viernes, 6 de febrero de 2009

Alcalde: el 'resort' o la vida. Pizarra (El Mundo)


Los jubilados que diseñaron su propio 'resort' en Málaga piden que les dejen terminarlo
Ya han muerto 8 de los promotores del proyecto y aseguran que no pueden esperar más

MÁLAGA.- Hace casi dos años se mostraban ilusionados porque iban a pasar su vejez cómo ellos querían, pero ahora están angustiados. Unas 200 personas mayores de la provincia de Málaga se unieron en 2007 en una cooperativa para construir un complejo 'senior' a su gusto y con todo lo necesario para estar bien atendidos.
Sin embargo, el proyecto está paralizado desde hace un año y, hartos de esperar, los miembros de la cooperativa Sol Dorado se han manifestado frente a las puertas del Ayuntamiento del municipio de Pizarra (Málaga) para exigir que les otorguen la licencia de obras que les permita terminar el complejo residencial. Desde que se pusieron manos a la obra hasta la fecha, ocho de ellos han fallecido.
Según el presidente de Sol Dorado, Rafael Rubio, el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pizarra (de IU) les otorgó una licencia de obras provisional mientras se recalificaban de rústicos a urbanizables los terrenos en los que se iba a construir este complejo para mayores.
Los miembros de Sol Dorado decidieron invertir sus ahorros en levantar 204 viviendas y un centro asistencial para pasar allí su jubilación que debía haberse concluido en 2008.
Cambio de gobierno y... problemas
Con la llegada de la nueva corporación municipal, ahora del PSOE, vinieron las malas noticias. "Nos dijeron que la licencia no era legal y que tenían que recalificar primero el terreno para hacerlo urbanizable", indicó Rubio.
Tras realizar los trámites pertinentes, el plan parcial de Sol Dorado ha sido aprobado inicialmente y está en fase de presentación de alegaciones. Tras la aprobación definitiva, falta que el proyecto de urbanización y el de reparcelación obtengan también el visto bueno.
No obstante, el representante de Sol Dorado recalcó que la cooperativa, a la que pertenecen 204 personas, no puede esperar más para obtener la licencia.
"En este tiempo de espera ya han muerto ocho socios y si seguimos así, otros tampoco van a poder disfrutar de esto por culpa de las luchas políticas", destacó.
El complejo residencial, pensado especialmente para cubrir las necesidades de las personas mayores, se encuentra ejecutado al 85%. «Sólo queda hacer el centro de día y el centro asistencial, en el que queríamos acoger a los enfermos de Alzheimer que hay en el municipio, pero ahora dicen que en esa parcela no se puede hacer», añadió Rubio.
En la construcción de este complejo senior trabajaban 127 personas que ahora mismo están en el paro a la espera de que las obras se reanuden, algo para lo que aún no hay una fecha.
Además, esta sociedad sin ánimo de lucro está viendo cómo muchas de las 400 personas que había en lista de espera dispuestas a formar parte de la cooperativa se echan atrás dados los numerosos obstáculos que debe sortear este proyecto.
Rubio manifestó que si esta concentración no da resultados, los miembros de Sol Dorado están dispuestos a manifestarse en los próximos días ante la delegación provincial de la Junta y el Parlamento andaluz.
El Ayuntamiento se defiende
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Pizarra aseguraron que "se están acelerando todo lo posible los trámites para que en un momento de crisis como el actual, las obras se puedan reanudar cuanto antes", pero existen procesos que no dependen del Consistorio. Además, el alcalde, Francisco Vargas, afirmó que los miembros de Sol Dorado "están envenenados por políticos que lo único que quieren hacer es campaña electoral".
El pasado 24 de septiembre de 2008 ya convocaron otra concentración en la plaza del Ayuntamiento de Pizarra con el mismo objetivo, pero tuvo que ser suspendida porque no obtuvo la autorización de la subdelegación del Gobierno en Málaga.

Se triplican las familias y empresas en quiebra (El Mundo)

El número de familias en concurso fue de 374, casi cuatro veces
Las compañías sumaron 2.528, frente a las 880 del año anterior
Constructoras, industriales, inmobiliarias y servicios, las más afectadas
Las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ascendieron a 2.902 durante 2008, frente a las 976 registradas el año anterior.

Según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves, en total, el número de familias en concurso fue de 374 el año pasado, casi cuatro veces más que las 96 de 2007, mientras que el de empresas sumó 2.528, frente a las 880 del ejercicio anterior.

Según el tipo de concurso, 2.725 fueron voluntarios, un 218,7% más que el año anterior, y 177 necesarios, un 46,3% más. Atendiendo a la clase de procedimiento, los abreviados aumentaron un 150,8% en tasa interanual, mientras que los ordinarios repuntaron un 258,2%.

Las empresa del ladrillo, las más afectadas
El 67,2% de las empresas concursadas en 2008 tenía como actividad principal la construcción, industria, inmobiliarias y servicios empresariales.

En concreto, el 25% de las concursadas (623 empresas) tenían como actividad principal la construcción. Esto supone un incremento del 283% en comparación con las empresas del sector que declararon concurso en 2007 (165 empresas).

Por otro lado, el 22,7% se dedicaban a la industria (576 empresas); el 19,3% (490) se dedicaba a actividades inmobiliarias y servicios empresariales y el 14,9% al comercio (377 empresas).

El pasado mes de julio se declaró en concurso voluntario de acreedores la promotora inmobiliaria Martinsa-Fadesa, lo que constituyó la mayor suspensión de pagos de la historia.

Por comunidades
Por comunidades, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía fueron las comunidades con mayor número de declaraciones de concurso en el conjunto del año, dado que acapararon en 60% del total. Cataluña sumó 681, Comunidad Valenciana 390 y Andalucía 373.

En el lado opuesto, las regiones con menos suspensiones de pagos en 2008 fueron Melilla, con dos procedimientos; Cantabria, con 27 y Extremadura, con 28 concursos.

Con la entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, el INE sustituyó la antigua estadística de suspensiones de pagos y declaraciones de quiebra por la de procedimiento concursal, reemplazando los conceptos jurídicos de suspensión de pagos y declaración de quiebra por el de concurso de acreedores, denominándose deudores concursados a las entidades sometidas a este proceso.

