechazan el plan de VPO a pesar de no vender pisos (Málaga Hoy)

Los empresarios sólo piden reconvertir a protegidas medio millar de viviendas libres · La cifra representa el 1,5% de las 16.000 casas que no tienen salida.

La estrategia diseñada por la Junta de Andalucía para hacer frente a la crisis del sector de la construcción mediante la ejecución masiva de viviendas de protección oficial (VPO) ha recibido, de momento, la oposición de la inmensa mayoría de los promotores de Málaga. Sólo unos pocos de estos empresarios han decidido acogerse a la línea de acción creada por la Administración autonómica y han solicitado reconvertir en protegidos medio millar de pisos levantados en su origen como de renta libre. La cifra equivale al 1,25 por ciento de las alrededor de 16.000 casas ya levantadas en la provincia pero que no encuentran comprador.
En la provincia, cuya tendencia se extiende al resto de la región, donde las casas adheridas a esta recalificación suponen poco más de 2.000, los promotores plantean la venta como VPO de 150 pisos en Málaga capital; de 25 en Alhaurín el Grande; de 28 en Álora; de 24 en Antequera; de 34 en Coín; de 30 en Vélez; de 48 en Villanueva de Algaidas, y de 85 en Mijas, entre otros municipios."La cifra es ínfima si se tiene en cuenta el número de casas que están acabadas y no tienen salida", admitió la responsable de la ACP en Málaga capital, Violeta Aragón. Y es igualmente menor si se toma como referencia la demanda real de VPO existente en al provincia, que, según los estudios elaborados por la Junta, asciende a 55.000 pisos a precio asequible, de los que al menos 21.000 se deberían localizar en la capital de la Costa del Sol.
A pesar de ello, la representante empresarial justificó la falta de interés que ha despertado el plan en la poca información que se ha aportado y en la incertidumbre que tienen los constructores respecto al mismo. Sin embargo, la exigua implicación de los empresarios se topa de lleno con la paralización absoluta del mercado inmobiliario, puesto que, como explicó Aragón, "el 95 por ciento de lo que se ha hecho está sin vender". "Y nadie se atreve a iniciar ahora una promoción nueva por temor a quedarse con ella", agregó.Precisamente, al objeto de clarificar en la medida de lo posible este proceso, los empresarios de la construcción se reunirán mañana con los representantes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. En función de las conclusiones del encuentro, la representante de la ACP consideró que "o bien los promotores que ahora se han adherido al plan se echan para atrás o bien habrá otros muchos que apostarán por esta vía".
La dramática situación en la que está inmersa la industria del ladrillo desde hace meses llevó a la Junta de Andalucía a proponer a los constructores la posibilidad de vender como protegidas un buen número de las casas afectadas por la paralización inmobiliaria, a un precio muy inferior al inicialmente previsto. Aunque la medida fija una serie de exigencias, como que los pisos no tengan más de 90 metros y que su precio no supere los 174.000 euros.

Marbella recuperará dos zonas de equipamiento con las demoliciones previstas (Málaga Hoy)

Las parcelas están ocupadas por dos edificios ilegales, que tendrán que ser derruidos por sus promotores
Las dos demoliciones de obras ilegales que el Ayuntamiento de Marbella negoció con la Junta serán algo más que simbólicas. Ayer, la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), comentó que con los derribos de los dos bloques de viviendas deshabitados el municipio recuperará una zona verde y una parcela destinada a equipamiento público. En ese sentido, la regidora explicó que la estructura de tres alturas más planta baja que la promotora Naviro Inmobiliaria estaba levantando en Río Real se asentaba en una parcela que constaba como parque y jardines en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, calificación que mantendrá en el documento urbanístico que en breve se aprobará provisionalmente en Pleno.El otro caso de demolición afecta a los cimientos y a un muro de contención de un complejo residencial que había proyectado en un suelo de equipamiento la empresa Prosavi en la urbanización Lindavista Alta de San Pedro Alcántara. Los responsables de ambos esqueletos tienen un plazo de dos meses para hacerlos desaparecer, según consta en los decretos de Alcaldía que ayer firmó la regidora. Si no actúan de motu proprio en ese periodo de tiempo, el Consistorio asumirá la ejecución de los trabajos pero el coste económico repercutirá en las dos promotoras que decidieron construir sin solicitar ningún tipo de licencia.Además, los técnicos municipales de Urbanismo han abierto sendos expedientes sancionadores contra las constructoras por haber ocupado ilegalmente espacios que debían estar reservados para uso y disfrute de los ciudadanos. Pendientes de estudiar en profundidad las irregularidades urbanísticas cometidas, Muñoz señaló que todavía es pronto para aventurar qué multas económicas se les impondrá a ambas sociedades.Además, quiso aclarar que con estas actuaciones, incuestionables para que la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio diese su consentimiento a las licencias en precario que el Ayuntamiento va a conceder a los inmuebles y comercios irregulares de la era GIL, "se establece un punto de no retorno hacia políticas anteriores".

