La Audiencia Nacional desestima la petición del Consistorio para obtener la propiedad de los terrenos El alcalde anuncia que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo
El Ayuntamiento pierde una importante batalla legal en su pretensión de conseguir la titularidad de las 28 hectáreas del antiguo Campamento Benítez. La Audiencia Nacional deja bien claro en una sentencia que la titularidad corresponde al Estado, concretamente al Ministerio de Fomento, y desestima la solicitud del Consistorio de que la propiedad de estos terrenos volviera a manos municipales. Un fuerte varapalo judicial a una de las reivindicaciones históricas del PP en general y del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, en particular.
Cuando la puerta de la negociación institucional se cerró, el Consistorio judicializó este asunto por la vía contencioso-administrativa, llegando hasta la Audiencia Nacional y con la misma petición: la reversión de los terrenos del acuartelamiento a la ciudad. En su argumentario el Consistorio sostiene que la donación gratuita que el pleno municipal hizo al Ministerio de la Guerra en 1924 tenía un carácter modal en virtud del cual los terrenos se daban para un uso condicionado, concretamente el militar. Toda vez que en 1995, el Ministerio de Defensa determinó que ese suelo ya no tendría uso militar, el Ayuntamiento coligió que la ciudad debía recuperar la titularidad de los mismos. Además, su recurso se basaba en el silencio administrativo positivo, ante la supuesta ausencia de respuesta del Estado a una petición que presentó por escrito ante Defensa para la reversión de los terrenos.
En los fundamentos de derecho, el ponente de la sentencia, José Luis Gil Ibáñez, rechaza la tesis del silencio administrativo ya que éste no puede generar un acto por el que se pretende la ejecución de un derecho que no le corresponde. «En la escritura de donación ni siquiera se hace constar el destino del terreno donado. Se trata, en consecuencia, de una donación pura, no modal», según se recoge en la resolución.
Reacciones
Unas disposiciones que no hacen retroceder al Ayuntamiento en su empeño de recuperar la titularidad del suelo y que auguran que la guerra por el Benítez continuará en otras instancias judiciales. Francisco de la Torre anunció ayer que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo y se ejercitarán las acciones judiciales necesarias para conseguir que los tribunales reconozcan «una demanda de Málaga y sus ciudadanos».
El alcalde razonó su decisión de continuar hacia adelante con el litigio en que en este proceso no se ha discutido sobre el fondo de la donación sino sólo sobre los efectos de la omisión o silencio del Gobierno. «Será el carácter modal o condicionado al uso militar de la donación lo que permitirá a la ciudad de Málaga la recuperación de esta propiedad», manifestó.
«El Campamento Benítez es una reivindicación histórica y justa de la ciudad de Málaga. Queremos que se devuelva gratuitamente a la ciudad lo que en su día la ciudad aportó gratuitamente al Gobierno», subrayó el regidor, quien recordó que a lo largo de estos años de discusión sobre la propiedad, colectivos ciudadanos, partidos políticos, el Ayuntamiento de la capital e incluso por el Parlamento andaluz apoyaron esta reclamación.
Asimismo, el regidor aseveró que «no discute» la ocupación de parte de este suelo que se destinará al futuro Museo del Transporte y la Obra Civil, promovido por Fomento. «Es un proyecto cultural que apoya el Consistorio», apostilló De la Torre.
El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la capital, Rafael Fuentes, criticó en un comunicado que el equipo de gobierno del PP «trate de bloquear» el proyecto que el Ministerio de Fomento tiene planteado en estos terrenos «presentando continuamente recursos contra la titularidad de la propiedad de los mismos».
«En su empecinamiento, el alcalde malgasta los recursos del Ayuntamiento en procedimientos judiciales que no conducen a ningún sitio», subrayó Fuentes, quien calificó de «esperpéntico» que los populares rechacen la colaboración del Gobierno de España en poner en uso y disfrute de los malagueños unos terrenos largamente anhelados por los ciudadanos.
El líder del principal partido de la oposición fue más allá y destacó «la falta de lealtad institucional» del equipo de gobierno con otras administraciones.
Sea como fuere, lo cierto es que en esta guerra por la titularidad de los terrenos, aún queda alguna batalla por dirimir.