'Mi casa cuesta lo mismo que hace cinco años... O menos' (El Mundo)


Los pisos en venta de hasta 150.000 euros llegaban a límites anoréxicos en Madrid capital
Hoy se puede acceder a la condición de propietario en Madrid a partir de 75.000 euros

MARTA BELVER
Hace cinco años se podía comprar una vivienda de 30 metros cuadrados en el barrio de Prosperidad por 130.000 euros. Ahora, también. Muchas estadísticas dispares y una burbuja inmobiliaria después (con permiso de los que niegan su existencia), los precios que no dañan a la retina vuelven a las páginas de clasificados, en ocasiones incluso con el apellido "negociable".
Sin ser académico ni comercial se puede hablar de las rebajas en las casas de segunda mano a la hora del café con cierto conocimiento de causa. Basta bucear a pulmón en la hemeroteca reciente de los periódicos para comprobar que el apartado de pisos en venta de hasta 150.000 euros prácticamente se había extinguido en Madrid capital o, en su defecto, adelgazado hasta límites anoréxicos.
Hoy las viviendas de 25 millones de las antiguas pesetas, y de menos, han dejado de ser anecdóticas. Se pueden encontrar en casi todos los distritos. Y es frecuente que vayan acompañadas de la frase "urge la venta".
Vistas al Palacio Real
EL MUNDO ha hecho la prueba con la oferta inmobiliaria de su portal especializado, suvivienda.es. Sin salirse de ese presupuesto, tan ajustado en tiempos no pretéritos, esta semana era posible comprar casa con vistas al Palacio Real, mudarse a un inmueble de tres dormitorios con una superficie de 87 metros cuadrados y hasta estrenar apartamento.
Vaso medio lleno, pues, para los aspirantes a adquirentes. Todo lo contrario para los que tienen que ponerse al otro lado de la mesa del notario y para los que, sin tener la intención de vender en este preciso momento, sienten que su propiedad se ha devaluado en cuestión de meses.
María firmó la escritura de su piso, junto a la plaza de Prosperidad (distrito de Chamartín), a finales de 2003, tras entregar 130.000 euros al matrimonio que se lo vendió. Hasta se le habría podido pegar la etiqueta de ganga a su adquisición, ya que el banco que le concedió la hipoteca en ese momento se la tasó en 150.000 euros.
Dos años más tarde, en una simulación que le hizo gratuitamente una compañía especializada, el piso (quinto sin ascensor en un edificio de más de 50 años de antigüedad) tenía un valor estimado en unos 180.000 euros. Si ahora saliera al mercado inmobiliario difícilmente podría pedir por él más de los 130.000 euros originales y aspirar a colocarlo, según le ha sugerido el mismo asesor con el que contactó cuando lo compró un lustro antes.
18.000 euros de gastos
"Teniendo en cuenta que en su día, además del importe de la vivienda, tuve que pagar alrededor de 18.000 euros por las escrituras, impuestos y demás, perdería dinero si quisiera venderla. Mi casa cuesta menos que hace cinco años", concluye María.
Eso sí, en este caso se ahorraría el pago de la plusvalía, «un impuesto municipal que se abona cada vez que se realiza una transmisión de propiedad de un bien inmueble sobre el incremento del valor experimentado por el terreno desde la fecha en que se adquirió hasta la fecha en la que se transmite», en el caso de que lo haya, según explican fuentes jurídicas.
Los distintos expertos no se ponen de acuerdo a la hora de cifrar el impacto de la corrección de precios que han encajado los pisos usados en los últimos meses y, mucho menos, en cuándo se va a frenar la tendencia a la baja, suponiendo que no lo haya hecho ya.
A esta cuestión intentaba dar respuesta la semana pasada en un encuentro digital en elmundo.es Santiago Baena, el presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y, por ello, uno de los españoles que mejor conoce cómo late la calle. "Mi opinión es que si se conocieran realmente las operaciones que se cierran no se produciría esta pregunta: los precios ya van muy ajustados (...); mucho más de lo que dicen algunas encuestas (que hablan de hasta un 25%)".
Porcentajes de caída en picado al margen, la realidad tras los carteles de Se Vende es que hoy se puede acceder a la condición de propietario en Madrid a partir de 75.000 euros, que además son negociables. El inmueble no es muy luminoso y necesita obra, pero tiene 35 metros cuadrados (cinco más que los minipisos que en su día creó la ex ministra María Antonia Trujillo) y está muy cerca de la boca de Metro de Puente de Vallecas.
Por 24.000 euros más uno tiene la opción de olvidarse de albañiles y de elegir azulejos mudándose, por ejemplo, a Acacias, en el distrito de Arganzuela, a un estudio recién reformado. Y por 103.000 euros, "a convenir", apostilla su propietario en transición, el camión de la mudanza puede detenerse en Puerta del Ángel, distrito de Latina, en un piso de dos dormitorios.
Dentro del catálogo actual de casas asequibles también es posible encontrarlas en calles que salen en las guías turísticas de Madrid e incluso en el Monopoly. A saber, Manuela Malasaña (145.000 euros, 40 m2), Santa Engracia (150.000 euros, 35 m2) y Francos Rodríguez (150.000 euros, 32 m2). Hasta el mítico distrito de Salamanca, célebre entre otras cosas por concentrar el mayor número de visones por acera en el invierno madrileño, ofrece ahora oportunidades a las nóminas más escuetas: desde 105.100 euros, negociables además.
Sin superar el citado presupuesto tope es posible también recibir las llaves de un piso de manos de un particular que a su vez no hace mucho lo compró a una promotora inmobiliaria y que no ha llegado ni a quitarle el polvo. Por ejemplo, a cambio de 135.000 euros existe esta opción en el barrio de Numancia, en Puente de Vallecas, y en el de Universidad, en Centro.
Estos dos distritos son, además, los que aglutinan el mayor número de ofertas por un importe inferior a 150.000 euros, según el rastreo que puede hacerse en suvivienda.es. En los escalones inmediatamente inferiores se sitúan Tetuán y Chamberí, aunque la onda expansiva de los inmuebles baratos va de Villaverde a Retiro.
Necesidades del momento
"Vendo buhardilla reformada por necesidades del momento. Es una oportunidad", lanza sin botella al mar inmobiliario un vendedor desesperado. Está en Cuatro Caminos y pide por ella 110.000 euros. En los años en los que las grúas modelaban el skyline español este anuncio no habría durado ni una semana colgado. Y probablemente el propietario habría pedido un fajo de billetes notablemente superior.
En estas páginas inmobiliarias los expertos del ladrillo han explicado múltiples veces que el precio de la vivienda de segunda mano tradicionalmente lo han fijado los vecinos del vendedor. Si el del cuarto pide 200.000 euros por su casa, el que va a colocarle el cartel a la suya le suma otros 30.000 porque hizo reformas hace algún tiempo o porque está una planta más arriba. «Parece simple, pero es así», han reiterado siempre los responsables de las oficinas de intermediación.
Ahora el criterio vecinal sigue siendo determinante, a la par que mucho más modesto en sus valoraciones, pero ha entrado en juego otra pieza fundamental:la prisa. El que la tiene le quita unos cuantos euros a su casa aunque el de la puerta de al lado pida más que él.
Y, en contra de la ya manida frase de que «no se vende ni una escoba», las operaciones se siguen cerrando, aunque, todo hay que decirlo, a un ritmo menos vertiginoso. En la Comunidad de Madrid se traspasaron el año pasado 50.577 pisos de segunda mano, 7.062 unidades menos que el año anterior.
Ahora, eso sí, cuesta más encontrar medias naranjas para los mini-minipisos ilegales aunque ya no se pidan sumas abusivas por ellos. En 2003, cuando María estaba buscando casa, un sótano de 20 metros cuadrados sin ventanas en el barrio de Goya se vendió por 110.000 euros en apenas tres días.
Las medidas, como para las top models, están reguladas. El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid estipula que los estudios no deben tener una superficie inferior a 25 metros cuadrados útiles, mientras que los apartamentos no pueden medir menos de 38.

