Se trata de inmuebles deshabitados e inconclusos que el nuevo PGOU no prevé regularizar. Las promotoras tendrán dos meses de plazo para demolerlos desde la firma de los decretos
PROMOCIONES
La alcaldesa ordenará en breve las dos primeras demoliciones de edificios ilegales desocupados en Marbella, en virtud del la ejecución anticipada del nuevo PGOU.
Bloque en Las Chapas
Ubicación: En Golf Río Real.
Promotor: Naviro Inmobiliaria, propiedad del empresario granadino Rafael Ávila Rojas.
Infracción: Ocupa zona verde, según el Plan vigente. En la revisión del nuevo PGOU, será equipamiento público. Carece de licencia municipal.
Situación actual: El bloque de planta baja más tres alturas está en fase de revestimiento, inacabado y no habitado.
Bloque en San Pedro
Ubicación: En la calle Boreal, de la urbanización Linda Vista Alta.
Promotor: Prosavi.
Infracción: Ocupa zona verde, que se mantendrá como tal.
Situación actual: Sin habitar, en fase de cimentación y con parte de los muros de contención ejecutados.
Habrá derribos. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ordenará en los próximos días las dos primeras demoliciones de edificios ilegales desocupados. Se trata de dos estructuras, ubicadas en la zona de Golf Río Real, en Marbella, y en Linda Vista Alta, en San Pedro Alcántara, que deberán desaparecer del paisaje urbano de la ciudad en virtud del acuerdo que alcanzaron el Ayuntamiento marbellí y la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta para la ejecución anticipada del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en tramitación. La Junta de Gobierno Local, presidida por Muñoz, aprobó ayer sendas órdenes de derribo que afectan a dos bloques de viviendas ilegales. En ambos casos, los inmuebles están deshabitados e inconclusos, además de contravenir el Plan vigente -el de 1986- y de ser incompatibles con el modelo de ciudad que recoge el nuevo planeamiento urbanístico, al ocupar zona verde. Es el caso de un edificio de planta baja más tres alturas, en fase de revestimiento, y por lo tanto no habitado, que promueve la entidad Naviro Inmobiliaria SA, propiedad del empresario granadino José Ávila Rojas, procesado en el 'caso Malaya' contra la corrupción urbanística. Se ubica en la zona de Golf Río Real, en las inmediaciones del Hospital Costal Costa del Sol. Las obras, paralizadas por orden de la comisión gestora del Consistorio, están ejecutadas al 60 por ciento de lo presupuestado, pero carecen de licencia. Según fuentes municipales, la promotora solicitó en 2004 la autorización al Ayuntamiento, entonces presidido por Marisol Yagüe, pero se le denegó al no presentar el estudio de detalle.
Sorpresa mayúscula
No fue hasta 2006 cuando en una inspección de la Delegación Municipal de Urbanismo a unas obras que acometía la misma mercantil en una parcela anexa, para la que sí tenía permiso, se detectó la irregularidad urbanística, lo que conllevó la apertura de un expediente disciplinario y la paralización de los trabajos acometidos sin permiso. Según informó ayer la alcaldesa tras celebrarse la Junta de Gobierno Local, el inmueble, que está inconcluso, se encuentra en zona verde, y aparece contemplado como equipamiento en el nuevo Plan General. La otra estructura que tampoco podrá seguir en pie la promueve Prosavi en una parcela, ubicada en la calle Boreal de la urbanización Linda Vista Alta, en San Pedro Alcántara. Se trata de seis viviendas adosadas, también inacabadas, que se levantan sobre zona verde, cuya calificación se mantendrá en el futuro. A diferencia de la anterior promoción ilegal, esta actuación cuenta con la licencia municipal de obras concedida por el GIL en base al PGOU de 1998, que aprobó de forma unilateral en pleno y que luego fue anulado por los tribunales, y en este caso, según fuentes municipales, se ha llegado a un acuerdo con la mercantil para proceder al derribo de la estructura, que está en fase de cimentación y con parte de los muros de contención ejecutados.Las promotoras tendrán dos meses para acatar las ordenes de demolición desde la firma de los decretos. Si no actuaran de forma voluntaria, lo haría el Ayuntamiento repercutiendo en las dos empresas el gasto ocasionado. La regidora marbellí avanzó así que esta actuación no supondrá un desembolso para las arcas municipales. Es más, Muñoz advirtió de que «no sólo debemos contar con un documento que garantice la seguridad jurídica y urbanística; también hay que establecer un punto de no retorno hacia las políticas anteriores y actuar de manera contundente contra las actuaciones que no son legalizables en el planeamiento urbanístico».
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