Urbanismo propuso proteger el caserón de las Virreinas hace 8 años (La Opinión)


Un informe de la Gerencia de octubre del año 2000 planteaba la inclusión del inmueble en el catálogo de los edificios con protección "por el interés de los elementos arquitectónicos"
MIGUEL FERRARY. MÁLAGA La Gerencia Municipal de Urbanismo propuso la protección del antiguo caserón de Las Virreinas hace ocho años, realizando además un informe en el que justificaba esta posibilidad y elaboró un borrador de la ficha para su inclusión en el catálogo de edificios protegidos. Sin embargo, ahí se quedó todo. En agosto de este año Urbanismo tomó la decisión contraria y mandó derribar totalmente el inmueble por su estado de ruina. Habían pasado ocho años y no se había hecho nada para su conservación.El caserón había sido adquirido por el Ayuntamiento de Málaga a principios del año 2000, con idea de darle un uso social para atender a la zona. Ya en ese momento se hizo un primer informe en el que se señalaba el pésimo estado de conservación del inmueble, pero en el que se resaltaba la solidez de la estructura.A partir de ese momento, el Servicio de Conservación de la Edificación de Urbanismo elaboró un informe en el que se propuso la inclusión del caserón de Las Virreinas en el catálogo de edificios protegidos "debido al interés de los elementos arquitectónicos que todavía se aprecian en el edificio, así como en el jardín de su entorno, prácticamente deteriorado por el abandono de su finca".Este informe fue solicitado por el gabinete técnico de la concejala de Urbanismo de ese momento, Olivia González, y seguía a un primero remitido al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en el que se aseguraba "la solidez" de la estructura.Valor arquitectónico. El estudio realizado por los técnicos de Urbanismo describe con precisión las características del caserón, señalando que responde al tipo de palacete de principios del siglo XX, con un estilo ecléctico "con elementos decorativos típicos de la arquitectura malagueña de inspiración colonial". El estudio realizado sobre este inmueble destaca algunos elementos como los aleros de madera, las grandes ménsulas, la cubierta de teja vidriada y la decoración de la fachada con estilo modernista.No obstante, también plantea el estado de deterioro del caserón de Las Virreinas por los constantes saqueos sufridos tras quedarse vacío. Estas entradas ilícitas para robar elementos arquitectónicos del inmueble habían provocado que se encontrara en mal estado de conservación, con la pérdida de las tejas de uno de los faldones del tejado, perjudicando la cubierta que quedó a la intemperie y el robo de la balaustrada de la cubierta.El informe también pone de relieve que los saqueos se habían cebado con el balcón principal, se había arrancado la carpintería de los balcones y ventanas y los jardines estaban muy abandonados.Pero estos problemas no eran fundamentales hace ocho años: "La construcción de la edificación es sólida, los deterioros y las deficiencias se deben a los saqueos". Ante esta situación, la protección era la opción más plausible para el caserón.De hecho, también en las mismas fechas, se elaboró el borrador de la ficha del edificio para su inclusión en el catálogo, algo que no se llevó nunca a cabo. En esta ficha se especificaba la necesidad de proteger la tipología y la volumetría del edificio, la reposición de las balaustradas, las cubiertas, la carpintería y los cierres.Hasta 2003. El informe quedó en suspenso hasta noviembre de 2003, cuando un escrito del departamento de Arquitectura de Urbanismo informa de que la propuesta de protección "fue remitida a la alcaldía para su conocimiento" y archivando el expediente "al no poder seguirse desde esta sección las actuaciones relativas al procedimiento de orden de ejecución de obras sobre patrimonio municipal", derivando la responsabilidad al departamento de Planeamiento.A partir de entonces, no se volvió a plantear ninguna actuación de arreglo del palacete, de propiedad municipal y dependiente, por tanto, del departamento de Planeamiento. Al menos hasta agosto, en que se derribó pese a que llegó a plantearse su protección.