La Audiencia Nacional niega la cesión de un terreno a Málaga (El País)

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso puesto por el Ayuntamiento de Málaga para obtener la propiedad del suelo que ocupó el Campamento Benítez, un espacio de más de medio millón de metros cuadrados que en 1995 dejó de tener uso militar.

El Ayuntamiento solicitó al Gobierno la devolución del suelo porque entendía que fue cedido en su día con la expresa condición de que tuvieran un uso militar. Al no tener respuesta, el consistorio planteó un recurso contencioso administrativo en el que consideraba que la propiedad le correspondía por silencio administrativo positivo. Y esto es lo que ha negado ahora la Audiencia Nacional.
El alcalde, Francisco de la Torre, anunció ayer que el Consistorio recurrirá al Tribunal Supremo porque la titularidad del Campamento Benítez es una "reivindicación histórica de la ciudad". El Consistorio dice que respetará el uso como museo del transporte y parque que le va a dar el Ministerio de Fomento, al que Defensa cedió el terreno en 2005.

La Junta avisa de que Marbella no puede cambiar lindes (El País)

La Junta de Andalucía terció ayer en la polémica sobre el cambio en las lindes entre Marbella y Benahavís avisando al Consistorio marbellí, gobernado por Ángeles Muñoz (PP), de que no puede mover los mojones del municipio "ni con un acuerdo con el Ayuntamiento de Benahavís, ni atendiendo a una alegación del mismo".

"El órgano competente en la comunidad autónoma para resolver cuestiones relacionadas con los límites de los municipios es la Consejería de Gobernación", informó la Delegación del Gobierno de Málaga.

El Gobierno andaluz señaló que los redactores del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) marbellí solicitaron en 2007 al Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA) información sobre los límites de Marbella con los municipios de su entorno y que el informe que recibieron se utilizó para elaborar el documento urbanístico que el pleno marbellí aprobó por unanimidad.

La regidora aseguró el miércoles que los límites que la Junta defiende como oficiales se incluyeron por error en el PGOU y que los municipios "llevan funcionando 30 años" con los cambios propuestos.

La Junta dice que es el organismo competente en deslindes entre municipios (Málaga Hoy)

La Administración andaluza pedirá hoy el expediente al Ayuntamiento marbellí

La Junta de Andalucía lanzó ayer una advertencia en relación con el inicio de expediente de deslinde entre las localidades malagueñas de Marbella y Benahavís al precisar que el único órgano competente en la comunidad para resolver cuestiones sobre límites de municipios es la Consejería de Gobernación, según establece el Reglamento de Demarcación Municipal autonómico. La Delegación del Gobierno andaluz en Málaga informó en una nota de prensa que solicitará al Ayuntamiento marbellí el citado expediente, sobre el que pesa las acusaciones formuladas por los grupos de la oposición (PSOE e IU) referentes a los presuntos intereses personales por parte de la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), en la aprobación de la operación, dado que ésta afectaría a terrenos que son propiedad de sociedades gestionadas por su marido y su cuñado e, incluso, a su actual residencia.

La Delegación del Ejecutivo autonómico subrayó que el Consistorio de Marbella "no puede modificar las lindes establecidas por los órganos competentes, ni siquiera atendiendo una alegación del Ayuntamiento de Benahavís ni con un acuerdo con el mismo" e indicó que "en ningún caso las actuaciones de deslinde pueden implicar alteración de los términos municipales". Recordó que el equipo redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, actualmente en trámite, elaboró este documento utilizando el informe solicitado en 2007 al Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA) para determinar los límites geográficos de Marbella.

La alcaldesa de la ciudad reiteró el pasado miércoles que el expediente de deslinde con Benahavís mantiene los límites fijados desde 1977 y aseguró que no obtendría ningún beneficio aún en el caso de que su vivienda, ubicada en la localidad vecina, cambiara de término municipal, puesto que se encuentra en suelo urbano consolidado y un plan parcial aprobado en 1995 por la Junta de Andalucía marca los criterios de edificación de la zona. Muñoz afirmó que en 1985 el Ayuntamiento de Marbella, entonces gobernado por el PSOE, aceptó una alegación similar presentada por el Consistorio de Benahavís al plan aprobado un año después, por lo que los lindes permanecen inalterables desde hace más de treinta años.

La aspiración de Málaga de recuperar el Benítez recibe un nuevo varapalo (Málaga Hoy)

La Audiencia Nacional desestima un recurso del Consistorio en el que exigía la reversión de la finca · De la Torre anuncia que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo

Nuevo varapalo judicial a las aspiraciones del Ayuntamiento de Málaga de recuperar la propiedad de los terrenos del antiguo Campamento Benítez, una reivindicación histórica de la ciudad desde que la parcela fuese cedida al entonces Ministerio de la Guerra en el año 1924. El último intento judicial del equipo de gobierno en dar la vuelta a la actual situación, que mantiene en manos de la Administración central esta finca, acaba de ser desestimada por la Audiencia Nacional.

