El futuro de los antiguos suelos de Repsol, actualmente en manos de Novagalicia Banco, podría estar vinculado a inversores árabes o chinos. Según pudo saber este periódico de varias fuentes consultadas, vinculadas al sector inmobiliario, esta pastilla de terreno, donde el nuevo planeamiento de la ciudad permite la ejecución de cuatro grandes torres residenciales, es objeto de interés de varios grupos empresariales, algunos de ellos de Arabia Saudí, Kuwait y China. Un objeto de deseo que, según una de las fuentes, es reciente en el tiempo. Las fuentes justificaron esta atracción en los movimientos que grupos de diversa nacionalidad están realizando por diversos puntos de la provincia buscando terrenos en el presente momento de crisis.
Pero en el caso de la pastilla de Repsol los pasos ganan en seriedad en los últimos meses. Las fuentes informaron de la existencia de contactos de los propietarios del suelo, la entidad gallega, con un grupo kuwaití relacionados bien con la posible venta de los aprovechamientos bien con la participación de la firma privada en la actuación hoy lastrada por el escenario económico.
Conversaciones que tocan de lleno al Ayuntamiento de Málaga, dada la existencia de un convenio firmado en marzo de 2006 por el que el Consistorio, a cambio de triplicar la edificabilidad de la parcela, obtendría 82 millones de euros, de los que sólo se han abonado hasta ahora 12 millones. Tras un largo periodo de conversaciones entre las dos partes, y dada la imposibilidad que tiene la caja gallega para hacer frente a este compromiso, el acuerdo alcanzado, pendiente aún de formalizar negro sobre blanco, supondría que los 70 millones que restan por abonar se pagarían con dos tercios de los aprovechamientos urbanísticos de la parcela y no con dinero en metálico.
Estos son los extremos de la renegociación formulada por el Ayuntamiento y la entidad bancaria, que ahora quedan en duda ante la aparición de este grupo extranjero. El nuevo convenio está pendiente de rúbrica desde hace varias semanas, según explicó el pasado miércoles el delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, por "problemas de agenda". El responsable municipal aclaró, en ese momento, que todos los aspectos del acuerdo estaban cerrados y consensuados.
Otra fuente consultada, si bien admitió la existencia de interés por parte de inversores extranjeros en este espacio, advirtió sobre la complejidad de dar salida a una operación de este tipo debido, justamente, al convenio que pesa sobre el mismo y que se traduce en la necesidad de hacer frente a los mencionados 70 millones de euros a abonar al Ayuntamiento.
Sea como fuere, la realidad es que una de las operaciones estrella del planeamiento diseñado para el desarrollo de la ciudad en los próximos quince años, sigue estancada como consecuencia de la crisis, lo que deriva, a su vez, en que el Consistorio siga sin percibir las cantidades que le corresponden legalmente. Un dinero a cambio del cual la dueña de la parcela dispone de carta blanca para ejecutar 932 viviendas de renta libre, así como 399 de protección oficial. A lo que sumar más de 44.000 metros cuadrados de techo para usos terciarios y empresariales.
Y no es el único caso, puesto que la dinámica se mantiene en términos similares en los otros dos grandes convenios urbanísticos firmados por el equipo de gobierno del PP con los promotores de los suelos de Térmica (Endesa), anclado en la vía judicial, y Martiricos (Espacio y Unicaja).
Con estas últimas empresas, bien es cierto, se cerró a principios de año una addenda al convenio original, que data de junio de 2006, por el que la parte privada se compromete a abonar los 11,6 millones que restan del acuerdo, aunque de forma aplazada y, en buena parte (7.150.000 euros), con obras en lugar de con dinero contante y sonante. Según las cláusulas del mencionado contrato, no será hasta noviembre de 2013 cuando se produzca el primero de los abonos, con 2,5 millones; añadiéndose a ésta otras cuatro anualidades (2,9 millones a finales de 2014; 1,6 millones en 2015; 4,25 millones, en 2016, y 370.000 euros, en 2017).
Diego Maldonado, en su despacho del IMV. ::CARLOS MORET
Frente a las voces críticas surgidas en contra la revisión de las tasas de las licencias de obra concedidas por el Ayuntamiento en los últimos años, cuestión que fue adelantada por SUR el pasado domingo, el delegado municipal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, sostiene que es una medida legal que se aplica ahora por las mejoras informáticas.
-¿Es legal la revisión de tasas urbanísticas que se está aplicando desde principios de este año?
-Naturalmente que es legal, está amparada por la ordenanza fiscal número 15, último texto en vigor fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del 30 de diciembre de 2011.
-¿Tiene un fin recaudatorio?
-No se trata de una medida caprichosa ni arbitraria cuyo objetivo sea recaudar, sino que es una iniciativa respaldada por una ordenanza municipal, así como por el criterio técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo y por jurisprudencia. En definitiva, tratamos de dar cumplimiento a la ordenanza en vigor, ya que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones. Es nuestra responsabilidad: los ciudadanos que están cumpliendo sus obligaciones no entenderían que no velásemos por que se aplique la ordenanza por igual para todos los administrados.
-Los promotores dicen que les llega en el peor momento, ¿por qué no se ha hecho antes si es legal?
-Queremos aclarar que compartimos la preocupación que manifiestan los promotores por la situación económica en la que nos encontramos, pero es importante señalar que no es una medida en contra de nadie, sino en aplicación de la normativa municipal y a favor de la aplicación de ésta, que al final beneficia a todos. La ponemos en marcha ahora porque los sistemas informáticos de que dispone el Ayuntamiento lo permiten.
-¿Van a tomar algún tipo de medida para facilitar los pagos de estas revisiones de tasas como solicitan los constructores?
-Sin lugar a dudas, llegaremos hasta lo que legalmente se pueda y la ordenanza regule.
-¿En qué medida tienen que temer que les pueda afectar los particulares que han solicitado una licencia de obra menor en los últimos años?
-En ninguna medida, siempre que lo solicitado se ajuste realmente con lo ejecutado.
-¿Está claro desde cuándo empieza a contar el plazo de cuatro años durante el que no prescriben los expedientes de las licencias de obras para estos casos?
-Perfectamente claro, desde el momento en que se pueda verificar el coste real de la obra.