El Consistorio saca a concurso la urbanización de un polígono industrial. Coín (SUR)


El Ayuntamiento de Coín ha sacado a concurso la ejecución de las obras de urbanización del sector 0SUPI-2, donde se ubica el polígono industrial La Inmaculada. El alcalde, Gabriel Clavijo, explicó que los trabajos serán sufragados por los mismos propietarios del polígono, aunque el Consistorio llegó a un acuerdo con ellos para ocuparse de la gestión y los trámites del concurso.Así, el pliego de condiciones establece un presupuesto base de licitación de 547.870 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses a contar desde el día siguiente a la firma del acta de replanteo. Clavijo indicó que la actuación servirá para reordenar las calles, crear zonas verdes y arreglar el entorno donde actualmente se ubican las naves, justo por detrás de la zona rural de La Charca. Se trata de un polígono que se autorizó a finales de los 90 pero donde no se ejecutaron adecuadamente los trabajos de urbanización que ahora se llevarán a cabo.El anuncio del concurso se publicó en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) el pasado 22 de agosto y el plazo de presentación de ofertas concluiría en un mes, por lo que el contrato podría adjudicarse dentro de un par de semanas. De esta forma, si se cumplen las previsiones los trabajos podrían comenzar antes de que acabe el año y concluir en el primer trimestre de 2009.

La Junta rechaza el plan de la nueva entrada a Estación de Cártama y obliga a modificarlo (SUR)


El Ayuntamiento cambiará el trazado del vial para que no pase por una zona verde. Los trámites podrían alargarse dos meses

El proyecto para construir un nuevo acceso a Estación de Cártama desde la carretera que viene de Campanillas (A-7054) ha sufrido un revés después de que el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía informara desfavorablemente del plan especial aprobado en su día por el Ayuntamiento para cambiar el uso del suelo por donde discurrirá el vial.El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Jorge Gallardo, explicó que el dictamen del Consejo Consultivo era contrario al plan porque el trazado propuesto afectaba a una pequeña zona verde al Oeste de Estación de Cártama. En este sentido, Gallardo explicó que ahora habrá que modificar el proyecto inicial para que el futuro acceso no invada ese sector.Como consecuencia de este informe, el Ayuntamiento tuvo que aprobar este verano la retroacción del acuerdo plenario de noviembre del año pasado, cuando se dio luz verde al plan especial. Ahora, una vez modificado el proyecto, el pleno tendrá que aprobar de nuevo el plan. «Pienso que en un par de meses podríamos hacer las modificaciones y aprobarlo», adelantó el edil de Urbanismo.
Acceso directo
El vial servirá para crear un acceso alternativo a la actual travesía y enlazará con la zona Norte de Estación de Cártama, a la altura del área industrial donde se ubican las empresas Almendrera del Sur y Mora Salazar. El dictamen del Consejo Consultivo también obligará a cambiar el punto de partida de la carretera, que inicialmente iba a ser la rotonda de entrada a El Sexmo. Y es que el informe sostiene que dicha glorieta es demasiado pequeña para contar con otra conexión más, por lo que, según indicó Jorge Gallardo, probablemente el trazado partirá de la propia carretera de acceso a El Sexmo, un poco más al norte de la rotonda. Las exigencias del Consejo Consultivo retrasarán aún más un proyecto en el que el Ayuntamiento trabaja desde hace años con el objetivo de descongestionar la principal entrada a Estación de Cártama, que es la avenida de Andalucía, también denominada travesía urbana. El vial servirá asimismo para desviar el tráfico pesado procedente de la zona industrial situada al norte del núcleo, de forma que los camiones ya no tendrán que pasar obligatoriamente por el casco urbano, tal y como sucede ahora.