El Alto Tribunal invalida, en una sentencia a la que tuvo acceso este periódico, el movimiento realizado por el Consistorio, de mediados del pasado año, cuando pretendía usar la fórmula del silencio positivo para lograr la reversión de los terrenos, aludiendo a que desde el Ministerio de Defensa no se había contestado a la exigencia planteada en enero de 2004. Frente al argumento esgrimido por el Ayuntamiento, la Audiencia Nacional entiende que esta fórmula no puede generar un acto por el que "se adquieren facultades o derechos cuando se carece de los requisitos esenciales para su adquisición".

Este pronunciamiento, emitido con fecha 21 de enero, provocó ayer la reacción inmediata del equipo de gobierno del PP. El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, al que pilló por sorpresa la decisión, anunció que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, al mostrarse convencido de que "la reivindicación histórica de la ciudad de Málaga es justa". Por ello, precisó que los servicios jurídicos estudiarán las posibilidades que abre esta sentencia, que, según dijo, no responde a la cuestión planteada, y anunció "las acciones judiciales necesarias para conseguir que los tribunales reconozcan una demanda de Málaga y sus ciudadanos, aprobada por el Parlamento de Andalucía y que sigue negando el Ministerio de Fomento".

La sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional concluye, además, en base a los antecedentes del hecho y a los documentos existentes sobre la cesión del suelo objeto de la polémica por parte del Ayuntamiento, que los terrenos son de pleno dominio del Estado. Para ello, señala cómo la escritura de propiedad del antiguo acuartelamiento Comandante Benítez, fechada el 3 de mayo de 1928, fija que la donación se realiza "en pleno dominio", al tiempo que agrega que la aceptación se efectúa "lisa y llanamente".

"En esta escritura de donación no se advierte ningún modo, pues ni siquiera se hace constar el destino del predio donado. Se trata, en consecuencia, de una donación pura, no modal", describe la sentencia. Texto que choca directamente con el argumento que desde hace más de una década viene usando el Ayuntamiento, que ha insistido en que la cesión del suelo al Estado se hizo para un uso determinado, en su caso para la instalación de la Brigada de Reserva de Ejército de África, con lo que una vez finalizado ese destino la finca debería volver a manos de la ciudad.

Sin embargo, tras el acuerdo de cesión original, de 30 de julio de 1924, se constata la existencia de una acta del Pleno del Ayuntamiento de Málaga, de 20 de mayo de 1925, en la que el jefe de Derechos y Propiedades del Ramo de la Guerra devolvió el proyecto de cesión antes mencionado para que fuese modificado "en el sentido de que la donación sea de pleno dominio y sin causa de reversión alguna".

Frente a ello, De la Torre insistía ayer en que la cesión del suelo se hizo con la exigencia de que fuese devuelto a Málaga tras el uso previsto y consideró que en el proceso "no se ha discutido sobre el fondo de la donación", sólo sobre los efectos de la omisión o silencio del Gobierno. Asimismo, el equipo de gobierno del PP insistió en que no se discute "la disposición y la ocupación de los terrenos, que seguirán siendo para la ejecución del Museo de Transporte del Ministerio de Fomento". "Sí se discute la propiedad que viene siendo una reivindicación histórica y justa de la ciudad de Málaga, y que se devuelva gratuitamente a la ciudad lo que en su día la ciudad aportó gratuitamente al Gobierno", sentenció el alcalde.

La Audiencia rechaza devolver el Campamento Benítez a la ciudad (La Opinión)


Una sentencia afirma que el Ayuntamiento cedió el suelo "sin reversión alguna", ya que el pleno municipal decidió en el año 1925 suprimir la condición de que sólo se utilizara para fines militares
JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA Una sentencia de la Audiencia Nacional, dictada el pasado 21 de enero y conocida ayer, deja prácticamente zanjado el contencioso que el Ayuntamiento de Málaga mantiene desde 1995 para conseguir la devolución a la ciudad de los terrenos del antiguo Campamento Benítez.La Audiencia deja claro en su sentencia que el Ayuntamiento de Málaga no tiene derecho a reclamar la devolución de dichos terrenos ya que en su día fueron cedidos al Estado "sin carga ni condición alguna". La Audiencia tira por tierra el argumento central que ha esgrimido el Ayuntamiento hasta ahora, según el cual los terrenos se cedieron como una "donación modal", es decir condicionada a que si el Estado dejaba de utilizarlo para fines militares, debería devolverse al dominio municipal. La sentencia explica que si bien en un primer acuerdo adoptado por la corporación el 30 de julio de 1924 se "cedían gratuitamente" los terrenos con la condición de que revertieran a la ciudad una vez dejaran de tener el fin militar que posibilitó la donación, dicho acuerdo municipal fue modificado el 20 de mayo de 1925, a petición de la autoridad militar, "en el sentido de que la donación sea en pleno dominio y sin causa de reversión alguna".La sentencia que ahora ve la luz tiene su origen en un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Málaga en el que, basándose en el silencio administrativo positivo, reclamaba que se le reconociese el derecho de reversión de los terrenos del Campamento Benítez. La Audiencia contesta a esto que el silencio positivo "no puede generar un acto por el que se adquieren facultades o derechos cuando se carece de los requisitos esenciales para su adquisición, ya que en tal caso el acto sería nulo de pleno derecho"; lo que significa que el Ayuntamiento carece de requisitos legales para pedir la devolución de los terrenos.Recurso. Así las cosas, la propiedad de los suelos del Campamento Benítez seguirá en manos del Ministerio de Fomento, que los recibió en febrero de 2006 de manos del Ministerio de Economía y Hacienda. Anteriormente, en julio de 2005, los ministerios de Fomento y Defensa habían firmado un protocolo para dedicar los terrenos a la construcción de un Museo del Transporte.El Ayuntamiento de Málaga, por contra, no se da por vencido, y ayer mismo anunció que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. De hecho, el alcalde, Francisco de la Torre, dijo estar "convencido" de que la reivindicación histórica de la ciudad de Málaga "es justa" y, por ello, "los servicios jurídicos estudiarán las posibilidades que se abren con esta sentencia, que no responde a la cuestión planteada, y se ejercitarán las acciones judiciales necesarias para conseguir que los tribunales reconozcan una demanda de Málaga y sus ciudadanos".