El Ayuntamiento pierde una importante batalla legal en su pretensión de conseguir la titularidad de las 28 hectáreas del antiguo Campamento Benítez. La Audiencia Nacional deja bien claro en una sentencia que la titularidad corresponde al Estado, concretamente al Ministerio de Fomento, y desestima la solicitud del Consistorio de que la propiedad de estos terrenos volviera a manos municipales. Un fuerte varapalo judicial a una de las reivindicaciones históricas del PP en general y del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, en particular.
Cuando la puerta de la negociación institucional se cerró, el Consistorio judicializó este asunto por la vía contencioso-administrativa, llegando hasta la Audiencia Nacional y con la misma petición: la reversión de los terrenos del acuartelamiento a la ciudad. En su argumentario el Consistorio sostiene que la donación gratuita que el pleno municipal hizo al Ministerio de la Guerra en 1924 tenía un carácter modal en virtud del cual los terrenos se daban para un uso condicionado, concretamente el militar. Toda vez que en 1995, el Ministerio de Defensa determinó que ese suelo ya no tendría uso militar, el Ayuntamiento coligió que la ciudad debía recuperar la titularidad de los mismos. Además, su recurso se basaba en el silencio administrativo positivo, ante la supuesta ausencia de respuesta del Estado a una petición que presentó por escrito ante Defensa para la reversión de los terrenos.
En los fundamentos de derecho, el ponente de la sentencia, José Luis Gil Ibáñez, rechaza la tesis del silencio administrativo ya que éste no puede generar un acto por el que se pretende la ejecución de un derecho que no le corresponde. «En la escritura de donación ni siquiera se hace constar el destino del terreno donado. Se trata, en consecuencia, de una donación pura, no modal», según se recoge en la resolución.
Reacciones
Unas disposiciones que no hacen retroceder al Ayuntamiento en su empeño de recuperar la titularidad del suelo y que auguran que la guerra por el Benítez continuará en otras instancias judiciales. Francisco de la Torre anunció ayer que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo y se ejercitarán las acciones judiciales necesarias para conseguir que los tribunales reconozcan «una demanda de Málaga y sus ciudadanos».
El alcalde razonó su decisión de continuar hacia adelante con el litigio en que en este proceso no se ha discutido sobre el fondo de la donación sino sólo sobre los efectos de la omisión o silencio del Gobierno. «Será el carácter modal o condicionado al uso militar de la donación lo que permitirá a la ciudad de Málaga la recuperación de esta propiedad», manifestó.
«El Campamento Benítez es una reivindicación histórica y justa de la ciudad de Málaga. Queremos que se devuelva gratuitamente a la ciudad lo que en su día la ciudad aportó gratuitamente al Gobierno», subrayó el regidor, quien recordó que a lo largo de estos años de discusión sobre la propiedad, colectivos ciudadanos, partidos políticos, el Ayuntamiento de la capital e incluso por el Parlamento andaluz apoyaron esta reclamación.
Asimismo, el regidor aseveró que «no discute» la ocupación de parte de este suelo que se destinará al futuro Museo del Transporte y la Obra Civil, promovido por Fomento. «Es un proyecto cultural que apoya el Consistorio», apostilló De la Torre.
El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la capital, Rafael Fuentes, criticó en un comunicado que el equipo de gobierno del PP «trate de bloquear» el proyecto que el Ministerio de Fomento tiene planteado en estos terrenos «presentando continuamente recursos contra la titularidad de la propiedad de los mismos».
«En su empecinamiento, el alcalde malgasta los recursos del Ayuntamiento en procedimientos judiciales que no conducen a ningún sitio», subrayó Fuentes, quien calificó de «esperpéntico» que los populares rechacen la colaboración del Gobierno de España en poner en uso y disfrute de los malagueños unos terrenos largamente anhelados por los ciudadanos.
El líder del principal partido de la oposición fue más allá y destacó «la falta de lealtad institucional» del equipo de gobierno con otras administraciones.
Sea como fuere, lo cierto es que en esta guerra por la titularidad de los terrenos, aún queda alguna batalla por dirimir.
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