El plan de aparcamientos de Vélez necesita una inversión de 17 millones de euros (SUR)


El equipo de gobierno hace depender la ejecución de los diversos proyectos previstos a la venta de plazas

El plan de aparcamientos promovido por la Empresa Municipal de Vivienda, Infraestructura y Promoción (EMVIPSA), que el Ayuntamiento ejecutará entre 2008 y 2011, contempla una inversión de unos 17 millones de euros. El plan prevé la realización de cuatro aparcamientos, dos en Vélez y otros dos en Torre del Mar, con 962 plazas en una primera fase. La intención del Ayuntamiento es ejecutar cada uno de los proyectos conforme tenga asegurada la venta de, al menos, el 60 por ciento de los estacionamientos, entre otras razones porque el Consistorio carece de fondos para poder afrontar en solitario los 17 millones de inversión necesarios. Sin embargo, la inversión podrá ser garantizada cubriendo el 60% de la adquisición de las plazas.En Vélez-Málaga se construirán estacionamientos en la plaza de El Pozancón (319 plazas) y Arroyo San Francisco, en El Pajarillo, (94 plazas). En Torre del Mar, hay un estacionamiento proyectado en la plaza de La Paz, con un mínimo de 302 plazas, y otro en el mercado municipal de minoristas, donde se construirán un mínimo de 247 plazas. En total suman 962 estacionamientos, aunque la cifra final dependerá de la demanda ciudadana. En este sentido, la concejala de Vivienda y Aparcamientos, Concepción Labao, dijo que cabe la posibilidad de ampliar el proyecto de El Pozancón con una planta más, lo que significan otras 115 plazas. También se estudia la posibilidad de realizar un aparcamiento en la explanada de la estación de autobuses de Torre del Mar en sustitución del proyectado en el mercado.
Precios
Labao explicó que cada uno de estos aparcamientos dispondrá de una planta de rotación para apoyar la actividad comercial de la zona y el resto será en propiedad. La edil señaló que, aunque es prematuro establecer el coste de cada una de las plazas, desde Emvipsa se estima que estará entre los 16.000 y 18.000 euros.El Ayuntamiento tiene previsto mantener contactos con diferentes entidades bancarias con el objetivo de que los ciudadanos adquieran plazas de aparcamiento en propiedad con unas condiciones muy favorables y con cuotas asequibles. A partir del 30 de septiembre se instalarán casetas informativas en cada una de las localizaciones donde se construirán los aparcamientos para formalizar los primeros pasos para la adquisición de los estacionamientos. Según Labao, hasta la fecha la empresa municipal tiene registradas más de 300 solicitudes.Por su parte, el alcalde, Francisco Delgado, declaró que el plan tiene otros dos pilares, la zona azul y el servicio de grúa, reorganizar la movilidad de Vélez-Málaga y Torre del Mar.

De la Torre justifica la desaladora del PGOU ante el rechazo de la Junta a nuevas obras hidráulicas (SUR)


El alcalde argumenta que el crecimiento de la ciudad en el futuro no puede detenerse por la falta de agua