Empiezan las expropiaciones del vial metropolitano de la Junta (La Opinión)

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ya ha iniciado el proceso de expropiación de fincas para la construcción del vial metropolitano, una carretera de servicio que articulará los accesos al Valle del Guadalhorce y se complementará con la hiperronda que ejecuta el Gobierno. Esta vía se planteó en el lejano 1992 y no ha sido hasta ahora cuando se ha retomado el proyecto, con total seguridad al calor de otros anexos como la citada hiperronda o el acceso Norte al Aeropuerto.
En este sentido, Obras Públicas ha convocado en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el próximo 18 de febrero, a los propietarios de las fincas que se verán afectadas por las obras del vial, que suman una extensión de más de 35.000 metros cuadrados. Obviamente los trabajos de construcción de esta carretera no han comenzado aún, pero sí se han sacado a concurso las obras, para las que se han presentado un total de 20 ofertas. El proyecto tendrá un presupuesto estimado inicial de 50 millones de euros, aunque el coste final puede ser menor. Esta circunstancia se conocerá una vez que se adjudique el contrato definitivo.
El vial metropolitano de la Junta de Andalucía tendrá una longitud de 6,1 kilómetros, con calzadas separadas de dos carriles cada una. Está previsto que cada día recorran esta carretera unos 30.000 vehículos, con un tráfico pesado superior al 13% en algunos tramos del trazado.

Los bolardos no impedirán la entrada de vecinos del Centro (La Opinión)

La asociación del Centro Histórico logra el compromiso municipal de permitir el acceso a la zona peatonal acotada a aquellos con parking fuera del perímetro

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA La presidenta de la asociación de vecinos del Centro Antiguo, Lola Acosta, informó ayer a La Opinión de que el Ayuntamiento ha accedido a la petición vecinal de permitir el acceso a la futura zona peatonal acotada del Centro a los residentes que tengan el aparcamiento fuera de este área. "El Ayuntamiento siempre ha estado receptivo y no podíamos pasar que los residentes con una plaza de aparcamiento en la calle Carretería no pudieran llegar a su domicilio para cargar y descargar, era algo absurdo", señaló.
Por su parte el concejal de Movilidad, Juan Ramón Casero, ha precisado que esta medida la ha contemplado siempre el Ayuntamiento: "No sólo podrán acceder los que tengan aparcamientos en la proximidad sino cualquier vecino del Centro, porque no le vamos a condenar a que vaya cargado con bolsas como una mula", resaltó. El concejal subrayó que no se trata de imponer "una cárcel a los vecinos del Centro sino de hacer que sea más cómodo y habitable".
Los residentes y el Ayuntamiento siguen manteniendo diferencias con respecto a los aparcamientos en superficie dentro de la zona peatonal acotada.

Aparcamientos. El concejal de Movilidad explicó que resulta "difícil" reservar plazas para residentes dentro de este área. "La idea es que se utilice por motos, que ya es bastante, y por la carga y descarga en los horarios que se establezcan".
Juan Ramón Casero ha detallado que los espacios ocupados en la actualidad por la carga y descarga "en el perímetro" de esta zona con acceso controlado de vehículos, se destinará en parte a aparcamientos para residentes y se eliminará el Sare, y puso el ejemplo de la zona de carga y descarga de la Cortina del Muelle.
El concejal ha admitido que este cambio tan importante, y el de "una costumbre de años", conllevarán "algún error", "pero hemos comprobado de otras ciudades que una vez acostumbrados a este nuevo hábito va todo muchísimo mejor tanto para los vecinos como para el comercio".
La presidenta de la asociación de vecinos del Centro Antiguo, Lola Acosta, ha respondido que "no es normal" que los aparcamientos que queden en la zona acotada "sean todos para motos", y ha pedido que las necesidades de los residentes estén cubiertas. Acosta ha abogado porque el Ayuntamiento habilite plazas para residentes en los aparcamientos municipales del Centro e incluso en solares con poca utilización.
También ha pedido que los controles de acceso al Centro Histórico sean "serios y estrictos para que la peatonalización no sea un cachondeo y entren los que tienen que entrar". "Nos negamos a que la peatonalización sea como en las calles Strachan y La Bolsa, donde los vecinos se han quedado encerrados", añadió.

La crisis multiplica por seis las empresas y familias en quiebra (La Opinión)

El año 2008 se cierra con 103 procesos concursales, 88 de compañías que se han declarado en suspensión de pagos para evitar el cierre. En el último trimestre se han registrado 17 casos, los mismos que en todo 2007. En Andalucía, la media casi se quintuplica, con 373 procedimientos

IGNACIO A. CASTILLO. MÁLAGA Antes las empresas se declaraban en suspensión de pagos o en quiebra para evitar afrontar las deudas que mantenían para poder mantener su actividad económica. Desde 2004, con la entrada en vigor de la Ley Concursal, se reemplazaron los conceptos jurídicos, pero en la práctica viene a ser lo mismo. Ahora, las entidades sometidas a este proceso se conocen como deudores concursados y durante el pasado año 2008 fueron 103: 88 compañías y 15 familias, según los datos facilitados por la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra se ha multiplicado por seis en el último año.
Para hacerse una idea de las dimensiones que está adquiriendo la crisis, sólo basta echar un ojo a este informe que revela cómo sólo en el último trimestre del pasado año se registraron 17 procesos concursales, los mismos que en todo el año 2007. Felisa Becerra, coordinadora de informes de Analistas Económicos de Andalucía, explica que este aumento espectacular, aun siendo muy llamativo, todavía no es preocupante. Pero sólo por el momento, puesto que esta experta está convencida de que lo peor está todavía por llegar. "Así lo pronostican todos los informes", insiste.
Por regiones, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía fueron las comunidades con mayor número de declaraciones de concurso en el conjunto del año, dado que acapararon el 60% del total. Cataluña sumó 681, Comunidad Valenciana 390 y Andalucía 373, cinco veces más que en 2007, menos, por tanto, que en la provincia de Málaga, lo que deja en evidencia su excesiva dependencia del ladrillo.
Construcción. Y es que el 67,2% de las empresas concursadas en 2008 tenía como actividad principal la construcción, industria, inmobiliarias y servicios empresariales. De hecho, el pasado mes de julio se declaró en concurso voluntario de acreedores la promotora inmobiliaria Martinsa-Fadesa, lo que constituyó la mayor suspensión de pagos de la historia.
Según los datos de Analistas Económicos, que alcanzan hasta el tercer trimestre del último año, del total de 105 empresas concursadas, 24 se dedicaban a la construcción y 26 a servicios empresariales, entre las que se incluyen los inmobiliarios. "Todas las regiones mediterráneas siguen la tónica similar, porque en Cataluña, de los 146 procesos concursales iniciados en el tercer trimestre del pasado año, 31 correspondían a empresas constructoras", añade Becerra.
Es normal, por otra parte, que la construcción, que ha sido el sector que más auge había experimentado en épocas de vacas gordas, sea ahora también el que más sufra este tipo de situaciones.
Volviendo a la Estadística de Procedimiento Concursal del INE publicada ayer, en total, en Andalucía, el número de familias en concurso fue de 55 el año pasado, frente a las tres de 2007, mientras que el de empresas sumó 318, con un incremento del 318% respecto a 2007. Según el tipo de concurso, 351 fueron voluntarios (101 en Málaga de las 103 en total) y 22 necesarios en la comunidad (sólo dos en la provincia), mientras que atendiendo a la clase de procedimiento, los abreviados sumaron 140 procedimientos en todo el año 2008 (35 en Málaga), mientras que los ordinarios sumaron 233 concursos (50).
Y es que precisamente Málaga está a la cabeza en cuanto a concursos de acreedores presentados, seguida de Sevilla, con 93; 42 en Cádiz; 34 en Córdoba; 27 en Granada; 26 en Huelva; otros 26 en Jaén y 22 en Almería.
En el conjunto de España, las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ascendieron a 2.902 durante 2008, frente a las 976 registradas el año anterior, es decir, el triple que el año anterior, pero la mitad de las experimentadas en la provincia de Málaga.

Pizarra apoya la construcción de una cooperativa para mayores de 204 apartamentos. Pizarra (La Opinión)

El proyecto de urbanización residencial ´Sol Dorado´ de Pizarra se aprobará de manera definitiva el 2 de marzo, una vez que concluya el periodo de exposición pública y se apruebe el plan parcial del sector donde irá ubicado.
El proyecto ´Sol Dorado´, que tendrá 204 apartamentos para personas de la tercera edad en régimen de cooperativa, ha sufrido algunas paralizaciones por dificultades en la recalificación del terreno, puesto que se trata de un sector de 72.000 metros cuadrados que han pasado de suelo rústico a urbano.
Hasta ahora, el proyecto social sólo contaba con una licencia provisional y la administración local tuvo que impedir su desarrollo. "Desde el Ayuntamiento se están acelerando los trámites todo lo posible para que en un momento de crisis como el actual, las obras se puedan reanudar cuanto antes", según el alcalde de Pizarra, Francisco Vargas.
Malestar. El complejo ´Sol Dorado´ es un recinto de viviendas ordinarias pero con servicios especiales de asistencia a personas mayores que comenzó su andadura hace más de un año. Los cooperativistas manifestaron ayer su malestar por el estancamiento que han sufrido los trámites para el desarrollo del proyecto.
El regidor pizarreño asegura que detrás de las protestas de los cooperativistas se encuentran políticos y concejales de la anterior corporación con intereses partidistas. "Tendremos que aclarar qué equipo de gobierno no lo está haciendo bien, si el anterior o éste. Esto se aclarará vía judicial".

Los promotores deberán garantizar el agua en el suelo no urbanizado. Antequera (La Opinión)

Los promotores que deseen iniciar la urbanización de todas aquellas zonas contempladas como no sectorizadas en Antequera deberán garantizar, a partir de ahora, los recursos hídricos necesarios.
Así se desprende de un informe elaborado por la empresa pública Aguas del Torcal, e incluido como un anexo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pendiente de ser sometido a aprobación provisional a lo largo del mes de febrero.
"Hemos realizado los cálculos a la baja, estableciendo como una necesidad garantizar las reservas de aguas para los futuros proyectos. En esta búsqueda de recursos suficientes participará tanto el promotor como el Ayuntamiento, en base a las cesiones públicas obligatorias que recoge toda promoción", explicó el alcalde de la ciudad, Ricardo Millán.
Por su parte, el Partido Popular ha criticado que el 50% de los algo más 5.000 inmuebles que recoge el futuro PGOU del municipio ya fueron impulsados, previamente, a través de planes parciales. "Este magnífico plan apenas recoge unas 2.000 casas nuevas", dijeron.

La Junta estudia la nueva linde entre Marbella y Benahavís. (La Opinión)


Recuerda que los límites entre dos localidades los establece la Consejería de Gobernación y no los consistorios

PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA Parece que no están tan solos. Los miembros del grupo municipal socialista de Marbella fueron respaldados ayer por la Delegación del Gobierno andaluz, que adelantó mediante nota de prensa su intención de investigar el expediente de deslinde entre Marbella y Benahavís, iniciado por el Ayuntamiento costero. Una actuación que el PSOE denunció ante la sospecha de los posibles intereses personales que pudiera tener la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en la zona, donde se ubica su vivienda.
El Gobierno andaluz recordó ayer que el órgano competente para resolver cuestiones de este tipo, relacionadas con los límites de los municipios que pertenecen a la comunidad autónoma, es la Consejería de Gobernación y que su procedimiento está fijado en un reglamento específico, el de Demarcación Municipal de Andalucía.
Competencias. "En ningún caso, las actuaciones de deslinde pueden implicar alteración en los términos municipales", indica esta normativa que, en opinión de los socialistas, incumple la regidora. "Ambos municipios no pretendían un deslinde sino una alteración de los términos municipales", ya que Marbella pierde más de 300.000 metros cuadrados, sostuvo su portavoz, Susana Radío.
Asimismo, la confusión en los límites entre localidades se resuelven con procesos de deslindes "basados en hitos históricos y en informes del Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Cartográfico Andaluz, pero no con negociaciones entre alcaldes del mismo partido en el que, además, uno de ellos es parte interesada", aseveró Radío.
Es más, el Ejecutivo autonómico añadió que "ni siquiera puede hacerlo atendiendo a una alegación presentada por el Ayuntamiento de Benahavís al Plan General de Ordenación Urbana de Marbella, que se encuentra en trámite", como justificó Muñoz. Por todo ello, tiene previsto requerir al Ayuntamiento toda la información relativa al asunto, que tanta polémica ha levantado en los últimos días.
La alcaldesa de Marbella convocó ayer una comisión informativa, que se prolongó durante alrededor de cuatro horas, en la que participaron representantes de los distintos partidos políticos, PP, PSOE e IU. Su intención era solventar las dudas planteadas por la oposición en este asunto.
Según el PP, las dudas se resolvieron tras aclarar "con contundencia" que "habían mentido". Sin embargo, los socialistas indicaron que mantendrán la recusación a la alcaldesa y su petición de nulidad del proceso de deslinde sobre el que mantienen sus sospechas.