El alcalde, Francisco de la Torre, justificó ayer en el crecimiento que experimentará la ciudad en los próximos años que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) prevea la construcción de una desaladora de agua del mar como infraestructura para garantizar el suministro, pese a que hasta ahora había mostrado su rechazo a esta medida, como adelantó este periódico en su edición del pasado jueves. De la Torre argumentó que, ante la oposición de la Junta de Andalucía a los proyectos planteados por el Ayuntamiento para mejorar el abastecimiento de agua a la capital, entre los que citó el trasvase de recursos desde el Guadiaro y la ampliación del embalse de La Concepción, el PGOU se ve forzado en cierta forma a incluir la desaladora, que está cuantificada en 57.983.000 euros. El plan prevé además que esta cantidad sea financiada por los promotores con sus aportaciones al desarrollo urbanístico de la ciudad.
Sin obstáculos
«Nadie puede poner pegas a las aspiraciones legítimas de crecimiento moderado de nuestra ciudad argumentando que no tenemos agua», declaró el regidor, quien reconoció que la desaladora se ha incluido para que la falta de recursos hídricos no suponga «un obstáculo» para que la Junta apruebe el PGOU.No obstante, recordó que esta medida supone un fuerte gasto de energía e insistió en que existen otras fórmulas para garantizar el agua. «Pero si no se hacen, pues ahí está la desaladora, de esa forma nadie podrá decir que no hay agua para Málaga», concluyó.

El Ayuntamiento de Marbella ordena los dos primeros derribos de edificios ilegales (SUR)


Se trata de inmuebles deshabitados e inconclusos que el nuevo PGOU no prevé regularizar. Las promotoras tendrán dos meses de plazo para demolerlos desde la firma de los decretos

PROMOCIONES
La alcaldesa ordenará en breve las dos primeras demoliciones de edificios ilegales desocupados en Marbella, en virtud del la ejecución anticipada del nuevo PGOU.
Bloque en Las Chapas
Ubicación: En Golf Río Real.
Promotor: Naviro Inmobiliaria, propiedad del empresario granadino Rafael Ávila Rojas.
Infracción: Ocupa zona verde, según el Plan vigente. En la revisión del nuevo PGOU, será equipamiento público. Carece de licencia municipal.
Situación actual: El bloque de planta baja más tres alturas está en fase de revestimiento, inacabado y no habitado.
Bloque en San Pedro
Ubicación: En la calle Boreal, de la urbanización Linda Vista Alta.
Promotor: Prosavi.
Infracción: Ocupa zona verde, que se mantendrá como tal.
Situación actual: Sin habitar, en fase de cimentación y con parte de los muros de contención ejecutados.

Habrá derribos. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ordenará en los próximos días las dos primeras demoliciones de edificios ilegales desocupados. Se trata de dos estructuras, ubicadas en la zona de Golf Río Real, en Marbella, y en Linda Vista Alta, en San Pedro Alcántara, que deberán desaparecer del paisaje urbano de la ciudad en virtud del acuerdo que alcanzaron el Ayuntamiento marbellí y la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta para la ejecución anticipada del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en tramitación. La Junta de Gobierno Local, presidida por Muñoz, aprobó ayer sendas órdenes de derribo que afectan a dos bloques de viviendas ilegales. En ambos casos, los inmuebles están deshabitados e inconclusos, además de contravenir el Plan vigente -el de 1986- y de ser incompatibles con el modelo de ciudad que recoge el nuevo planeamiento urbanístico, al ocupar zona verde. Es el caso de un edificio de planta baja más tres alturas, en fase de revestimiento, y por lo tanto no habitado, que promueve la entidad Naviro Inmobiliaria SA, propiedad del empresario granadino José Ávila Rojas, procesado en el 'caso Malaya' contra la corrupción urbanística. Se ubica en la zona de Golf Río Real, en las inmediaciones del Hospital Costal Costa del Sol. Las obras, paralizadas por orden de la comisión gestora del Consistorio, están ejecutadas al 60 por ciento de lo presupuestado, pero carecen de licencia. Según fuentes municipales, la promotora solicitó en 2004 la autorización al Ayuntamiento, entonces presidido por Marisol Yagüe, pero se le denegó al no presentar el estudio de detalle.
Sorpresa mayúscula
No fue hasta 2006 cuando en una inspección de la Delegación Municipal de Urbanismo a unas obras que acometía la misma mercantil en una parcela anexa, para la que sí tenía permiso, se detectó la irregularidad urbanística, lo que conllevó la apertura de un expediente disciplinario y la paralización de los trabajos acometidos sin permiso. Según informó ayer la alcaldesa tras celebrarse la Junta de Gobierno Local, el inmueble, que está inconcluso, se encuentra en zona verde, y aparece contemplado como equipamiento en el nuevo Plan General. La otra estructura que tampoco podrá seguir en pie la promueve Prosavi en una parcela, ubicada en la calle Boreal de la urbanización Linda Vista Alta, en San Pedro Alcántara. Se trata de seis viviendas adosadas, también inacabadas, que se levantan sobre zona verde, cuya calificación se mantendrá en el futuro. A diferencia de la anterior promoción ilegal, esta actuación cuenta con la licencia municipal de obras concedida por el GIL en base al PGOU de 1998, que aprobó de forma unilateral en pleno y que luego fue anulado por los tribunales, y en este caso, según fuentes municipales, se ha llegado a un acuerdo con la mercantil para proceder al derribo de la estructura, que está en fase de cimentación y con parte de los muros de contención ejecutados.Las promotoras tendrán dos meses para acatar las ordenes de demolición desde la firma de los decretos. Si no actuaran de forma voluntaria, lo haría el Ayuntamiento repercutiendo en las dos empresas el gasto ocasionado. La regidora marbellí avanzó así que esta actuación no supondrá un desembolso para las arcas municipales. Es más, Muñoz advirtió de que «no sólo debemos contar con un documento que garantice la seguridad jurídica y urbanística; también hay que establecer un punto de no retorno hacia las políticas anteriores y actuar de manera contundente contra las actuaciones que no son legalizables en el planeamiento urbanístico».