Sol Dorado exige en Pizarra el reinicio de la obra del geriátrico. Pizarra (SUR)

Los cooperativistas se manifiestan frente al Ayuntamiento para pedir la licencia
Algo más de medio centenar de personas se concentraron ayer en la plaza del Ayuntamiento de Pizarra para exigir la licencia de obras que permita reanudar la construcción del complejo geriátrico Sol Dorado, que impulsa la cooperativa del mismo nombre. Se trata de una actuación que el Consistorio paralizó hace ya un año alegando que el permiso concedido por el anterior equipo de gobierno de IU tenía un carácter provisional y que el proyecto (formado por 204 apartamentos para mayores y varias instalaciones) se asentaba en suelo no urbanizable en la barriada de Zalea.
En este tiempo, el Ayuntamiento ha cambiado la clasificación del suelo y el pasado 26 de enero se aprobó inicialmente el plan parcial. En la concentración de ayer, organizada por la propia cooperativa, su presidente, Rafael Rubio, aseguró que con estos trámites ya era posible otorgar la licencia de obras, recordando que la mayoría de los socios son personas mayores, por lo que es necesario que no se demore más el proyecto.
Apoyo de IU
«Nos tememos que si no, muchos de nosotros no vamos a verlo terminado», declaró. En la protesta también estuvieron presentes los concejales de IU. Su portavoz, Miguel Esteban Martín, aseguró que en otros municipios andaluces existían precedentes de obras que se habían llevado a cabo con estos permisos. Por su parte, el alcalde, Francisco Vargas, explicó que los trámites se han agilizado al máximo, pero que es necesario pasar los plazos de exposición pública que marca la ley. En esta línea, el gobierno local indicó que aún habrá que aprobar el plan de urbanización y el de reparcelación.
Vargas también criticó la presencia en la manifestación de concejales de la antigua corporación: «Los mayores están envenenados por políticos que lo único que quieren es hacer campaña».

La Junta invertirá 670.000 euros en mejorar la urbanización de calles en Las Flores (SUR)

El consejo de Urbanismo celebrado ayer aprobó como trámite de urgencia un proyecto para mejorar el estado de las calles de la barriada de Las Flores que acometerá la Junta de Andalucía a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), como complemento a las reparaciones en edificios que también ha subvencionado el Gobierno andaluz.
El proyecto, cuantificado en 670.000 euros, contempla la reurbanización de las calles que se encuentran en un peor estado y la realización de medidas que faciliten el acceso de los vecinos a los edificios. En concreto, la actuación se llevará a cabo en las calles Obispo Antonio de Piñahermosa, Obispo de la Cueva, Obispo Alonso Enríquez y Obispo Pedro de Moya.
El Ayuntamiento ha indicado en un informe una serie de condicionantes que la Junta deberá en cuenta a la hora de acometer estas obras, como la compactación del terreno, la renovación de unas tuberías de abastecimiento y saneamiento de agua, y una definición más exacta de las mejoras para los árboles existentes en el sector.
Los grupos municipales de la oposición, PSOE e IU, no apoyaron ayer en el consejo de Urbanismo la división de la urbanización de Cerrado de Calderón en tres zonas para facilitar su mantenimiento a la entidad urbanística de conservación que se creó hace una década con este fin. El concejal socialista Sergio Brenes argumentó que está decisión no está consensuada con los vecinos, ya que algunos le han hecho llegar sus críticas a la medida. «La asociación de la zona la rechaza y demanda otra solución, porque el mantenimiento de las zonas verdes les resulta muy difícil por su abundancia en el sector», comentó. En el mismo sentido se pronunció el portavoz de IU, Pedro Moreno. Tanto uno como otro grupo se abstuvieron en la votación.
Por su parte, el alcalde, Francisco de la Torre, defendió que la división mejorará la gestión de Cerrado y dijo que el equipo de gobierno buscará «el consenso» con los vecinos.

El PSOE acusa a Oña de usar las viviendas de Isla Gomera con «fines partidistas». Fuengirola (SUR)

El secretario general del PSOE de Fuengirola, Antonio Contreras, arremetió ayer contra la política de vivienda del equipo de gobierno poniendo como ejemplo la promoción de Isla Gomera que, finalmente, ha sido calificada como VPO, por lo que deberá adjudicarse por sorteo. «Desde un principio sabían que iban a ser VPO, porque así figuraba en el pliego de condiciones para la enajenación de la parcela», explicó Contreras, quien atribuyó a «fines partidistas» el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de incluir como destinatarias a las 26 familias que se quedaron en lista de espera tras el sorteo de la promoción de Tartesos.
En cuanto al precio de los pisos, que oscilará entre los 130.000 y los 175.000 euros (con garaje y trastero), el dirigente socialista también responsabilizó al equipo de gobierno de Esperanza Oña, que se escuda en que vienen marcados por la Junta. «Es cierto que están dentro de la ley, pero la promotora no se acogería al módulo más alto si en el pliego de condiciones se exigiera otro más bajo», argumentó Contreras, para quien, «si lo que realmente se busca es abaratar costes, en vez de vender el suelo debería cederse».

Ultiman los terrenos del PEM. Mijas (SUR)

El desarrollo de nuevas zonas industriales en la localidad es otra de las necesidades previstas por la corporación municipal. Así, desde hace meses se está realizando un informe del desarrollo del área de Oportunidad en La Alberquilla. En ese sentido, el vicepresidente autonómico, Gaspar Zarrías, anunció que en las próximas semanas finalizará el estudio que indique la delimitación definitiva del Parque Empresarial (PEM) en el área de oportunidad que el Plan de Ordenación del Territorio fijaba en el diseminado.
Tras este informe, que lo está realizando la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a través de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), se procederá a la declaración de Zona de Interés Autonómico, una calificación que pretende dar agilidad en la tramitación de todas las gestiones necesarias para que el proyecto empresarial en el municipio sea una realidad.
Además, el vicepresidente aclaró que la gestión de la zona la realizaría la EPSA, con la colaboración del Ayuntamiento.