El Consistorio invertirá 1,1 millones en un polideportivo cubierto en Cristo de los Molinos. Marbella (SUR)


La alcaldesa anuncia que en una segunda fase se crearán pistas deportivas en una parcela próxima destinada a parques y jardines. Se reservarán dos hectáreas de suelo para equipamiento escolar

El equipo de gobierno municipal se ha propuesto paliar el déficit de equipamientos públicos que registra la zona de Cristo de los Molinos con varios proyectos de envergadura. En la construcción de un pabellón deportivo cubierto invertirán 1,1 millones de euros de los presupuestos municipales de 2009. Esta instalación se levantará en una parcela de 3.800 metros cuadrados de superficie, ubicada en Bello Horizonte. Para poder acometer la obra, el Ayuntamiento deberá solventar un escollo administrativo: la titularidad de la misma. La alcaldesa Ángeles Muñoz informó ayer tras la reunión mantenida con los representantes vecinales de la zona de que se trata de un suelo incluido en un plan parcial aprobado provisionalmente, por lo que debería estar cedido, pero que éste aún no está inscrito a nombre del Consistorio marbellí en el Registro de la Propiedad.
Más instalaciones
En una segunda fase, se crearán unas pistas deportivas en un solar cercano destinado a parques y jardines. Además, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en tramitación, contemplará una reserva de suelo de 20.000 metros cuadrados de superficie para equipamientos educativos. La cesión de su uso a la Junta para que construya un colegio y un instituto, si fuera necesario, estaría supeditada a la aprobación del nuevo documento urbanístico, ya que, según aclaró la primer edil marbellí, en el Plan vigente aparece calificado como urbanizable no programado por lo que dar luz verde a la iniciativa habría que incluirlo en el ámbito desarrollado del plan parcial aprobado provisionalmente en su día.Otra de las actuaciones en la zona que están sobre la mesa es la adecuación de la Cañada Real para parque público. En este sentido, la alcaldesa avanzó que tratará en breve de desbloquear con la nueva delegada provincial de Medio Ambiente, Remedios Martel, esta cesión de uso que ya estaba ultimada con el anterior responsable del área. Desde el Ayuntamiento, están a la espera de que la Junta, en que recae la titularidad de estas cuatro hectáreas de vías pecuarias, le remita el proyecto.Por otro lado, la semana próxima arrancarán los trabajos de acerado y adecuación de pluviales en la calle Cristo de los Molinos. y se adecuará una rotonda para dar fluidez al tráfico rodado.