La Junta advierte de que tiene la última palabra en la linde con Benahavís. Marbella (SUR)

Los grupos políticos mantienen una postura irreconciliable tras la comisión informativa de ayer
La Junta de Andalucía se pronunció ayer sobre el polémico deslinde entre Marbella y Benahavís que afecta a la vivienda de la alcaldesa Ángeles Muñoz y a terrenos de su familia para dejar claro que es la única administración competente para resolver el conflicto. En un comunicado remitido ayer por la Delegación del Gobierno, la administración autonómica anunció que, «tras conocer el inicio del procedimiento», requerirá información al Consistorio marbellí sobre el expediente de deslinde con el municipio vecino «para que aclare el objeto del mismo, ya que según el Reglamento de Demarcación Municipal de Andalucía «en ningún caso, las actuaciones de deslinde pueden implicar alteración de los términos municipales».
En dicho escrito, la Junta advierte de que la Consejería de Gobernación «es el órgano competente para resolver cuestiones relacionadas con los límites».
Mientras la Junta daba así por zanjada la cuestión de las competencias sobre los deslindes, la oposición (PSOE e IU) participaba en ese momento en una comisión informativa con los técnicos municipales convocada ayer con carácter de urgencia por el equipo de gobierno para «aclarar dudas» sobre el espinoso asunto. La reunión sirvió de poco. Los grupos políticos salieron del encuentro como entraron, enfrentados. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Susana Radío, aseguró que mantendrá la recusación de la alcaldesa en la comisión del deslinde y su petición de nulidad de las actuaciones. «El proceso nació viciado y debe clarificarse todo».Por su parte, el portavoz de IU, Enrique Monterroso, exigió también «transparencia», reivindicó los terrenos para Marbella y calificó la reunión de «estrategia propagandística».
La conclusión del equipo de gobierno fue totalmente distinta. Aseguró que la comisión aclaró «con contundencia» que la oposición «ha mentido». Según su portavoz, Félix Romero, «han debido de salir de la reunión satisfechos; y si no lo han hecho es porque debe haber una intencionalidad política».

El Ayuntamiento pierde la batalla legal por el Benítez (SUR)

La Audiencia Nacional desestima la petición del Consistorio para obtener la propiedad de los terrenos El alcalde anuncia que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo

El Ayuntamiento pierde una importante batalla legal en su pretensión de conseguir la titularidad de las 28 hectáreas del antiguo Campamento Benítez. La Audiencia Nacional deja bien claro en una sentencia que la titularidad corresponde al Estado, concretamente al Ministerio de Fomento, y desestima la solicitud del Consistorio de que la propiedad de estos terrenos volviera a manos municipales. Un fuerte varapalo judicial a una de las reivindicaciones históricas del PP en general y del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, en particular.
Cuando la puerta de la negociación institucional se cerró, el Consistorio judicializó este asunto por la vía contencioso-administrativa, llegando hasta la Audiencia Nacional y con la misma petición: la reversión de los terrenos del acuartelamiento a la ciudad. En su argumentario el Consistorio sostiene que la donación gratuita que el pleno municipal hizo al Ministerio de la Guerra en 1924 tenía un carácter modal en virtud del cual los terrenos se daban para un uso condicionado, concretamente el militar. Toda vez que en 1995, el Ministerio de Defensa determinó que ese suelo ya no tendría uso militar, el Ayuntamiento coligió que la ciudad debía recuperar la titularidad de los mismos. Además, su recurso se basaba en el silencio administrativo positivo, ante la supuesta ausencia de respuesta del Estado a una petición que presentó por escrito ante Defensa para la reversión de los terrenos.
En los fundamentos de derecho, el ponente de la sentencia, José Luis Gil Ibáñez, rechaza la tesis del silencio administrativo ya que éste no puede generar un acto por el que se pretende la ejecución de un derecho que no le corresponde. «En la escritura de donación ni siquiera se hace constar el destino del terreno donado. Se trata, en consecuencia, de una donación pura, no modal», según se recoge en la resolución.
Reacciones
Unas disposiciones que no hacen retroceder al Ayuntamiento en su empeño de recuperar la titularidad del suelo y que auguran que la guerra por el Benítez continuará en otras instancias judiciales. Francisco de la Torre anunció ayer que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo y se ejercitarán las acciones judiciales necesarias para conseguir que los tribunales reconozcan «una demanda de Málaga y sus ciudadanos».
El alcalde razonó su decisión de continuar hacia adelante con el litigio en que en este proceso no se ha discutido sobre el fondo de la donación sino sólo sobre los efectos de la omisión o silencio del Gobierno. «Será el carácter modal o condicionado al uso militar de la donación lo que permitirá a la ciudad de Málaga la recuperación de esta propiedad», manifestó.
«El Campamento Benítez es una reivindicación histórica y justa de la ciudad de Málaga. Queremos que se devuelva gratuitamente a la ciudad lo que en su día la ciudad aportó gratuitamente al Gobierno», subrayó el regidor, quien recordó que a lo largo de estos años de discusión sobre la propiedad, colectivos ciudadanos, partidos políticos, el Ayuntamiento de la capital e incluso por el Parlamento andaluz apoyaron esta reclamación.
Asimismo, el regidor aseveró que «no discute» la ocupación de parte de este suelo que se destinará al futuro Museo del Transporte y la Obra Civil, promovido por Fomento. «Es un proyecto cultural que apoya el Consistorio», apostilló De la Torre.
El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la capital, Rafael Fuentes, criticó en un comunicado que el equipo de gobierno del PP «trate de bloquear» el proyecto que el Ministerio de Fomento tiene planteado en estos terrenos «presentando continuamente recursos contra la titularidad de la propiedad de los mismos».
«En su empecinamiento, el alcalde malgasta los recursos del Ayuntamiento en procedimientos judiciales que no conducen a ningún sitio», subrayó Fuentes, quien calificó de «esperpéntico» que los populares rechacen la colaboración del Gobierno de España en poner en uso y disfrute de los malagueños unos terrenos largamente anhelados por los ciudadanos.
El líder del principal partido de la oposición fue más allá y destacó «la falta de lealtad institucional» del equipo de gobierno con otras administraciones.
Sea como fuere, lo cierto es que en esta guerra por la titularidad de los terrenos, aún queda alguna batalla por dirimir.